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26/10/2011

Cristina llamó “okupa” a Cobos y vetó el aumento a los jubilados

Clarín
Más de seis millones de jubilados y pensionados que hubieran recibido una mejora en sus haberes por la ley del 82 por ciento móvil no tuvieron ni tiempo para ilusionarse: en respuesta express a la sanción de la norma, ayer a la madrugada, por la Cámara de Senadores, la presidenta Cristina Kirchner la vetó ayer, con el argumento de que es una “ley de quiebra del Estado” y una “estafa a los jubilados”. También cargó duro contra Julio Cobos por haber desempatado y alinearse con la oposición: lo tildó de “vicepresidente okupa”.

“He vetado esta ley de quiebra”, confirmó Cristina por la noche durante un acto en la Casa Rosada que aprovechó para repetir las duras críticas que había lanzado al mediodía en otro acto en Moreno. Sello típico del kirchnerismo, le imprimió un tono épico y de gesta aún al antipático veto del aumento a los jubilados, que presentó como una “decisión para todos los argentinos”. “Cuanto más me pegan, más fuerza me dan”, aseguró Cristina. Y dijo que no le teme a los costos políticos.

Detrás de la dura reacción de la Presidenta, varios de sus ministros, gobernadores aliados y hasta el piquetero Luis D’Elía salieron a redoblar la batería descalificatoria de la ley, en medio de una fuerte polémica y acusaciones cruzadas con la oposición.

El diputado de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas preguntó “cómo van a poder mirar a la cara a los jubilados”, mientras el bloque de la Coalición Cívica en Diputados sostuvo que en el Gobierno “ ya no pueden sostener la careta de progresistas”, entre otras reacciones (Ver página 10 ).

Buscando dar vuelta la página en un tema tan sensible, el Gobierno actuó rápido y anoche mismo difundió el decreto 1482 que veta “en su totalidad” la norma. Son 21 páginas de fundamentos, con cuadros estadísticos, en las que trabajaron ayer el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien ya minutos después del voto en el Senado había confirmado por Twitter la decisión del veto. Que por otra parte, fue anticipada al menos desde agosto cuando el Gobierno supo que avanzaba el proyecto.

Con la certeza de que el debate legislativo era inevitable, el Gobierno aprovechó su coincidencia con el rescate a los 33 mineros en Chile para bajar su impacto público. También fue deliberado permitir que Cobos desempatara (para evitarlo hubiera bastado con hacer levantar de la banca a un senador oficialista), de modo de minimizar la derrota poniendo parte del foco de discusión en la “traición” del vicepresidente, como salió a bramar el kirchnerismo.

Aníbal Fernández aprovechó para hacer gala de sus lecturas: “ Lo de Cobos es un ejemplo de traición gráfico que el Dante lo colocó en el noveno círculo, junto con Lucifer” , disparó. Otros ministros, como el canciller Héctor Timerman; Amado Boudou y Alicia Kirchner también salieron públicamente a cuestionar al vicepresidente por su voto junto al arco opositor en el Senado.

En sus dos actos que encabezó ayer, Cristina arremetió contra todos los gobiernos. Lejos de las flores dispensadas al fallecido Raúl Alfonsín, aludió a los “que tuvieron que retirarse dos veces (ambos gobiernos radicales) por ineptitud manifiesta”. Criticó a la Alianza y el recorte del 13 por ciento a jubilados y empleados públicos, y al megacanje y el default de gobiernos del PJ.

Cristina destacó los 18 aumentos al sector pasivo por 498% desde 2003, y la ampliación de la cobertura a más de dos millones de jubilados.

Suele reiterar que estos años son los de mayor crecimiento en los últimos doscientos, y ayer sostuvo que “los de arriba no se cansan de ganar plata con este modelo macroeconómico”.

Pero casi el 73 por ciento de los jubilados cobra la mínima de 1.046 pesos y el haber promedio es el más bajo de la historia previsional, equivale a 32 por ciento de un salario medio.

