La semana próxima la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidirá sobre una cuestión procesal y luego el caso volverá a la primera instancia, donde se resolverá el reclamo de fondo entre Burford y el estado argentino.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá decidir después de la audiencia de la semana próxima si acepta el argumento del Gobierno de que la expropiación de YPF fue un acto soberano y, por lo tanto, no le corresponde a la justicia norteamericana darle o no la razón a la demanda del grupo Burford.

Así lo explicaron a LA NACION fuentes muy relacionadas con el caso, que detallaron que, luego de que los jueces de segunda instancia tomen una decisión sobre esta cuestión, el caso volverá a la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien resolverá sobre el fondo del expediente.

Uno de los ejes centrales que estará en debate la semana próxima es la doctrina del "Act of state", que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio.

Estados Unidos acepta esta doctrina, que es una de las piezas que la Argentina llevó como argumento a este juicio y que la jueza Preska no aceptó en primera instancia. El "Act of state" se utiliza cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida.

El otro argumento de la Argentina es que, como la expropiación de YPF en el kirchnerismo fue un acto soberano y no una decisión comercial, está protegida por la "Foreign inmunity act", que limita los juicios en los EE.UU. contra otros países.

Una vez pase la audiencia del próximo jueves 15 y la cámara se expida sobre los argumentos que expondrán los abogados de la Argentina y de Burford -que le compró el reclamo legal a los Eskenazy- el tema volverá a la primera instancia, donde Preska deberá decidir si el reclamo del fondo de inversión es pertinente y si hace lugar a los 3000 millones de dólares que pidió como resarcimiento contra el estado argentino. 

Recién en ese momento la Argentina podría argumentar, como piensan algunos abogados que participan del caso, que, luego de las revelaciones formuladas por el financista Aldo Ducler, que el reclamo de Burford-Eskenazy es nulo porque la compra de esas acciones se habría hecho con dinero presuntamente "malhabido". Y, más aún, no solo rechazar el pedido de los demandantes, sino repetir la demanda contra ellos, en complicidad con el kirchnerismo.