Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral.

Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.

Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.

Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.

Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.

Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”. 

 Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”. 

De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.

Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.

En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.

“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.

Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.