La Procelac, la fiscalía especializada en lavado de dinero, presentó una denuncia contra los dueños de Edenor, el ex propietario de Alto Palermo, y el banco BST. Son los mismos empresarios que el martes debían firmar un acuerdo de inversión millonario con YPF, el que ahora se demoraría.
El organismo que conduce el polémico fiscal Carlos Gonella informó que denunció "al Grupo ST porque se sospecha que los más de $ 100 millones que inyectaron al mercado serían de origen ilícito".
La operación en observación es el ingreso como accionistas en el banco BST de los grupos Dolphin y Abus Las Américas, en 2008, que fue aprobada en 2009 por el Banco Central. Pablo Peralta, presidente del BST, dijo a Clarín: "Esa presunta denuncia es lo más absurdo que he escuchado, nos parece desopilante, ¿Quién lavaría dinero comprando acciones de un banco, pidiendo autorización al Central? Es un daño muy grave a la confianza que un banco tiene que transmitir a la gente, haremos todo para aclararlo. Aunque no fuimos notificados, sólo está ese comunicado". "Nosotros tampoco fuimos notificados, estamos muy sorprendidos", dijeron en el Grupo Dolphin/Pampa.
L a c au sa t iene e l nú mero 9070/2013, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 4, a cargo de Ariel Lijo. El denunciante es la Procelac. Los denunciados: Joseph Lewis (millonario norteamericano, dueño de grandes estancias en el sur, cercano a Dolphin), Sergio Grosskopf (uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, ex dueño de Alto Palermo, entre otras propiedades), Marcelo y Damián Mindlin (Grupo Dolphin, Pampa Energía, Edenor) y Pablo Peralta y Roberto Dominguez (propietarios del BST), entre otros.
En 2011 Mindlin acordó vender su participación del BST nueva- mente a Peralta y Dominguez. La compra fue por $ 150 millones; la venta, por $ 50 millones. Pero la desinversión aún no fue autorizada por el Banco Central. Fuentes cercanas a la operación creen que la venta es la que pudo haber disparado la denuncia de la Procelac.
El caso generó ayer revuelo en el sector energético por otras ra- zones. Es que Pampa Energía y el BST iban a firmar el martes un importante acuerdo con YPF.
Se trata de una inversión para el desarrollo del área de gas Rincón del Mangrullo, en que el consorcio Pampa-BST desembolsaría US$ 157 millones, e YPF, un monto similar. La operación podía ser mostrada por la petrolera estatal como otro paso en la recuperación de la confianza en los mercados. "Pero después del ruido generado por el convenio con Chevron, acusada de contaminar, no pueden firmar con dos socios que el propio Estado acaba de acusar de lavado de dinero", analizaban a última hora técnicos del sector. Así, la operación podría caerse o frenarse. En YPF no hicieron declaraciones al respecto.
El acusador. Fiscal Carlos Gonella, de la Procelac.
A 40 días de las elecciones, el Gobierno lanzó una ofensiva judicial sobre un grupo de empresarios, algunos de ellos de trato frecuente con la presidenta Cristina Kirchner, con inversiones multimillonarias en el país.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció a los accionistas del Grupo ST, que tienen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero. Lo hizo a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.
Entre los denunciados, hay algunos nombres célebres del empresariado argentino. El más conocido es el de Marcelo Mindlin, un avezado financista y presidente de Pampa Energía, el holding eléctrico más importante del país, cuya nave insignia es la distribuidora eléctrica Edenor. También está en la lista su hermano Damián y Gustavo Mariani, que forma parte del mismo grupo; el desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf; el banquero Pablo Peralta, que pasó por Bansud, y ahora es uno de los dueños del BST; Roberto Domínguez, un ejecutivo tradicional de la cityporteña y de buena relación con el titular del Macro, Jorge Brito; Eduardo Oliver y Roberto Ruiz.
