El proyecto Quebrada Blanca Fase 2, una de las inversiones más relevantes que se desarrollan actualmente en el país, enfrenta cuestionamientos de comunidades cercanas.

La iniciativa cuenta con permiso ambiental aprobado, pero la desarrolladora del proyecto, la canadieense Teck, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una “Adecuación y Optimización Área Mina Proyecto QB2”. Aunque este último también fue aprobado, cinco representantes de comunidades indígenas presentaron recursos de reclamación en contra de la iniciativa ante SEA.

Se trata de la Asociación Indígena de Matilla y Atiña Uta, la Asociación Aymara Perla del Desierto, la Asociación Indígena Silla Juay y la Asociación Indígena Suma Yapu. Todas ellas reclaman que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no debió haber sido aprobada.

Además de Teck, que tiene el 60% de la propiedad de la operación, se cuenta entre los accionistas a Sumitomo, con el 30%, y a Enami, titular del 10%.

Las razones

Las asociaciones en conjunto señalaron que hay una falta de fundamento en la RCA aprobada. Esto, pues existe una falta de precisión en la materia observada y carencia de levantamiento de línea de base de contaminantes atmosféricos. Además, se señaló que hay una inconsistencia en la exclusión de Matilla en una parte y que hay una inconsistencia en la evaluación de la calidad del aire. Una de las comunidades aseguró también que “el proyecto producirá un fenómeno migratorio importante que pone en riesgo nuestra forma de vida” y que “las distancias de las obras del proyecto no eliminan en absoluto los impactos sociales, económicos y culturales del mismo”.

Desde Teck aseguraron que este proyecto “es una actualización del proyecto QB2 calificado favorablemente, en cuyo EIA no se identificaron impactos significativos ambientales o sociales para estas organizaciones reclamantes, las que no fueron parte del proceso de consulta indígena convocado por el SEA”. Agregaron que “este tipo de recursos no son infrecuentes para proyectos de esta escala”.