Nunca se presionó tanto

Ni las alarmantes señales de la economía, ni las complicidades kirchneristas con el criminal colapso del ferrocarril, ni los estragos de la inseguridad, ni el papelón de la Fragata amarrada por la fuerza en un puerto africano, más allá de la tardía evacuación de sus tripulantes. Nada. Todo eso ha desaparecido del radar kirchnerista. En un intento desesperado por borrar las últimas voces críticas que quedan, el Gobierno ejecutó en los últimos días la presión más importante que se haya hecho contra la Justicia en democracia.

La balacera comprendió a todos los estamentos judiciales: la Corte Suprema, las cámaras, los jueces y hasta los fiscales.

En ese sentido, el kirchnerismo fue una orquesta que no desafinó. Ministros nacionales, legisladores oficialistas y hasta funcionarios judiciales propios tocaron la misma melodía. La Presidenta ha marcado una frontera crucial en su vida política: el 10 de diciembre, día en el que, según ella, comenzará la liquidación del Grupo Clarín. Sólo la Justicia podría arruinarle esa fiesta. Van por la Justicia. Un festival de apelaciones y recusaciones judiciales sucederá en los escasos 40 días que quedan hasta esa fecha de vida o muerte. Jueces y camaristas podrían ser apartados por unos u otros protagonistas.

El menemismo influía en la Justicia -qué duda cabe-, pero lo hacía detrás del teatro de la política, no en un escenario casi obsceno. El cristinismo ha llegado en los últimos días hasta el extremo de romper el contrato constitucional. El artículo 109 de la Constitución es demasiado claro cuando señala que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas judiciales". El Gobierno no sólo demostró saber qué sucede dentro de una causa judicial en trámite, sino también qué podría suceder según los jueces a cargo del expediente.

Cristina Kirchner sabe que esta Corte Suprema detesta el per saltum, que es la vía que le permitiría al máximo tribunal tomar causas que se litigan en tribunales inferiores. Sin embargo, ha decidido imponerlo por ley, aunque, en rigor, siempre será la propia Corte la que podrá decidir si acepta o no un caso. El objetivo es la presión sobre los máximos jueces. Ellos deben ser conscientes de que la Presidenta no soportaría una decepción. Ahora lo saben. La teoría del per saltum es violatoria del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en 1994 a la Constitución. Ese acuerdo americano garantiza la doble instancia de los juicios; el per saltum dejaría algunas causas, en cambio, en manos de un solo tribunal, la Corte Suprema. Si hay algo que los actuales jueces de la Corte no quieren es parecerse a la Corte de Menem. La Corte menemista recurrió dos veces al per saltum. Las dos veces se inmoló.

La escalada sucedió justo en los mismos días en que el tribunal reeligió a Ricardo Lorenzetti como su presidente. El único que no lo votó fue el juez Enrique Petracchi, porque se manifestó contrario a todas las reelecciones. No obstante, el propio Petracchi aceptó que ni él ni ningún otro juez de la Corte aspiraban a la presidencia del cuerpo.

La reelección del presidente de la Corte no está impedida por ninguna ley o reglamento. No puede compararse esa reelección con la reelección presidencial, como han deslizado voceros oficialistas. El presidente de la Corte tiene el poder de un solo voto, como el resto de los jueces, y carece de facultad para desempatar. Su papel es, sobre todo, de representación política de la Corte y de algunas, limitadas, responsabilidades administrativas. ¿Qué tienen que ver esas acotadas funciones con el enorme poder del titular del Poder Ejecutivo? Nada.

Ocho camaristas del fuero Federal Civil y Comercial fueron convocados por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura por decisión de la mayoría kirchnerista. Deben declarar, como partícipes o como testigos, sobre el modo de elegir a jueces interinos. El kirchnerismo estaba en desacuerdo con el método de esa cámara, que elegía a jueces de manera rotativa en juzgados vacantes, que duraban sólo una semana. Así había llegado Raúl Tettamanti al decisivo juzgado del caso Clarín. Dicen fuentes judiciales confiables que Tettamanti se proponía resolver sobre el fondo de la cuestión (la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios) cuando una fuerte presión del kirchnerismo lo echó del cargo.

