Organizaciones civiles se pronuncian por la transparencia frente a escenario de corrupción en sector extractivo y de infraestructura.

El escenario de corrupción actual  generado por los casos Odebrecht y Lava Jato, entre otros, así como la inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, viene ocasionando -entre otros- el riesgo de incumplimiento de los compromisos internacionales del Perú frente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional mediante la cual se ha logrado hacer públicos los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como transparentar información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas de este sector.

La suspensión del país de esta Iniciativa podría darse debido al retraso en la elaboración del VII Informe Nacional de Transparencia en las industrias extractivas EITI Perú 2017-2018, cuyo plazo original (diciembre 2019) fue incumplido y ahora cuenta con una última ampliación hasta junio para su presentación. En este informe se transparentaría por primera vez información de pagos ambientales de estas industrias, como el aporte por regulación al OEFA.

Sobre este tema, Vanessa Cueto, vicepresidenta de la Asociación Civil DAR, señala: “El Perú se encuentra en una posición débil frente a la actual epidemia de corrupción por la que el Estado pierde alrededor del 10% del presupuesto nacional al año, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo. Frente a ello el EITI juega un rol clave en el país al permitir comparar los montos que pagan las empresas extractivas al Estado con los montos que este recibe de ellas, ayudando a prevenir irregularidades”.

Por su parte, César Flores, representante de la asociación CooperAcción, observa: “Ser suspendido de la iniciativa mundial de transparencia EITI significaría que la ciudadanía pierda información sobre los pagos y compromisos que asumen empresas petroleras y mineras en temas sociales y ambientales, así como del impuesto a la renta, entre otros. La Iniciativa EITI ha ido ganando cuerpo en nuestro país y ya cuenta con cinco comisiones regionales, cuyo trabajo quedaría en el aire con la suspensión”.

Se pronuncian

Al respecto, más de 30 organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano que cumpla los diversos compromisos que tiene pendientes en relación a la mejora de estándares para la transparencia en nuestro país.

Otra de las principales demandas expresadas en el pronunciamiento es que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que nuestro país vino impulsando en la región y que a la fecha no ha ratificado, aun cuando falta que por lo menos tres países lo ratifiquen hasta este año para que entre en vigencia.

Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno, y otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.

Finalmente, se debe incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura, y promover una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales.