SEBASTIÁN IÑURRIETA
Máximo Kirchner pasó todo el fin de semana hablando con los principales asistentes del conurbano del Frente de Todos, cuentan cerca del diputado. Fue uno de los que terminó de darle forma a la avanzada oficial contra Edesur que traspasó las fronteras bonaerenses para llevar a cabo el tema de la mesa nacional con una advertencia: que la firma cubrió el plan de inversiones prometido o se les podría quitar la concesión.
En el cristinismo evitan hablar de "estatización", un Plan A que suele presagiar siempre como salida camporista a un problema específico con una empresa privada. Tras el respaldo de Axel Kicill de la semana pasada al reclamo, la defensa del pueblo bonaerense le solicitó ayer al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) que "tome medidas drásticas" con la empresa de distribución de energía eléctrica. "Edesur no tiene voluntad y claramente no presta un servicio acorde a lo que la gente paga", reprochó su titular, Guido Lorenzino.
El apoyo del gobernador bonaerense a los alcaldes fue a la queja, no a la drástica solución que alguno llegó a enarbolar por lo bajo. "Expropiar no es una opción para nosotros", avisan en La Plata. ¿Cuál es la propuesta? "Apretarlos para que hagan inversiones y medidores muchas multas", avisan, sin filtro.
En la Casa Rosada coincide y apuran la salida al laberinto a través de un plan de inversiones. Vicentin post-affaire, se desesperan por espantar el fantasma intervencionista. Y tampoco lo ven como ganancia: estatizar la generadora eléctrica, pronostican en una importante despacho, sería "un dolor de cabeza" en los futuros cortes de luz veraniegos.
Esta es la antesala de la videoconferencia que tuvieron los alcaldes ayer con el Secretario de Energía, Sergio Lanziani, un funcionario que ya tiene un pie afuera por falta de apoyo político, según cuentan en la Casa Rosada. La interna que vive con su superior en los papeles, quedó patente porque más tarde el ministro de Producción Matías Kulfas organizó su propia reunión para abordar el tema Edesur: sin Zoom, recibió al interventor del ENRE, Federico Basualdo, y al asistente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, uno de los cabecillas de la revuelta bonaerense contra la firma.
Fue otro histórico alcalde que pelea contra Edesur quien planteó el Plan A: "Después de 28 años de concesión, donde no hubo inversiones ni siquiera en la etapa del macrismo donde cobraron tarifas demasiado dolarizadas e impagables, creo que hay que revocarle y sacarle la concesión porque no da para más ", propuso Fernando Gray (Esteban Echeverría).
Como contó este diario en mayo, tanto Edenor como Edesur disminuyeron a la mitad del ritmo de sus inversiones debido a la menor cantidad de ingresos que recibieron por el extendido congelamiento tarifario, según los resultados del primer trimestre de 2020 que tuvieron lugar en la Bolsa y la CNV También Edesur reportó la pérdida de $ 120,6 millones en lo que va del año.
iProfesional
ANDRÉS SANGUINETTI
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ya comenzó a analizar el futuro de Edesur, tras haber recibido el informe de los intendentes peronistas bonaerenses reclamando la caducidad de la concesión.
El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y entregado al interventor del organismo, Federico Basualdo, durante este mediodía.
El documento, de casi 30 páginas, lleva la firma de Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense y concluye con el pedido concreto de "rescisión de la concesión de prestación de distribución del servicio público de electricidad a la empresa Edesur, con el acompañamiento de los informes, notas y relevamientos realizados por distintos municipios dentro del área de concesión de la firma, requiriendo asimismo solicite a los municipios señalados la información detallada y que oportunamente, se de acogida favorable a la pretensión impetrada".
El pedido no avanza sobre una posible estatización del servicio que actualmente brinda Edesur a 12 partidos bonaerenses y a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se detiene en la rescisión del contrato por el cual la distribuidora todavía tiene hasta el 2087 como operadora de ese servicio público.
"En función de los reclamos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a Edesur y las obras que esta empresa no llevó a cabo, se considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria, se solicita a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión", demanda el documento.
A modo de justificación del pedido, se hace referencia a "fallas en el suministro eléctrico y en los planes de obras a los que se comprometiera y no llevara adelante", por lo cual la empresa no cumple con la adecuada prestación del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad, aumentando la cantidad de quejar recibidas en más de un 70% entre marzo y la actualidad.
La Defensoría también estima agotadas las 0instancias de diálogo con Edesur para normalizar el servicio ya que se intentaron mediaciones con los municipios, se promovieron acciones judiciales, reuniones en la sede de la Defensoría del Pueblo que no llegaron a buen puerto.
A esto le piden sumar las multas que le aplico el propio ENRE en el 2018 y el 2019, y un cúmulo de reclamos crecientes en mayo, junio y julio, "que dan cuenta de las deficiencias en la prestación del servicio, de los contratiempos y malestares que causa la mala prestación en los usuarios y consumidores del mismo".
En el informe también se cuestiona la calidad de "legalmente monopólico" del servicio y se advierte que esta situación "convirtió a los usuarios en clientes cautivos de las empresas prestadoras, dejando a los mismos sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él".
Según el planteo de Lorenzino, la génesis de dichos reclamos radica en la falta de inversiones por parte de la concesionaria, que no se verifican a la fecha y por lo que le pide al ENRE que certifique ese hecho y le pida precisiones a cada uno de los municipios que integran el área de concesión.
Para el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, los municipios se ven afectados por la deficiente calidad del producto técnico que brinda Edesur, que se traduce permanentes interrupciones en el suministro de energía eléctrica en vastos sectores de la población que se han visto incrementados en los últimos días, con la agravante de la situación de pandemia, así como la falta de cumplimiento de planes de inversión propuestos, mejora de las zonas y barrios que se encuentran a la espera de tendido de red eléctrica.
"Requerimos al Organismo de Control que arbitre todos los medios a su alcance a fin constatar la situación descripta y eventualmente sancionar a la mencionada empresa con la máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión vigente, que es la revocación de dicha concesión", agrega el documento.
Acusa a Edesur de cometer "una flagrante vulneración de los derechos de los usuarios, a partir de la deficiente prestación del servicio, los reiterados cortes registrados en la provisión de energía, los numerosos reclamos por parte de los usuarios, las multas impuestas por el Órgano de Control, la afectación de los intereses económicos de los usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años, la falta de cumplimiento de los planes de inversión".
La empresa opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).
De acuerdo a lo manifestado por los Jefes comunales, los relevamientos realizados dan cuenta de zonas en las cuales se verifican cortes del servicio que exceden la duración permitida por los pliegos de concesión, y que se reiteran constantemente.
Para Lorenzino, el supuesto cúmulo de incumplimientos "configura un estado de situación grave, que nos lleva a cuestionar la continuidad misma de la concesión a la empresa".
Sostiene además que el derecho a la energía "configura un derecho humano" y que por eso se hace hincapié "en el rol que cumple la energía para el desarrollo económico y social en nuestra sociedad, y que nos permite asimismo el goce de otros derechos -igualmente esenciales- como el de la educación, la salud o, en términos más generales, a una vida digna".
