Es una causa por coimas en la construcción de un gasoducto. El Presidente acusó a las empresas y dijo que "no hay un solo elemento" que involucre al Gobierno.
El presidente Néstor Kirchner se refirió ayer, por primera vez desde que salió a la luz, al llamado caso Skanska, en el que se investiga el supuesto pago de coimas para realizar un gasoducto impulsado por el Ministerio de Planificación. La causa se ha convertido en un motivo de preocupación para el poder.
Kirchner definió al tema como "un acto de corrupción entre privados" en el que el Gobierno nacional "no tiene nada que ver". Con ambas manos en alto, como mostrando que estaban limpias, el Presidente reforzó ese concepto diciendo: "Nosotros somos gente que tenemos las manos así; si un funcionario no hace lo que se debe, se va". Un gesto algo actoral, que pareció estudiado para la ocasión.
"El Gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio es un acto de corrupción entre privados, ahí también existe la corrupción, y fuerte", fueron las palabras exactas del Presidente.
Kirchner habló en el Salón Sur de la Casa Rosada, durante un acto sobre anuncios de obras públicas en Jujuy. Es el escenario que suele utilizar para hablar con la gente, según el manual de comunicación presidencial. "No hay un solo elemento que diga que hay un funcionario del Gobierno nacional que tenga algo que ver", insistió el Presidente, en una idea que ya usaron otros funcionarios de su gobierno.
Mientras esto pasaba, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, daba en el Congreso su informe de gestión obligatorio en el que también se refirió al caso Skanska. Sugirió corrupción, pero por parte del Gobierno porteño de Jorge Telerman (ver página 4), con quien está duramente enfrentado en términos políticos, diciendo que la Ciudad emitió facturas a una de las empresas investigadas. Su denuncia mete otro ingrediente que la Justicia ya investiga.
Fernández habló frente a un auditorio íntegramente oficialista porque la oposición se retiró del recinto en desacuerdo a los límites que se pusieron para preguntar. Se recuerda: fue la oposición, a través del ARI y de Recrear, quienes hicieron las primeras denuncias judiciales por este caso que, al menos, roza al poder.
Skanska es una multinacional sueca que reconoció haber pagado "comisiones indebidas" (un eufemismo por coimas) para participar del negocio de obra pública vinculado a la ampliación de un gasoducto en el norte. Se trató de coimas que se pagaron a través de facturas apócrifas de empresas fantasma por unos 17 millones de pesos.
Kirchner aportó datos reales cuando aludió a la participación privada en el caso Skanska: las obras del gasoducto impulsado por el ministerio de Julio de Vido fueron gerenciadas por las empresas Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).
Pero no es menos cierto que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), conducido por Fulvio Madaro, y la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron, debían ser las encargadas de controlar técnica y financieramente la construcción. Además, Banco Nación Fideicomisos participó financieramente.
Fernando Chironi, diputado nacional de la UCR por Río Negro, había dicho ayer temprano que, en el caso Skanska, el Gobierno desvío fondos. En parte, la salida de ayer de Kirchner fue para responderle. Le pidió al legislador que estudie bien el tema.
El Gobierno no se ha mantenido prescindente del asunto, más allá de las declaraciones públicas para despegarse. Un ministro —Aníbal Fernández— denunció a uno de los jueces de la causa, Javier López Biscayart, del fuero Penal Tributario, ante el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo tiene enorme influencia. Si bien la misma se desestimó, en el organismo ahora siguen con lupa los movimientos del magistrado quien, por otra parte, denunció que lo espían "agentes de inteligencia".
"LA ÉTICA SIEMPRE ES UN RIESGO"
A Hernán Morano, de la cúpula de Skanska en América latina, le tocaba ayer hablar en Chile de inversiones en infraestructura. Pero su presencia desvió la atención hacia la compañía en Argentina. El ejecutivo atinó a decir que "la ética en los equipos que integran la empresa siempre es un riesgo". Después contó que la constructora sueca está en 8 de los 13 países de Sudamérica. Siempre tratando de evitar una mención directa al escándalo desatado en la Argentina, señaló que la firma nunca había pasado por una situación semejante. Consultado por la agencia de noticias Debtwire, afirmó: "Para una firma que cotiza en Bolsa, como Skanska, es mejor perder una licitación que tener un problema de ética que finalmente castiga el precio de sus títulos en la Bolsa".
—¿Dejaron de participar por este motivo de algunas licitaciones en la Argentina? —se le preguntó al empresario.
—Sí —fue la única respuesta y no dio más precisiones.
