MARÍA JOSÉ TAPIA
El lunes último, el Comité Ejecutivo de Créditos de Corfo tomó una decisión inédita. La instancia acordó bajar a 0% la comisión que la agencia estatal les cobra a los bancos en su calidad de aval de los créditos de las pymes. Si bien este ajuste se había hecho en ocasiones anteriores, ante emergencias puntuales como incendios en el sur o aluviones en Atacama, ahora es la primera vez que se aplica a nivel nacional. Es que la crisis social que vive el país obligó a la entidad a dar un giro en sus prioridades. Las miles de pequeñas y medianas empresas impactadas por los hechos de violencia, la falta de traslados y, la consiguiente merma en sus ventas, hizo urgente enfocarse ahí: los programas de emergencias debían ajustarse.
“Si bien durante los últimos años la Corfo había tomado muchos roles en distintas materias, hoy lo que queremos es centrar todos los esfuerzos e instrumentos en las pymes, que han sido uno de los sectores más afectados con esta crisis”, reconoce el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Pablo Terrazas.
Para ello levantaron un catastro que les permitiera dimensionar el número de empresas dañadas, de modo de centrar ahí la ayuda. Tal plataforma se cerró el jueves con la inscripción de 6.791 pequeñas y medianas empresas impactadas por la situación. Ahora, durante esta semana que viene, se realizarán ferias en todas las oficinas de Corfo a nivel país con actores que puedan orientar a las compañías, tales como el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre otros.
El 1 de agosto, Terrazas -en ese entonces subsecretario de Minería- llegó a Corfo en reemplazo de Sebastián Sichel. Su principal desafío -se dijo en ese momento- estaba en impulsar un mayor valor agregado en la industria del litio. Debía liderar un nuevo concurso para licitar el 25% de la producción de Albemarle -que por ley debe enajenar a precio preferente a compañías que quieran llegar al país-, tras un fallido proceso previo; y avanzar en el call respecto a SQM. Pero hace dos semanas tales prioridades cambiaron drásticamente y aunque los procesos del litio avanzan (ver recuadro), la mirada se volcó hacia el interior.
La industria nacional se volvió prioritaria. “Nos preocupa lo que ocurre, porque desde afuera pueden estar mirando que Chile es un país con mayor riesgo que el que tenía antes, y por eso la importancia de fortalecer nuestra economía interna y las empresas locales, y no depender tanto de inversiones extranjeras”, subraya el ejecutivo. Y añade: “Desde la Corfo hay un foco de ir más allá en el apoyo a las pymes de lo que veíamos antes”. Enfatiza que estas firmas “dan el 50% del empleo y representan el 98% de las empresas en Chile, por ende, en el corazón de Corfo están las pymes”.
De esta manera, ya impulsaron reuniones con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) para, justamente, mejorar las condiciones de acceso, y avanzar en reducir la comisión que la agencia estatal le cobra al sector de entre el 1,4% y el 1,9%, a entre el 0% y 0,5%, la que es mínima ante posibles hechos de siniestralidad. Así, si hoy una pyme tiene un crédito con el banco y repacta, tal comisión será de 0%, de manera que las entidades financieras podrían reducir el precio del crédito. Si es una pequeña empresa que va por primera vez, el porcentaje caerá al 0,5%. “Vamos a ofrecer mayor cobertura de aval y en mejores condiciones para la banca”, subraya.
Y dieron un paso más. El martes, Terrazas instó al Comité de Asignación de Fondos de la agencia a sesionar, para aprobar un cambio en los criterios de entrega de subsidios.
El ejecutivo explica que debieron ajustar los instrumentos para adecuarlos a la nueva realidad. Si originalmente estaban orientados a financiar daños en infraestructura -propio de los desastres naturales-, ahora se sumaron otros gastos, básicamente capital de trabajo, entendiendo que muchas pequeñas y medianas empresas están con serios problemas financieros por no haber podido abrir sus locales y vender. “Las pymes tienen que acreditar el gasto, por lo que podría ayudar a pagar sueldos o el arriendo”, detalla el vicepresidente ejecutivo.
Actualmente, Corfo tiene del orden de 65 programas de financiamiento; a inicios del gobierno eran 130, pero la administración de Sichel optó por fusionar varios que apuntaban a lo mismo. Los recursos se mantuvieron en cerca de $220.000 millones. Y si antes de la crisis -reconoce Terrazas- el foco estaba puesto en potenciar aquellos emprendimientos con contenido tecnológico -“con más énfasis en la punta del iceberg”, sostiene-, ahora la realidad es distinta: “Queremos centrarnos en la base, para ir en apoyo de un mayor número de emprendedores, apuntar a todo tipo de pymes sin exclusión”. De hecho, Terrazas señala que el corte estará dado por la generación de empleo: mientras más trabajo den, mejor. “Hoy el foco va a estar en la pyme que sea capaz de generar empleo, sin importar el foco del emprendimiento”, manifiesta.
