El país europeo busca alcanzar la neutralidad climática a 2050
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros, pone punto final a la explotación de hidrocarburos y al 'fracking' (fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación.
Según el texto del proyecto de ley, a partir de la entrada en vigor de la norma no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos.
Además no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar cualquier actividad para explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica 'fracking' de alto volumen.
Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042.
A partir de la entrada en vigor de la ley, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
Durante el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Hacienda realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará una propuesta de calendario para la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil, compatible con los objetivos previstos en la ley, teniendo en cuenta los informes emitidos por el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno también aprobará planes para el fomento de los gases renovables, que podrán prever regulaciones que favorezcan su inyección en la red de gas natural, y establecerá objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo.
Asimismo, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley se elaborará una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades del sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.
El proyecto de ley también establece que España destinará en sus Presupuestos Generales un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la UE para cumplir los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.
No obstante, de esta obligación se exceptuarán los recursos transferidos a las administraciones territoriales, así como los gastos que no tienen incidencia directa en el cambio climático (personal, pensiones, prestaciones por desempleo o servicio de deuda pública).
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.
Se destinarán al menos 450 millones de euros de esos ingresos a financiar los costes del sistema eléctrico para el fomento de las energías renovables y se podrá destinar hasta el 30 % a actuaciones de transición justa o para paliar la vulnerabilidad que origina el impacto del cambio climático.
Además, la ley contempla que la Administración General del Estado no prorrogará más allá de 2030 los contratos de arrendamiento de inmuebles que no tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo, y que las entidades de crédito, aseguradoras y compañías deberán hacer informes anuales del impacto financiero que tienen sobre ellas los riesgos asociados al cambio climático.
Natixis acaba de anunciar dos nuevos compromisos en su política de transición energética y climática. El banco francés dejará de financiar proyectos dedicados a la exploración y producción de petróleo y gas de esquisto o empresas que participan activamente en estos campos.
Natixis ha establecido su calendario para completar la salida de la industria del carbón térmico para 2030 para los países de la Unión Europea y la OCDE, y 2040 para el resto del mundo, y ha decidido no apoyar más a las empresas que desarrollan nuevas en la generación de electricidad a partir del carbón o en la minería térmica del carbón.
Ya en 2017, Natixis decidió dejar de financiar proyectos y empresas dedicadas a la extracción de petróleo de arenas alquitranadas y en aceite de grado pesado, y ahora lleva esta política más allá al extender su compromiso a proyectos y empresas que participan activamente en la exploración y producción de petróleo y gas de esquisto.
Natixis dejó de financiar todos los proyectos de la industria térmica del carbón en octubre de 2015 y hace un año endureció sus criterios para la financiación con el fin de excluir a las empresas cuya actividad dependa de más del 25% del carbón térmico en todo el mundo.
Este plazo para la retirada total de la industria térmica del carbón es coherente con la Convención Internacional Escenario de Desarrollo Sostenible de la Agencia de Energía (AIE).
El Gobierno quiere alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 2050, una fecha en la que además el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable, para lo que se darán unos pasos intermedios como alcanzar una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20% respecto a 1990, según consta en el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno que obtendrá este martes el visto bueno del Consejo de Ministros para su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados.
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, manifestó este lunes durante su comparecencia en el Senado estar convencida de que la propuesta será del agrado de sus "compañeros" en el Ejecutivo.
El texto, incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía.
Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, se establece que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse al menos un 20% respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea que, en su conjunto se ha planteado reducir entre un 50 y un 55 por ciento las emisiones respecto a 1990.
Además, de aquí a 2030, al menos el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la presencia renovable en 2030 tendrá que ser, "al menos" de un 70%. Ya en 2050 el 100% del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable y el consumo de energía primaria deberá ser un 35% menor.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se implantarán sucesivos planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). Precisamente, el primero de ellos, que marca la senda entre 2021 y 2030 -remitido a la Comisión Europea el 31 de marzo-, plantea una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al final de esta década y duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42%.
En esa línea, la presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta el 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.
De acuerdo con los modelos del Gobierno, para el periodo 2021-2030 prevé que la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año.
El anteproyecto contempla que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables conllevarán que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8 por ciento en 2030 respecto al mismo escenario sin las medidas del PNIEC, esto es, de 16.500 a 25.700 millones de euros.
Junto con los sucesivos PNIEC, desde el Ministerio para la Transición Ecológica apuntan que los objetivos de la senda de descarbonización y fijación de reducción de emisiones de CO2 se especificarán en la Estrategia a Largo Plazo 2050, que también está ultimando el Ejecutivo.
El texto mantiene la creación de un marco de gobernanza que refuerce la participación mediante la puesta en marcha del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Entre los plazos previstos en la propuesta normativa, también a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Así, las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores de CO2. Como paso previo, se adoptarán medidas para que los vehículos ligeros -excepto los vehículos históricos o los comerciales- reduzcan de aquí a 2040 sus emisiones para que entonces sean cero gramos de CO2 por kilómetros.
El Ministerio añade que previa consulta con el sector se pondrán en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluido el apoyo a I+D+i.
Asimismo, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los Ayuntamientos deberán establecer "no más tarde de 2023" zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.
En esa línea, también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones que ya existan deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en la materia.
A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles, al tiempo que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.
El proyecto normativo no prevé la autorización de nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en toda España.
La ley llevará aparejados instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y la gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, la ordenación del territorio y los usos de suelo y la seguridad alimentaria.
En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal. El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en los montes y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
Por otro lado, la ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad para lo que revisará el tratamiento de esta materia en el currículo básico de la educación formal y no formal, así como en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.
Para Teresa Ribera, el texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las administraciones públicas. "Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro", ha celebrado.
A su juicio, en el momento en que se debe abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en "una fuerza motriz determinante" para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma "coherente" con lo que se necesitará como país en el medio y largo plazo.
"Contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos pueden empezar a materializarse de forma inmediata", ha valorado.
