Proyecto de Ley 191/2020 para regular la apertura de las tierras indígenes de la Amazonia
ANNA BEATRIZ ANJOS, BRUNO FONSECA, CIRO BARROS, JOSÉ CÍCERO DA SILVA, RAFAEL OLIVEIRA, THIAGO DOMENICI
La intención del presidente brasileño Jair Bolsonaro de abrir las tierras índígenas de la Amazonia para la exploración del subsuelo y de recursos hídricos es una voluntad expresada públicamente en diversos momentos. De manera opuesta al deseo de los indígenas y de lo que prevé la Constitución de 1988, una de las justificaciones del presidente ha sido que las tierras indígenas deben ser aprovechadas económicamente. Hoy, gran parte de la selva que se mantiene en pie en la Amazonia se debe a los territorios indígenas.
En febrero, el tema regresó al noticiero con el anuncio del Proyecto de Ley 191/2020 para regular el asunto, lo que ha sido cuestionado por entidades indígenas, organizaciones socioambientales y estudios de opinión. En discurso, Bolsonaro trató la regulación como un “sueño”, y dijo que el indio “es tan brasileño como nosotros”.
INVESTIGACIÓN. Reporteros de Agencia Pública revelan un aumento de procesos de exploración mineral en tierras indígenas en 2019, primer año del gobierno Bolsonaro.
¿Pero quiénes son los potenciales beneficiados con la minería en tierras indígenas?
Una búsqueda meticulosa de información realizada por el medio Agencia Pública de Brasil y basada en datos de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) y de la Agencia Nacional de Minería (ANM) no solo da nombre a las personas naturales y jurídicas con más solicitudes mineras en Tierras Indígenas (TIs), sino que revela un aumento de procesos de exploración mineral en esas áreas en 2019, revirtiendo la tendencia de disminución de los últimos años.
Los procesos mineros son registros en la ANM que personas naturales y empresas necesitan hacer antes de explorar cualquier mineral o sustancia en el subsuelo brasileño. Ellos se inician con el pedido de autorización para buscar la substancia y siguen hasta la etapa final, cuando puede ser concedida la licencia para la exploración o extracción [manual o mecanizada]. Todo proceso demarca un área de tierra sobre la cual se pretende realizar las etapas para la actividad minera.
Para este reportaje se realizó una búsqueda de información que tomó en consideración todos los procesos ocurridos en áreas indígenas en diversas fases del proceso de demarcación. Las tierras indígenas pueden haber sido homologadas bajo requerimientos mineros ya existentes, pero estos no fueron cancelados. Los datos enlistados presentan dos escenarios: requerimientos ocurridos en tierras indígenas hechos en el periodo 2011-2020 y los registrados durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2020). Se destaca en el levantamiento de información que mineros apuntan a territorios homologados hace más de 15 años y áreas donde viven indígenas aislados.
La gigante de la minería mundial Anglo American, con sede en Londres, figura de forma destacada en los dos recortes del levantamiento de información. Una de sus subsidiarias, la Anglo American Níquel de Brasil, la mayor productora de níquel del país, hizo seis requerimientos de exploración en tierras indígenas en 2019 y 46 a lo largo de esta década.
El grupo Anglo también enfrenta acciones en la justicia relacionadas con infracciones ambientales en Brasil. El brazo de minería de hierro de la compañía es blanco de acción civil pública por el Ministerio Público debido al rompimiento de un mineroducto en el municipio Santo Antônio do Gama, en Minas Gerais. El Ministerio Público estadual de Minas también solicita 400 millones de reales en la justicia como reparación de daños morales y sociales colectivos a las comunidades impactadas por el Mineroducto Minas-Rio. En el ámbito Federal, el MPF de Minas Gerais pide la suspensión de las licencias de operación ya concedidas a Anglo.
Consultada, la empresa afirmó que “presentó su defensa en las acciones judiciales y no comenta su contenido” y sobre los requerimientos dijo que los hizo “con base en datos geológicos disponibles”, que “la autorización para realizar esos trabajos de exploración mineral será concedida o no por las autoridades competentes” y que “solamente ejecuta trabajos de exploración mineral en áreas debidamente autorizadas”. La empresa dijo incluso, en una nota, que “realizó una revisión de su portafolio y desistió de todos los requerimientos en áreas de exploración en tierras indígenas hasta 2015. Requerimientos de exploración vigentes que por casualidad bordeen tierras indígenas pueden presentar bloques con interferencias en esos territorios. En esos casos, corresponde a la Agencia Nacional de Minería (ANM) demarcar correctamente los bloques fuera de las áreas o reservas indígenas”.
