Mientras la CGT de Hugo Moyano sigue empecinada en su ofensiva para lograr la sanción legislativa del proyecto que promueve el reparto de ganancias empresarias entre los trabajadores, el Gobierno decidió restarle su apoyo a la polémica iniciativa y recomendó a los gremios negociar ese beneficio en sus respectivos convenios colectivos. El consejo oficial parece tener cierto sustento en algunos datos de la realidad, que muestran que por lo menos la mitad de las empresas líderes distribuye actualmente parte de su rentabilidad entre su personal en la forma de bonos anuales, que asumen la forma de porcentajes del salario base anual, una cantidad de sueldos adicionales y en menor medida un suplemento de monto fijo, según concluyó un informe privado.
El relevamiento, realizado por Sel Consultores en base a los resultados de una encuesta a 149 compañías de primera línea que emplean a 252.000 trabajadores, destaca que el bono anual constituye el mecanismo más habitual de distribución de utilidades al personal de esas empresas, decisión que en la mayoría de los casos es tomada por política de la firma o establecida por un acuerdo individual o colectivo de partes en el marco de las negociaciones con el gremio representativo de cada actividad. Del sondeo surge –además– que ese esquema de bonos está sujeto a indicadores de desempeño y que su cobertura y monto es mayor entre los niveles gerenciales, aunque también alcanza al 50% de los empleados administrativos con categoría inferior a jefe y a un tercio de los obreros u operarios con rango inferior al de supervisor. En tanto, en el caso de los empleados profesionales, una parte de los cuáles se ubica bajo algún convenio colectivo, la proporción de los que reciben bonos anuales alcanza un 66%.
Respecto de la forma en que se determinan esos suplementos, el informe de la consultora que dirige Ernesto Kritz señala que en las dos terceras partes de los casos se fijan sobre la base de los resultados económicos de las empresas y solo en un tercio por el desempeño individual del personal. Además, de la encuesta se desprende que en la gran mayoría de las empresas que reparten utilidades entre su personal, el bono se paga como un porcentaje del salario base anual o en cantidad de salarios y sólo en pocos casos se utiliza un esquema de monto fijo. En cuanto al monto del beneficio, en aquellos casos en que se paga en cantidad de salarios, el bono es equivalente a un mes de sueldo adicional. Mientras, en la modalidad de porcentaje sobre el sueldo base anual, el suplemento representa en promedio un 8% de esos ingresos.
El informe, sin embargo, no avanza en dar cuenta de la proporción de utilidades que reparten las empresas entre su personal. Justamente ese punto constituye un aspecto clave del proyecto elaborado por el diputado Héctor Recalde e impulsado por la conducción cegetista, que promueve que las empresas distribuyan entre sus trabajadores una proporción equivalente al 10% de sus utilidades anuales. Al respecto, la iniciativa sindical establece la necesidad de que la representación gremial del personal acceda a los balances e informes financieros de las compañías, un punto duramente cuestionado por los sectores empresarios que consideran que se trata de una clara maniobra de “cogestión sindical”.
El principal fundamento de la cúpula de la central obrera para insistir con la iniciativa, a pesar que la propia presidenta Cristina Fernández recomendó semanas atrás negociar ese esquema en el marco de las respectivas paritarias, subraya el hecho de que sin una ley de carácter obligatorio será muy difícil garantizar el reparto de utilidades al conjunto de los asalariados.
