SOFÍA DIAMANTE

Energía es un área del Gobierno que está administrada por distintas corrientes, que responden por un lado al presidente Alberto Fernández y por el otro a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cuando sus políticas se descoordinan, las consecuencias quedan a la vista. En este caso, el principal perjudicado terminó siendo YPF.

La situación comenzó a raíz de que el Gobierno está advirtiendo que para el invierno 2021 podría falta gas, ya que cayó mucho la producción en los últimos meses por la baja en los precios que se produjo con el congelamiento de tarifas , que desincentiva nuevas inversiones. Las boletas de gas no se actualizan desde marzo de 2019 y seguirán así hasta, por lo menos, fin de año.

Ante el temor de tener que volver a contratar el buque regasificador que estaba emplazado en Bahía Blanca -por el recuerdo que trae a las épocas de tarifas baratas, subsidios altos y corrupción-, que además implicaría más gastos en dólares, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, trabajan en implementar un nuevo Plan Gas, que duraría cuatro años y brindaría los incentivos para incrementar de nuevo la actividad en pozos gasíferos.

Para llevar adelante este programa, el Gobierno comenzó a girar parte del dinero adeudado de planes de subsidios del pasado, como gesto a las empresas de que el Estado paga, aunque más tarde de lo pactado, pero lo hace (aun en este contexto de derrumbe de los ingresos y aumento de los gastos por la crisis de la pandemia).

Dentro de esos programas adeudados, el de mayor gasto fiscal es el de la resolución 46 , que había implementado el exministro Juan José Aranguren. El mayor beneficiado había sido Tecpetrol -el brazo energético del Grupo Techint-, que entró de lleno en el plan de estímulo con una inversión de US$1800 millones en su yacimiento Fortín de Piedra. Casi sin experiencia en el sector, la empresa logró alcanzar una producción de hasta 17,5 millones de metros cúbicos de gas por día (casi el 13% del consumo total en la Argentina). Por eso Tecpetrol recibirá en total $13.300 millones de los $18.500 millones que autorizó el Gobierno, según adelantó el portal Econojournal .

Por otro lado, también se decidió avanzar con una deuda pendiente que tienen las empresas distribuidoras -Metrogas, Naturgy, Camuzzi, entre otras- con las productoras -YPF, Total, Wintershall, Pan American Energy (PAE), por ejemplo- por la devaluación de 2018. En ese entonces, las distribuidoras, cuyos ingresos provienen de las tarifas en pesos, debían pagar en dólares por la compra de gas, pero el tipo de cambio había saltado de $20 a $37 en apenas seis meses.

Luego de que fracasara el intento del exsecretario de Energía Javier Iguacel de que los usuarios se hicieran cargo de esa diferencia del tipo de cambio, el gobierno de Mauricio Macri pactó con las productoras abonar la deuda generada de $24.500 millones en 30 cuotas , que comenzaban a pagarse en noviembre pasado, con la llegada de la nueva administración, aunque hasta ahora solo se había girado un solo pago.

En este contexto, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, recibió la orden de Kulfas de autorizar los pagos de las siguientes seis cuotas (por los pagos de diciembre a mayo), pero en los últimos días se echó atrás a raíz de una denuncia penal que realizó el interventor del Enargas, Federico Bernal, lo que terminó perjudicando a YPF, quien era la que mayor compensación le correspondía (alrededor de $1400 millones).

Las internas

La semana pasada, Bernal denunció penalmente a Aranguren , a parte de su equipo y al exdirectorio de Enargas, por el modo en el que estableció el valor de las tarifas en 2018, sin "la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras" y sin el marco de la ley de emergencia económica , que habían dejado de prorrogar unos meses antes.

La denuncia cayó como un baldazo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que no solo no se esperaban la acusación, sino que cohíbe el accionar de los funcionarios, aunque ahora haya vuelto a regir la ley de emergencia, bajo el nombre de solidaridad social y reactivación productiva, hasta fin de año.

Este fue, tal vez, uno de los motivos por los cuales el área que responde a Kulfas está pensando en implementar de nuevo las licitaciones para establecer el valor del gas, en vez de fijar un precio fijo subsidiado de $3,50 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) para el Plan Gas. El Gobierno pondría la diferencia entre el valor que salga de esas subastas y el que autorice Enargas para pasar a tarifas (que hoy es de US$2,80).

La descoordinación entre el Enargas, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Productivo (que debería tener la última palabra) terminó generando una paradoja: mientras se le pagó a la empresa del Grupo Techint, se volvió marcha atrás con las transferencias que hubieran beneficiado a YPF, aunque el monto no es significativo para los volúmenes que maneja la petrolera.