Nueva extensión hasta el 24 de julio
El Gobierno volvió a extender el plazo de negociaciones. Será hasta el 24 de julio. Si bien acortaron distancia entre lo ofrecido y lo deseado por los bonistas, no cerraron la brecha.
El Gobierno anunció el viernes pasado una nueva prórroga en el plazo de vencimiento de la renegociación de la deuda en dólares con acreedores en moneda extranjera. Se trata de una nueva extensión hasta el 24 de julio que refleja la dificultad para lograr un acuerdo sustentable que logre la aceptación de los bonistas. Qué tan lejos se encuentran ambas partes y cómo varió la negociación en los últimos meses.
La premisa del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda externa se basa en un punto clave: que el pago de los vencimientos no terminen generando mayor empobrecimiento de la sociedad, sino que, por el contrario, sean lo suficientemente bajos durante los primeros años para permitirle al Estado recomponer calidad de vida de los argentinos.
Tal como suele repetir el mandatario, en alusión a una frase del expresidente Néstor Kirchner, el esquema propuesto desde un principio apunta a que los acreedores comprendan que "los muertos no pagan". Es decir, que cuanto más se asfixie a la sociedad argentina con vencimientos elevados de deuda en el corto plazo, menos podrá recuperarse económicamente y por lo tanto más difícil será cumplir con las obligaciones.
El camino debe ser opuesto y así encaró Martín Guzmán el comienzo de la negociación. Con una propuesta de fuerte quita, sobre una deuda tomada con altas tasas de interés en un mundo con financiación a valores bajos e incluso negativos debido a la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. Tal como era de esperar, el ministro se encontró con la dureza de los bonistas. Esto empujó al Gobierno a otorgar concesiones en los valores reales.
En ese contexto, y arrastrando una fuerte caída del PBI en los últimos años, a la Argentina se le presentó con otro problema: evitar una crisis sanitaria en el país imponiendo una cuarentena. Para la consultora Ecolatina, en el proceso de renegociación como en la salida del aislamiento social reposa el futuro de la economía del país.
Según señalaron, el Gobierno debe lograr cuanto antes ponerle fin a ambos problemas pero "bajo algunos requisitos: un rebrote de Coronavirus es tan poco deseable como tener que volver a reestructurar la deuda en un par de años, por ejemplo". Si bien la cuarentena fue flexibilizada en el 85% del país, la dificultad del AMBA para controlar el brote de Covid-19 representa un problema, al igual que lo es el hecho de no cerrar rápidamente y en condiciones favorables para el país el canje de deuda.
Un análisis realizado por la mencionada consultora señala que al momento existen tres ofertas vigentes: "la del gobierno nacional, la del Comité de Acreedores de Argentina, al que se suman los fondos Fintech y Gramercy (BG), y la del grupo Ad-Hoc y Exchange (AE), integrado por BlackRock y Fidelity". De las tres, la oficial es la más austera mientras que la de BG convalida mayor quita que la restante.
A mediados de abril, la cartera que conduce Martín Guzmán lanzó la primera propuesta. El Valor Presente Neto (VPN) de la misma se ubicaba en torno a los u$s40 valuado a una tasa de descuento del 10%. Debido a su baja adhesión (menos del 20%) debió ser retocada y mejorada.
Entre los puntos en los que se enfocó el Gobierno estuvo el plazo de gracia, el cual fue acortado comenzando a pagar el siguiente año en lugar de 2023. Al mismo tiempo, desde Ecolatina remarcaron que se mejoraron los pagos de cupones, reconocieron los intereses corridos hasta el momento del acuerdo -pagándoles a través de un bono con vencimiento en 2024- y se recortó la quita de capital.
"Considerando la misma exit yield (10%), el VPN de la propuesta se acerca a USD 51 por cada lámina de USD 100. Una mejora considerable respecto de los USD 40 iniciales, pero aún por debajo de las pretensiones de los acreedores", apuntaron.
Con respecto a las correcciones recientes, el Gobierno propuso el pago de un cupón de hasta 0,75% atado a todas las exportaciones medidas en dólares - no solo las agropecuarias como se conoció en un primer momento - y comparadas con un promedio de los últimos 5 años.
