MATÍAS FERNÁNDEZ*
Luego de algunas idas y venidas se anunció el regreso del "barril criollo" de petróleo en 45 dólares para intentar apuntalar la producción local, mientras el precio internacional del crudo promedia 35 dólares. Una política similar se implementó en el gas: los contratos en el mercado mayorista se negocian a menos de 2 dólares por millón de BTU, mientras que la resolución 46/2017 del ex Ministerio de Energía establece un precio de referencia para el “gas adicional” en 7,5 dólares que se reduce anualmente hasta llegar a los 6 dólares en 2021. En este contexto, la producción anual de petróleo en abril subió 3,7 por ciento, y la de gas aumentó 3,2 por ciento impulsada fundamentalmente por la extracción de shale en Vaca Muerta.
Las políticas como el barril criollo y la resolución 46/17, generan una transferencia de recursos a los productores. Este tipo de iniciativas, que apuntan a tener una mirada más estratégica sobre el desarrollo el sector en el mediano y largo plazo, deberían contemplar el desarrollo de la cadena de valor local. Encarar esta estrategia permitiría que esas inversiones que se hacen en petróleo y en gas se transformen en nuevos puestos de trabajo de alta calificación y desarrollo tecnológico para las PyMEs de la cadena de valor.
Momento de cambio de paradigmas. Un ejemplo a discutir es el Decreto 629/17 (y sucesivos) que permiten la importación de equipos usados para la explotación de petróleo y gas sin pagar arancel. Este tipo de iniciativas atentan contra el desarrollo de la cadena de valor, la creación de tecnología y generación de empleo en el país. En muchos casos se importan equipos que en otros países ya quedaron obsoletas, y que si bien son más baratos, también tienen costos de mantenimiento altos y son menos productivos. Si comparamos un equipo de perforación modelo 2016 con uno modelo 2011, ambos operando en Eagle Ford, Texas, USA resulta que el modelo 2016 puede perforar 220 por ciento más pozos al año. Esta desigualdad de competencia donde se importaban equipos con un promedio de uso superior a 10 años, no les permitió a los industriales locales que tenían equipos tecnológicamente superiores competir por la cuota de mercado disponible.
¿Qué nos pueden enseñar otras experiencias sobre cómo complementar la extracción de petróleo con el desarrollo industrial? Desde 1970, los principales países productores que cuentan con una densidad industrial de relevancia establecieron criterios de contenidos locales mínimos que actualmente continúan vigentes, en Brasil existe desde 2016 el Programa de Estímulo a la Competitividad de la Cadena Productiva y al Desarrollo y la Mejora de los Proveedores del sector de Petróleo y Gas. En Estados Unidos existe el Programa de Shale Gas para el Este por parte del Departamento de Energía para apoyar desarrollos en PyMEs. Inglaterra estableció la Oficina de Suministros Offshore, que define los criterios para las evaluaciones de ofertas y sugiere licitadores nacionales adicionales. Otro ejemplo es el de Noruega que cuenta con la Norwegian Petroleum Directorate (NPD) y una compañía petrolera nacional, Den Norske Stats Oljeselskap (ahora Equinor) para dirigir las operaciones comerciales petroleras del país. Además, los esfuerzos en I+D fueron convertidos en un pilar determinante en el proceso de concesión de licencias por parte del Ministerio de Petróleo y Energía.
Argentina cuenta con potencial para avanzar en esta dirección. Y-TEC fue creada en 2012 y es la empresa de I+D más importante de la Argentina para la industria energética porque une la experiencia operativa de YPF con el capital científico del Conicet consolidando un puente entre el sector científico y el productivo. Es necesario profundizar este camino y robustecer ese puente, ampliando los horizontes con otros socios del sector energético, definiendo los nuevos desafíos de desarrollo tecnológico local, articulando con el entramado industrial para evaluar las opciones tecnológicas de los distintos segmentos de la Cadena de Valor (Petroleras, Industrias Manufactureras y Prestadores de Servicios) y, a partir de ello, diseñar programas y planes para la implementación de las acciones que resulten compatibles con las posibilidades económicas y financieras del país.