Intentó hacer lo mismo con el siguiente juez, Roberto Torti, pero la Cámara cambió el método. Sucedió luego de que sus miembros fueran citados por el Consejo de la Magistratura y de que la Corte manifestara su preocupación por la vacancia del juzgado. No importó: el hiperkirchnerista Marcelo Fuentes, que ejercita la presión con frases pornográficas, continuó con el empellón a la Corte. El juzgado recayó interinamente en un juez en actividad, Horacio Alfonso, que ya sentenció a favor de la constitucionalidad de la ley de medios. Hay otro problema, a pesar de todo: el kirchnerismo no confía en la Cámara de segunda instancia, que podría revisar las decisiones de Alfonso. Por eso, también impulsó el proyecto de ley para aplicar la figura del per saltum. Quiere saltar, en verdad, por encima de la Cámara para terminar directamente en la Corte Suprema.

Ni la designación de un juez cercano moderó la insoportable presión sobre el Consejo de la Magistratura. La coacción incluyó una denuncia penal contra los cinco miembros de la minoría que traban la designación definitiva de una magistrada kirchnerista en el caso Clarín. La denuncia fue presentada por la flamante jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, luego de un pedido formal del Gobierno. Nunca un jefe de los fiscales hizo directamente ninguna denuncia. Por lo general, sus antecesores derivaron esos pedidos a un fiscal. Gils Carbó llegó a su nuevo cargo con una fe inquebrantable en el misterio del kirchnerismo.

Sea como fuere, la suerte de los miembros de la minoría del Consejo de la Magistratura está ahora en manos de un también flamante juez federal, Luís Rodríguez, de sólidos lazos con el kirchnerismo. Gils Carbó acusó a esos consejeros minoritarios (políticos, abogados y un camarista) de entorpecer los deseos de la mayoría kirchnerista. Sacrilegio en la catedral del kirchnerismo. Gils Carbó cometió con su denuncia un oxímoron: culpó de "abuso de poder" a una minoría cuando sólo las mayorías están en condiciones de abusar del poder.

La creyente Gils Carbó fue más allá aún y le abrió un sumario interno al fiscal Carlos Rívolo, el único funcionario judicial que avanzó seriamente, hasta ahora, en la investigación de las supuestas indecencias de Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone. Rívolo fue fiscal subrogante en el largo juicio oral sobre el avión de LAPA que se estrelló en Aeroparque. Cobró un adicional por la mitad del tiempo extra que trabajó, según decisión del antecesor de Gils Carbó. La nueva jefa estuvo en desacuerdo con ese pago, de 66.000 pesos, y puso a Rívolo en la antesala de un juicio penal.

Rívolo y Gils Carbó son compañeros en la comisión directiva de la Asociación de Fiscales; él es vicepresidente y ella es tesorera. No eran amigos, pero tenían una buena relación laboral. El enredo no es personal, entonces. Es sencillamente un brutal mensaje al resto de los fiscales: ninguno de ellos podrá hurgar en las vergüenzas del kirchnerismo sin correr el riesgo de la persecución penal. No deja de ser dramático que Boudou siga desplegando su inexplicable sonrisa, mientras el fiscal que lo investigó ha sido llamado ya a dar explicaciones.

La arbitrariedad tiene su costo político. Recientes y coincidentes mediciones de opinión pública señalan que la Presidenta perdió entre cuatro y cinco puntos de aceptación social en el último mes. Las mediciones la sitúan entre los módicos 34 y 37 puntos de aceptación. Daniel Scioli creció dos puntos en ese tiempo y Mauricio Macri se mantuvo en los mismos niveles que tenía. Fue una caída personal de la Presidenta. Su declinación popular parece ya una tendencia profunda e irreversible. Cristina Kirchner está perdiendo la batalla en el único lugar de la política donde las victorias y las derrotas son definitivamente verdaderas.

La inquietante cadena de errores del Gobierno

igno de los tiempos: el 17 de octubre los gremialistas de las distintas CGT analizaron la convocatoria a un paro general contra el gobierno peronista. No los motivó el perjuicio que la inflación acelerada, el recorte salarial del impuesto a las ganancias o el nuevo régimen de accidentes de trabajo ocasionan a los trabajadores. Los dirigentes sindicales se enfurecieron al enterarse de que había comenzado el avance del kirchnerismo sobre las obras sociales, su caja.

