Técnicos y opositores apuntan a obras que hace el grupo Pescarmona.
Los negocios entre el gobierno de Hugo Chávez, el de los Kirchner, y sus empresarios afines, generan aquí cada vez más polémica. Uno de los últimos debate involucra a la compañía Impsa, de capitales argentinos, cuyo propietario es Enrique Pescarmona. La oposición al chavismo y un grupo de expertos afirman que la empresa cobrará cifras "exhorbitantes" para repotenciar la represa Macagua I, en el estado de Guayaba, sin que nada garantice, además, que el objetivo final se logre. Esto se da un contexto de una crisis energética muy grave: en Caracas, por ejemplo, las oficinas públicas están obligadas a cortar su luz a la una de la tarde.
El contrato por el que Impsa quedó a cargo de Macagua I le fue adjudicado de manera directa, sin pasar por licitación, a pesar de que era por 223 millones de dólares. Hoy, esa cifra aumentó: sobrepasa los 350 millones de dólares.
Según un grupo de especialistas, esos números son exagerados, a lo que se suma la incertidumbre de si efectivamente se terminará por repotenciar la represa: "La empresa argentina Impsa 'rehabilita' el equipamiento electromecánico de Macagua I a un costo cercano a los 400 millones de dólares, con la ironía de no añadir ni un 1 kWh a la generación del sistema hidroeléctrico del Bajo Caroni", describe uno de los párrafos del análisis de los expertos. Según dicen, eso ocurrirá debido a que existen una serie de fallas técnicas en el contrato: Impsa, por caso, solo debe realizar la repotenciación de los equipos pero nadie se hará cargo de los trabajos para que puedan funcionar con todo su potencial. El estudio fue realizado por el director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, Miguel Lara; por el ex vice ministro de electricidad Víctor Poleo; y por los ingenieros Jorge Pirela y Gustavo González. Según una nota del diario Tal Cual, también se cuestiona que la empresa que hizo los estudios previos que justifican la repotenciación de Macagua I fue la propia Impsa, luego beneficiada por esa conclusión.
Hace pocas semanas, un grupo de diputados de la oposición a Chávez expuso en la Asamblea (el Congreso venezolano) el "caso Impsa-Macagua I", como ejemplo, según dijeron, de lo poco claros que son los negocios que se realizan entre los gobiernos de Venezuela y Argentina. Fue por esto mismo que la diputada Pastora Medina, representante del Estado Bolívar, le pidió a las autoridades que la presidenta Cristina Kirchner no sea la único oradora internacional ante el poder legislativo venezolano en los actos con motivo del Bicentenario, cosa que fue rechaza.
Ante Clarín, Medina denunció que este tipo de contratos demuestran que "la relación entre los gobiernos de Argentina y Venezuela está prostituida".
Quien hizo la gestión en Venezuela para que Impsa repotencie Macagua I fue el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien niega de manera enfática, muy contundente, ser el verdadero jefe de la diplomacia político-comercial con Caracas.
MACAGUA I, OTRA DERIVACIÓN DEL SONADO CASO DE LAS COIMAS
Paz Rodríguez Niell
Enviada especial
CARACAS.- Dos de los intermediarios que cobraron las comisiones -presuntas coimas- a exportadores argentinos de maquinaria agrícola fueron determinantes en otro negocio binacional sospechoso: el contrato para la rehabilitación de la central hidroeléctrica Macagua I, una monumental obra de ingeniería, encargada al grupo argentino Impsa.
Ellos son Francisco Carrasquero y José Ernesto Rodríguez. Carrasquero fue el representante de Palmat que firmó con los exportadores para oficiar de intermediario a cambio del 15% del negocio. Pero, además, hizo gestiones en nombre de Impsa para llevar adelante la repotenciación de las turbinas de Macagua I, según relataron a LA NACION dos fuentes que conocieron el vínculo. Rodríguez es el titular de Madero Trading, la empresa que en 2008 empezó a compartir las comisiones con Palmat. Su participación en el negocio de la represa fue clave. El fue quien firmó el contrato en nombre de Impsa.
La rehabilitación de Macagua I fue concebida como parte de la alianza estratégica argentino-venezolana. Tanto que la central, sobre el río Caroní, fue el escenario elegido por Hugo Chavez para recibir a Néstor Kirchner en 2007. Originalmente, la obra iba a costar US$ 142 millones, que saldrían del fideicomiso binacional, pero tal como denuncian aquí, su precio se multiplicó. Hoy el presupuesto asignado, según información oficial, el de US$ 324,91 millones.
