En el acuerdo se establece que Odebrecht pagará una multa a Panamá de US$220 millones, previo informe de la Contraloría General de la República.
Del monto total de la multa, US$100 millones son por usar el sistema bancario y financiero panameño para el blanqueo de capitales. El acuerdo firmado con Odebrecht permitirá verificar quienes fueron los ciudadanos panameños que entraron en la estructura de corrupción.
En Brasil ya hay fiscales panameños que están tomando declaraciones sobre el caso. El acuerdo de colaboración consiste que la empresa entregará toda la información relacionada con Panamá. Además facilitará todas las declaraciones disponibles.
Porcell indicó que la colaboración con la fiscalía de Brasil se logró que el equipo de fiscales panameños pudieran tomar declaraciones.
La procuradora afirmó que se están investigando todos los proyectos que realiza la empresa Odebrecht en Panamá.
Además aclaró que de salir el nombre del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en esta investigación la competencia de ese caso será la Asamblea Nacional.
La Procuraduría General de la Nación aclaró que en este caso se investigan las actividades de Odebrecht desde 2004 hasta la fecha. La sociedad civil organizada ha exigido a la Procuraduría que la investigación se remonte a 2004, y sobre todo transparencia en sus actuaciones.
Por los diferentes procesos seguidos a la constructora brasileña en Panamá hay hasta ahora 43 personas imputadas; de ellas 24 son panameños.
También se investiga a un total de 13 brasileños, dos andorranos, un peruano, un uruguayo, un estadounidense y un británico. Así mismo se han aprehendido bienes por US$8 millones y se han girado 49 asistencias judiciales.
La firma de este acuerdo llega un día después de que el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, revelara que ellos informarían una vez lo lograran con las autoridades de Brasil.
Rodríguez además hizo hincapié en que uno de los primeros que los fiscales panameños entrevistaría en Brasil sería a André Rabello, jefe de la filial de Odebrecht en Panamá.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 2014 el gigante brasileño pagó US$59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse licitaciones en diferentes obras.
Según los documentos del Departamento de Justicia, la constructora pagó en sobornos US$788 millones a altas autoridades en 12 países, 10 en América y 2 en África.
Pagó los sobornos a los funcionarios en:
+Angola US$50 millones,
+Argentina US$35 millones,
+Brasil US$349 millones,
+Colombia US$11 millones,
+República Dominicana US$92 millones,
+Guatemala US$18 millones),
+Ecuador US$33.5 millones,
+México US$10.5 millones,
+Mozambique US$900.000,
+Panamá US$59 millones,
+Perú US$29 millones
+Venezuela US$98 millones
Tras esa revelación, el 23 de diciembre de 2016 se conoció que un equipo de fiscales panameños se reuniría con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El 24 de enero de 2017 se conoció que el Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los US$59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que se trata de tres exfuncionarios del Gobierno de Panamá; 13 empresarios –ocho panameños y cinco extranjeros– y el oficial de banca privada de un banco de la plaza.
Como parte de estas investigaciones, Porcell, en febrero y marzo, viajó a Brasil y Europa para coordinar el intercambio de información con los Ministerios Públicos de varios países, entre ellos Andorra, Alemania, Suiza y España.
Además, a Panamá han viajado funcionarios judiciales de Andorra y Alemania para conocer detalles de la investigación.
El empresario Enrique Ghisays Manzur acaba de ser condenado a 7 años de prisión por el juez 7 penal especializado, quien lo encontró responsable de incurrir en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Ghisays fue vinculado al proceso de sobornos que se enmarca en el caso Odebrecht y fue encontrado responsable por haber prestado sus cuentas bancarias para ingresar a Colombia 6,5 millones de dólares que -se ha señalado- le fueron entregados al exveministro de Transporte Gabriel García Morales.
El empresario cartagenero Enrique Ghisays, amigo de infancia del detenido exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, había aceptado en marzo los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares por el caso Odebrecht.
Según la investigación, los hermanos Enrique y Eduardo Ghysays serían los accionistas de la empresa offshore panameña Lurion Trading Inc, a la que Odebrecht giró USD $6,5 millones. Lurion fue constituida para ese único fin en 2010, tras adjudicación de la Ruta del Sol II en 2009, de acuerdo a la imputación.
“El presidente de Odebrecht Colombia, Luiz Bueno, se reunió el 26 de octubre de 2009 en un apartamento con García Morales. Allí García solicitó 6,5 millones de dólares para intervenir en adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II. Un día después quedaron descalificadas las demás firmas de la licitación y en diciembre se adjudicó el contrato a Odebrecht”, describió la fiscal.
Agregó la investigadora que Bueno pidió a García que buscara amigos pudientes para girar los dineros sin despertar sospechas, y García buscó a sus amigos de infancia en Cartagena, los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays.
“Enrique Ghisays viajó a Miami, abrió una cuenta y una empresa offshore en Panamá, llamada Lurion. A Lurion se giraron por parte de Odebrecht 6,5 millones de dólares entre marzo y septiembre de 2010. Y entre 2010 y 2011 se retiraron de la cuenta 6 millones 480 mil dólares, quedaron 20 mil para administración de la cuenta”, leyó la delegada.
Agregó la fiscal que la comisión para los cartageneros Ghisays fue de 750 mil dólares. A esta hora, la Fiscalía pide la medida de aseguramiento contra el economista cartagenero. Su hermano, Eduardo Ghisays, según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, será imputado en los próximos días.
