Los seis minutos que tenía la Argentina para defenderse ayer en el juicio iniciado por Petersen Energía por la expropiación de YPF se transformaron en 15. No tanto porque los argumentos del país hubieran convencido a los jueces, sino porque el reloj de la sala de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó de funcionar apenas comenzó el alegato de la abogada del estudio Skadden, el nuevo bufete elegido para representar al país.
El tono de la audiencia, de hecho, fue bastante áspero, según se desprende del audio que publicó luego la Cámara en su página web. "Creo que tenemos un 55% de probabilidades de que la Cámara revierta la decisión en primera instancia", deslizó a LA NACION una fuente de la defensa argentina, con la condición de no ser identificada. "O también -explicó- si no quisiera hacerlo, otra salida elegante que tienen los jueces es mandar el caso nuevamente a la jueza en primera instancia, para que tenga en cuenta la opinión de otros expertos. Somos cautelosamente optimistas", resumió.
El fondo Burford es en rigor quien demanda a la Argentina en esta causa, que podría terminar costándole al país unos US$ 3000 millones. Es que el fondo compró los derechos del reclamo de Petersen Energía, cuando la sociedad se declaró en quiebra en España. Burford exige una compensación porque, en su momento, el Estado argentino pagó a Repsol por su 51% de acciones de YPF, pero no hizo oferta alguna por el 25% que estaba en poder de Petersen. La jueza en primera instancia de la Corte de Nueva York, Loretta Preska, le dio la razón.
Pero los abogados de la Argentina insistieron ayer con que la expropiación de las acciones de YPF fue un acto de inmunidad soberana, y que como tal, debe dirimirse en cortes argentinas, no en Estados Unidos. El alegato estuvo a cargo de Maura Barry Grinalds, socia de Skadden. Por el Gobierno viajaron Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, abogado de YPF, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El mediador de los juicios con los holdouts, Dan Pollack, también participó como oyente.
"Con el cambio de estrategia y un nuevo gobierno en la Argentina, las chances de reencauzar una situación compleja son serias -dijeron voceros de la Procuración del Tesoro-. El objetivo es lograr que, como es un reclamo de argentinos, contra el Estado argentino y por hechos ocurridos en el país, el caso se resuelva en la justicia argentina. Por supuesto que somos respetuosos de lo que decida la justicia norteamericana, y en caso de que se decida mantener el juicio en Nueva York se seguirá el pleito en aquel país".
Sin descartar el escenario de tener que seguir el juicio en Nueva York, según confirmó LA NACION, Rodríguez Simón pasó previamente por Madrid, donde mantuvo reuniones con representantes de Repsol. "La clave del caso pasa por la interpretación de la Ley de Expropiación y si ésta impedía a la Argentina hacer una oferta por el 100% de las acciones", opinó Sebastián Maril, de Research for Traders. La Argentina dice que la ley establece que YPF debe ser una empresa pública y, por tanto, el Estado no podía comprar 100% de las acciones.
En la Procuración estiman que llevará entre uno y tres meses para conocer la decisión del juzgado. El reloj, ahora sí, empezó a correr.
CLARÍN
Es una demanda por US$ 3.000 millones que entabló un fondo en nombre del Grupo Petersen, ex accionista de la petrolera.
En una audiencia en una Corte de Apelaciones de Nueva York, el Gobierno pidió hoy a la justicia norteamericana que la jurisdicción de un juicio del fondo Burford contra la Argentina, relativo a la expropiación de YPF, sea trasladada de Estados Unidos a nuestro país. “Es un tema de soberanía”, argumentaron los abogados que representan a la República.
El procurador general de la Nación, Bernardo Saravia Frías, había llegado hace un par de días a Nueva York en representación de la Argentina y estuvo presente en la audiencia que presidían los camaristas Guido Calabresi, Ralph Winter (por videoconferencia desde New Heaven) y Denny Chin. Los jueces escucharon los argumentos de la abogada del Gobierno, al de YPF y al representante del grupo Burford. No tomaron ninguna decisión, que será comunicada en un plazo que podría extenderse incluso por meses, dijeron fuentes a esta corresponsal.
Al término de la sesión, el Procurador dijo a Clarín que estaba satisfecho por los argumentos expuestos. “En este momento sin ninguna duda queremos que el juicio venga a la Argentina, es un acto soberano y es una situación que hay que discutirla en los tribunales argentinos”, señaló.
Los abogados de la Argentina argumentaron que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda iniciada por el grupo Petersen -y cuyos derechos compró el fondo de inversión Burford por 15 millones de euros- por la doctrina del "Act of State", que determina que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio. “La expropiación (de YPF) es constitucional y fue avalada por el Congreso argentino”, expuso Maura Barry Grinalds, del estudio neoyorquino Skadden, que defiende en este caso a la República.
Argentina, dijo la abogada, es un estado soberano y por lo tanto inmune a ser sancionado por actividades comerciales que no fueron tales en el caso de esta expropiación, ya que está protegida, como otros países en EE.UU., por la Foreign inmunity act (FSIA). Por eso el caso debería resolverse en la Argentina, señalan.
El abogado de Burford-Petersen, argumentó, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina había quebrado el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.
La jueza de primera instancia, Loretta Preska, había fallado en contra de cambiar la jurisdicción a la Argentina y elevó la causa a la Corte. El tema que se debatió hoy es una cuestión procesal y no el caso de fondo, que deberá ser abordado luego de que se resuelva esta instancia. Burford reclama que el gobierno kirchnerista no indemnizó al Grupo Petersen en la expropiación de YPF, a diferencia de lo que ocurrió con Repsol. La cifra que reclaman ascendería a 3.000 millones de dólares
El litigio que se sigue en Nueva York por al estatización de la petrolera evidencia una violación del estatuto por parte del estado nacional. El periodista Carlos Pagni contó en Análisis PM que hoy se celebró una audiencia importante en Nueva York por la estatización de la petrolera YPF.
El juicio que se lleva adelante entre el estado nacional y los fondos buitre tiene como eje a las sociedades de la familia Eskenazi que reclaman al estado argentino la violación de un artículo del estatuto en la operatoria de estatización.
"El Estado dice: 'Nosotros no estamos defendiéndonos en una operación comercial, acá hay una estatización', una inmunidad soberana que debe ser reconocida y los jueces admitieron que algo de esto puede haber, el fallo adverso se podría revisar", señaló Pagni.
El periodista dio a conocer un dato fundamental del acuerdo que podría dar vuelta el resultado judicial: "Es raro que en la estatización de YPF no haya quedado claro, por culpa del entonces secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, que el Estado ignorara el estatuto, parece que quisieron facilitarle el reclamo a los Eskenazi".
En ese sentido, algunos de los argumento del fallecido financista Aldo Ducler pueden tener entidad. "Así se abriría un capítulo muy oscuro y tapado de los Eskenazi y los Kirchner que han sido socios en esta operación", subrayó Pagni.