El campeón de solicitudes de exploración mineral en tierras indígenas durante el gobierno de Bolsonaro, sin embargo, es el arquitecto y artista plástico Sami Hassan Akl. Él hizo siete pedidos para exploración mineral de diamante en TIs solo en 2019. Él es socio de la empresa Bogari & Akl Comércio Importação e Exportação Ltda., con sede en San Pablo, dedicada al mercado artístico.
Los datos indican que los procesos de exploración minera en tierras indígenas de la Amazonia crecieron 91% desde el inicio del gobierno de Bolsonaro. Esta fue la primera vez, desde 2013, que los requerimientos registraron un aumento.
Entre los potenciales beneficiarios de la medida del Ejecutivo, están grandes figuras políticas del Amazonas, cooperativas de extracción [garimpo] con socios envueltos en denuncias por crímenes ambientales y una gigante de la minería.
Es en el estado de Pará donde está la mayoría de los procesos mineros en TIs que avanzaron en el primer año de Bolsonaro. La tierra indígena Kayapó es la que más enfrenta procesos sobre sus tierras en el periodo. Seguidamente, está la tierra Sawré Muybu, donde viven los Munduruku, también en Pará.
La Sawré es justamente el territorio indígena más afectado por procesos mineros en la década: más del 14% de todos los requerimientos que pasaron por áreas indígenas en la Amazonia afectan la tierra. Fueron 97 procesos, apuntando sobre todo a yacimientos de oro, cobre y diamante y, en menor cantidad, de casiterita y extracción de grava.
Después de Pará, son los estados Mato Grosso y Roraima los que más concentran procesos en tierras indígenas durante el primer año de gobierno de Bolsonaro.
La ANM registró procesos mineros ―y llegó a conceder títulos de minería― hasta incluso en tierras indígenas homologadas, esto es, que ya pasaron por todas las etapas de regularización junto al gobierno federal, incluyendo la sanción presidencial. Uno de los territorios potencialmente afectados por los títulos mineros es el del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, en Rondônia, cuyo proceso de homologación fue concluido en 2006. En el territorio viven nueve pueblos. Incluyendo indígenas aislados.
En 2013, por ejemplo, la Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes (Coomiga) obtuvo un título de extracción [garimpeira] de oro que incide en parte del territorio indígena de los Uru-Eu-Wau-Wau. La cooperativa es la tercera mayor productora de estaño del país, según el Anuario Mineral de 2018 de la ANM. Ya en 2016, fue la Cooperativa Estanífera de Rondônia la que consiguió un título para extraer casiterita en un área que incluye trechos de la misma tierra. La casiterita es el principal mineral del estaño utilizado para producir aleaciones metálicas ―y queda en el municipio de Ariquemes, en el estado Rondônia, el mayor lugar de extracción [garimpo] de casiterita a cielo abierto del mundo.
En los últimos diez años, la ANM registró 656 procesos mineros que pasaron por trechos de territorios indígenas. Además de los Munduruku, en Pará, los procesos mineros en esta década se concentran en las tierras de los Kaxuyana y de los Kayapó, ambos en Pará, y de los Yanomami, en Roraima y en el Amazonas.
Dos figuras políticas del estado de Amazonas están entre los socios de la tercera empresa que registró más requerimientos de exploración mineral en tierras indígenas durante el primer año del gobierno de Bolsonaro.
La SMD Recursos Naturais Ltda., creada en 2012 y con sede en San Pablo, cuenta con el exgobernador del estado Amazonino Armando Mendes y su antiguo vice y exsecretario de Hacienda Samuel Assayag Hanan entre el cuadro de socios. Hanan tiene un pasado ligado a la minería: entre otros cargos profesionales,ya fue presidente de Paranapanema S.A., una gigante de la producción de cobre en el país, actuó en el sector de Minerocobre Metalúrgico de la British Petroleum, fue director industrial y comercial de la Companhia Estanífera do Brasil (Cesbra) y fue parte del Consejo Superior de Minas del Ministerio de Minas y Energía.