Los empresarios coinciden con Cristina: no se puede pagar el 82%

Ámbito Financiero

Mar del Plata (enviado especial) - La mayoría de los empresarios convocados por IDEA para su coloquio anual duda de que sea posible pagar el 82% del salario mí-nimo a los jubilados, una norma que el Senado convirtió en ley el miércoles y que anoche vetó la presidente Cristina de Kirchner.

Lo llamativo es que, además de los empresarios consultados por este diario, dos exponentes de la oposición también coincidieron en esta visión. Es el caso del ministro de Educación porteño Esteban Bullrich y el ex diputado y primera espada del duhaldismo Jorge Sarghini. El hombre del PRO afirmó que «es difícil de pagar, pero de todos modos me parece un paso importante para controlar el manejo discrecional que hace el Gobierno de los fondos de la ANSES». Por su parte, el economista duhaldista dejó una definición inquietante: «En este caso tienen razón los dos, el Gobierno y la oposición. No sé si en el futuro se podrá pagar el 82% que se votó, pero tampoco -si no hay una reforma integral del sistema previsional- podrá seguir pagándose lo que cobran ahora los jubilados». Sarghini agregó que en el mediano plazo este desequilibrio en los fondos destinados a los pasivos «es un elemento más de desestabilización que heredarán los próximos gobernantes».

Indefinición

Buena parte de los empresarios consultados evitó definirse sobre el voto del Senado, al menos «on the record». Todos coincidieron, sin embargo, en que el costo político de vetarla recaerá en la Presidente.

Javier Goñi, presidente de Alpargatas Argentina, dijo que «el hecho de que se haya producido un empate, y haya tenido que desempatar el vicepresidente Julio Cobos, indica que la situación está lejos de ser saldada.

El rol de Cobos se complica más porque se define claramente como un opositor, y creo que pesaron los temas políticos por sobre los técnicos. Ahora la Presidente deberá vetar la norma, porque si el Gobierno (como lo ha dicho en repetidas ocasiones) no tiene los fondos para afrontar este gasto adicional, no está mal que tome esa decisión. Aun cuando deba pagar el costo político de ella».

Por su parte Guillermo Fiad, CEO de Duke Energy, sostuvo que «me preocupa la sustentabilidad del sistema previsional. Cómo se va a pagar el 82% no lo sé, pero si hay una ley habrá que cumplirla. Lamentablemente no veo cómo se hará en el largo plazo; los recursos son finitos y el Gobierno verá cómo los asigna».

Ignacio Videla, VP para América Latina de Western Union (la ex Pago Fácil) no dudó: «Si no es sustentable no me parece mal que la Presidente vete la ley. El costo político sin dudas será alto, pero deberá afrontarlo. Ahora hay que sentarse a reformular todo el sistema previsional y ver cómo se lo hace viable en el tiempo, porque es un tema que trasciende a un período de Gobierno».

Menos cuidado

«Off the record», sin embargo, los comentarios eran menos cuidados y formales. «Está claro que la oposición votó esta ley para forzar al Gobierno a vetarla y cargar con las iras de los jubilados, que seguramente se acordarán de ese veto al momento de votar», le dijo a este diario un alto ejecutivo de una empresa de servicios. Otro empresario coincidió, y agregó que «parecería que la oposición se acordó de hacer política en el Congreso; quizás no haya sido la mejor forma ni el mejor tema, pero al menos hicieron una demostración de fuerza y usaron su mayoría para avanzar en un tema que les conviene».

La ANSeS tiene plata para pagar, pero el Gobierno la usa para otros gastos

Clarín
La aprobación en el Senado de la ley que fija el 82% móvil para los haberes mínimos disparó la inmediata discusión sobre cómo financiarlo.

Por un lado, el Gobierno dice que no hay plata para pagarlo; y por el otro, la oposición remarca que la ANSeS cuenta con recursos suficientes, pero los destina a cubrir gastos que no le son propios .

Esta polémica sobre el financiamiento tiene varios ejes. Uno de los más importantes es que al pagar prestaciones que son ajenas al régimen previsional, la ANSeS se transformó en una caja que financia el déficit del Tesoro y contribuye al maquillaje oficial para disimular el rojo de las cuentas públicas .

