Equivale a 13 veces la superficie de la Capital Federal; otras 110.000 ha serían suyas y tienen más propiedades en el área metropolitana
RÍO GALLEGOS.- Sólo en Santa Cruz, el empresario Lázaro Báez acumuló durante la década kirchnerista propiedades por una superficie equivalente 13 veces a la Capital Federal. Así surge del relevamiento de terrenos urbanos, chacras y estancias que realizó LA NACION sólo sobre sus inversiones inmobiliarias en esta provincia con documentación oficial fehaciente. Es decir, un total de 2632 kilómetros cuadrados (263.200 hectáreas) que adquirió a su nombre o de sus sociedades.
El dominio territorial, sin embargo, es muchísimo más amplio. Para esta investigación sólo se buscaron sus propiedades en Santa Cruz, donde también se encuentran bajo la lupa otros 1100 kilómetros cuadrados (110.000 hectáreas), el equivalente a otras cinco ciudades autónomas de Buenos Aires, que podrían ser suyos. Pero Báez extendió sus inversiones a otros puntos del país. Sólo en la Capital Federal y sus alrededores acumuló 13 propiedades más.
Si bien se registran compras desde 2003, fue durante 2011 cuando Báez, sus hijos y sus empresas más invirtieron en bienes inmuebles. Sólo ese año adquirió 322 kilómetros cuadrados (32.200 hectáreas) por al menos $ 15 millones de pesos y 1,12 millones de dólares, según valores declarados.
Para llegar a la cifra global de sus propiedades, LA NACION analizó más de 200 informes de dominio en los que figuran Báez, sus hijos y siete de sus empresas o sociedades vinculadas inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz.
De esos documentos surge, además, que sólo una propiedad llegó al acervo del empresario por herencia. El resto las pagó.
Así, y sólo de acuerdo con los datos contrastados con documentos oficiales -y que LA NACION complementó con los registros internos del Grupo Báez a los que accedió-, el empresario compró terrenos, chacras, estancias e inmuebles por $ 58.303.290 y US$ 3.891.00 durante los últimos diez años, si se toman los valores oficiales declarados y sin incluir el valor de seis de las 21 estancias, sobre las cuales no se obtuvo información fidedigna.
Esa evolución patrimonial ya mostraba un correlato social. Empresas, financieras, comerciantes, políticos, estancieros, simples vecinos y hasta la familia Kirchner vendieron sus propiedades a Báez. "Lo compró Lázaro", suelen repetir los vecinos tanto de Río Gallegos como de El Calafate cuando se abre o cierra un nuevo negocio, panadería, gomería, restaurante, estación de servicio, hotel, ferretería o medio de comunicación.
Ésos son sólo algunos de los rubros en los que Báez irrumpió durante la última década. Pero ahora este relevamiento de LA NACION demuestra que las compras de inmuebles, estancias y comercios no es un mito.
Los montos de las operaciones de compraventa de los inmuebles, además, quedaron reflejados en los informes del estado registral de dominio de las propiedades consultados que también fueron cotejados con la documentación interna del Grupo Báez a la que accedió LA NACION.
Sin embargo, es posible que haya más propiedades, estancias, terrenos, departamentos, casas o bien fondos de comercio que aún no se hayan registrado, aunque sí escriturado, o bien que sí se hayan registrado, pero a través de alguna empresa ignota.
Su evolución patrimonial muestra así que la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia en 2003 marcó un hito en la vida de Báez. En paralelo al arribo de su amigo a la Casa Rosada, el ex empleado del Banco de Santa Cruz fundó Austral Construcciones SA, su empresa nodriza.
Con ella acaparó buena parte de la obra pública estatal en la Patagonia: Austral creció, el Grupo Báez se expandió comprando otras empresas y aceleró también las adquisiciones inmobiliarias, que, según los registros relevados, empezaron a crecer a partir de 2006.