Mindlin se reunió en varias ocasiones con Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina Kirchner y fue, durante años, un interlocutor habitual del ministro de Planificación, Julio De Vido. Su equipo técnico, además, trabaja contra reloj para sumar a Pampa a un proyecto de inversión con YPF, que se podría anunciar la semana próxima. Sus colaboradores, sin embargo, sostienen que no planean anuncios inminentes.
La iniciativa contempla un desembolso de Pampa para producir gas en una concesión de YPF. Eso le permitiría a la petrolera ampliar su oferta del insumo y al holding eléctrico contar con combustible barato para sus centrales de generación. De manera que el empresario acusado por el Gobierno se convertiría en socio del Estado.
MÁS DE $ 100 MILLONES
La Procuraduría cuestiona la inyección de "más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas. Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados".
La crítica generó sorpresa en las oficinas de Mindlin. De acuerdo con fuentes cercanas al empresario, la operación fue hecha en 2007 y el BCRA la aprobó en 2009, "luego de extensos trámites que corroboraron el origen y la legalidad de los fondos".
"Apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos SA se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el BCRA", sostuvo.
"Ante estos episodios, Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación", sostiene el organismo oficial.
Mindlin es primo del canciller Héctor Timerman. Comenzó a construir su espacio en el sector eléctrico tras la separación comercial con Eduardo Elsztain, el dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA, a principios de la década.
En materia energética, además de Edenor, comparte el control de Transener, la transportadora de electricidad en alta tensión que presta más del 90% del servicio en el país, y seis centrales de generación (térmicas e hidroeléctricas) distribuidas en Mendoza, Salta, Neuquén y Buenos Aires.
UNA DENUNCIA QUE GENERA SOSPECHAS
La Procuradoría cuestiona una operación de 2007
Marcelo Mindlin // Presidente de Pampa Energía
Compra de un banco
En 2007, un grupo empresario liderado por Marcelo Mindlin adquirió el Banco Servicios y Transacciones (BST). El Central aprobó la operación en 2009
Denuncia
Ayer, la Procelac difundió que presentó una demanda contra los principales accionistas de la entidad por una operación que considera sospechosa
Cercanos
Mindlin fue un empresario cercano al kirchnerismo durante años. Pero empezó a tener problemas cuando llegó La Cámpora
UN MAGNATE BRITÁNICO, EN LA MIRA OFICIAL
La lista de empresarios demandados por el Gobierno incluye un nombre cuya exposición pública en el país es inversamente proporcional a sus negocios millonarios. Se trata del magnate británico Joseph Lewis. Más conocido como "Joe", es dueño de las tierras que rodean al Lago Escondido, cuyo acceso está restringido al público.
Si bien las empresas de Mindlin nunca reconocieron en público su vínculo con Lewis, es uno de los grandes inversores en las iniciativas del empresario eléctrico. Según el libro Los Patrones de la Argentina K, de Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco, que hace un recuento de la actividad del empresario en el país, es uno de los principales inversores silenciosos en Pampa Holding, que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país y una de las mayores compañías de servicios públicos.
Lewis es dueño de resorts privados en la Florida y Las Bahamas, pero a la hora de hacer negocios tiene una predilección especial por la Argentina. A fines de 1995, Charles, hijo de Joe y también millonario, debutó como empresario local con la apertura de la primera sucursal de la cadena Hard Rock Café en la Argentina, la exclusiva terraza del Buenos Aires Design, en Pueyrredón y Libertador, en pleno centro de Recoleta.
Días antes de la inauguración descubrió que otra persona tenía registrada en el país la marca internacional. Meses después resolvió el problema, pero tuvo que inaugurar el local, para lo cual había traído incluso a la cantante estadounidense Sheryl Crow, con el logo del Hard Rock tapado por una bandera.
Por medio del grupo Tavistock, tiene participación en más de 200 empresas distribuidas en al menos 15 naciones. Sin embargo, tiene oficinas en apenas un puñado de países. La Argentina comparte ese privilegio junto a Estados Unidos, Suecia y Luxemburgo, entre otros.
De acuerdo con la revista Forbes, Lewis tiene una fortuna cercana a los 4000 millones de dólares, que lo colocan en el puesto 290 entre los hombres más ricos del planeta.