Silvia Naishtat. SANTIAGO, CHILE
JUGANDO FUERTE
Fernando Gonzalez
El Presidente levantó las manos y las mostró en la Casa Rosada. Jugó fuerte. Apostó por sus colaboradores, algunos de los cuales están siendo investigados por dos jueces. Y pese a que definió las coimas del caso Skanska como "un acto de corrupción entre privados", las sospechas crecen en torno a una obra pública, la construcción de un gasoducto que debió ser auditada por un organismo de control, también público.
Allí es donde pierde solidez el argumento utilizado por el Gobierno, de que el caso Skanska es sólo un asunto oscuro entre empresarios coimeros. Habrá que esperar entonces que se cumpla la promesa del Presidente. Y si se descubre que también hay funcionarios coimeados, que se vayan rápido del Estado.
LA JUSTICIA INVESTIGA SI EL GOBIERNO PORTEÑO OPERÓ CON UNA FIRMA FANTASMA
El juez del caso Skanska investiga si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilizó como intermediaria para la compra de espacios de publicidad a una empresa fantasma. Esa sociedad anónima se llama Sol Group y fue allanada en setiembre del año pasado: operaba en el microcentro porteño con la fachada de un club de ajedrez.
Javier López Biscayart llegó a Sol Group como una derivación de la causa Skanska, la multinacional sueca que ya admitió la utilización de facturas truchas para pagar coimas en el marco de la construcción de obras públicas. Skanska se valió de 23 sociedades fantasma, una de ellas llamada Caliban/Infiniti Group. Investigando el origen de ésta sociedad anónima, se encontró documentación de Sol Group.
En julio del año pasado, el juez dio por probado que Caliban/Infiniti no eran más que "un ente societario materialmente ficticio y carente de actividad real"; todos quienes usaron este sello de goma —prestanombres, empresarios, contadores, empleados de la AFIP— hoy están procesados como miembros de una asociación ilícita tributaria. En una resolución que firmó el 13 de octubre siguiente, a la que accedió Clarín, el mismo juez escribió: "Sol Group SA poseería características similares a otras creadas por (esa) ilícita asociación".
Del allanamiento a la sede de Sol, en San Martín 881 5to. "I", la Policía se llevó ocho cajas con pa peles, de acuerdo a lo que consta en las actas correspondientes. Por ejemplo, facturas fechadas en 2006, dirigidas a la Dirección de Medios y Planeamiento Estratégico de la Comuna en concepto de órdenes de publicidad. Las mismas que ayer divulgó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Fuentes judiciales relataron que la primera vez que López Biscayart ordenó tareas de inteligencia sobre la sede —entonces presunta— de Sol Group, le respondieron que ahí funcionaba "Ajedrez de Punta", nombre de un supuesto club de ajedrecistas que coincide con un programa para la práctica de esta disciplina en la Universidad de La Punta, en San Luis. López Biscayart decidió ir al lugar en persona —lo que técnicamente se conoce como inspección ocular— y, en efecto, encontró un gran cartel con un tablero, peones y damas.
Sin embargo, ante presunciones de que se trataba de una escena simulada, ahí mismo emitió una orden para allanar el departamento. Consiguió dos testigos, un cerrajero y empezó a juntar cosas: además de las facturas de Sol, secuestró documentos de las sociedades Infiniti, Best Image, Consult Ares, Tacoma, Video Media Editora y HSDA.
El operativo empezó a las 17:35 y terminó a las 19:15. Participó Carlos Bo, un supervisor de la AFIP que supo trabajar —entre otros— el caso IBM-Banco Nación, sobre pago de sobornos durante el menemismo.
En la causa de López Biscayart consta que, como Caliban, que pasó a llamarse Infiniti, Sol Group es la sucesora de Lapecu SA. Entre sus accionistas se encuentran Juan Alejandro Mastropietro y Sergio Daniel. Un testigo declaró en Tribunales que actuaba como sus testaferros.
Lo acusó de pagarle a una empresa que estaría vinculada con el escándalo de corrupción
Dice el refrán que no hay mejor defensa que un buen ataque. Con esta estrategia, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asestó ayer un duro golpe político a buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados cuando acusó al jefe de gobierno porteño y candidato a la reelección, Jorge Telerman, de emitir facturas falsas de publicidad, y al involucrar al candidato presidencial Roberto Lavagna en el escándalo del caso Greco.