"Este tipo de `endulzante´ está atado a la capacidad de generación de divisas genuinas del país, por lo que evitaría potenciales descalces de moneda que podría generar un cupón PBI ante un crecimiento basado en atraso cambiario (que estimula la expansión de corto plazo mientras lesiona la capacidad de generación de divisas del país). Además, la nueva propuesta respeta los indenture originales de los bonos, una exigencia que desde el principio señalaron los acreedores de los bonos de la reestructuración de 2005, casualmente aquellos que poseen las indentures más duras", apuntaron desde Ecolatina.
En un análisis más profundo del volumen de los pagos en el corto plazo, la consultora remarcó que en la primera oferta acumulaban sólo u$s330 millones hasta 2023 mientras que en la última se elevó a u$s1.800 millones. Asimismo, si se tiene en cuenta un espacio temporal más amplio, hasta 2028, la primera propuesta contemplaba pagos por u$s15.600 millones en tanto que la última lo hace por u$s25.500 millones.
"De todas formas, comparado contra el escenario previo a la reestructuración, el “ahorro” sigue siendo significativo: la propuesta de abril reducía pagos por USD 25.900 millones hasta 2023 y USD 47.500 millones hasta 2028, en tanto que, para la última, estas sumas ascienden a USD 24.400 y USD 37.500 millones, respectivamente", resalta el informe.
Pese a haber acortado la distancia, la propuesta aún se encuentra por debajo de lo requerido por los bonistas. Por ejemplo, la oferta exigida por BG se encuentra en el orden de los u$s53,8 por cada lámina de 100 a una exit yield del 10%. En tanto que AE hizo lo propio con una que supera los u$s60,3/100. "Además, el grupo AE pretende el cobro en efectivo de la mitad de los intereses corridos y la otra mitad con un bono, a la par que pidió un cupón vinculado al PBI en lugar del atado a las exportaciones ofrecido", resaltó el informe de la consultora
Un punto preocupante también tiene que ver con la litigiosidad. En ese sentido, AE amenazó con ir a la justicia de Nueva York en caso de que el gobierno nacional no flexibilice su postura. En caso de que esto ocurra se agravaría la situación, estancando las negociaciones.
Si bien ambas partes lograron acercar posturas y avanzar en el diálogo para evitar una judicialización, la demora en un acuerdo genera preocupación e incertidumbre. Desde Ecolatina remarcaron que "el problema es que esta extensión y una negociación que parece a punto de cerrarse, pero no lo hace, generan un estrés demasiado alto como norma de la economía argentina, de modo tal que desalientan cualquier proyecto o inversión de mediano plazo".
El plan del gobierno de cerrar un acuerdo que implique un VPN igual o menor a u$s49,90 por cada lámina de 100 como mencionaron reiteradas veces funcionarios nacionales parece no encontrar asidero dentro de los acreedores. Los endulzantes ofrecidos aún no convencen a los acreedores y el tiempo corre. Sin embargo, el objetivo principal de Fernández y Guzmán continúa siendo el mismo: que la deuda sea sostenible.
Pese a ello, desde la consultora remarcaron que es necesario cerrar ambos procesos: el default y la cuarentena. "Son condiciones necesarias para comenzar a poner nuevamente de pie a la economía argentina, de lo contrario la crisis seguirá profundizándose. Tan simple y complejo como encaminar ambos procesos en el corto plazo", concluyeron.
CARLOS BURGÜEÑO
Como si nada hubiera pasado, como si siempre se hubieran relacionado con sonrisas y palabras agradables, las partes volvieron ayer a prender sus computadoras y conectarse vía teleconferencias para reiniciar las negociaciones por la deuda. “No somos buscadores de pleitos. Queremos, y creemos que ustedes también, un acuerdo para terminar con este desagradable tema”, fue la frase que abrió la comunicación de ayer de parte de uno de los abogados estrella que representan los acreedores. “Tenemos el mandato político de negociar para llegar a un acuerdo. No somos el Gobierno del default”, fue la respuesta desde Buenos Aires.
Con esta buena educación, los funcionarios argentinos y los referentes de los tres grupos que representan a los acreedores de la deuda argentina emitida bajo legislación nacional volvieron ayer por la mañana a desearse mutuamente suerte con las discusiones que se reabrieron y que tendrán como fecha tope el 24 de julio. Con este muy buen clima comenzó la cuarta etapa de negociaciones. Sin embargo, a segundos de haberse lanzado mutuamente los mensajes de buena fortuna, desde Wall Street llegó el primer misil. Para mejorar la oferta y predisponer a los acreedores, los abogados que los representan reclamaron rápidas definiciones en uno de los capítulos técnicamente más importantes y difíciles de explicar dentro del país. Especialmente al ala política del Gobierno.