Marcelo Mindlin / Presidente de Pampa Energía.
Una denuncia de lavado por $ 100 millones contra el empresario Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, podría complicar los planes de YPF para desarrollar un área gasífera en Neuquén. La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció ayer penalmente a Mindlin y a Joseph Lewis, accionistas del Grupo ST, por presunta participación en el delito de lavado de dinero.
La causa –registrada bajo el expediente judicial CFP 9070/2013– recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Desde la Fiscalía sostienen, en función de los antecedentes obrantes en los reportes de operaciones sospechosas del Banco Central (BCRA) a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre 2009 y 2010, que la maniobra se originó a partir de la inyección de más de $ 100 millones a través de aportes de capital desde sociedades controladas por los grupos Dolphin, buque insignia histórico de Mindlin, y Abus Las Americas.
Desde la Procelac advirtieron que “los dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”. Y sospechan “que la finalidad real habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación”.
El grupo inversor, en tanto, rechazó las acusaciones y anticipó que se presentará el lunes ante el juzgado interviniente en lo que definió como una falsa denuncia. “Las operaciones que se denuncian fueron realizadas con la intervención del Banco Central, quien pidió a los compradores en su momento la información correspondiente, y no hizo objeciones. Los intervinientes en las transacciones, las sociedades de Marcelo Mindlin y Abus, entre otros accionistas, son sociedades y accionistas argentinos, que ingresaron su dinero a través del Banco Central”, indicaron a PERFIL.
La relación de Mindlin con el Gobierno sufrió algunos cimbronazos en los últimos dos años, en especial con sectores que responden a La Cámpora. En junio de 2012, un informe del Enre, el ente regulador de la electricidad, acusó a Mindlin de endeudar a Edenor –uno de los principales activos de Pampa Energía– y de esa manera ocasionar el desfinanciamiento de la distribuidora metropolitana. El documento fue firmado por Juan Manuel Abud, hoy gerente general de Cammesa –la compañía administradora del mercado eléctrico– y hombre de confianza del viceministro de Economía, Axel Kicillof.
A pesar de eso, Mindlin mantiene líneas de articulación con el kirchnerismo. Prueba de eso es que Petrolera Pampa, una de las empresas del grupo, está negociando con YPF el desarrollo en conjunto de un área gasífera en Neuquén. Se trataría de Rincón del Mangrullo, un campo donde YPF está encarando el tendido de un gasoducto para evacuar el fluido. Durante la gestión de Repsol, las empresas estuvieron cerca de llegar a un acuerdo para invertir US$ 50 millones en el bloque, pero la negociación no prosperó.
Miguel Galuccio, CEO de YPF, expresó la semana pasada que estudia asociarse con empresas independientes para desarrollar yacimientos secundarios o marginales. “Podría haber novedades antes de fin de año”, aseguró en el último almuerzo del Club del Petróleo. Pampa Energía quiere garantizarse el abastecimiento de gas a mediano plazo. Es una de las pocas empresas eléctricas que goza de los beneficios del programa Energía Plus, que autoriza mejores precios de venta de la nueva generación de energía.
Denuncian a empresarios vinculados a Edenor por presunto lavado de dinero
Noticias Argentinas
La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció a los accionistas del Grupo ST, que tienen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), algunos de ellos vinculados a la empresa Edenor, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.
La denuncia se concretó a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.
Entre los denunciados se encuentran Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, el holding eléctrico que maneja Edenor.
También está en la lista el hermano del empresario, Damián Mindlin, y Gustavo Mariani, que forma parte del mismo grupo.
Según publicó un matutino porteño, la denuncia involucra también al desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf, así ciomo al banquero Pablo Peralta, uno de los dueños del BST.
Además, incluye al ejecutivo Roberto Domínguez, Eduardo Oliver y Roberto Ruiz.
La Procuraduría cuestiona la inyección de "más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas".
"Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados", señalaron.
Además, subrayó que "apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos SA se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el Banco Central".
"Ante estos episodios, Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación", indicó el organismo oficial.
