RUBÉN LASAGNO
En estos días explosionaron los medios afines a la pauta oficial y sindical, destacando la participación activa, imprescindible y meritoria del Sindicato de Petroleros Privado de Santa Cruz “en la lucha contra el COVID-19”, destacando (sin preguntarse lo obvio) la proactividad del Secretario Claudio Vidal acodado con el gobierno de la provincia para establecer controles en los yacimientos, algo bien pensado, después de ver que gente procedente de los pozos petroleros fueron portadores y multiplicadores del virus por falta de control y profilaxis (caso Las Horquetas). Hasta aquí la intervención del sindicato tenía un sentido práctico loable y aunque algo tardío, podría decirse que fue bastante reactivo y efectivo en la prevención y acordaron poner controles en Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco y Río Gallegos, pero circunscripto solo al personal petrolero.
Hace un par de días Pablo Carrizo, referente del Sindicato de Petroleros Privados en Caleta Olivia dio detalles acerca del control sanitario que se montó en el límite interprovincial Ramón Santos: “La idea principal es garantizar la salud y la integridad de cada compañero que suba al yacimiento, esto ya se viene trabajando desde hace varios días con el montaje de un puesto sanitario que está consensuado con el Gobierno Provincial y garantizar así el control a cada trabajador que ingresa a nuestros yacimientos”.
Ahora bien, luego apareció el sindicato, realizando controles en Ramón Santos (límite entre Santa Cruz y Chubut) y al igual que en los otros lugares citados, el objetivo sería el de controlar solamente al personal petrolero; sin embargo, parece que allí no solo controlan al sector petrolero, sino a particulares, camiones, transporte, etc.
Todas las fuentes consultadas en policía y el sindicato, confirman que sus controles se circunscriben al sector petrolero, sin embargo una nota de ayer 21 de julio del sitio Winfo del colega Cacho Barabino en El Calafate, dice lo que otros medios no dijeron: que el sindicato de petrolero montó un operativo para detener a un camión Volvo color blanco dom. KFV-302 procedente de Cañuelas (Pcia Bs As) el cual ingresaba ilegalmente por una ruta no habilitada de la provincia de Santa cruz.
“El vehículo transitaba por la ruta provincial N° 26, que no se encuentra entre las que tienen permitido el tránsito durante el periodo de aislamiento, que son la Ruta 40 y la Ruta Nacional 3” indica la nota de Winfo y agrega expresamente “Los controles no sólo se circunscriben a vehículos de la industria petrolera, sino a transportistas y viajantes en general”.
Hoy en el diario La Vanguardia del Sur de Caleta Olivia, Vidal dijo: “La experiencia de los controles en yacimientos tuvo muy buenos resultados, fue reconocida a nivel nacional como innovadora, e incluso destacada por el propio CONICET, pero no podíamos quedarnos satisfechos sólo con eso. La situación en distintos puntos del país se puso más complicada, incluso en nuestra capital provincial, y no dudamos en tender una mano para fortalecer los controles, y seguir cuidando a nuestros vecinos y trabajadores“. Es decir, que el propio sindicalista confirmó, surfeando en la insinuación de las frases, que no se quedaron satisfechos con controlar a su sector, sino que le dan una mano al gobierno, ayudando a controlar, no solo a los petroleros; y si van más allá, significa que controlan a la población civil.
Consultado el chofer de un camión con carga de alimentos que pasó por Ramón Santos esta mañana, indicó “Pase sin problemas, me controlaron como a todos. Policía y petroleros controlan a todos los que pasamos. No es que a un costado esté gente del sindicato haciendo controles solo al transporte petrolero. Éramos micros, particulares, camiones de transportes y todos y cada uno fue sometido a los controles donde están los petroleros haciendo el trabajo, junto a la policía“.
Esta actividad del Sindicato de Petroleros, no está escrita en ningún acuerdo previo o algún convenio entre el gobierno de Alicia Kirchner y el sindicato o Resolución ministerial o del Ejecutivo que formalice que a partir de la fecha, el sindicato de petroleros se suma al control ciudadano del COVID-19.