Dos ex funcionarios de Chávez que ocuparon altos cargos en el área de energía afirmaron que se trata de un negocio plagado de "irregularidades". Dijeron que era una obra innecesaria y que así lo habían advertido cuadros técnicos venezolanos (un ingeniero de esos equipos lo confirmó a este diario), que no hubo licitación y que la obra está basada en datos falsos del río. Ellos son Víctor Poleo, ex viceministro de Energía, y Miguel Lara, que fue director hasta 2004 de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados de Venezuela (Opsis), el ente responsable de dirigir y coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico del país.
LA NACION consultó ayer a los voceros de Impsa, que desmintieron las acusaciones, negaron sobreprecios y advirtieron que el contrato "significó obtener un millón de horas hombre de empleo argentino".
El trabajo de Rodríguez para la empresa mendocina había empezado mucho antes de la firma del contrato. El 19 de agosto de 2004, en su carácter de gerente de desarrollo de Impsa, le envió una nota al embajador de Venezuela en Buenos Aires, Freddy Balzán, y le dijo que luego del acuerdo integral de cooperación firmado por Chávez y Kirchner ese mismo año, ambos presidentes habían considerado factible poner en marcha las obras de repotenciación de la central y financiarla con el fideicomiso creado por la venta de combustible venezolano a la Argentina "disponiendo de los fondos necesarios para la obra que está en el orden de los US$ 142 millones". El contrato se firmó al año siguiente. Establecía un precio para la obra de US$ 223 millones. Hoy, el presupuesto es de 100 millones más, de acuerdo con la página web de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec).
Dos fuentes informaron que Carrasquero, mano derecha de Roberto Wellisch, el millonario dueño de Palmat, estuvo vinculado con los negocios de Impsa. Una de ellas es una persona ligada a Voith, una gigantesca empresa alemana de enorme experiencia en centrales hidroeléctricas, la compañía que había construido Macagua en 1961. Esa fuente relató que Carrasquero se había contactado con los alemanes para pedirles colaboración para el trabajo que se había comprometido a hacer Impsa con la remodelación de las turbinas. "Si se comprometieron a hacerlo, ahora, que lo hagan", cuentan que respondieron los alemanes.
Un empresario argentino radicado en Venezuela corroboró el vínculo. "Claro que representaba a Impsa. Yo me lo encontré en un restaurant. Carrasquero estaba exultante. «Acabamos de firmar el contrato», me dijo. La mesa de los festejos la encabezaba Pescarmona".
Enrique Pescarmona es el presidente de Impsa. Tiene muy buena llegada al Gobierno y fue el empresario que se reunió con Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires, horas antes de que el supuesto "valijero" ingresara en la Casa Rosada y estallara el escándalo.
Carrasquero es un hombre a quien todos describen en esta ciudad como un intermediario de enormes contactos, afable y extravertido. LA NACION lo llamó a su celular; se presentó y de inmediato la conversación se cortó. Desde entonces, el teléfono está apagado o nadie responde.
Intermediario
El caso de las irregularidades de Macagua I se hizo conocido aquí por notas de los periodistas Damián Pratt y Nelson Bocaranda. La principal crítica a la contratación de Impsa es que la obra será cara, mucho más de lo previsto, y totalmente inútil. Un ingeniero que fue consultor de Electrificación del Caroní (Edelca, la compañía estatal responsable de la represa y la que firmó con Impsa) lo confirmó. "Hicimos los estudios matemáticos y advertimos que lo que podía agregar la repotenciación de Macagua I es cero. Todos los que conocen el Caroní dijeron lo mismo, pero no importó. Fue una orden que vino de arriba", afirmó.
Al lado de Macagua, se construyó años más tarde Macagua II. Los ingenieros explicaron que esta central, mucho más nueva y poderosa, podía absorber todo el trabajo de Macagua I. "Cuando surge la idea de repotenciar las turbinas de Macagua I, en 2000, lo discutimos en Edelca y concluimos que la racionalidad económica y de ingeniería disuadía de hacer semejante inversión", dijo a LA NACION Víctor Poleo, que fue viceministro de Energía de Chávez desde el principio de su gobierno hasta junio de 2001 y era uno de los directores de Edelca. Poleo explicó que se acordó, entonces, dejar Macagua como estaba. No obstante, después llegó la orden: había que firmar el contrato igual.