Las estancias es el rubro que más marca su crecimiento. Escrituradas, el Grupo Báez registra 21 estancias, la mayoría ubicadas en el sur de la provincia sobre el río Santa Cruz y el río Gallegos. Siete de ellas las adquirió al convertirse Báez en titular de Valle Hermoso SRL, una firma agropecuaria que a finales de los 90 había adquirido siete estancias por casi US$ 1 millón. En 2008, Báez adquirió todas las acciones de esa sociedad, radicada entonces en Comodoro Rivadavia. Lo hizo junto a su ex contador, Fernando Butti, quien luego cedería sus acciones a Martín Báez.
En la mayoría de las estancias que adquirió, el gran beneficiario de la obra pública provincial y nacional mejoró los cascos, los alambrados y las rutas de acceso. En dos de ellas, incluso, Río Bote y Cruz Aike, intentó el desarrollo del turismo rural, que no prosperó.
Pero fue otra, llamada Alquinta, la que se hizo famosa cuando Jorge Lanata denunció en su programa televisivo que allí se había escondido dinero y armas. Dijo que estaban en una supuesta bóveda de esa propiedad. Ubicada a 100 kilómetros de Río Gallegos, fue la única de la veintena de estancias que allanó la justicia federal.
Otras siete estancias sospechadas de pertenecer a Báez, en tanto, no se computaron para esta investigación. En algunos casos, fue por el lento trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, que demora cerca de un año; en otros por la falta de pago del impuesto denominado Declaración Jurada Revalúo Inmobiliario 2009 en la Dirección Provincial de Catastro -lo que impide conocer los datos actualizados de los titulares superficiarios-; y en otros porque se encuentran anotadas a nombre de empresas remotas o incluso a nombre de sus anteriores dueños. Entre las siete propiedades suman otros 1000 kilómetros cuadrados (100.000 hectáreas).
Entre las propiedades urbanas o semiurbanas que su grupo empresario sí escrituró descuellan las ciudades de Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio. Entre terrenos y chacras adquirió 6.942.112 metros cuadrados (694.211.200 hectáreas) en las tres localidades. Y pagó 14.466.786 pesos y 650.000 dólares por los terrenos céntricos y periféricos, complejos de departamentos, enormes predios, de acuerdo con los datos oficiales que figuran en las escrituras.
Todas las compras, en tanto, quedaron registradas a nombre de Báez, sus hijos Martín y Luciana, la empresa Austral Construcciones, Badial SA Valle Hermoso, mientras que la hoy cuestionada Valle Mitre, Alucom Austral y Austral Agro que digita el Grupo Báez no registran ningún inmueble a su propiedad. Y paradójicamente a la hora de escriturar dos estancias, Martín Báez declaró que con Austral Agro había realizado la compra de La Julia y El Relincho.
Un último dato: la constructora Badial SA, que investigaron los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el dudoso origen de fondos para su capitalización y que el propio Báez admitió que lo hizo a través de dinero que llegó en valijas desde Uruguay, no construye tanto como compra. Tiene 82 propiedades a su nombre, todas adquiridas durante la última década. El 97%, en El Calafate.
"Hubo evasión o lavado"
El diputado de UNEN Fernando Sánchez dijo que el contrato que el empresario Lázaro Báez mantenía con uno de los hoteles pertenecientes a la familia Kirchner sería parte de "maniobras de evasión impositiva o maniobras de lavado de dinero, o ambas cosas". También señaló que Austral Construcciones, la empresa de Báez, ha "incrementado sus negocios y su patrimonio solamente al calor de los negocios con el Estado nacional".
Con la colaboración de Hugo Alconada Mon
Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública durante la última década en la Patagonia, pagó millones de pesos por cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate durante años. Y así engordó la billetera de los últimos dos presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Tanto, que representó el equivalente al 20% del patrimonio de poco más de $ 70 millones que la pareja presidencial declaró en 2011.
