En sendos escritos, la diputada del ARI-CC Elisa Carrió solicitó ayer al fiscal Gerardo Pollicita y a la jueza federal María Servini de Cubría, por separado, que citen a declarar como testigos a Martín Lanatta y a José Salerno por sus denuncias contra Aníbal Fernández. En su pedido, Carrió sugirió a ambos que “deben tomarse las medidas necesarias para llegar a la verdad de los hechos entre las que no puede descartarse el llamado indagatoria del Sr. Aníbal Domingo Fernández y eventualmente su detención”.
Pollicita tiene la causa por la “protección política” del negociado de la efedrina que tiene el juez federal Norberto Oyarbide. Mientras que Servini tiene otra causa por la falta de controles a la importación de efedrina en la que procesó al ex titular de la Sedronar, José Granero, e investiga a los hermanos Zacarías, que eran cercanos a Kirchner.
Entre el 2005 y el 2008 se estima que la Argentina importó 42 toneladas de efedrina de China y la India que reexportadas a México valían unos 480 millones de dólares porque se usaban para producir éxtasis. Después de que la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, la rotuló como un precursor químico, en el 2008, la cifra cayó a 40 kilos por año.
En el juicio oral de Mercedes por el Triple Crimen que terminó en el 2012 con la condena de Lanatta el fiscal provincial Juan Bidone descubrió más pistas de esa “cobertura política” que pasaron a la justicia federal, que Clarín publicó en exclusiva estos años y hasta ahora no se investigaron éste último fuero:
— El ex policía Ricardo Sladkowski afirmó que en el 2004 “tomó la seguridad del Ministerio de Economía y lo llevó a (Leopoldo) Bina como hombre de confianza” porque tenía contactos en la Aduana. El día del entierro de su hijo, Oscar Bina relató que recibió un informe de Sladkowski y escribió un papel que entregó al tribunal que dice que el policía “Chipi Albornoz se encargaba de cobrar 1.000.000 para los policías federales, comisario Gral. Gorosito y Jefe de la Policía Valleca”. El “Chipi” era un suboficial de la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal en la época en que Aníbal F. era ministro del Interior
— Lanatta y su cómplice Víctor Schillaci regresaron de Encarnación, Paraguay, el 26 de marzo pasado por Puerto Iguazú. Un primer informe de Migraciones señaló que se fueron en una Toyota Hilux patente EXU 826 y volvieron en un Astra EXU 823 que “pertenece a la SIDE”. Pero días más tarde, el Gobierno afirmó que hubo un “error de tipeo” en la planilla de regreso de los entonces sospechosos y que el auto no era de la SIDE.
Ni bien estalló el escándalo por el asesinato de los tres empresarios farmacéuticos, Aníbal Fernández tuvo una obsesión: trabar cualquier intento de sancionar una ley que sancione la venta ilegal de precursores químicos.
La norma fue aprobada en 2008 por el Senado, a partir de un proyecto de la senadora del PJ disidente Sonia Escudero.
No era un año más. Fue en ese tiempo cuando aparecieron muertos los tres empresarios farmacéuticos, vinculados al tráfico de efedrina; y Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud, prohibió su importación.
Aníbal era ministro de Justicia y Derechos Humanos y no tardó en reaccionar ante el proyecto de Escudero: envió una nota al bloque de Diputados para ordenar que planchen el tema. Y así fue.
La senadora salteña volvió a presentar el proyecto en 2010, pero Fernández esta vez estuvo más atento y lo hizo morir en el Senado.
Su proyecto proponía reprimir con entre 2 y 8 años de prisión e inhabilitación especial de cuatro a doce a quien, “por cualquier medio, desviare precursores químicos o sustancias químicas esenciales hacia la producción ilegal de estupefacientes”
En caso de personas jurídicas fijaba una multa “de entre 10 a 500 mil pesos” y preveía una sanción de entre 6 meses y 2 años para quien haya facilitado el desvío de precursores químicos por negligencia. Además, creaba un registro de precursores químicos en el país, inexistente hasta la fecha.
Con su verborragia habitual, Aníbal se mostró particularmente interesado en que esta ley no se sancionara, con la excusa de que vulneraba derechos constitucionales.
Su exegeta en Diputados fue Diana Conti, habitual mandadera de la Casa Rosada cuando se trata de marcar un rumbo en el Congreso.
“Los delitos que se crean en la ley Escudero ya están en la legislación vigente. La ley ya castiga a quien desvía sustancias para producir estupefacientes”, remarcó por Conti en esos días.
Al igual que Aníbal, no terminó de aclarar porqué, en este caso y no en otros, lo que supuestamente abunda tanto daño hace.
Sobre todo porque el proyecto abría la puerta a una búsqueda más intensa de cocinas de droga, cuya existencia el Gobierno siempre negó.
"Hoy los precursores químicos circulan libremente por la Argentina y vuelven de Bolivia transformados en cocaína”, se lamentó Escudero, en una entrevista que concedió al diario El Tribuno antes de abandonar el Congreso.
La salteña marcaba la preocupación por la efedrina, que definía como “el principal precursor químico para sintetizar metanfetamina, a partir de la cual se producen drogas sintéticas de última generación (tipo éxtasis)”.
“Parece claro entonces que las sustancias químicas utilizadas en la preparación de las drogas sintéticas nunca podrían ser consideradas como materias primas sino como materias ya elaboradas, pero que son precursores o sustancias químicas necesarias para la producción de estupefacientes”, aclaró en su proyecto.
La descripción se adaptaba a la denuncia que investiga la justicia sobre tráfico de efedrina que involucra al jefe de Gabinete.
Congelada la ley, Aníbal tampoco dejó pasar proyectos para detallar cómo está el registro de Precursores químicos, que debía crearse por la ley 26045, sancionada en 2005 pero nunca reglamentada.
El senador Jaime Linares reclamó su reglamentación, pero su proyecto durmió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que casualmente presidía Aníbal Fernández.
Otros proyectos, como el de senadora de la Coalición Cívica Magdalena Odarda o el de los diputados radicales Mario Faid y Mario Negri, quien exigió trasladar el registro desde el Sedronar al Ministerio de Seguridad. Ninguno fue tratado.
