A inicios de la década de los ochenta, se inscribe una nueva historia en relación al desarrollo minero en nuestro país. Al descubrir el yacimiento aurífero de Nambija, los mineros y más personas, motivadas por la bonanza de éste yacimiento, investigaron y descubrieron en la jurisdicción de Zamora Chinchipe, a más del de Nambija, otros yacimientos auríferos, como: Cambanas, Sultana del Cóndor, Guaysimi, Campanillas, Chinapintza, El Zarza, Bellavista, Sol Naciente, La Canela, San Francisco de Chito, entre otros.
Han transcurrido más de treinta años desde que se descubrió las minas de Nambija, con altos y bajos la minería continúa. Los resultados de la ejecución de labores mineras auríferas en nuestro país, ha sido importante en el desarrollo económico y social, especialmente ha contrarrestado la desocupación, ha creado decenas de miles de fuentes de trabajo.
Hoy la ejecución de los proyectos mineros a gran escala, impulsa un reto histórico en este sector de la producción de minerales metálicos; de cristalizarse estos proyectos, el Estado ecuatoriano fortalecería sus arcas monetarias. Como es de conocimiento público, las Compañías Ecua Corrientes S.A. (ECSA) y Aurelian S.A., situadas en las jurisdicciones de los cantones de El Pangui y Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, respectivamente, en el desarrollo de los programas de exploración han cuantificado las reservas más grandes de Latinoamérica, de oro, cobre, plata, entre otros minerales.
El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”; el Art. 93 de la Ley de Minería vigente, prescribe, que: “…el Estado participará en los beneficios de aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a los del concesionario que los explota. Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, el 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado en la normativa tributaria vigente”.
Estos porcentajes, tomando en cuenta el volumen de las reservas cuantificadas, la dimensión de los proyectos y la capacidad de las plantas de beneficio a instalarse para la explotación de minerales metálicos a gran escala, que implementan la indicadas empresas mineras y otras que al momento ejecutan labores de exploración, el Estado en un corto plazo participará o recibirá grandes cantidades de recursos económicos por este concepto, que le permitirá incrementar la inversión en obras sociales, como salubridad, educación, vialidad, apoyo económico al campesino y pequeño productor, sectores que por muchos años han permanecido abandonados y olvidados por los gobiernos de turno.