Para eso, Báez recurrió a una operatoria sencilla, que nunca debió salir a la luz. Hizo que siete de sus empresas firmaran convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta acumular 935 habitaciones todos los meses que él pagó, sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas, ni si se trataba de temporada alta o baja.
¿Resultado? Al cabo de sólo un año y medio, Báez desembolsó $ 10,1 millones por esas habitaciones en el Alto Calafate. Y ese monto se sumó a otros $ 3,2 millones que también pagó por el "alquiler" de la hostería Las Dunas, más otro $ 1,1 millones por operatorias con Los Sauces SA. Total: $ 14,5 millones.
El dispendio de esa fortuna resulta notable. Pero más aún cuando el hombre de la chequera fue un simple empleado del Banco de Santa Cruz, por entonces estatal, hasta que conoció a Kirchner en 1990. Y que en paralelo al ascenso al poder del por entonces intendente se convirtió en un megaempresario.
Los números son evidentes. Sólo durante la década kirchnerista en la Casa Rosada ganó contratos nacionales por $ 4000 millones y otros $ 1200 millones de la provincia de Santa Cruz. O dicho de otro modo, mientras que Kirchner fue presidente, Báez ganó el 82% de los contratos que otorgó el gobierno santacruceño.
Por insólito que parezca, sin embargo, la operatoria hotelera que llevó a Báez a pagar millones quedó plasmada en papeles, que obtuvo LA NACION, que durante meses los evaluó junto con seis analistas antilavado, tributarios y financieros. Sus conclusiones fueron coincidentes. Cada uno de ellos, en entrevistas mantenidas por separado, estimaron que podía resultar una evidente maniobra de lavado de activos.
En ese caso, ¿qué fondos de origen ilícito podían estar blanqueándose a través de la industria hotelera? Allí sí los expertos mostraron opiniones divididas: algunos piensan en un presunto lavado de dinero del pago de coimas, y otros en un supuesto retorno de un ínfimo porcentaje de esos miles de millones de pesos que recibió Báez en contratos públicos.
Para el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la explicación fue otra. Con una voz que expuso su incomodidad, dijo por radio que no le importaba qué había hecho Báez con esas 935 habitaciones que pagó por mes, ya que, según él, se trataba de un "acuerdo entre privados". Algo insólito si se trata de los últimos dos presidentes de la Nación y el mayor contratista de obra pública de la última década. Pero de ese modo, además, terminó por admitir que esos contratos existían.
Durante esa conversación radial, Parrilli también aportó un indicio interesante. Defendió ese vínculo contractual entre las empresas de Báez -que de ese modo cubrieron un tercio de la capacidad del Alto Calafate durante más de un año y medio- y el matrimonio Kirchner, ya que, dijo, con esos alquileres "garantizaba un negocio".
¿Para quién fue negocio? Según reveló el martes LA NACION, lo fue sólo para los Kirchner, que de ese modo acumularon ingresos en blanco por $ 10,1 millones por el Alto Calafate, que se sumaron a los millones que recaudó la familia presidencial por su hotel Los Sauces, que el empresario Juan Carlos Relats, fallecido el jueves último, firmó en similares condiciones. Es decir, se comprometió a pagar US$ 105.000 por mes, durante años, aun cuando le significó un rojo sustancial en sus cuentas.
Pero el manantial hotelero de ingresos no terminó ahí. Porque junto a Báez y Relats, también se sumó Aerolíneas Argentinas. Firmó un acuerdo similar con el Alto Calafate por otro tercio de sus habitaciones. De ese modo, mientras que el gran beneficiario de la obra pública y una aerolínea estatal le garantizaban al matrimonio presidencial un piso mínimo del 60% de ocupación (y su pago, aunque no usaran esas habitaciones), otro empresario -Relats, también concesionario de obras públicas- le pagaba un canon fijo por un segundo hotel.
Pero los hallazgos que molestaron a la Casa Rosada no concluyeron allí. Porque al Alto Calafate y Los Sauces se sumó un tercer establecimiento turístico. LA NACION expuso que Báez también les pagó otros $ 3,2 millones a los Kirchner por la hostería Las Dunas, aun cuando hasta ahora se consideraba que ese establecimiento pertenecía al propio empresario.
Esa revelación sí generó la reacción de la Presidencia de la Nación. Argumentó que los Kirchner informaban ser dueños de Las Dunas en las declaraciones juradas que presentaron durante años ante la Oficina Anticorrupción.
En rigor, los Kirchner sólo detallaron ser propietarios del terreno donde se erige esa hostería, en la que colaboradores de Báez siempre se movieron como dueños de casa, mientras que operarios de su empresa insignia, Austral Construcciones, se encargaban de la remodelación y ampliación de sus instalaciones. Más aún, el matrimonio presidencial nunca detalló que hubiera cobrado millones por esa hostería.
El impacto noticioso resultó notable. Tras los primeros tres artículos que publicó LA NACION -sobre los convenios hoteleros, el pago millonario por Las Dunas y los ingresos totales de los Kirchner-, distintos referentes de la oposición reclamaron explicaciones "convincentes" de la presidenta Cristina Fernández, quien participó de varios actos públicos durante los días siguientes, pero sin tomar el micrófono.
Quien sí tomó la iniciativa fue Báez. Primero para pedirle a la Justicia que lo investigara, al mismo tiempo que, como Parrilli, admitía la veracidad de los documentos que reveló LA NACION. Báez los calificó como "papeles privados" de sus empresas. Y un día después pidió una medida cautelar para impedirle a este diario -y al resto de la prensa escrita y digital- que publicara documentos de Valle Mitre, su empresa que se encargaba de gerenciar los hoteles de los Kirchner. Un intento de censura previa.
¿Por qué tanto nerviosismo? Primero, porque Valle Mitre sirvió durante años de enlace en los negocios -y el dinero- entre los Kirchner y Báez. Segundo, porque según indicaron a LA NACION colaboradores del propio empresario, Báez ignora cuánto material más tiene este diario sobre sus empresas e inversiones, y está desesperado por determinar su alcance.
Y algo más, ¿los empleados de Báez fueron al Alto Calafate? ¿Usaron esas 935 habitaciones que tenían a su disposición todos los meses? Todos los consultados por LA NACION, así como por otros medios de comunicación, dijeron que no. Incluso algunos dicen que no conocen El Calafate. Queda a 300 kilómetros de Río Gallegos.
Un acuerdo en cifras
$ 14,5 millones
Es la cifra de dinero que le pagó Báez, por medio de siete empresas, a la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces
935 habitaciones
Es el nivel de ocupación de los hoteles que les garantizó a los Kirchner el acuerdo con Báez
20% del patrimonio
Es lo que representó para los Kirchner en 2011 los ingresos generados por los pactos con Báez
El terruño presidencial será, una vez más, uno de los más beneficiados en el destino de fondos para obras viales, en este caso durante 2014. El dinero será destinado mayoritariamente a rutas y en Santa Cruz, pese a contar con varias constructoras, el principal adjudicatario de las obras es el holding empresarial de Lázaro Báez. Así, las denuncias que lo rodean y lo vinculan con los Kirchner no impedirían un flujo millonario de fondos para el próximo año.
Esto se desprende del proyecto de ley de Presupuesto 2014, que contempla a Santa Cruz -que recién hace tres años alcanzó un habitante por kilómetro cuadrado- como la segunda provincia que más plata recibirá de la Dirección Nacional de Vialidad, con $ 1.083 millones. Sólo la supera Buenos Aires, con $ 1.376 millones.
Según el detalle de Vialidad, Santa Cruz recibirá fondos para 46 obras. Durante el primer año de la presidencia Néstor Kirchner se realizaron cuatro obras viales en la Provincia; de allí en más, el ascenso fue constante.