En esa línea, pese a que anteriormente Corfo había iniciado una internalización de procesos, restándole cierto protagonismo a las incubadoras y aceleradoras nacionales, ahora la ruta será inversa. La idea es avanzar a que la entidad sea sólo un fiscalizador de los recursos, y que entidades externas distribuyan los recursos. “Eso es un vuelco en la mirada. Queremos hacerlo al revés y el rol que queremos es de articular la ayuda. Tener más un rol fiscalizador de los recursos que estamos entregando”, puntualiza. Actualmente, de hecho, están trabajando en diseñar una ventanilla única de ingreso de emprendimientos, y que sea resorte de Corfo evaluar el programa más adecuado para tal innovación. “Que el emprendedor diga ‘quiero esto’ y nosotros sepamos a qué línea mandarlo”, dice. Y agrega: “En la medida que vayamos desconcentrando, vamos a tener una mayor distribución de los recursos de la Corfo, asignando no siempre a los mismos, sino que dando la posibilidad de que entren nuevos actores”.
No solo la Abif se ha reunido con con Corfo. La entidad también ha intercambiado opiniones con los emprendedores, la CPC y la Sofofa, y el llamado al sector empresarial ha sido claro: vayan más allá de lo que exige la ley y paguen en menos de 30 días. Terrazas cuenta que están elaborando un plan con el Ministerio de Hacienda para destrabar los procesos y pagar lo antes posible. “A veces hemos demorado más allá de 30 días y por eso creemos que como Estado debemos dar el ejemplo”, enfatiza. De hecho, reconoce que con el exministro de Economía Juan Andrés Fontaine ya se estaba evaluando la posibilidad de perfeccionar la normativa. “Hoy amerita revisar la ley y ver si podemos mejorarla. Ese es el trabajo que tenemos que hacer”, confidencia.
Más allá de ello, además han decidido acelerar el trabajo en materia de digitalización. Para Terrazas, si las pymes hubiesen contado con herramientas de e-commerce, podrían haber salido menos dañadas de esta situación, ya que podrían haber vendido y despachado por otro canal, como alternativa a los supermercados. Pero no, en muchas de ellas la venta por internet no existe.
El gobierno, a comienzos de año, se había puesto como meta capacitar a 100.000 pymes a 2022, es decir, al 10% del millón de pequeñas y medianas empresas que operan en el país. Ahora la idea es multiplicar por cuatro esa cifra: llegar a 400.000. Si en estos dos meses que faltan para concluir 2019 iban a capacitar a 800, la nueva realidad disparará ese dato a 1.400. “Lo que queríamos avanzar en dos meses lo vamos a concentrar en uno”, sentencia.
Para hacerles frente a todos estos nuevos desafíos, la agencia deberá reasignar recursos de su presupuesto. El martes fue la primera reunión de Terrazas con el nuevo ministro de Economía, Lucas Palacios, y el mandato fue claro: apoyar a las pymes y revisar los recursos para poder cumplir. Sólo por el no cobro de comisión a la banca, Corfo dejará de recaudar del orden de $350 millones, por lo cual ya están analizando aquellos ítemes que les permitan alivianar carga, al menos hasta enero, cuando ingresen recursos frescos de la mano del Presupuesto fiscal 2020.
En noviembre, una serie de empresas europeas y chinas aterrizarán en el norte del país. Invitadas por Corfo, visitarán las instalaciones de SQM en el salar de Atacama. Es que tras el fallido proceso de licitación del 25% de la producción de Albemarle, ahora es el turno del porcentaje de la firma ligada a Ponce. “Los queremos recibir y vamos a seguir cumpliendo ese calendario que tenemos para poder generar un polo de desarrollo en torno al litio”, subraya Terrazas. Añade que si bien el foco de la agencia ha cambiado, “existen compromisos que venían de antes, como el call, y estamos obligados a ejecutarlos. Ya se han hecho giras internacionales donde se ha promovido esta licitación, por ende, no podemos bajarla”.
En la entidad están expectantes del término de ese proceso -en abril-, para iniciar nuevamente el de Albemarle. “Esta es una estrategia nueva, la estamos probando con SQM”, dice. Tal estrategia se traduce en diversificar los productos a los cuales apunta. Es que, según plantea, a lo mejor antes era razonable que hubiese empresas automotrices interesadas en instalarse en Chile y fabricar baterías, pero ahora las condiciones cambiaron. Así, ya no se están centrando en baterías de vehículos, sino que se están buscando desarrollos que vayan más allá de la electromovilidad, tales como las baterías estacionarias, orientadas a almacenar energías renovables.
