La inversión privada es siempre bien recibida y fomentada por el Estado, destacando la minería como una actividad que al aportar el 9% del Producto Bruto Interno (PBI), es defendida por el Poder Ejecutivo, pese a haber proyectos que despiertan conflictos por el rechazo de los pueblos ubicados en sus cercanías.
Así ocurre con Tía María de la transnacional Southern Perú Copper Corporation, que ha generado paros y protestas de rechazo en el Valle de Tambo, zona netamente agraria, donde se ubica la mina. Allí, desde el 2013 en que iniciaron las charlas informativas, todo está supuestamente paralizado.
Esta experiencia no la quiere ninguna compañía minera, pero, en estos tiempos de justificada defensa ambiental y licencia social, no se puede evitar. En esta coyuntura, se presenta el Proyecto Zafranal situado en los distritos de Huancarqui y Lluta, entre las provincias de Castilla y Caylloma, que extraerá cobre y oro en dos enormes tajos abiertos, intención que ya despertó inconformidad en la zona de influencia.
Hugo Martínez, gerente de comunicaciones del Proyecto Zafranal pone “paños fríos” y señala que están en un “proceso de construcción de confianza” que se hizo evidente entre junio y octubre recientes, cuando invitaron a 440 representantes a 33 visitas guiadas, además que más de 400 pobladores asistieron a tres talleres y cinco reuniones informativas, números que contrastan con los más de 70 mil residentes en las áreas de influencia directa preliminar, que comprende a los pueblos de Huancarqui, Lluta, Corire, Anexo Pedregal y Majes-Pedregal.
Pero ni el mencionado acercamiento social, ni la ubicación del proyecto a más de 20 kilómetros de los centros poblados, ni la próxima apertura de dos tajos; el denominado Zafranal de 2.5 kilómetros de largo por uno de ancho y el tajo Victoria de 600 metros de largo por 670 de ancho, ni el uso de agua subterránea salobre o de mala calidad, generan aún esa confianza.
Para el dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Huancarqui, Juan Carlos Barberena, las cosas no están claras. Cuestiona que, para comenzar, la minera no explica los gastos hechos desde hace 10 años en que inició la exploración, que ascenderían a 100 millones de dólares, pese a los constantes pedidos de organizaciones locales. Denuncian también contratos irregulares y pagos indebidos. Lo peor, lamenta, es que los alcaldes de los pueblos que serán afectados por la extracción minera, están respaldando a la empresa, dándole la espalda a los ciudadanos que los eligieron.
Barberena duda igualmente de la entrega de información certera sobre el proyecto a toda la población. Recuerda las observaciones halladas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María y pese a ello, ser avaladas por el Estado, temiendo que ocurra lo mismo con Zafranal. Cuestiona que no se den más explicaciones sobre el uso del agua para las extracciones y que los tajos abiertos utilicen tecnología tradicional que será contaminante, lo que ha ocasionado que la mayoría esté contra el proyecto. “Al final, con el valle contaminado todo será irremediable”, finalizó.
La República
La pérdida económica probablemente sea lo más mencionado. También el número de fallecidos, pero no habría que soslayar la polarización de un valle que antes vivía en paz. Y una empresa que tampoco sabe cuándo podrá sacar adelante su inversión.
Son once años de conflicto en el valle de Tambo-Arequipa. Las pérdidas humanas suman siete muertos y millonarios perjuicios económicos. El episodio reciente no fue la excepción, con la salvedad de la muerte.
El Estado, la empresa propietaria del proyecto minero y la población son los actores principales del conflicto. En opinión de los especialistas, ninguno puede darse ganador después de más de 100 días de protestas.
Los pobladores del valle de Tambo, la mayoría dedicados a la agricultura, son los más afectados. El proyecto se convirtió en un factor disociador, hay quienes lo apoyan y otros no. Hay una polarización. Las posiciones son irreconciliables.
En términos económicos también hay algunas cifras. Para agosto, la Sociedad Agrícola de Arequipa calculaba que no se podían trasladar 500 toneladas diarias de hortalizas, eso representaba una pérdida de S/ 1 500 000.
Otro análisis económico corresponde a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). También en agosto, calculó que Arequipa perdía 13.5 millones de dólares por cada día de paralización en la provincia costera, por donde se moviliza el combustible para la ciudad, mercaderías de exportación e importación.
A la fecha, se desconoce cuál ha sido el impacto económico en la región. El gerente de la CCIA, César Lutgens, señaló que están haciendo las evaluaciones.