Los abogados de BlackRock reclamaron que el país acepte que cada vez que hacia delante se emita deuda en la Argentina, la mitad de esa colocación se destine a recomprar títulos lanzados desde 2016 en adelante, y como compensación por no quitarles a estos bonos la “cláusula antibuitre”. Esta limitación fue uno de los puntos más complicados de la fallida segunda fase de negociaciones, como también en la algo más productiva tercera etapa de discusiones. En todas, el grupo Ad Hoc de bonistas quiso imponer como una injusticia y una doble vara para medir los derechos de los acreedores la posibilidad de hacer juicios sin cláusulas colectivas que detentan los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo. BlackRock, Fidelity y Ashmore siempre pidieron que el beneficio se extienda también a ellos, y que la obligación que impone un mínimo de acreedores de casi el 35% para poder iniciar un juicio en los tribunales de Wall Street quede eliminada.
El Gobierno propuso en la primera tanda de discusiones eliminar la cláusula también para los bonistas K; y luego, en la tercera etapa, aceptó incluirla pero sólo para los tenedores de deuda emitida durante 2003 y 2010, y como el reconocimiento de un derecho anterior que legalmente era imposible de no aceptar. Cuando desde las huestes de BlackRock notaron que sus primos hermanos lograron que se les mantuviera el beneficio (una de las exigencias del abogado Dennis Hranitzky), los representantes legales del fondo de Larry Fink frenaron toda posibilidad de avanzar en las negociaciones y comenzó una nueva espiralización del conflicto. El debate sobre este punto fue uno de los que derivaron en el mal humor general con que cerraron las discusiones el miércoles pasado y los lanzamientos de acusaciones públicas entre las partes del jueves. Ayer, BlackRock dejó claro que este capítulo volverá a ser materia de negociaciones.
La novedad es que el fondo ahora busca que si se mantiene excluidos del derecho a los bonistas macristas, haya algún beneficio especial para ellos que no reciban los acreedores kirchneristas. Y la propuesta es recibir el beneficio del “rescate mandatorio”, un capítulo que fue reclamado en algún momento por los acreedores, pero que rápidamente, y por la negativa explícita de Martín Guzmán, quedó rechazado. El tema no se trataba desde la segunda etapa, pero ahora volvió con cierta virulencia sobre la mesa de telenegociaciones. Ante la novedad, los negociadores argentinos impusieron la misma lógica que se inauguró en la tercera etapa: cuestiones tan complicadas son trasladadas a la decisión política. Esto es, al despacho de Olivos de Alberto Fernández.
La “cláusula mandatoria” es de aplicación simple, pero complicada de aceptar. Implica que un porcentaje de cada colocación futura de deuda sea destinada a recuperar deuda ya caída en default, para mejorar su performance en los mercados. Se entiende que es un mecanismo de “buena fe” de parte del deudor, al comprometerse con el acreedor a mutar en una mala posición presente en los mercados por la apuesta de una buena situación financiera internacional en el futuro. Mencionan los negociadores de BlackRock que de haberse aplicado en las emisiones de deuda de Macri, los bonistas K habrían recibido tanta cantidad de dinero durante los dos primeros años del Gobierno anterior que se habrían licuado sus pasivos negociados en los canjes de 2005 y 2010; y se habría recuperado gran parte de las pérdidas. Obviamente también hubiera implicado menos dinero disponible para el Gobierno de Mauricio Macri; y, quizá, una aceleración de la crisis, lo que luego hubiera perjudicado a BlackRock. Esto, claro, no lo menciona el fondo de inversión norteamericano. Lo que sí se lanzó en las negociaciones es que esta alternativa podría cubrir en el futuro lo que en teoría los adherentes al Grupo Ad Hoc perderían por no percibir el beneficio de la posibilidad de acelerar los juicios ante el default.
Para los argentinos, esta relación no tendría sentido. La posición del Gobierno es la de discutir las condiciones financieras y judiciales del canje por separado y de manera independiente.