1 Cuánto representa cumplir con el 82% que fija la ley.

El Presupuesto Nacional de 2011 prevé ingresos del orden de $ 490.000 millones. Según el propio Gobierno, la ley vetada ayer representa $ 30.000 millones anuales. Esto ofrece una idea de la magnitud de lo que se discute: apenas 6% de la recaudación prevista para 2011.

2 Los gastos ajenos que cubre la ANSeS.

La ANSeS tiene presupuestados $ 162.220 millones para 2011. Así, unos $ 50.000 millones (35%) corresponden a gastos y prestaciones que deberían tener financiamiento propio en lugar de utilizar recursos del sistema jubilatorio. Por ejemplo, cubre los déficits de las cajas provinciales; de las Cajas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el plan de computadoras y otros gastos. Un caso es la asignación universal por hijo -que absorbe $ 10.000 millones anuales- y que el Gobierno ordenó por un decreto -sin poner en discusión su financiamiento- que se pague con los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS. Aún así, la ANSeS tiene un superávit anual de $ 20.000 millones, luego de pagar las jubilaciones.

3 La plata de las jubilaciones financia el déficit del Tesoro El citado superávit previsional financia parte del déficit del Tesoro. Por este motivo, si la ANSeS reajustara las jubilaciones no podría cubrir ese rojo y así quedaría a la vista el maquillaje fiscal que tienen las finanzas públicas que el Gobierno presenta como superavitarias.

4 Jubilaciones bajas y lejos del 82% móvil La jubilación media equivale hoy al 32% del salario medio, muy lejos del 82% en discusión. La ley aprobada sólo eleva el haber mínimo hasta el 82% del sueldo mínimo y lo sube $ 1.427. Además, reajusta las jubilaciones actuales según el criterio que fijó la Corte Suprema en el caso Badaro (índices que llegan hasta diciembre de 2006). O sea, la ley corrige parcialmente los desequilibrios de las jubilaciones porque se mantienen los bajos haberes para los nuevos jubilados. Tampoco resuelve el pago de las retroactividades e intereses sobre los 400.000 juicios iniciados por jubilados contra la ANSeS.

5 Las opciones para financiar el 82% móvil.

Una alternativa que se plantea para asegurar la ley es reasignar ingresos y gastos. Por ejemplo, hasta septiembre, el gasto acumulado en subsidios -fundamentalmente para empresas de electricidad y gas- sumó $ 32.586 millones. En el Presupuesto 2011, se prevén exenciones impositivas por $ 34.016 millones. Por otro lado, se calcula que se podrían recuperar $ 18.000 millones mediante la suba de las contribuciones patronales de las grandes empresas, para volverlas al nivel anterior a la rebaja que les dio Domingo Cavallo en la gestión de Carlos Menem. Algunos legisladores también proponen aplicar un impuesto sobre la renta financiera, que está exenta. Dicen que podría engrosar, según su alcance y como mínimo, más de $ 15.000 millones los ingresos fiscales.

6 Vetar la ley tiene un costo Al no reajustar los haberes como lo dispuso la Corte, seguirá agrandándose la deuda del Estado con los jubilados en los juicios por las retroactividades e intereses. Se estima que a valor actual hay 400.000 juicios que representan un pasivo de la ANSeS de $ 30.000 millones. Y esto seguirá aumentando en la medida que no se aplique la orden de la Corte. Hoy la ANSeS paga unos $ 3.000 millones anuales en juicios, de los cuales un 30% no va los jubilados sino a los abogados previsionalistas.

7 Un debate invertido La discusión sobre cómo financiar el 82% nació errónea. Primero debería acordarse el nivel adecuado de jubilación -respetando la legislación previsional y cumpliendo con los fallos de la Justicia- y luego discutir cómo se ordena el Presupuesto para garantizar los pagos. El Gobierno hace al revés: subordina el monto de las jubilaciones al estado de las cuentas públicas.


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