Dicho esto la pregunta de rigor es: ¿Quién le otorgó al Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz el poder de policía para decidir quién pasa y quien no por Ramón Santos o en las rutas provinciales? ¿Tiene algún aval de la justicia federal, para estar sobre la ruta nacional Nº 3 haciendo controles?. De acuerdo a la propia información sindical, desde donde se encargaron de difundir a todos los medios la gran tarea que enfrentan como “colaboradores” del gobierno en el control infectológico, el sindicato dice actuar con la asistencia policial de la provincia; otro hecho grave, toda vez que la gobernadora pone a la institución policial como auxiliar del sindicato que ejerce un poder no conferido formalmente en el ingreso a la provincia y decide, a través de tres pruebas que les hacen a los automovilistas, transportistas, etc si puede continuar o no y además, evalúan si los permisos para circular son los adecuados y los específicos y si tienen vigencia o no.
¿Nació un nuevo poder en Santa Cruz? ¿Estamos ante la creación de un cuerpo para gubernamental que se encargará de controlarnos, autorizarnos o desautorizarnos a circular, asistidos por la policía de Santa Cruz?.
Con este criterio, en los próximos días la UOCRA podría poner su sindicato a controlar trabajadores de su sector y luego ponerlo al servicio del gobierno y controlar accesos a Guer Aike, por ejemplo, o Camioneros podría hacer lo mismo, realizando testeos y decidiendo quien va o viene desde y hacia Tierra del Fuego desde el paraje Chimen Aike.
La gobernadora Alicia Kirchner está dando lugar a la creación de un poder parapolicial o paragubernamental en plena pandemia, con la excusa de “extender la ayuda” a quienes ingresan a la provincia, cuando lo que está haciendo el gobierno es sustituir ilegalmente una tarea que es de su expresa responsabilidad y obligación y de ninguna manera se la puede conceder o dejar en manos de un sindicato.
El Sindicato Petrolero en zona norte, apoyado por el Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo ha desarrollado una avanzada propagandística, donde Claudio Vidal (Secretario General del sindicato) es la figura central alrededor del cual se mueven el Dr Ariel Varela, médico del sindicato y candidato por el partido político del Frente Para la Victoria que encarnó Vidal en alianza con Daniel Peralta en el 2019 y Pablo Carrizo, dirigente petrolero de Caleta Olivia. Entre los tres gira toda esta cuestión de marketing donde el Sindicato aparece como un gran auxiliar-colaborador del gobierno provincial y la gobernadora les da ese lugar porque en definitiva todos juegan en la misma liga.
No hay que olvidar que Claudio Vidal y Javier Belloni le permitieron a Alicia Kirchner ser por segunda vez gobernadora. De no ser por este armado, el kirchnerismo posiblemente no habría podido repetir la historia. Es decir, hay una correspondencia natural entre ellos, aún cuando en apariencia estén enfrentados por cuestiones de orden político.
La gobernadora, claro está, utiliza los grandes recursos que provienen del sindicato el cual ha gastado millones de pesos en campaña política y desde donde Vidal montó un sistema de salud que en la contingencia le es muy útil a la mandataria, por lo tanto, le viene como anillo al dedo a la gobernadora en la provincia donde la salud tiene fuertes carencias. En contraprestación, le cede al sindicalista, el rol de auxiliar y le permite “facturar” políticamente con el discurso, pero por debajo de toda esta parafernalia discursiva que no sirve para nada, se cuela esta acción que sí nos debe importar a todos, por cuanto hay una cesión tácita de poder a un sindicato para que, apostado en las rutas provinciales y nacionales junto a la secretaría de Transporte, esté realizando una tarea privativa y exclusiva del Estado, mientras tanto, hasta el momento, no se conoce que el gobierno haya generado un instrumento legal que formalice esta nuevo rol del sindicato petrolero en nuestra provincia.