Los proyectos viales son básicamente rutas, en una provincia dondecasi toda la obra pública en la última década ha sido ganada por las firmas de Báez. Pese a esta garantía de fondos, hoy las relaciones con el Ministerio de Planificación que conduce Julio de Vido no atraviesan su mejor momento: la obra pública se detuvo hace unos meses y los conflictos en Austral Construcciones (la firma insignia de Báez) aumentaron, colocando sus números en rojo e incrementando el desempleo en la construcción.
En el presupuesto 2014, detrás de Santa Cruz quedaron grandes jurisdicciones como Mendoza ($590 millones para obras viales), Santa Fe ($536 millones) y Córdoba ($394 millones). El desbalance no es nuevo: la provincia presidencial ha sido privilegiada en los últimos años con obras viales también por sobre otras provincias con problemas más estructurales, como Corrientes ($254 millones para 2014) o Jujuy ($189 millones). De los más de 8.000 kilómetros de obras en ejecución y mantenimiento en todo el país, el distrito K vuelve a ser favorito.
Muchas de las obras presupuestadas para el año próximo no son novedosas. Del listado adjuntado en el presupuesto, se observa que más de la mitad vienen presupuestadas desde 2011 e incluso varias de ellas desde 2004.
Las obras denominadas plurianuales no se finalizaron, aunque todos los años le implican ingresos a Báez por avances parciales. Sólo en 2012, Báez recibió un promedio de 60 millones de pesos mensuales por “certificaciones de obras”. Muchas de las obras están a cargo de Austral S.A., otras de Kank y Costilla, y Loscalzos y Del Curto, todas del empresario K.
A modo de ejemplo, hace nueve años se presupuestaron obras como: Malla 101 B (Ruta N° 3) con sólo siete kilómetros construidos. Figura de nuevo para 2014. Sobre la ruta 40, se presupuestó el tramo Bajo Caracoles–Tres Lagos, tanto en 2004, 2011 y para el año que viene, a un costo de $ 234 millones.
El envío de fondos y el control de los mismos ha sido modificado en los últimos años. Desde 2009, el conglomerado de empresas de Báez recibió en una cuenta del Banco Nación fondos para obras desde Planificación Federal y Vialidad por $ 2.100 millones. La cuenta se habría cerrado, según informó el portal Opi Santa Cruz.
“Desde hace años, los convenios los establecen Planificación y Vialidad Nacional de manera directa con las empresas, a la Provincia le dejaron inspección técnica”, se despegaron desde el Gobierno santacruceño.
La certificación de obras y envíos de fondos ya no lo hace la Provincia. Es el circuito que espera Báez se reactive para mejorar los números de sus empresas y conseguir un alivio, al menos en este rubro.
Más de 100 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con la familia del empresario kirchnerista Lázaro Báez están siendo investigadas por la justicia de Suiza por operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Hasta ahora no hubo un resultado final sobre esta investigación, que empezó a principios de este año por una denuncia que hicieron los diputados de la oposición Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Manuel Garrido (UCR). Pero en una carta que envió a LA NACION el jueves pasado el Ministerio Público de Suiza, que lleva adelante esta pesquisa, se detalló que la "investigación está progresando".
En este sentido, la respuesta girada por el Ministerio Público de Suiza ante un pedido concreto que hizo LA NACION determina que la justicia helvética se encuentra en una etapa de "análisis de los flujos financieros actuales" de la familia Báez por una investigación penal por presunto lavado de dinero.
A su vez, en el escrito remitido a LA NACION por Jeannette Balmer, vocera del Ministerio Público suizo, detalla que se abrió una investigación penal en relación con el delito de blanqueo de capitales dscripto en el Código Penal helvético y añadió que "una apelación sobre la incautación de los bienes pertenecientes a las empresas de la familia [Báez] está pendiente ante el Tribunal Penal Federal" en ese país.