Fernández llegó al recinto de la Cámara baja para exponer ante los legisladores su habitual informe de gestión, tal como exige la Constitución nacional. La oposición, en un acuerdo sin precedente, había decidido unirse para acorralarlo con las denuncias y los escándalos que salpican al Gobierno, entre ellos los casos Skanska y Greco, el conflicto docente en Santa Cruz y los desmanejos en el Instituto de Estadística y Censos (Indec). Pero, a la postre, fue Fernández el que propinó el golpe más fuerte.
El presidente Néstor Kirchner habló ayer por primera vez del caso Skanska. “Es un acto de corrupción entre privados”, enfatizó, y agregó que “no hay un solo elemento [en la causa judicial] que diga que hay un funcionario del gobierno nacional que tenga algo que ver”.
Pero la intención de despegar al Gobierno del caso no quedó ahí. En la Cámara baja, el jefe de Gabinete denunció que en julio pasado el gobierno porteño contrató publicidad por un monto total de 500.000 pesos a través de facturas falsas emitidas por la empresa Soul Group Sociedad Anónima.
Uno de los jueces del caso Skanska investiga si esta empresa tiene actividad real y si actuó en consonancia con la firma Infiniti, que emitió facturas falsas para disimular el pago de coimas en la construcción del Gasoducto del Norte.
Anoche Telerman dijo que la acusación es un “delirio” y que su gobierno nunca pagó una factura falsa. “Acá hay facturas truchas con fondos públicos, cuatro de ellas emitidas el mismo día, el 20 de julio de 2006. Acá lo tienen -exclamó Fernández, exhibiendo en alto un manojo de papeles-, facturas de publicidad contratadas por el gobierno porteño. El mismo gobierno que ahora participa de la Coalición Cívica, que lleva de socia a la que dijo que el caso Skanska era un tsunami para el Gobierno [en referencia a Elisa Carrió]. Y yo le digo que se preocupe, porque este escándalo es el tsunami de su socio [Telerman]."
Casualmente, el juez que investiga el presunto pago irregular de publicidad del gobierno porteño es Javier López Biscayart, del juzgado nacional en lo Penal Tributario N° 1. Es el mismo que tiene la causa por el posible pago de sobornos para ampliar un gasoducto en Córdoba, a cargo de la empresa sueca Skanska, contratada por Transportadora Gas del Norte (TGN). Según constató el juez, Skanska usó facturas falsas para simular operaciones y así generar fondos para el pago de "comisiones indebidas" que le proveyó la empresa fantasma Infiniti.
El jefe de Gabinete le dedicó un duro reproche a López Biscayart: "¿Cómo es posible que esto [el uso de facturas falsas para publicidad] se haya descubierto en septiembre y desde entonces [la causa] duerme un sueño eterno?"
Fernández negó en forma reiterada las denuncias sobre la presunta vinculación del Gobierno con el caso Skanska. Insistió en que se trata de un problema "entre empresas privadas", es decir, entre Skanska y TGN. Deslindó toda responsabilidad del órgano de contralor, Enargas, y enfatizó que los fondos usados presuntamente para "comisiones indebidas" provenían de un fideicomiso de recursos privados.
"En ningún lugar aparece un vínculo claro entre el Gobierno y la empresa Infiniti. Su titular, Adrián López, dijo [a la Justicia] que pensaba que esto se trataba de un dinero negro para pagar comisiones, que no sabía a ciencia cierta quién las cobraba, pero que suponía que podría ser alguien del Ministerio de Obras Públicas. Para que se entienda, este señor está procesado por asociación ilícita", desestimó.
El jefe de Gabinete abundó sobre el caso Greco, que investiga la Justicia, sobre las presuntas irregularidades en la orden de pago por $ 330 millones en bonos que dispuso el Estado en favor del desaparecido grupo económico.
Fernández vinculó indirectamente a Lavagna, ex ministro de Economía, en el escándalo. Indicó que a partir de 2003 -durante la gestión de Lavagna-, el secretario legal administrativo del Ministerio, Eduardo Pérez, y su equipo habían consentido el pago al grupo Greco y habría pedido expresamente que no se apelara el fallo del juez Juan Soto, que había homologado el pago por $ 330 millones. La orden de pago fue cuestionada luego porque no contempló la deuda del grupo Greco con el Estado.
El jefe de Gabinete no se privó de repartir críticas e ironías. Pero para entonces, la mitad del recinto se hallaba vacío. Los diputados de la oposición se habían retirado minutos antes de que ingresara Fernández, ofendidos porque el oficialismo no había permitido cambiar la metodología de presentación del informe del funcionario.