Los requerimientos de SMD apuntan a la exploración de estaño e inciden en las tierras indígenas Yanomami, en Roraima, y Waimiri-Atroari, entre este estado y el Amazonas.
Como gobernador, Amazonino tomó decisiones que favorecieron a otros interesados en la exploración mineral en tierras indígenas. En 2017, el entonces gobernador renovó Licencias de Operación Ambiental en poder de la Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia (Coogam) ―que también aparece en el levantamiento de información―, y concedió licencia de exploración de oro a la organización.
Las licencias fueron concedidas antes de la conclusión de un estudio del Consejo Estadual del Medio Ambiente del Amazonas (Cemaam) sobre residuos de mercurio en el río Madeira. Ellas fueron suspendidas de forma cautelar por la Justicia Federal días después de la concesión. La jueza del caso apuntó una serie de incumplimientos de condiciones ambientales relacionadas con las licencias de operación que pondrían en riesgo la integridad del río.
La Coogam, citada antes, ocupa el tercer lugar en el ranking de solicitudes de exploración mineral en tierras indígenas en el periodo analizado, entre 2011 y 2020. Ella reúne más de una centena de garimpeiros y actúa en los estados de Rondônia, Amazonas y Pará. Fueron encontrados 26 requerimientos de exploración [garimpeira] incidentes en nueve tierras indígenas en la Amazonia Legal.
Además de esto, algunos cuadros ligados a la organización enfrentan acusaciones en la Justicia Federal brasileña de exploración minera ilegal en tierras indígenas. Es el caso, por ejemplo, del actual presidente de la cooperativa, Cacildo Jacoby, denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF) por conspiración, usurpación de bienes de la Unión y polución y extracción de bienes minerales sin autorización del órgano competente. Además de Jacoby, el fundador de la cooperativa, Geomário Leitão Sena, también es objeto de las mismas acusaciones en la acción penal que corre en la Justicia Federal.
Otra que tiene socios envueltos en cuestiones judiciales en el área del Medio Ambiente es la Cooperativa de Trabalho de Mineradores e Garimpeiros do Marupá (Coopermigama), detentora de cuatro requerimientos en tierras indígenas en 2019. Uno de los socios de la cooperativa fue investigado por estar envuelto en fraudes en la adquisición de créditos forestales junto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) de Pará. Un segundo socio es acusado en dos procesos por practicar extracción [garimpo] sin autorización en el río Jamanxim, también en Pará, y por actividad de extracción ilegal de oro en la Estación Ecológica Juami-Japurá, en Amazonas.
“Normalmente, cuando algún proceso minero incide en tierra indígena, su tramitación ha sido detenida. Es un fenómeno burocrático curioso: los requerimientos no son denegados, pero también no se tramitan, quedan, como decimos, como ‘procesos Blancanieves’, durmiendo a la espera del beso del príncipe. La Agencia Nacional de Minería mantiene algunos títulos en esta situación, hay casos de títulos concedidos antes de la homologación de tierras indígenas o antes de la Constitución de 1988. Hay cuestionamientos en juicio sobre esos títulos”, explica el socio y fundador de la ONG Instituto Socioambiental (ISA) Márcio Santilli.
De acuerdo con el pronunciamiento de la ANM al MPF de Pará, la agencia considera que la falta de ley reguladora no impide que los procesos mineros sean suspendidos, es decir, abiertos y colocados en espera. Ya la Justicia Federal de Amazonas decidió en agosto de 2019 que la ANM debería limpiar de su base todos los requerimientos de exploración o explotación que afectasen territorios indígenas en el estado.
“No sabemos si la ANM irá a extender esa limpieza a otros estados, pero es una situación anómala que existan esos procesos mineros. Ya existe jurisprudencia del STF (Supremo Tribunal Federal) que el derecho de los indígenas no se subordina a la homologación de la tierra, o sea, cualquier título incidente en tierras indígenas, inclusive el minero, debería ser anulado. La ANM se hace la muerta hasta para no ser procesada por los detentores de esos títulos”, argumenta Santilli.
Consultadas, la ANM y la Funai no respondieron a los cuestionamientos hasta el cierre de la publicación de este texto.
