Denuncian penalmente al intendente de Escobar
Agencia Nova
Un grupo de vecinos de Escobar presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el intendente Sandro Guzmán por los presuntos delitos de “perjuicio en la navegación y en su seguridad, peligro por explosión gas metano, usurpación de bienes del dominio público y de aguas bien inmueble” y, finalmente, “crimen de lesa humanidad”. La presentación hace referencia al “accionar sistemático, continuo y generalizado contra la población civil por parte de empresas privadas”.
La denuncia -a la que tuvo acceso NOVA- menciona a “Escobar LNG, puerto privado de UTE Escobar (ENARSA-Repsol YPF) para la regasificación de Gas Natural Licuado, y empresas inmobiliarias como Consultatio, que construyó Nordelta y ahora quiere construir Cuidad del Lago en Escobar, donde concentrará alrededor de 20 barrios Premium sobre una superficie de 1.440 hectáreas inundables, en connivencia con autoridades públicas del Estado nacional, provincial, municipal, y con otros megaemprendimientos en la zona, siempre sin haber realizado el proceso administrativo justo previo de impacto ambiental que los autorice a realizar las obranzas”.
Según este grupo de vecinos, el avance se hizo “a espaldas del pueblo que debe saber de qué se trata, y por ello se encuentra prevista la convocatoria de la ‘audiencia pública’, omitida en los hechos denunciados”.
Así, el grupo vecinal apunta a la supuesta “comisión de los delitos de perjuicio en la libre navegación y su seguridad del Paraná de las Palmas, usurpación de bienes del dominio y uso público, usurpación de aguas como bien inmueble, delitos de peligro por explosión daños por estrago y crimen de lesa humanidad”.
Los ciudadanos de Escobar que se presentaron ante la Justicia Federal son Viviana Rebasa, Enrique Ferreccio, Flavio Cerchiari, Elsadni Iglesias, Diana Yacuzzi, Osvaldo Gambetta, Aída Holtz, María Inés Nazarre, Silvia Zaffirio y Pablo Sperduti, patrocinados por el abogado Carlos Ferreccio Altube.
Las acusaciones
La denuncia señala, entre otros aspectos, “las conductas disvaliosas” que “se estarían ejecutándose dentro de la zona próxima al Km. 75 del Río Paraná de las Palmas en su margen derecha, a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires”. “Se prevé que la terminal, conocida como ‘Escobar LNG’, estará operativa el 25 de mayo del 2011 y tendrá la capacidad para enviar hasta 500 millones de pies cúbicos por día a la red argentina, con el peligro inminente de daño contra la vida de la población civil del municipio de Escobar en caso de siniestro, mediante un gasoducto soldado por personal no idóneo para dicha tarea, hasta Los Cardales donde se lo conecta a la red del Gasoducto Norte”, agrega.
En ese sentido, apunta que .”la Terminal ‘Escobar LNG’, construida por la UTE Escobar (ENARSA – Repsol YPF) genera peligro potencial de explosión y contaminación en la zona, con el agravante de encontrarnos también ante la presunta comisión del delito de usurpación de tierras del dominio público, de usurpación de aguas entendida como cosa inmueble y daños por estrago”.
“Los presuntos autores del hecho delictuoso -inscribe el texto- serian los responsables de la UTE Escobar LNG, detallado en la presente tanto por actos, omisiones y comisión por omisión, con dolo o culpa, violaron el marco jurídico nacional como internacional y no reconocerían, además, la función ambiental ó ecológica de la propiedad, ni el acceso al agua como un derecho humano vital; restringiendo el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y al desarrollo sustentable”.
También señala el “agravante de estar modificando los lechos o cursos de ríos y canales interjurisdiccionales pertenecientes a la Cuenca Internacional del Paraná integrante de la cuenca internacional del Río de la Plata, variando la línea de ribera, dragando el lecho, elevando la cota, estorbando el ejercicio de terceros como la libre navegación y la seguridad en la navegación sobre cursos de aguas navegables internacionales como el Paraná de las Palmas y el Río de la Plata y turbando bienes pertenecientes uso público y dominio público natural”.
“La ilicitud de los actos denunciados se encuentra agravada por el ánimo de lucro, por sobre las funciones ecológicas que el humedal del Bajo Delta presta a la población; causando daño en el artículo 183 del Código Penal y por perjuicio colectivo ambiental”, dice la presentación, para luego agregar que “es importante indicar que el objeto de este delito es el agua como bien inmueble, quedando configurando así el delito de usurpación prescripto en el art. 182 Código Penal”.
“Nos encontraríamos también ante el delito de peligro, por explosión en dimensión de estrago en zona urbana, por el poder inflamable del gas metano concentrado 600 veces; habiéndose omitido el proceso administrativo previo de evaluación del impacto ambiental, e igualmente iniciaron las obras con la connivencia de autoridades del Estado municipal, provincial y nacional”, añade la denuncia.
Sumergidos en mar de contradicciones
Periódico La Perla
Aunque insiste que no, la respuesta es sí.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya tiene un acuerdo con una empresa privada para abastecerse de gas natural regasificado a través de barcazas, a pesar de que su Director Ejecutivo afirma públicamente que eso es solo una consideración.
De acuerdo un reportaje publicado el pasado 7 de marzo en la página cibernética de noticias ambientales ICIS Heren, la AEE ya tiene un acuerdo con la compañía norteamericana Excelerate Energy para la instalación de una unidad flotante de almacenaje y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) en el Sur de la Isla.
La Perla del Sur supo que Excelerate Energy fue seleccionada por la AEE mediante un proceso de subasta y que la barcaza de esa empresa abastecería las necesidades de combustible de las centrales de la AEE en el Sur del país, Costa Sur y Aguirre.
Estas dos, en proceso de conversión para operar con gas natural, son capaces de generar 2,312 megavatios (MV) de electricidad.
Cifras oficiales de la AEE afirman que la demanda energética de Puerto Rico asciende a 3,007 MV en momentos de alto consumo.
Al combinarse con EcoEléctrica, que desde el 2000 genera electricidad mediante combustión de gas natural, las tres podrían producir sobre 2,800 megavatios para todo el país, desde la zona Sur.
Revalidado por el Gobernador
Los datos publicados por ICIS Heren coinciden con declaraciones hechas a La Perla del Sur por el gobernador Luis Fortuño Burset.
El pasado 6 de mayo, el Primer Ejecutivo aseguró desde su oficina en La Fortaleza que parte de la tubería traída a Puerto Rico por Skanka para el Gasoducto del Sur se utilizará para una línea de transmisión de gas entre la central de la AEE en Aguirre y muelle de esa localidad.
Asimismo, el contrato con Excelerate coincide con el Plan de Diversificación preparado por la AEE en noviembre del pasado año.
El mismo apunta que para el año 2013 la Unidad de Ciclo Combinado de Aguirre producirá 592 megavatios mediante combustión de gas, el cual será provisto por sistema de boyas.
'Onerosa' inversión
Aún así, el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero López, afirmó al portal NotiCel que aunque en la zona sur se ha considerado el uso de barcazas, el proyecto requeriría un gasto anual de $84 millones, lo que “económicamente no es viable”.
La Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) de Vía Verde también establece que un proyecto de esta naturaleza conllevaría un costo cercano de $80 millones al año, en alquiler.
Por este motivo, la AEE lo descarta como opción en la DIA.
Aún así, fuentes apuntan a que la instalación del FSRU en la Bahía de Guayanilla tendría como objetivo complementar el gas natural regasificado que produzca EcoEléctrica. Esta operación le permitiría a la AEE contar con más combustible para la Vía Verde y prevalecer en su plan para construir el Gasoducto del Norte.
El precio de alquiler del FSRU, empero, se sumaría a los $450 millones que costaría la construcción del gasoducto.
Asimismo, esta opción demandaría un proceso de solicitud de permisos con reguladores federales.
Para aclarar estas contradicciones, La Perla del Sur solicitó entrevista con Francisco López García -fuente de ICIS Heren en su artículo- o cualquier otro alto ejecutivo de Vía Verde, pero Carlos Monroig, director de comunicaciones de la AEE, no ofreció contactos a la hora cierre.
Asimismo, este semanario contactó a Denisse Madera, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Excelerate para aclarar interrogantes. Primero, la ejecutiva solicitó las preguntas por escrito y 20 horas más tarde notificó que el equipo gerencial de la compañía se encontraban de viaje por Argentina.
Más barcazas en el Norte
La nota de prensa de ICIS Heren además afirma que la Autoridad tiene planes de establecer un segundo FSRU en la costa Norte de la Isla para suplir gas natural a las centrales de San Juan, Cambalache y Palo Seco, algo contrario a lo declarado por el Director Ejecutivo de la AEE, quien también alegó esta semana que dicha opción sería “prácticamente imposible”.