El ex funcionario Miguel Lara denunció, además, irregularidades "manifiestas" en el contrato. "La primera es que la propia empresa contratada fue la que hizo los estudios, y los hizo basándose en premisas que eran falsas, como que el aporte promedio anual de agua del río Caroní es de 6800 metros cúbicos por segundo, cuando es de 4800", sostuvo. "No hay penalización por incumplimiento ni fianzas razonables y los costos se han ido incrementando notablemente, sin justificación", afirmó.
En Impsa lo desmintieron todo. Dijeron que las obras agregarán al sistema eléctrico una potencia de 480 MW muy necesarios ante la crisis energética que sufre Venezuela; sostuvieron que no hubo licitación porque se hizo en el marco de un acuerdo entre países y afirmaron que el precio de la obra aumentó porque se amplió aún más la potencia de la central. Desmintieron, además, que el precio hubiera ascendido a US$ 324,91 millones, como afirma en su página oficial la compañía estatal venezolana Corpoelec.
LA NACION se comunicó ayer con la vocera de Edelca, que pidió que las consultas se realizaran por mail . Hasta el momento, no hubo respuesta. Por estos días, ningún funcionario de Chávez parece dispuesto a hablar de los negocios con la Argentina.
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Sólo falta un eslabón entre los "peajes" y la valija de Antonini
Clarín
Las declaraciones que hizo Antonini Wilson ayer a Clarín unieron dos causas que marchan por carriles diferentes, pero que coinciden en sus protagonistas y sus conexiones.
"(Claudio) Uberti había llegado a tener el descaro de montar una oficina en Caracas donde la gente tenía que pagar el peaje. Para cierta gente de PDVSA eso tenía que acabarse. Un alto directivo de PDVSA que cumplió funciones en Argentina me dijo en su momento que a él lo sacaron del puesto por tratar de acabar con lo de los peajes y que el presidente argentino pidió su cabeza", aseguró Antonini en la entrevista. El polémico empresario venezolano es buscado por la Justicia argentina en la causa que investiga el presunto lavado de dinero al intentar ingresar al país 800 mil dólares sin declarar, en agosto de 2007. En esa misma causa, el ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, fue beneficiado con la falta de mérito, situación que lo coloca en una suerte de espera judicial. El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone consideró no contar con las pruebas necesarias para dictar su procesamiento, pero tampoco con lo necesario para absolverlo.
En otro despacho de Comodoro Py, el juez Julián Ercolini lleva adelante la investigación de la causa que investiga al ex funcionario K por la presunta participación en una asociación ilícita, comandada por el ex presidente Néstor Kirchner. Por esta causa fue citado a declarar el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, que fue quien puso sobre la mesa las sospechas del presunto pago de coimas a funcionarios kirchneristas por parte de empresarios interesados en negocios con Venezuela.
Sin embargo, si lo relatado por Antonini se confirma, la situación de Uberti podría complicarse y las dos causas podrían tener su punto de concordancia. Según quedó demostrado en el juicio que se llevó adelante en Miami contra los venezolanos que intentaron presionar a Antonini para que se haga cargo del dinero secuestrado en Argentina, el dinero salió de la caja de PDVSA, la empresa petrolera del gobierno de Hugo Chávez. Según lo dicho por el empresario en la edición de ayer, funcionarios de PDVSA sabían de la existencia de presuntos negocios ilegales entre funcionarios argentinos y venezolanos.
"PDVSA aportaba la logística para la operación con los dólares en el centro de Caracas. Uberti estaba al tanto de eso. El dinero que llegó a la Argentina era producto de los negociados entre ambos países. Era el mismo dinero", explicó a Clarín una fuente venezolana con conocimiento preciso de las relaciones bilaterales, que prefirió mantener el off.
Ahora, las sospechas apuntan a tratar de determinar si el dinero que fue decomisado en Aeroparque la madrugada del 4 de agosto formaba parte de los presuntos sobornos que se habrían pagado. Uberti tiene a su favor que Antonini no saldrá de los Estados Unidos, donde vive y que el venezolano no tiene intenciones de presentarse ante el juez Petrone. Al mismo tiempo, el ex hombre del Ministerio de Planificación sabe que las declaraciones de Antonini a la prensa no tienen ningún peso ante la Justicia. Pero el polémico venezolano brindó, igual, datos que pueden ayudar a orientar las distintas investigaciones. Eso es lo que inquieta al ex funcionario, que sabe más que nadie que la información es poder.
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Diputados: la oposición quiere investigar la denuncia de coimas
Clarín
Los bloques opositores encontraron un nuevo factor de unidad en el Congreso, a partir del escándalo por la supuesta exigencia de coimas a empresarios para exportar a Venezuela: esta semana avanzarán en una ofensiva que incluirá pedidos de informes, la creación de una comisión investigadora y el intento de interpelar al ministro de Planificación, Julio De Vido, entre otras iniciativas.
"El tema es grave e importante. Desde el Parlamento vamos a monitorear lo que está haciendo la Justicia, que es la que tiene que investigar los presuntos hechos de corrupción", adelantó Oscar Aguad, jefe de bloque del radicalismo en Diputados. Desde esa fuerza y la Coalición Cívica impulsan la creación de una comisión especial, compuesta por once miembros, para investigar el vínculo comercial entre Argentina y Venezuela, con el foco en el fideicomiso creado a partir de un acuerdo entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez. "Nuestra intención es apuntar especialmente a la actuación de la Cancillería y los embajadores", agregó Aguad a Clarín. Si la propuesta suma el respaldo de todos los bloques anti K, cuyos referentes ya cruzaron llamadas, será presentada mañana.
"El Congreso tiene que dejar en claro que este Gobierno ha sido el más corrupto de la historia argentina. Y el Poder Judicial, garantizar que los corruptos vayan presos y devuelvan la plata", arremetió Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, que presentó un pedido de informes sobre los convenios bilaterales, las compras de fuel oil, toneladas, calidad y precios de lo importado y exportado, empresas involucradas en la comercialización, comisiones y los motivos para adquirir cantidades mayores a las necesarias, en algunos casos.
El escándalo tomó repercusión a partir de que Eduardo Sadous, ex embajador en Venezuela, declarara ante la Justicia que empresarios argentinos le dijeron que debían pagar retornos para concretar negocios con la República Bolivariana. El arco anti kirchnerista en Diputados no descartó que la ofensiva incluya la interpelación a De Vido, al frente de la relación comercial y política con ese país, por encima de la Cancillería. "Es una herramienta y se puede utilizar, de acuerdo a los elementos que tengamos", aseguró Gustavo Ferrari, del peronismo disidente. Y desde la Coalición Cívica deslizaron la posibilidad de impulsar el juicio político contra De Vido.
Las iniciativas más ambiciosas tendrían posibilidades, en todo caso, en la Cámara baja. En el Senado la paridad complica el quórum y lo que intenten los bloques de la oposición: desde el radicalismo recordaban, anoche, que desde hace un mes impulsan la interpelación al ministro de Economía, Amado Boudou, y todavía no pudieron darle tratamiento en el recinto. De todos modos, ese sector prepara un pedido de informes que presentará entre hoy y mañana.
En el PRO anunciaron que exigirán la presencia de Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados. "Debe venir a dar explicaciones sobre este escándalo de coimas, es su obligación de acuerdo al artículo 101 de la Constitución", sostuvo Paula Bertol, la macrista que amenazó con una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público si no asiste.
Por lo pronto, Daniel Cameron -secretario de Energía- se comprometió a presentarse este jueves ante la comisión del área y la oposición pidió incluir en el temario la compra de fuel oil a Venezuela. Otra posibilidad que evaluará el arco no oficialista es citar a De Vido a esa comisión o a la de Obras Públicas, como alternativa o instancia previa a la interpelación.
Entre los referentes de los bloques opositores se daba anoche una suerte de debate sobre hasta dónde podría llegar el Congreso con la investigación. "Desde el punto de vista penal, el ámbito es la Justicia. Desde el punto de vista político, en la medida que no interfiera, vamos a avanzar desde el Parlamento", planteó Ferrari.
"La Justicia investigará delitos puntuales y la Cámara tratará la relación comercial y bilateral, signada por escándalos y episodios poco transparentes", consideró el radical Juan Tunessi. Más allá de esa discusión, el arco anti kirchnerista aprovechará la unidad que genera este tema e imponer el número para sumarle aprietos al oficialismo.
Carlos Pagni
LA NACION
Claudio Uberti, Victoria Bereziuk y José Ernesto Rodríguez viajaron en el mismo vuelo de Copa Air de Panamá a Buenos Aires el 13 de enero de 2006. Volvieron a hacerlo, rumbo a Australia, el 1° de junio de 2007, por Aerolíneas Argentinas.
Estos viajes revelan, por primera vez, el contacto entre funcionarios argentinos y uno de los empresarios que cobraron comisiones a las firmas que comerciaban con Venezuela. Uberti es la figura central de la oscura diplomacia de negocios que montaron los Kirchner y Hugo Chávez. Bereziuk, su secretaria. El gran público los conoció por otro viaje: el que trajo a Buenos Aires, el 8 de agosto de 2007, al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson y su valija con 800.000 dólares.
José Ernesto Rodríguez es el presidente de Madero Trading, la empresa que cobraba 3% de comisión a las fábricas de maquinaria agrícola que querían vender sus productos a Venezuela, y que la Justicia investiga como posible fuente de sobornos. Madero Trading se constituyó el 14 de septiembre de 2007, es decir, tres meses y medio después del viaje a Australia, un desplazamiento muy enigmático que el juez Julián Ercolini deberá desentrañar.
El otro 12% por comisiones había que pagárselo a Palmat, la empresa de Roberto Wellisch, un argentino conocido en Venezuela como el rey del aluminio, con propiedades en Nueva York, Miami, Caracas y Buenos Aires. Palmat estableció sus oficinas en Miami en 2007. Wellisch integra el directorio del Banco de Guayana, que preside otro argentino arraigado en Venezuela, Oscar Eusebio Giménez. El Guayana, que en marzo de 2007 estableció una alianza con el Banco Nación, tiene como representante en la Argentina al viajero Rodríguez. Si se repasan las fechas, habría que declarar 2007 el año de la amistad bolivariana.
El vuelo que Rodríguez, Uberti y Bereziuk abordaron en Panamá ?es posible que procedentes de Caracas? ofrece otra curiosidad: en el pasaje también iba Néstor Ulloa. En cambio, Ulloa se perdió el misterioso viaje a Sydney. Es natural. En mayo de 2007 dejó su cargo en Nación Fideicomisos por pagar sobreprecios en la construcción de gasoductos. En esa operación, conocida como caso Skanska, se utilizaron empresas fantasma para organizar, hay que suponer, el pago de sobornos. Igual que ahora. Cuando estalló aquel escándalo, el Gobierno dijo que era "un asunto entre privados" y Kirchner hizo publicar una solicitada acusando a LA NACION y a Clarín de mentir para dañarlo. Igual que ahora.
A Rodríguez no le deben de haber faltado temas de conversación con Uberti, Bereziuk y Ulloa. Cuando viajó con ellos hacía ya por lo menos dos años que gerenciaba negocios a la sombra de la complicidad bolivariana, como gerente de Desarrollo de Impsa. La historia suele ser, en estos casos, reveladora. El 22 de noviembre de 2005, en Puerto Ordaz, a orillas del Caribe, Kirchner y Chávez sellaron de manera definitiva su codiciosa amistad. Quince días después de vapulear a George Bush en Mar del Plata, anunciaron la incorporación de Venezuela al Mercosur y la venta de bonos de la Argentina a Venezuela. También marcaron sobre un mapa la traza de un gasoducto que ni García Márquez se atrevería a diseñar. Recorrería toda América del Sur y el encargado de realizarlo sería Ulloa, experto en gasoductos sobrefacturados. Kirchner y Chávez anticiparon que Venezuela compraría maquinaria agrícola a cambio del fueloil que comercializarían traders como Glencore, comandada por Wellisch y representada en Buenos Aires por Juan Carlos Colombetti, ex vicepresidente de YPF, quien falleció un mes más tarde en un accidente automovilístico. En aquel inventario de compromisos, figuraba que la empresa Impsa, de Enrique Pescarmona, repararía la represa hidroeléctrica de Macagua, financiada por el fideicomiso de los combustibles.
Tres días más tarde de esas celebraciones, en el Coloquio de IDEA, Pescarmona se puso del lado de Néstor Kirchner, quien había reprendido a Alfredo Coto por hablar de inflación. "Me va bien porque el Gobierno me ha ayudado en Venezuela", declaró, sincero. Según el periodista Nelson Bocaranda, de El Universal, de Caracas, el contrato de Macagua se firmó por US$ 223 millones, pero la obra ya consumió US$ 353 millones y todavía faltan tres años para que se complete. En su reciente viaje a Venezuela, Cristina Kirchner y Chávez firmaron otro convenio para que Pescarmona realice más obras eléctricas en ese país.
Las revelaciones sobre la matriz corrupta de la alianza con Chávez llegan en un mal momento para el matrimonio gobernante. Los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) consagrarán mañana a Néstor Krichner como secretario general de esa organización. Sin embargo, las desagradables novedades que van saliendo del juzgado de Ercolini no modificarán esa decisión; ni siquiera en el caso de presidentes enemistados con Chávez, como el colombiano Alvaro Uribe o el peruano Alan García.
El escándalo atraviesa varias dimensiones del kirchnerismo. En principio, coloca a la corrupción en el centro de la discusión política, aun cuando Elisa Carrió siga siendo una denunciante bastante solitaria. Las andanzas de Uberti, Bereziuk y Ulloa se agregan a las millonarias intervenciones de los Kirchner en el mercado de cambios; a la evolución patrimonial del matrimonio y de sus secretarios privados; al enriquecimiento de Ricardo Jaime, de quien se desconocen los servicios que prestaba a cambio de las dádivas que, al parecer, recibía (por si acaso, tres importantes empresarios del transporte han convocado a reconocidos penalistas); a los sobreprecios pagados por Aerolíneas en la compra de aviones, o a los sospechosos contratos de Defensa con navieras alemanas.
También queda al desnudo la moral intrínseca del intervencionismo populista. Los pedidos de comisiones prosperan cuando los negocios están determinados por el capricho de los funcionarios. La figura del fideicomiso, talismán del derecho administrativo kirchnerista, viene en auxilio de esas malas costumbres. Aparece en las ventas a Venezuela, en el caso Skanska o en experimentos más exóticos, como los acuerdos de cooperación que se firmaron con Túnez. A esta altura, es difícil discernir si esta mecánica obedece al desprecio por el mercado o al aprecio por el lucro.
Las revelaciones del embajador Eduardo Sadous ilustraron con cifras y detalles un panorama conocido. En 2004, el entonces canciller Rafael Bielsa envió una carta a Kirchner solicitándole que excluyera a la Cancillería de la relación bilateral con Venezuela. Uberti ya era el verdadero embajador ante Chávez, aunque no conseguía llevar esa función a los papeles. La primera vez que lo intentó, la embajada fue para Nilda Garré; la segunda, para Alicia Castro. "Claudio no hubiera pasado el Senado", explica alguien de la intimidad de Olivos.
El negocio de máquinas agrícolas fue marginal. Un diplomático que conoce bien el comercio bolivariano explica: "El negocio de Wellisch y de Rodríguez no son las comisiones por la venta de tractores, sino actividades mucho más rentables. Wellisch es el mayor productor de aluminio. Sin embargo, para afianzarse en esos otros sectores, ellos pueden haber tenido algunas atenciones, como montar una empresa para que los funcionarios puedan cobrar los sobornos. Es posible que Antonini Wilson cumpliera el mismo papel".
Muchos empresarios kirchneristas encontraron en Venezuela una cancha auxiliar para sus negocios con el Estado. Lázaro Báez, por ejemplo, armó una empresa -Epsur- con ese fin, y Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, comenzó a capturar licitaciones venezolanas desde el año pasado. Sin embargo, las dos minas de oro bolivarianas han sido la comercialización de fueloil y la manipulación de bonos argentinos en el mercado cambiario. La adquisición de esos papeles apuntó, en un comienzo, a neutralizar el exceso de liquidez de la economía chavista. Pero la diferencia de cotización entre el dólar oficial (por ejemplo, 2,5 bolívares) y el paralelo (5 bolívares), permitió ganancias siderales. Bastaba con comprar bonos al precio oficial y venderlos luego en el mercado secundario de Miami con el valor del dólar libre. Se hicieron diferencias del 100%. En esa maniobra participaron unos banqueros bolivarianos. Uno de ellos, Ricardo Fernández Barruecos, cayó preso el año pasado.
Chávez adquirió títulos argentinos por alrededor de US$ 5000 millones. Cristina Kirchner llegó a pagar una tasa del 15% por ese financiamiento. Sacar de Venezuela el dinero que resultó de estas operaciones debe de haber sido engorroso. Tal vez así se explique la predilección de Uberti y Bereziuk por aterrizar con aviones privados en el sector militar de Aeroparque.
