Lazaro Báez se defendió de las acusaciones de lavado de dinero con un pariente del presidente Mauricio Macri y con una emblemática obra pública prometida por el kirchnerismo: la de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, de Santa Cruz. Báez dijo que se asoció con la empresa Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, para competir por la obra y que, para capitalizarse, su empresa Austral Construcciones emitió acciones preferidas que compró Helvetic Service Group, una firma suiza de inversión.

Justamente anteayer, como informó LA NACION, Calcaterra dijo que vendía sus negocios en Iecsa para que no hubiera un conflicto de intereses con la gestión de Macri.

Helvetic Service Group le pagó a Báez 33 millones de dólares por esa operación de compra de obligaciones, los que ingresaron a las cuentas de Austral Construcciones en el Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, mediante nueve cheques por 209 millones de pesos.

Para probar que esa operación se realizó, Báez tiene en su poder un memorándum de entendimiento firmado con Iecsa, por el propio Ángelo Calcaterra, por un lado, y por Julio Enrique Mendoza, presidente de Austral Construcciones, protocolizado y con intervención notarial. También cuenta con documentos que certifican de la emisión de las obligaciones negociables, según supuestos registros contables de Austral Construcciones que vio LA NACION.

Pero para la acusación fiscal, esos fondos en realidad eran dinero negro que salió de la Argentina a través de La Rosadita (la cueva SGI, de Puerto Madero), con el que se compraron en Suiza bonos de la deuda argentina, los que se vendieron y fueron girados por Helvetic Service Group a Báez. La acusación es que se trató de una autoventa o autocompra de bonos. Para probarlo, la fiscalía cuenta con los registros de la venta de bonos y los cheques endosados por Jorge Chueco, abogado de Báez que operaba con un poder de SGI.

Báez sostiene en su defensa que Helvetic es "una corporación constituida conforme a la legislación suiza, de reconocida trayectoria internacional y con negocios en más de quince países, cumpliendo con las disposiciones de la legislación suiza". Que "es una empresa seria, solvente, de reconocida trayectoria internacional, con inserción en varios países y es monitoreada por las rigurosas leyes y mecanismos de control de uno de los países más desarrollados del mundo".

Dijo, por supuesto, que Helvetic Service Group no es de él, sino del ítalo-cordobés Marcelo Ramos, citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, y de la italiana Verena Fontana.

Sin embargo, para el juez Casanello, Helvetic Service Group funciona "como una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio

"A cada usuario se le entrega un poder notarial que le permite operar su parte del negocio", dijo el juez cuando procesó a Báez con prisión preventiva. Así pudo haber sido usada por Báez para este negocio y luego se bajó.

Pero Helvetic Service Group no es sólo una empresa financiera que vio en las represas patagónicas la promesa de "ser un muy buen proyecto empresarial", como dice Báez en su escrito de defensa

Helvetic Service Group es la firma que se quedó como dueña de La Rosadita, o SGI, bajo presión, que ejerció Daniel Pérez Gadin sobre Federico Elaskar, en nombre de Báez. Jorge Chueco participó de esa adquisición.

En esta idea de que Helvetic era contratada por Báez cuando la necesitaba se apoya la tesis de la autocompra o autoventa: la hipótesis es que Báez con Helvetic simuló la operación financiera para blanquear los fondos.

Sin embargo, el empresario dijo que Helvetic le inyectó el capital necesario para participar de la licitación por las represas, que perdió. Por eso dijo que le debe ahora 33 millones de dólares a Helvetic. Y argumentó que justamente el hecho de perder la licitación a manos de Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra, otro empresario kirchnerista, pero cordobés) es lo que demuestra que su empresa no era la preferida. Claro, era 2012, ya Néstor Kirchner había muerto y habían quedado atrás los tiempos en que se quedaba con el 78% de toda la obra pública santacruceña.

Lázaro Báez negó ser el dueño de la sociedad suiza Helvetic Services Group pero admitió que su empresa Austral Construcciones recibió cheques provenientes de esa sociedad suiza por un total de casi 209 millones de pesos, aparentemente para afrontar la licitación por la construcción de represas en Santa Cruz.

Así lo afirmó en el escrito que presentó esta mañana ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la ampliación de su indagatoria en el marco de la causa que se lo investiga por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Báez, detenido hace exactamente un mes, permaneció durante poco más de media hora en el despacho del magistrado, en el cuarto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py, y se limitó a presentar un escrito y negarse a responder preguntas.

Según trascendió, en el texto, el empresario santacruceño negó todos los cargos en su contra y, en ese marco, afirmó no ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad suiza que compró la financiera SGI a Federico Elaskar

No obstante, admitió que Austral Construcciones, la empresa insignia de su grupo, recibió nueve cheques por un importe total de casi 209 millones de pesos correspondientes a la sociedad suiza Helvetic Services Group.

Al procurar explicar ese movimiento, siempre según el relato de fuentes que tuvieron acceso al escrito, Báez consignó que se trató de un “mutuo” –un tipo de préstamo- destinado a afrontar “la licitación para la construcción de las represas” santacruceñas Cepernic y Kirchner.

En este tramo de la investigación, el juez federal Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan buscan determinar si, a través de una posible maniobra de “autoventa o aucompra de títulos de la deuda pública” por parte de sociedad Helvetic Services Group, “se reingresó al país una suma aproximada de 33 millones de dólares“, que habría sido “insertada en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A”.

Lejos de exhibir intenciones o efectivamente pedir acogerse a la figura del “arrepentido” - como habían especulado distintas versiones periodísticas en los últimos días- Báez se mantuvo esta mañana en su postura de rechazar los cargos en su contra y negarse a responder preguntas.

En ese marco, mañana será el turno de la ampliación de la indagatoria de su hijo Martín, también por esta multimillonaria operación con bonos de deuda soberana argentina tendiente a reingresar al país dinero de su grupo empresario.

A estas indagatorias se sumarán la semana próxima las del abogado Claudio Bustos y Marcelo Ramos, en tanto que al detenido abogado Jorge Chueco el juez federal Sebastián Casanello ya lo indagó por estos hechos incorporados al expediente fruto de la investigación.

De hecho, en su resolución del 18 de abril pasado –en la que procesó con prisión preventiva a Báez y a su contador Daniel Pérez Gadin, y citó a indagatoria a Echegaray y a Ángel Rubén Toninelli, ex director de la DGI- Casanello puso la mira en la operatoria que finalizó con el depósito de nueve cheques por un monto equivalente a 208.840.876 pesos.

De hecho, allí señaló que esos cheques se encontraban endosados por Jorge Chuevo –como apoderado de Helvetic- y fueron depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral.

“Las operatorias consistían en transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA; a su vez esta firma, que registraba una cuenta comitente en la sociedad de bolsa ‘Financial Net Sociedad de Bolsa’, adquiriría bonos de deuda soberana, luego esos títulos se transferían en dólares a través de un sistema de compensación y liquidación en Suiza y finalmente reingresarían al país para ingresar al patrimonio de Austral Construcciones”, describía el magistrado en su resolución.

En tanto, en relación a la ampliación de la indagatoria de Báez, ocurrida a exactamente un mes de su detención, fuentes judiciales consignaron que el único planteo realizado por fuera del escrito, fue una queja en relación al suministro de medicación.

En este sentido, los informantes indicaron que Báez –quien padece diabetes e hipertensión- se quejó porque “no le dan los medicamentos correctamente” y “le cambian todo el tiempo de médicos”, según su relato.

Tras su paso por Comodoro Py, que se extendió desde las 8:30 hasta cerca del mediodía, Báez fue trasladado nuevamente al penal de Ezeiza.