Durante años los estudios ambientales de los proyectos mineros se realizaban a través de expedientes impresos que superaban los mil folios, demandando recursos para su registro y dificultando el acceso rápido y oportuno.

Para simplificar algunos procesos, en 2011, el Ministerio de Energía y Minas, creo el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL). Ahora esta la plataforma virtual será utilizada también por el SENACE, ANA y SERNANP con el fin de evaluar los instrumentos de gestión ambiental de manera conjunta, y de esta forma simplificar y optimizar el procedimiento de evaluación y certificación ambiental.

"Como parte de una primera etapa, el MEM ha realizado diversas capacitaciones sobre el uso del SEAL dirigidas a miembros del SENACE, institución que ya cuenta con un usuario y clave para acceder a esta plataforma virtual", indicó el Ministerio de Energía y Minas.

En una segunda etapa se integrará al SEAL el ANA y SERNANP, a fin de que ambas autoridades emitan y entreguen sus opiniones técnicas durante la evaluación de cualquier instrumento de gestión ambiental.

“A futuro, se tiene planeado implementar el SEAL para la presentación y evaluación de los Estudios de Planes de Cierre a nivel de factibilidad, Estudios de Cierre de Pasivos Mineros, Estudios Ambientales de la Pequeña Minería y Reportes de Monitoreo, entre otros. Ello, para incrementar las medidas de transparencia y ecoeficiencia”, señaló Ángel Chávez, titular de la DGAAM.

El SEAL es una herramienta informática que permite -vía Internet- la presentación, evaluación y otorgamiento de la certificación ambiental para la mediana y gran minería, como es el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) y los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd).

Actualmente, los titulares mineros pueden ingresar desde cualquier parte del país sus estudios ambientales para obtener la certificación ambiental. Asimismo, el ciudadano puede acceder a través de Internet a consultar el SEAL y tener acceso al contenido de los estudios ambientales de su interés, lo cual contribuirá con el objetivo planteado por el Estado referido a “cero papel”.