En las sombras, sin informarle al Congreso y contradiciendo su posición oficial y una nueva ley federal antitortura, el gobierno de George W. Bush emitió dos documentos en los que aprobó las tácticas más duras de interrogatorio aplicadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reveló ayer el diario The New York Times .

El primer documento se firmó en febrero de 2005, poco después de la llegada del controvertido asesor legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, al Departamento de Justicia, y apenas dos meses después de que el gobierno pareció abandonar la defensa de una supuesta autoridad presidencial para permitir "interrogatorios brutales".

La vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, confirmó ayer la existencia de ese y otro memorándum similar, que continúan vigentes, pero negó que Estados Unidos promueva la tortura de sospechosos en la lucha global contra el terrorismo que comenzó tras el 11 de septiembre de 2001.

La oposición demócrata reaccionó con furia a la noticia. Prometió nuevas investigaciones y audiencias en el Congreso para precisar el alcance de esos documentos, hasta ahora desconocidos, y determinar si Gonzales violó alguna ley, al igual que sus superiores en la Casa Blanca.

La primera "opinión legal" que emitió el Departamento de Justicia, ya bajo Gonzales, dio luz verde a la simulación del ahogamiento de los detenidos (el "submarino"), golpearlos en la cabeza y someterlos a temperaturas "de congelamiento" hasta quebrar su voluntad, entre otras técnicas.

Ese dictamen secreto también autorizó de manera explícita la aplicación "combinada" de dos o más métodos dolorosos, apenas meses después de que otro documento -pero público- del propio Departamento de Justicia calificara a la tortura como algo "repugnante", "aborrecible", en diciembre de 2004.

Gonzales -que renunció en agosto último acorralado por otro escándalo- aprobó el memorándum sobre los "efectos combinados" pese a las objeciones de su segundo, James B. Comey. Convencido de que el Departamento se excedía en sus facultades, Comey renunció tras protagonizar ese y otros choques con la Casa Blanca. Pero antes, según The New York Times, le anticipó a sus colegas que se "avergonzarían" de lo que habían permitido.

Meses después, el Congreso reaccionó al creciente malestar dentro y fuera de Estados Unidos causado por Abu Ghraib, Guantánamo, las cárceles clandestinas en Europa del Este y los vuelos secretos alrededor del mundo, y prohibió el trato "cruel, inhumano y degradante" de los detenidos.

Pero casi en simultáneo, Gonzales y su equipo emitieron otro dictamen secreto. Este documento fue más amplio, según el Times , al punto que ninguna técnica utilizada ya por la CIA quedó desautorizada, incluso cuando los agentes que trataban con supuestos terroristas de Al-Qaeda en Afganistán, Tailandia y Europa del Este querían saber si estaban quebrando las leyes contra la tortura.

Desde entonces, tanto el Congreso -que quedó bajo control demócrata en enero de este año-, y la Corte Suprema marcaron sucesivos límites y restricciones a los interrogatorios. Pero ambos dictámenes siguen vigentes.

Interpelaciones en puerta
Horas después de que el Times publicase ayer en su tapa el resultado de su investigación (que ocupó más de una página sábana en su cuerpo principal), la Casa Blanca y los demócratas acentuaron sus diferencias. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, prometió abrir una pesquisa parlamentaria sobre los memorándums que "autorizan explícitamente el uso de tácticas dolorosas y psicológicas sobre sospechosos de terrorismo".

"Tanto el supuesto contenido de estos dictámenes legales como el hecho de que se hayan mantenido secretos para el Congreso resulta problemático, en especial a la luz de la decisión de 2004 del Departamento de Justicia", comentó.

En la Casa Blanca, Perino negó, no obstante, que ambos memos hayan abierto la senda para el retorno de las tácticas prohibidas por el Congreso. "Este país no tortura. Es la política de Estados Unidos que no torturemos y no lo hacemos", afirmó. Desde la CIA, el vocero George Little dijo que buscaron la guía de la administración Bush y del Congreso y aclararon que respetan la ley. "El programa produjo información vital que ayudó a desbaratar complots terroristas y salvar vidas inocentes" comentó, una posición repetida por la administración Bush y aceptada por muchos norteamericanos.

Pero Human Rights Watch y otros organismos internacionales defensores de derechos humanos reclamaron que el candidato para reemplazar a Gonzales, Michael Mukasey, exprese su repudio a los dictámenes secretos durante su audiencia de confirmación en el Senado. "Juntos -acusó-, llevan a la tortura."

Por Hugo Alconada Mon