Mediante la resolución 1300, la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, había modificado por completo el régimen de prestaciones médicas de alta complejidad.

En adelante, el Estado dirigiría las contrataciones de las obras sociales con sus proveedores, pero sin asumir responsabilidad alguna ante los afiliados. La resolución había sido firmada el 21 de septiembre pasado, pero se publicó en el Boletín Oficial doce días después. En los gremios tomaron conciencia de su alcance el miércoles pasado. Ese día Korenfeld recibió una amenaza muy clara: si mantenía la iniciativa, el movimiento obrero declararía la guerra a la Presidenta. El encargado de comunicarla habría sido José Luis Lingeri -conocido como "Mr. Cloro" por sus actividades en Obras Sanitarias-, si no fuera porque está en el exterior. Por lo tanto, el que recalentó el teléfono de Korenfeld con sus terribles advertencias fue Carlos West Ocampo, secretario general de Sanidad. Un experto.

La superintendenta, que pertenece al corazón del clan santacruceño, informó a Cristina Kirchner sobre la crisis. La decisión fue suspender la reforma e incorporar a los sindicalistas a una comisión que analice el financiamiento de la cobertura de alta complejidad. Por lo tanto, adiós reforma. Korenfeld se lo informó a la CGT-Balcarce, que conduce Antonio Caló, el viernes pasado. Los gremialistas sólo se tranquilizaron cuando leyeron el texto de una nueva resolución, la Nº 1310, que anulaba las innovaciones de la discordia.

La foto en la que Korenfeld y Caló festejan la paz como buenos amigos es engañosa. Pretende cerrar una secuencia cuando, en realidad, la abre. La política de salud ofreció un nuevo escenario a la torpeza oficialista. Los funcionarios volvieron a archivar una norma obedeciendo a la presión corporativa de los afectados, cuando todavía no habían pasado 15 días de la errónea liquidación de haberes de la Gendarmería y la Prefectura, que provocó una huelga e hizo rodar las cabezas de Raúl Garré -hermano de la ministra de Seguridad- y de los jefes de ambas fuerzas.

Resoluciones suicidas, billetes de Eva Perón que rechazan los cajeros, default chaqueño, cesación de pagos en el sistema eléctrico, dificultades para desalojar la isla Demarchi, embargo y eventual remate de la Fragata Libertad, carnicería institucional para desguazar Clarín: la colección de desaciertos se está volviendo inquietante. El gabinete de Cristina Kirchner apenas ofreció una exhibición de virtuosismo en estos días: la de Julio De Vido para ponerse a salvo del procesamiento que Claudio Bonadio hizo caer sobre Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano por la catástrofe ferroviaria de Once.

Las excusas

El desaguisado de la medicina de alta complejidad puso en la superficie otra disputa interna. Cuando escuchó a los enardecidos sindicalistas, Korenfeld se excusó diciendo que Luciano Di Cesare, el director del PAMI, le había hecho cometer un error. La malhadada resolución habría salido de su oficina: el autor sería Alejandro Aymar, gerente de Estadística y Planificación del instituto de los jubilados. No es la primera vez que Korenfeld es la jefa de Di Cesare. Ni la primera en que quedan enfrentados. Cuenta una leyenda que en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz tuvieron un encontronazo por las contrataciones informáticas.

Di Cesare es un ejemplar clásico de la pingüinera. Hasta ahora se lo conocía como fundador de La Güemes, una organización que cuenta con locales en todo el país y cuyos dirigentes son, en general, homónimos de funcionarios del PAMI. Poco original, Di Cesare: desde su fundación la obra social de "los abuelos" fue puesta al servicio de fantasías electorales.

Ya en vida de Néstor Kirchner, Di Cesare auspiciaba la creación de un sistema de salud centralizado. Su propuesta es que el Estado se haga cargo de contratar las prestaciones. Los gremialistas, que en los años 90 cedieron la recaudación de las obras sociales, entregarían ahora la llave de los gastos. Sería un ataque al corazón del modelo sindical, similar a aquel que soñó Raúl Alfonsín cuando propuso un seguro nacional de salud. La resolución Nº 1200 era el primer movimiento de esta gran maniobra.