Los opositores pretendían acotarlo a tres o cuatro temas con posibilidad de repreguntas. Y propusieron que se trataran los casos Skanska, Greco, Indec y el conflicto docente en Santa Cruz.
El kirchnerismo, sin embargo, rechazó innovaciones. El presidente del cuerpo, Alberto Balestrini (FV-Buenos Aires), argumentó que desde 1995 la tradición parlamentaria había impuesto como mecanismo que el jefe de Gabinete debía responder después de escuchar todas las preguntas. La oposición se retiró, molesta. "Parece mentira que a estas alturas de la democracia se imponga una interpretación que impida a un funcionario responder las preguntas de quienes tenemos la representación plural del pueblo", exclamó el titular del bloque radical, Fernando Chironi (Río Negro).
Sus pares Eduardo Macaluse (ARI), Federico Pinedo (Pro) y Jorge Sarghini (Peronismo Federal) acompañaron la decisión de retirarse. El oficialismo no se amilanó y Fernández ingresó en el recinto. "Voy a responder a todo", arrancó. Hasta justificó la intransigencia a negociar en el conflicto docente en Santa Cruz hasta tanto se levante la huelga. "Allí se cobran los mayores sueldos docentes del país", dijo y recordó que el líder del sindicato docente y el intendente de Río Gallegos son radicales. "Este es un conflicto político", enfatizó.
Por Laura Serra
KIRCHNER DESVINCULÓ AL GOBIERNO DE SKANSKA
El Cronista, Buenos Aires
Por primera vez desde que se desató el escándalo, el presidente Néstor Kirchner salió ayer a desvincular por completo al Gobierno nacional del denominado caso Skanska.
En ese sentido, el Presidente afirmó que "no hay un solo elemento que vincule a funcionarios con el tema".
En un acto en la Casa Rosada convocado originalmente para la firma de convenios para municipios jujeños, el Presidente habló del tema, que ayer estuvo todo el día en el tapete, a raíz de la presentación del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la Cámara de Diputados. (ver aparte). Y lo hizo en términos contundentes: "No hay un solo elemento –afirmó– que vincule a funcionarios del gobierno nacional" en el caso, en el que la Justicia investiga si hubo sobreprecios y evasión y si se pagaron coimas.
La causa Skanska gira en torno a obras de ampliación de gasoductos del norte y el sur, impulsadas por el ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido, y, en ese marco, se investiga la existencia de presuntas anomalías como la facturación a través de empresas fantasma por parte de la adjudicataria sueca.
Por ese motivo, aparte de Skanska, el fiscal federal Carlos Stornelli imputó al propio De Vido; a sus secretarios de Energía, Daniel Cameron, y Obras Públicas, José López, y al presidente del Enargas, Fulvio Mario Madaro.
Jugada del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ayer en el Congreso: sin presencia opositora, sostuvo que el caso Skanska es una operación corrupta entre privados en los que incluyó a TGN, Techint y TGS, mientras en la misma causa involucró en otras corruptelas semejantes a empresas como Aeropuertos Argentina 2000, Banco Galicia, Cencosud (precisó que son los supermercados Jumbo), Autopistas del Sol, Hospital Francés, FilmSuez, Wal-Mart, Harineras Morixe, etc. (en este racconto, ya divulgado por los medios, de endosar culpas a otros mientras el gobierno salva el pellejo, podría haber mencionado otra megacausa con las mismas anomalías, con empresas tan o más importantes y por montos más cuantiosos, que aún duerme sospechosamente en un juzgado comercial). Con ese argumento distractivo creyó abortar las imputaciones que rodean al caso Skanska y el pago de coimas en el Ministerio de Planificación (tema que la Justicia dirimirá más adelante). La falta de responsabilidad estatal que arguyó, sin embargo, no elude al Gobierno porteño de Jorge Telerman: a éste sí le imputa pagos inexistentes o devoluciones presuntas por valor de 500 mil pesos «en un solo día». Presentó esa documentación, aún discutible, que complica también a «Canal 13», radio «Del Plata» y Marcelo Tinelli con una empresa de bebidas que curiosamente ahora se dedica al tráfico de publicidad oficial. El jefe de Gabinete pudo hacer la denuncia gracias a la AFIP, que cuenta con un moderno sistema informático, naturalmente incorporado en la década de los 90. Anoche, apenas dio una respuesta no muy precisa el Gobierno porteño por estas denuncias, al parecer sorprendido por la documentación (lo cual es bastante extraño ya que el juez Javier López Biscayart investiga estos casos desde hace meses y eran bien conocidos). Tampoco habló Elisa Carrió, quien acumula dinamita para la réplica. Es, sin duda, el comienzo del cruce de carpetazos, con fuertes apuestas y resultados imprevisibles. Ayer, Fernández consiguió poner la pelota en el terreno rival luego de que el gobierno demostró, en exceso, la preocupación por el posible enlodamiento oficial en el affaire Skanska. Del otro escándalo, el Greco, no hubo por parte del funcionario una respuesta satisfactoria: más bien provocó cierta sonrisa la explicación de que el gobierno había enviado el proyecto para pagarle 200 millones de dólares a ese grupo mendocino con la convicción interna de que nunca abonaría esa suma. En este caso, no aparece un Telerman para desviar la atención.
