La concesionaria recibió sanciones millonarias. Deberá pagar un 10% de adelanto. El resto podría no hacerse efectivo si cumple con las mejora de la prestación pactada en el acuerdo que será sometido a debate.
La calidad del servicio eléctrico y las multas que el ENRE aplicó a EDECAT por problemas de prestación, serán dos de los ejes principales de debate durante la audiencia pública del próximo 25. Estos temas son del máximo interés de los usuarios, porque el acuerdo previo que la concesionaria y el Gobierno realizaron -plasmado en la acta que será sometida a análisis durante la audiencia-, decidirá si se hace efectivo el pago de la cifra multimillonaria que la firma adeuda por las sanciones desde 2001.
En este tema incidirá el resultado de las obras que la concesionaria encare para mejorar el servicio: si logra elevar la calidad y cumplir con las metas acordadas, podría evitarse pagar el grueso de las multas.
De acuerdo con un cálculo del organismo de contralor y por datos que dio a este diario el subsecretario de Servicios Públicos, Miguel Yadón, la cifra en juego es superior a los 40 millones de pesos, incluyendo los cargos imputados hasta diciembre del año pasado.
El acta establece, en su artículo quinto, que la firma deberá abonar, obligatoriamente, un "adelanto" de este monto. Éste será el 10% de las sanciones que haya aplicado el ENRE. El organismo acordará con la distribuidora un plan de pago a los usuarios de las sumas acumuladas por este concepto, en base al criterio de devolución de 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
En el caso que haya nuevas multas, también se mantendrá un criterio similar, es decir, el pago del porcentaje antes mencionado.
La cuestión es qué pasará con el resto del dinero. Aquí entra en juego una polémica posición que tomó el Gobierno con respecto a la calidad del servicio de EDECAT.
De acuerdo con lo que justificó la empresa -según Yadón-, el suministro no mejoró antes porque no podía invertir lo previsto, en gran parte por la elevada deuda histórica que mantenían la Provincia y los municipios.
Al no haber inversión el servicio se resintió, lo que motivó a su vez la aplicación de sanciones hasta llegar a la millonaria cifra. Es con estos argumentos que la firma se negó a reconocer los cargos, y acudió al Ejecutivo.
Salida
Las autoridades de Servicios Públicos que negociaban el acta optaron por una salida que atiende ese reclamo de la firma: reconocer la deuda estatal para obras (30 millones de pesos entre organismos provinciales y lo que debían las comunas), que correctamente invertida a través de un fideicomiso, significaría la recuperación del sistema de distribución.
Si EDECAT cumple con todos los objetivos propuestos, se eximirá de pagar el resto de las multas. De lo contrario, pagará proporcionalmente al grado de cumplimiento. Según el plan previsto, la firma tiene que mejorar la prestación no menos del 10% anual durante la vigencia del acta acuerdo.
Posible rescisión
Según el Gobierno, el acta acuerdo alcanzada por EDECAT es bien clara en lo que respecta a las metas de calidad: si no mejora según el plan establecido -como mínimo el 10% anual-, se produciría la rescisión "por culpa del concesionario". "El acuerdo es duro con la empresa, con muchísimas exigencias y con la posibilidad de que haya 'rescisión culposa' si no cumple", comentó anteriormente a este diario el subsecretario Miguel Yadón.
Por eso es que, si se aprueba finalmente el acta, la empresa deberá presentar un plan de obras, que contemple la inversión y el impacto que tendrá en la mejora del servicio. Una entidad de defensa del consumidor de la ciudad capital, la Unión de Usuarios, ya adelantó que este plan será una de las inquietudes principales que llevará a la audiencia, fundamentalmente por las empresas que realizarán las obras y los montos que se destinarán a cada una.
El "plan director" será presentado por EDECAT en un plazo de 45 días desde la entrada en vigencia del acta, el cual contendrá "los fundamentos conceptuales de las obras a ejecutarse, cuyos contenidos deberán cumplir satisfactoriamente". Además, tendrá que calcular un cronograma tentativo de ejecución de los trabajos. El texto del acta establece que el Gobierno "podrá dar por terminado el contrato de concesión por exclusiva culpa del distribuidor (...) en caso de que este incurra reiteradamente en tres ocasiones en algún emplazamiento sustancial o que exista una acumulación superior a un 30% de demora en el cronograma de ejecución de obras".
