La justicia hizo lugar al amparo interpuesto por el Intendente de Río Grande y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, deberá presentar información respecto del impacto ambiental de la exploración offshore en las áreas adjudicadas antes de que se decida dar curso o no a una medida de no innovar. La información básica con la que se debe contar antes de dar inicio a las actividades sísmicas es un estudio de impacto y un mapa de sensibilidad ambiental que puedan determinar los recursos biológicos, económicos y culturales que se verían afectados.
La jueza Federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, admitió el recurso de amparo que interpuso el intendente de esa ciudad, Gustavo Melella, que busca frenar la adjudicación de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste a empresas de origen británico y con relaciones con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas.
El amparo incluye una medida cautelar para que la justicia suspenda el procedimiento de adjudicación de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas licitadas. El fiscal Marcelo Rapoport solicitó que, previo a tratar la medida cautelar, se solicite a la Secretaría de Energía toda la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requerimientos legales, informó el Diario del Fin del Mundo.
Rapoport requirió además que se remitan todos aquellos estudios de evaluación de impacto ambiental realizados en las áreas adjudicadas donde se realizará actividad sísmica e información complementaria sobre el proceso de adjudicación.
Los estudios de impacto ambiental que se deben realizar antes de dar inicio a las prospecciones sísmicas forman parte de la información rutinaria con la que cuentan las empresas, dado que estas tareas no pueden autorizarse sin cumplir este requisito; por lo tanto es probable que este obstáculo sea fácilmente sorteado.
El problema radica en que estos estudios son encargados a consultoras privadas, contratadas por las empresas petroleras, sin intervención de organismos científicos estatales. Una falencia de la política de gestión ambiental de la Secretaría de Energía que ha sido remarcada por investigadores del área.
Cuando en 2009 la firma Panamerican Energy realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge, lo único que se le exigió fue la presentación de algún estudio de impacto ambiental, al igual que ocurre ahora. El problema, que persiste, es que no se estableció qué protocolo debía seguir el informe ni qué requisitos debían reunir las instituciones que hacen el estudio.
El informe se encargó a una consultora de Buenos Aires y cuando empresas pesqueras locales evidenciaron una merma significativa en los meses posteriores a la prospección sísmica (estuvieron 16 meses sin pescar un solo kilo de merluza), realizaron en 2010 una presentación judicial que, según confirmó uno de los demandantes, todavía no fue resuelta por la jueza que entiende en la causa.
En aquel momento no se realizaron estudios que son considerados básicos para el resto del mundo, evaluaciones que permiten medir el impacto de la prospección utilizando protocolos estandarizados, especialmente para peces, dada la coexistencia de la pesca con la explotación petrolera.
Básicamente hay que realizar campañas para medir parámetros oceanográficos, fisicoquímicos, distribución y abundancia de peces, fauna de mamíferos, desde las aves hasta el bentos; y se deben realizar al menos tres evaluaciones, una inmediatamente antes de la sísmica, otra durante esta y la tercera inmediatamente al finalizar. Luego, en función de los resultados, puede realizarse una cuarta campaña para medir el impacto, coinciden los especialistas.
Estos estudios no solo se realizan para minimizar el efecto de las prospecciones sísmicas, sino también para proteger a los que pudieran resultar damnificados, toda vez que pueden ser utilizados como elementos de prueba valederos en caso de ulteriores demandas por resarcimiento, si correspondieran.
Desde el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego confirmaron a Revista Puerto que la gobernadora Rosana Bertone está trabajando en una presentación para dejar sin efecto las adjudicaciones de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, basada en el riesgo que la actividad sísmica implicaría para la industria pesquera y los recursos naturales. Reclamarán por la falta de estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente y las normas internacionales de exploración offshore.
