MICHAEL STOTT

América latina, que es la región más desigual del mundo, hace mucho tiempo que es generosa con los ricos. Unos 100 multimillonarios y más de 14.000 individuos, con fortunas de al menos u$s 30 millones se han beneficiado de los impuestos bajos, los dispersos esfuerzos de recaudación y, en algunos casos, de la elevada evasión fiscal. Los impuestos a la riqueza mayormente siguen siendo tabú.

Hasta ahora. La crisis del coronavirus cambió el clima político de la región. Colocó los gravámenes a las fortunas personales en la agenda de al menos ocho países latinoamericanos y creó un mayor consenso de que quizás éste sea el momento de que las élites privilegiadas se pongan al hombro una mayor porción de la carga financiera que significa ayudar a sus conciudadanos.

En Brasil, la mayor economía de la región, la constitución de 1988 preveía un impuesto al patrimonio. Pero durante más de tres décadas, los debates no llegaron a nada. Mientras tanto, explotó el número de ricos que tiene el país: Forbes el año pasado incluyó en su lista a 58 multimillonarios brasileños. Actualmente hay cuatro proyectos diferentes de impuesto al patrimonio que luchan por abrirse paso en el parlamento.

El telón de fondo de este debate sobre los impuestos es complicado. El Covid-19 ha golpeado fuertemente a Latinoamérica. Las tasas de mortalidad se han disparado en Brasil, México, Perú y Ecuador. A fines de mayo, Brasil tenía el segundo mayor número de casos de coronavirus del mundo después de Estados Unidos.

La recesión afecta a las economías latinoamericanas con mucha más dureza que a las de África o Asia. Sólo en Brasil, el FMI prevé una caída del PBI de 5,3% para este año, y los analistas de Wall Street esperan que la disminución sea aún peor, de hasta el 7,7%.

La enfermedad está afectando especialmente a los pobres. Eso se debe a que muchos viven en barrios de emergencia, donde el distanciamiento social es casi imposible y sus residentes deben salir a trabajar diariamente para alimentar a sus familias. Los políticos de izquierda sostienen que algunos fondos destinados a atención sanitaria y rescates económicos deberían provenir de impuestos más altos a los ricos y de un control más estricto que combata la crónica evasión fiscal.

La idea de recurrir a los impuestos que gravan activos e ingresos es claramente atractiva para los izquierdistas latinoamericanos, como el presidente peronista de Argentina Alberto Fernández, aunque muchos economistas sostienen que el continente recaudaría mucho más dinero si cobrara de manera adecuada los impuestos vigentes, elevara las alícuotas que gravan las ganancias y la tierra y se pusiera freno a la evasión.

"En la mayoría de los países [latinoamericanos], las reformas deberían centrarse en aumentar la recaudación impositiva para financiar el desarrollo", escribió el economista Ángel Melguizo en el blog del Foro Económico Mundial cuando encabezaba la unidad de América Latina en la OCDE.

Muchos economistas creen que en lugar de tratar de gravar la riqueza, los gobiernos latinoamericanos deberían tapar los agujeros de la actual red impositiva. Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en 2017 la evasión fiscal en la región subió al 6,3% del PBI -equivalente a u$s 335.000 millones-, lo que es más que suficiente para la lucha contra el Covid-19. Con los impuestos sobre los activos ya vigentes en Colombia y los debates sobre la introducción de gravámenes al patrimonio que se dan en Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Guatemala, hay un país que se destaca como excepción al giro latinoamericano hacia los impuestos a la riqueza: México.

Viridiana Ríos, analista política con sede en la Ciudad de México y miembro global del Wilson Center, un think-tank estadounidense, dice que el debate fue sofocado por decisión del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que quiere cumplir la promesa electoral de no subir los impuestos. "En México, históricamente ha sido muy difícil cobrar impuestos a las élites", afirmó. "Las élites políticas llegaron al poder bajo el paraguas de las élites económicas y, como resultado, no han podido cobrarles suficientes impuestos."

Aún así, los defensores del impuesto al patrimonio no se dan por vencidos y algunos ven un modelo en Uruguay, uno de los tres países que ya tiene impuestos a los activos, junto con Colombia y Argentina.

Es un país pequeño con un historial económico envidiable, que fija un impuesto anual de hasta el 1,2% sobre los activos en el país. Es una nación próspera y alberga a más de 800 individuos de patrimonio ultra alto, cerca de 10 veces más, en relación a su población (3,4 millones de habitantes), que el promedio latinoamericano.

Pero el impuesto es más simbólico que real. Gustavo Viñales, profesor de impuestos de la Universidad de la República en Montevideo, señaló que Uruguay sólo recauda "un ínfimo monto que representa alrededor del 0,04% del PBI".

No es necesario declarar los activos que se encuentran en el extranjero, los impuestos sobre la propiedad se basan en valores históricos bajos y no existe el impuesto a la herencia. "En otras palabras, no hay impuestos para los ricos", explicó Viñales.

Parece ser que Uruguay nos demuestra que cuando otros impuestos se recaudan de manera eficiente y se gastan con prudencia, el Estado puede obtener buenos resultados. Los impuestos a la riqueza no son una respuesta a la ineficiencia económica y fiscal general.