La socióloga Ileana Monti menciona que, en términos de capital económico, es un hecho que los agricultores perdieron más, puesto que la paralización los impacta en mayor medida, ya que poseen menos recursos.
En una entrevista con Radioprogramas, el rector de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Germán Chávez, señaló que el proyecto Tía María, cuya inversión asciende a 1 400 millones de dólares, exige una reflexión. Sostiene que se debe verificar cuáles son las condiciones en que es viable. No obstante, el rector señala que la minería y agricultura tienen que caminar juntos. “Se tiene que garantizar que el agro camine, sino la minería no debe ir”, aseveró.
Pero no sólo dinero se ha perdido en este conflicto. El Estado, representado por el gobierno de Martín Vizcarra, el Gobierno Regional de Arequipa y hasta los municipios locales, también están chamuscados.
Para José Manuel Rodríguez Canales, especialista en Ciencias Sociales de la UCSP, el gobierno perdió políticamente en el sur, pues actuó con torpeza y sin capacidad de ver el panorama completo para identificar las verdaderas necesidades de los pobladores del valle de Tambo. “Es casi una tradición la ignorancia hacia el sur”, refiere, recordando el gobierno de Alejandro Toledo, quien intentó privatizar Egasa y Egesur, contradiciendo su promesa de campaña. Entonces se prendió el Arequipazo, probablemente la génesis de los conflictos en el país en el nuevo milenio.
Para la socióloga Ileana Monti, el gobierno perdió más, pues una vez más ha quedado demostrado que es una institución débil, pues no hay reglas claras para todos ni son accesibles para todos.
La percepción que tienen los pobladores, dice Monti, es que el Estado como institución se maneja a favor de algunos intereses empresariales y no de otros, donde algunos tienen acceso a información más rápida y de primera mano que los mismos pobladores. Sucedió con la resolución del Consejo de Minería que ratifica la licencia a favor de la minera. Southern fue la primera en enterarse.
“Eso es un impacto serio, porque si uno quiere reconstruir la confianza en la zona y poder ir descongestionando el conflicto, lo primero que tiene que haber es confianza entre los interlocutores”.
Una clara muestra de la desconfianza de los pobladores hacia el Estado es que para el diálogo solo aceptan uno directo con el presidente de la República, Martín Vizcarra; y no con otros interlocutores como los ministros. Monti señala que, sin mucho análisis, los pobladores saben que el Estado es una institución débil y por eso deben recurrir a la persona.
Por su parte, Katleen Morales Tejada, magíster en Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos de la UCSP, manifiesta que el conflicto no ha sido gestionado ni se intentó darle solución. Únicamente se han administrado las crisis, que son los episodios violentos, heridos, fallecidos, atentados contra la propiedad, bloqueo de carreteras. “El Estado no se ha puesto a analizar los problemas estructurales detrás”.
La misión del Estado, sostiene la especialista, es promover el diálogo y también ser garante para que se cumplan los compromisos relacionados a Tía María.
Un episodio que ha marcado al gobierno es el protagonizado por el presidente Vizcarra en su visita del 24 de julio pasado a Arequipa. A la prensa se filtró el audio de la reunión que sostuvo con las autoridades arequipeñas, en la que les manifiesta que podría retroceder en la licencia otorgada a Tía María. Sin embargo, la decisión oficial fue otra. Otro indicador palpable de la desconfianza a la institucionalidad.
Para Morales, desde el gobierno de Ollanta Humala, en el que se desató el conflicto, el Estado no goza de confianza.
La socióloga Ileana Monti dice que el tema de la confianza es un primer punto, pero además hay que abordar si va a haber contaminación, si la parte técnica va a llegar a suplir los riesgos ambientales, si el aporte de Southern va a colaborar a que la economía local se desarrolle.
Otro aspecto que analiza José Rodríguez Canales es la dificultad de reconocer quién representa al Estado en este conflicto. Por un lado, está el Gobierno Central y por otro el Gobierno Regional de Arequipa, con Elmer Cáceres Llica al frente, tildando de traidor a Vizcarra.
Todo apunta a que el caso ahora se judicializará. Mientras tanto, la minera Southern, como actor de este conflicto, mantendrá estancada su inversión aproximad de 1 400 millones de dólares. Además, de por medio está el compromiso que asumió de no iniciar su construcción sin “antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que brinden las respuestas y garantías que la población necesita”. ¿Eso le conviene? Por otro lado, en los medios ha circulado su pasado negro, los pasivos ambientales que dejó en Moquegua, Tacna y el mismo Tambo.