* Coordinador de la Comisión de Energía de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)
MARÍA ALEJANDRA SFEIR*
El debate sobre el modelo de explotación de hidrocarburos en Argentina, y en particular las posibilidades y desafíos que presenta Vaca Muerta, ha ganado un lugar en la agenda de los últimos años. Actualmente, debido a la crisis generada por la covid-19 y la caída del precio internacional del petróleo, conceptos como el “barril criollo” reaparecieron cuando parecían ya olvidados, dando lugar a discusiones sobre cómo se repartirán los costos de la crisis, y los beneficios, entre los distintos actores del sector. Este momento podría ser el indicado para pensar en el futuro y discutir de qué manera vamos a utilizar nuestros recursos naturales de forma tal que contribuyan al desarrollo económico y al crecimiento industrial de nuestro país.
Argentina es el segundo país del mundo en recursos de gas natural no convencional, y el cuarto en petróleo no convencional. Sin lugar a dudas la existencia de Vaca Muerta es una oportunidad, tiene potencial para generar divisas, crear trabajo y fomentar el desarrollo de proveedores locales. Incluso están los optimistas que afirman que podría ser el “nuevo campo argentino”, dando una solución al faltante estructural de dólares de Argentina. El problema que tenemos en frente es ¿cómo sacar estos recursos? y, ¿quiénes ganan y quienes pierden en este proceso?
Las dificultades no son menos que los beneficios que ofrece la formación, costos altos, insuficiencia de demanda, problemas de logística e infraestructura insuficiente son algunos de los obstáculos a saltar. Problemas cuyas soluciones nos desafían necesariamente a conciliar los intereses de los actores involucrados, el contexto macroeconómico-social y el cuidado del medio ambiente.
El desarrollo de los yacimientos no convencionales exige mayores montos de inversión y costos operativos más altos que las explotaciones convencionales. Se requiere que las empresas elijan destinar capital al desarrollo en Argentina (compitiendo con proyectos del mundo entero) o que obtengan financiamiento, lo cual eleva el costo de los proyectos debido al contexto macroeconómico local. Por otra parte, dificultades logísticas, poca oferta de servicios asociados, descoordinación con proveedores locales, insumos caros y la necesidad de alcanzar una mayor escala, elevan los costos operativos de toda la cadena.
Adicionalmente, se suman al listado de erogaciones requeridas las inversiones necesarias en infraestructura para permitir el crecimiento a gran escala: gasoductos, oleoductos, rutas, caminos, trenes y desarrollos urbanísticos para los trabajadores, entre otros.
La otra cara de las altas inversiones y los elevados costos es el requerimiento de precios suficientes para fomentar el desarrollo del sector. Aquí nos encontramos con uno de los obstáculos más difíciles, el desarrollo de Vaca Muerta no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores del sector, la competitividad de la industria nacional, y de tarifas que impidan a los hogares el acceso a servicios básicos.
Hoy la discusión mercado versus Estado para coordinar a los actores económicos suena demodé. No hay duda que el Estado es el único capaz y el que tiene el deber de velar por los intereses del conjunto. Para esto es necesario dejar de pensar a los hidrocarburos como una industria primarizada y extractivista. Es ineludible la planificación de una política energética, que contemple por un lado un desarrollo más humano de Vaca Muerta con sus trabajadores, con las poblaciones que habitan el territorio y con el medio ambiente, y por el otro un crecimiento integrado con un plan de desarrollo de proveedores locales y eslabonamientos que fomenten la industrialización del petróleo y el gas natural. Pero lo más importante es que la planificación de largo plazo debe contemplar al sector como parte de la economía nacional, y no como compartimientos estancos, la asequibilidad a través de tarifas socialmente justas para hogares e industrias es y será imprescindible para poder superar la crisis económica y social actual.
*** Economista UBA.