Báez ya tiene un antecedente en su favor en materia de incautación de bienes y cuentas. En 2009 logró recuperar 10,4 millones de dólares que la justicia del principado de Liechtenstein mantenía congelados desde 2006 por sospechas de lavado de dinero.
En ese entonces, los fondos se encontraban a nombre de Austral Construcciones, una de las empresas de Báez beneficiadas con la obra pública de santa Cruz, y la justicia de Liechtenstein determinó que "no existe indicio alguno de que esos 10 millones de dólares tengan un origen delictivo", según logró reconstruir en su momento LA NACION.
Sin embargo, la justicia de Liechtenstein no tiene las mismas reglas y códigos que la de Suiza. Pero este dato resultaría ser un precedente alentador para Báez.
A TRAVÉS DE CANCILLERÍA
Por otra parte, el Ministerio Público de Suiza detalló que hasta ahora no envió comisiones rogatorias internacionales a las autoridades argentinas para ampliar detalles de los dueños de las cuentas o de las conexiones locales de éstas con las cuentas radicadas en Suiza. Todos estos pedidos a futuro se canalizarán por medio de la cancillería argentina. Hasta ahora allí negaron que exista algún pedido o trámite en curso por parte de la justicia suiza.
Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la diplomacia de Ginebra, la investigación que lleva adelante la justicia suiza sobre las cuentas de la familia Báez no requirió hasta ahora un exhorto de parte de un juez argentino. Las mismas fuentes destacaron con énfasis que no se sabe exactamente hasta el momento si la totalidad de las 100 cuentas implicadas en la investigación estarían directamente vinculadas con operaciones sospechosas de lavado de dinero o no. Esto sólo lo conoce el fiscal que investiga el caso y esa información se encuentra bajo estricta reserva según lo dispone la normativa helvética.
A su vez, las fuentes diplomáticas de Suiza consultadas por LA NACION no quisieron detallar el alcance que podrá tener esta investigación. La denuncia de Ocaña y Garrido por la que empezó a actuar la justicia suiza se presentó el pasado 18 de abril ante el fiscal federal suizo.
Por otra parte, se supo que entre las 100 cuentas que estarían siendo investigadas en Suiza habría una a nombre de la empresa panameña Teegan en el banco Lombard Odier, cuyo apoderado sería Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista que habría realizado aportes por más de 14 millones de pesos a los hoteles de la Patagonia del matrimonio Kirchner.
También estarían bajo investigación judicial las cuentas a nombre de Helvetic Service Group, una empresa suiza que estaría vinculada a la financiera SGI del edificio de Madero Center. Las denuncias de los diputados Ocaña y Garrido determinaron que desde ese lugar tanto el financista Federico Elaskar como el polémico contador Leonardo Fariña habrían enviado fondos a paraísos fiscales.
Helvetic Services Group habría desembarcado en la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", y tendría participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones. Tanto Helvetic Service como el banco Lombard Odier rechazaron una vinculación con operaciones sospechosas de lavado.
UNA PESQUISA COMPLEJA
La diputada Margarita Stolbizer (GEN-FAP) presentó un recurso de amparo a la Justicia para investigar las sociedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez. "Hace tiempo venimos denunciando que en la Inspección General de Justicia se ha instalado una mafia orquestada con la intención de frenar los pedidos de información respecto de sociedades vinculadas al lavado de dinero y las coimas que rozan a los funcionarios del más alto nivel. Denunciamos el accionar arbitrario e ilegítimo, con la intención de ocultar negocios sucios", expresó la diputada Stolbizer
Stolbizer había solicitado informes ante la Inspección General de Justicia. Ante la falta de respuesta, presentó un pedido de pronto despacho alegando su condición de diputada. Ninguno de esos pedidos tuvo respuesta y presentó un amparo en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia Nº 10.