Alberto Fernández hizo ayer ante los diputados kirchneristas un puntilloso recuento de las alternativas del escándalo conocido como caso Skanska, intentando siempre alejar al gobierno de cualquier implicancia en el tema. Lo hizo en la intimidad que le brindaba estar solo ante oficialistas, después que la oposición se hubo retirado del recinto. Ganó así un ambiente de silencio absoluto que coronó con la denuncia más fuerte que traía preparada: involucró en ese escándalo de facturas truchas a Jorge Telerman, al mostrar órdenes de pago y facturas del Gobierno de la Ciudad a favor de Sol Group SA, una empresa que, según el juez Javier López Biscayart -tal como explicó Fernández-cumplió las mismas funciones que Infiniti Group o Calibán a la hora de falsificar documentación y que figuraban todas con el mismo domicilio legal de acuerdo con la causa «Di Biase Luis y otros s/ asociación ilícita».
Alberto Fernández mostró en el recinto, con un gozo indisimulado, las copias de esas cuatro facturas emitidas por la Ciudad a favor de Sol Group, en julio del año pasado, con destino a cursar publicidad a favor de «Canal 13» y programas como «Show Match», de Marcelo Tinelli, por un monto de $ 437.500, aunque se reservó contar con la copia de otra más.
El golpe de efecto había sido dato. Mientras el ministro hablaba, sus asesores repartían a la prensa sin problemascopias de toda esa documentación y él coronaba en el recinto: «Elisa Carrió, que dijo que el caso Skanska era el tsunami del gobierno nacional se equivoca; es el tsunami de su socio».
• Interrogantes
Después de esa ruptura definitiva y sin vueltas del kirchnerismo con Telerman, se preguntó: «¿Cómo puede ser que esta denuncia durmiera el sueño de los justos en el juzgado de López Biscayart?». El segundo impacto pretendido, contra el juez acosado en el Consejo de la Magistratura por Aníbal Fernández, también estaba dado.
Pero también se generaron inmediatamente decenas de interrogantes. Esa publicidad de «Canal 13», facturada por Sol Group, ¿fue emitida? Anoche Telerman dijo que cuenta con esa documentación respaldatoria ya que, de lo contrario, no la hubiera podido pagar.
¿Por qué, además, la totalidad de las facturas supuestamente truchas que denunció Alberto Fernández están emitidas a favor de «Canal 13» o radio «Del Plata», en todos los casos relacionadas con las mismas productoras?
«Todavía no entiendo por qué lo involucran al gobierno en esto», arrancó el jefe de Gabinete ayer con la cadencia que habitualmente utiliza para razonar en público. Comenzó entonces un recuento de la historia que pasó por el encargo del gobierno a TGN y TGS para la instalación de plantas de compresión que aumentaran el caudal de los gasoductos Norte y Sur, esa doble licitación, los problemas para ajustar los presupuestos y la creación del fondo fiduciario con Repsol YPF y Petrobras como principales inversores: «El único rol del Estado en todo esto fue de administrador de esos fondos destinados a las obras», siguió.
El relato continuó por los montos de cada uno de esos emprendimientos, la participación del Enargas -«no supervisa los presupuestos», dijo-y la licitación final del gasoducto Norte en la que ganó Skanska. En resumen, ratificó la tesis oficial sobre que el escándalo es una cuestión de «coimas» entre particulares.
Entonces, la exposición no podía terminar sin involucrar a todas las empresas que tuvieron facturas emitidas por Infiniti o Calibán, como sucedió con Skanska.
«Alberto Abad nos dijo al Presidente y a mí que en una investigación en Mendoza se había detectado una serie de empresas falsas que emitían facturas falsas. Le dijimos que fuera para adelante», dijo.
