EL MODELO SKANSKA PARECE INEVITABLE CONSECUENCIA DE DECISIONES POLÍTICAS

El Gobierno acusa a empresas privadas por presuntos actos de corrupción pero creó un régimen que deja en manos oficiales las decisiones de inversión en obras públicas

Como no podía ser de otra manera en la Argentina, el llamado caso Skanska ya derivó en tal escándalo político en las últimas horas, que lucen a primera vista menores algunas consideraciones que cabría formular sobre el mecanismo y el sistema que se ha instalado en el país durante los últimos años para la inversión en infraestructura y la contratación de la obra pública por parte del Estado.

A pocas horas y desde que la investigación judicial por la utilización de facturas truchas y presunto pago de coimas comenzó a ganar la tapa de los diarios, se ha inundado el país político de denuncias gravísimas. En las últimas días la Casa de Gobierno habló de un "atentado" contra la casa del Presidente en Río Gallegos; Néstor Kirchner informó que recibe amenazas "cotidianamente" y que han amenazado hasta a su madre. El Gobierno acusa a empresas privadas de ser las responsables de presuntos actos de corrupción, se multiplicaron los rumores sobre eventuales alejamientos de funcionarios que podrían estar rozados por las investigaciones, del secretario de Energía, Daniel Cameron al secretario de Obras Públicas, José López, pasando también por las autoridades del Enargas, un organismo supuestamente técnico e independiente, que el lunes sorprendió en una solicitada acusando a los principales diarios de informar en forma tendenciosa sobre todos estos episodios.

La cuestión no podía estar ausente en el año electoral y así desde la Jefatura de Gabinete se intentó involucrar al jefe de gobierno porteño Jorge Telerman en el enchastre, y también se reiteró en estas horas el Presidente con el mensaje frecuente de que existe una Argentina de "nosotros (el Gobierno) contra ellos (la oposición, la derecha, la Iglesia, los militares, Menem, etc)", y que por lo tanto el pueblo debe ayudar votando por el Gobierno en octubre.

Como el tema ya lo han convertido en un escándalo político entre el Gobierno y la oposición, se observarán en las próximas horas las mayores groserías en declaraciones y acusaciones cruzadas, y lógicamente los títulos en los diarios y los comentarios en radios y TV deberán reflejar necesariamente la inminente carnicería. Mientras tanto, el léxico político en la Argentina cada vez con más frecuencia habla de "ataques", "atentados", "intentos de secuestro" y otras formas de violencia, que van escalando amargamente en los relatos cotidianos.

Por fuera del escándalo político, tal vez convenga detenerse en el sistema que se instaló en la Argentina de los últimos años para alentar las inversiones, asegurar obras de infraestructura y organizar, en términos generales, la obra pública imprescindible para sostener el crecimiento. Probablemente por ese camino se termine concluyendo que finalmente el caso Skanska, y tantos otros ‘skanskas’ que podrían verificarse, es la consecuencia de un esquema de políticas públicas que no alienta la inversión privada, que supone que todas las decisiones deben pasar por el Príncipe de turno y el poder cada vez mayor del Estado en la vida de las personas, las familias y las empresas, y que reniega de los incentivos que el mercado suele otorgar a las empresas y los individuos para invertir a largo plazo.

En este caso en particular, el Presidente ha dicho que posiblemente se trata de actos de corrupción entre privados. Es probable. Ha ocurrido siempre en la generosa historia de la patria contratista en la Argentina. Como también es probable que coexistan decisiones del Estado que conviven con estas prácticas irregulares, siempre organizadas bajo la implementación de groseros sobreprecios en las contrataciones, pero con un detalle que el Gobierno no debería olvidar. Esta supuesta corrupción privada o mixta la terminan pagando los consumidores. La cuenta por la ampliación de gasoductos y otras inversiones que se planean en áreas claves de infraestructura se la pasan a los usuarios en las facturas, y así en el último mes muchas industrias han quedado heladas por la factura de gas que les incluía la sorpresa del detalle que debían abonar para el fideicomiso de turno, encar gado de saldar los pagos.

Un sistema en que el Estado es dueño de la vida y la fortuna de las empresas, donde se orientan las inversiones a gusto y necesidad de los funcionarios, donde se amenaza a las empresas y se las somete a precios máximos que desalientan el futuro, inevitablemente termina en el modelo Skanska. Plata rápido, rentabilidades exageradas para compensar el alto riesgo y un país económico que cambia las reglas naturales del éxito para convertir la gestión privada en un torneo de lobby para poder sobrevivir.
GUILLERMO KOHAN