Di Cesare echó a perder su proyecto por errores conceptuales y administrativos. El más importante es que pretendió estatizar la caja, pero no las responsabilidades. La superintendencia indicaría a cada obra social a qué laboratorio, droguería o proveedor de prótesis contratar. En caso de que la prestación fracasara, el responsable penal sería el sindicalista (artículo 8 de la resolución). "Nosotros ponemos los enfermos y el dinero, ellos hacen el negocio y nosotros vamos presos": así describió el nuevo régimen un dirigente con poder de síntesis.

Subsidios especiales

Di Cesare hizo firmar a Korenfeld otros desaciertos, como suprimir varios subsidios para discapacitados. Pero la cláusula que encendió las alarmas fue la que restablecía el derecho de la obra social a delegar el cobro de los subsidios en "gerenciadoras" o "mandatarias". Con esa habilitación, Cristina Kirchner volvía sobre sus pasos: la tercerización de los reintegros fue prohibida por el Gobierno cuando se descubrió que había estimulado la formación de una "mafia de los medicamentos", organizada por droguerías que intermediaban entre los funcionarios y las obras sociales durante la gestión del superintendente Héctor Capaccioli y del gerente general Néstor Vázquez.

Di Cesare ingresó en una guerra riesgosa: los gremialistas lo declararon su enemigo. Varios de ellos, en coincidencia con otros actores del mercado de la salud, aseguran que la reaparición de las "mandatarias" se debe a la cercanía de Di Cesare y de su amigo, el médico santacruceño Emilio Salas, con algunos prestadores. Mencionan a la droguería Núcleo Farma, de Alejandro Queipo, que figuró con $ 150.000 en la lista de empresas que financiaron la campaña electoral de la Presidenta en 2007. Es posible que sean sólo habladurías de dirigentes sindicales resentidos, pero ¿cuáles son los concursos a través de los cuales el PAMI adquiere las drogas que administra a sus afiliados? Y ¿por qué la resolución Nº 1200 fijó para algunos medicamentos precios más caros que los que pagan las obras sociales?

Las preguntas ingresan en una zona de penumbras: la de la relación del Gobierno con la industria farmacéutica local, que está entre las grandes beneficiarias del proteccionismo oficial. Antes de que en los gremios lo convirtieran en blanco móvil, Di Cesare estaba en la mira de los dueños de dos laboratorios de estrechísima vinculación con el kirchnerismo. Las pretensión de regular las contrataciones de las obras sociales puso en estado de alerta también a este sector.

La modificación de las obras sociales es parte de un proyecto más general de reorganización sindical cuya formulación más nítida apareció en el último documento de Carta Abierta. Es una empresa ambiciosa, acaso la que mejor describe la ensoñación oficial de fundar una nueva fuerza política en la que el peronismo clásico quede subsumido.

Korenfeld y Di Cesare dieron vuelta las cartas de esa partida. Fueron desprolijos, actuaron a destiempo. Gracias a ellos, los sindicalistas ortodoxos corroboraron lo que presumían: más poder para la señora de Kirchner es menos poder para ellos. Se trata de una información crucial cuando está en debate una nueva reelección.

Korenfeld y Di Cesare sacaron a luz otra evidencia: el gremialismo mantiene su cohesión cuando ve amenazados sus intereses corporativos. Lo explicó Oscar Lescano en la excepcional entrevista que le realizó Diego Sehinkman, anteayer, en LA NACION: "El día que nos quieran tocar las obras sociales van a tener que matarnos a todos".

Una prueba de esa unidad estructural es que quien puso en aviso a la CGT-Balcarce sobre la resolución de Korenfeld fue el opositor Luis Barrionuevo. Llamó a uno de "los Gordos", que festejaba el 17 de octubre con otros capitostes en el sindicato de taxistas, y le informó, socarrón: "Muchachos, me parece que la Presidenta les preparó un regalito para el Día de la Lealtad. Así les paga".8uu