CLEDIS CANDELARESI

El diseño de un nuevo plan para subsidiar la producción de gas plantea un conflicto con el grupo Techint, que debería desistir de un reclamo judicial para acceder a los beneficios del programa en diseño. Ante el temor de que siga cayendo la producción y aumenten las importaciones, el Gobierno optó por el conocido camino de subsidiar a las petroleras con un programa en gestación que desató una puja entre ellas mismas para garantizarse una ración de la ayuda estatal.

Esta nueva herramienta se elabora con la participación de las productoras, involucradas en la génesis del borrador alistado. El denominado Plan Gas 4 tendría la forma de un contrato por el cual el Estado les garantizaría durante cuatro años cobrar 3,5 dólares el millón de BTU de gas, 1 dólar por encima de lo que se paga al por mayor el producto para los domicilios particulares y la generación eléctrica.

El precio es comercialmente atractivo y hasta asegura el desarrollo de Vaca Muerta, donde la tecnología de explotación resulta más onerosa. La liquidación mensual se hará al tipo de cambio de 45 días antes del pago efectivo, virtual cobertura contra una devaluación: si se encarece el dólar, cobrarán más pesos. Buen anzuelo.

Bajo ese nuevo paraguas, el conjunto de productoras que firmen el acuerdo ofrecerían hasta 70 millones de metros cúbicos diarios (sobre algo más de 120 de la producción total del país) a las distribuidoras y Cammesa, administradora del mercado mayorista eléctrico de gestión estatal que centraliza la compra de combustibles para las centrales térmicas. El destino de ese gas será sólo para casas particulares, comercios y usinas, pero no para industrias o GNC.

Cada petrolera se obligaría a garantizar un nivel de producción total (más allá de lo subsidiado) igual o superior al de mayo pasado y a disponer sí o sí del volumen comprometido en el futuro acuerdo. Las que cumplan tendrán prioridad para obtener permisos de exportación y las últimas en suspender el servicio a la hora de decidir cortes cuando el gas sobre.

Son los grandes trazos. Pero la fórmula para repartir aquel gas subsidiado entre las empresas aún no está definida y hay una pugna fuerte entre las cuencas fueguinas y neuquinas y sus operadoras. Estos regímenes siempre tienen hijos y entenados, aunque sean generosos e impliquen muchos millones de dólares para el erario.

Los planes que diseñó Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner premiaban a la mayor producción a partir de cierto piso: cobraba el subsidio hasta 7,5 dólares el MBTU quien produjera más. Pero el momento para elegir esa base de cálculo ayudó a unos (por ej, que circunstancialmente habían tenido un bajón de producción por una medida de fuerza) y dejó afuera a otros.

El gobierno de Mauricio Macri concibió un esquema diferente: promocionar sólo a proyectos de gas no convencional, cubriendo la diferencia entre el precio de mercado y uno arbitrario más alto, que hoy está en 6,5 dólares la unidad calórica (MBTU).

Pero cuando empezó el boom de Vaca Muerta y al mismo tiempo la devaluación, la promesa oficial no pudo sostenerse y ese esquema se hizo más mezquino. El Tesoro dejó de pagar por todo el gas que generaban los proyectos subvencionados restringiéndose al que las compañías habían proyectado cuando se acogieron al régimen. Esto perjudicó de lleno a la beneficiaria estrella, Tecpetrol.

La petrolera de los Rocca hace un año reclamó ante el juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 un resarcimiento por el presunto perjuicio que le ocasionó el retoque macrista al modificar el cálculo para el pago.

Cuando se creó ese régimen, a través de la resolución 46, la empresa fue de las primeras en anotarse declarando una producción inicial de 8,5 millones de metros cúbicos al día. Pero el dinamismo de Fortín de Piedra superó con creces esa meta y en poco tiempo llegó a los 18 millones, consolidando a la compañía como un nuevo jugador de fuste en el rubro.

Esto ocurrió justo cuando empezaban las angustias fiscales de la administración anterior, que no podía pagar los dólares comprometidos. Se abrió entonces un proceso de negociación que incluyó dos fallidos acuerdos para fragmentar y postergar el pago, pero no todas las beneficiarias (YPF, CGC, PAE y Pluspetrol, entre ellas) lo avalaron. Entonces Energía decidió directamente limitar el pago, propinando un cachetazo a la empresa que más estaba produciendo.

El resarcimiento reclamado por “Tecpe” en la Justicia local no tiene un número preciso porque los parámetros están en discusión y de hecho la firma desde entonces fue bajando su producción. Pero oficiosamente, fuentes allegadas a la discusión del tema estiman una indemnización pretendida cercana a los US$500 millones de dólares.

Para la empresa es un tema sujeto a los laxos tiempos judiciales que no prevé forzar, ya que su atención está puesta en el Plan Gas 4. Pero, indefectiblemente, hay un nexo entre ambas cosas porque no podría cobrar dos subvenciones por el mismo producto y su prioridad parece ser aprovechar la resolución 46 hasta que expire su vigencia, a fin del año que viene.

La cuestión en debate es qué pasaría con lo que produzca por encima de los 8,5 millones de metros cúbicos. Dilema similar al de otras subsisidiadas.

La relación de Techint con el ministerio de Desarrollo Productivo es fluida y buena. Pero eso no es óbice para que algunos funcionarios se incomoden ante la presunta contradicción que hay entre la existencia de un millonario reclamo judicial y el otorgamiento de un nuevo beneficio y por eso gana espacio la idea de que el holding debería levantar esa demanda como condición para seguir conversando.

El nuevo plan gas alumbraría cuando aún está vigente el esquema macrista consagrado por la mencionada resolución 46. Economía recién está liberando los fondos para pagar el subsidio que se devengó desde noviembre a febrero, esfuerzo fiscal al lento tiempo de la cuarentena. Son unos US$220 millones, de los cuales a la demandante le correspondería más de la mitad. Pero, en este caso, el pago dependerá del curso de las negociaciones que se están librando estos días.

Subsidiar a las petroleras tiene como norte evitar que el año que viene tenga que subir la importación de gas licuado para cubrir el faltante local. Según datos de la secretaría de Energía, en el primer cuatrimestre del año la producción local cayó 3,6%. El Instituto Mosconi amplía la mira al último año en el que esa declinación supera el 11% y el freno en los meses pandémicos podría acentuar esa pendiente.

Importar implica disponer de los dólares, tan apetecidos como escasos. Las arcas públicas tienen suficiente agobio con el hecho de que los subsidios al sector eléctrico en el último año se incrementaron 117% en términos reales.

La economía derrapará este año pero no faltan pronósticos de un rebote para el próximo. Con la demanda activada, el país necesitará más hidrocarburos. No es desatinado prepararse para la fiesta.