ELIANE BRUM*

Cuando Gilmar Mendes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, relacionó la palabra “genocidio” con la actuación del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la covid-19, el debate entró en la agenda por la puerta grande. No solo en Brasil, sino en el mundo. Las denuncias de genocidio realizadas por los pueblos indígenas y la población negra contra el Gobierno actual no son nuevas. En general, se tratan como evocaciones subalternas, de la misma forma subalterna como han sido tratadas estas poblaciones históricamente por las élites brasileñas. Al salir de la boca togada de un magistrado del Supremo, la palabra adquirió otra densidad. Y, principalmente, se instaló. Ya no es una palabra fantasma, que cuando se pronuncia nada se mueve. El genocidio, en la boca de Gilmar Mendes, dejó de ser una carta deliberadamente extraviada y llegó a su destino.

El 11 de julio, el magistrado afirmó en un debate en línea: “Ya no podemos tolerar la situación del Ministerio de Sanidad. Este vacío es inaceptable. Incluso se puede decir que la estrategia es quitarle protagonismo al Gobierno federal, es atribuirle la responsabilidad a los Estados y Ayuntamientos. Si esa es la intención, hay que hacer algo. Es pésimo para la imagen de las Fuerzas Armadas. Hay que dejarlo muy claro: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Hay que poner fin a esto”.

Generales como el vicepresidente Hamilton Mourão y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, que no solo pertenecen y representan al Gobierno de Bolsonaro, sino que también lo apoyan y lo legitiman, se alborotaron porque sintieron el riesgo real de, en algún momento del futuro próximo, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Incluso entre quienes no apoyan a Bolsonaro, se han utilizado términos como “hipérbole”, “exageración” y “banalización” para reducir la potencia de la declaración del magistrado. Pero la palabra, que finalmente se ha encarnado, permanece activa.

La extrema gravedad del genocidio —y de los otros crímenes de lesa humanidad— exige precisamente que el tema se debata con la mayor seriedad, evitando que sea capturado por la polarización o por las conveniencias políticas de ocasión. La muerte de miles de personas de covid-19 —ya son más de 80.000, incluso con el reconocido infrarregistro— urge que se debata con responsabilidad: ¿hay o no hay indicios de que el presidente de la República y otras autoridades brasileñas hayan cometido genocidio en su actuación ante la covid-19?

Para responder a esta pregunta crucial, entrevisté a la jurista Deisy Ventura, coordinadora del doctorado en Salud Global y Sostenibilidad de la Universidad de São Paulo. Autora del libro Direito e saúde global – o caso da pandemia de gripe A – H1N1 (Derecho y salud global: el caso de la pandemia de gripe A – H1N1), Ventura es una de las autoridades más respetadas en el estudio de la relación entre pandemias y derecho internacional. También tiene un máster en Derecho Europeo, un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de París 1 y fue profesora invitada en el Instituto de Estudios Políticos de París, el prestigioso Sciences-Po.

Desde que comenzó la pandemia, es una de las articuladoras del proyecto Derechos en la Pandemia, que lleva a cabo el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Sanitarios de la Universidad de São Paulo y la organización Conectas Derechos Humanos. Todos los actos y las leyes brasileñas sobre la covid-19 se recopilan y clasifican según el impacto que generan en los derechos humanos. Para ello, la jurista monitorea diaria y permanente el Diario Oficial de la Unión, donde suceden muchas cosas sin que la mayoría de los brasileños se den cuenta.

Ya no estamos en el siglo XX, cuando se creó el concepto de genocidio a partir de la necesidad de nombrar el crimen que el nazismo perpetró contra los judíos. El siglo XXI no es solo una convención temporal, ha traído nuevos desafíos, como enfrentar pandemias y la emergencia climática. Hace solo unos años, Ventura, entonces profesora de Derecho Internacional en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, necesitaba explicar constantemente por qué había elegido estudiar una pandemia en el contexto del derecho internacional. Hoy ya no tiene que explicarlo. Lo comprenden inmediatamente.

En esta entrevista, realizada el lunes por teléfono a lo largo de dos horas, Deisy Ventura explica por qué hay suficientes elementos para investigar al presidente Jair Bolsonaro, así como a otros funcionarios del Gobierno, por crímenes de lesa humanidad, tanto en la Corte Penal Internacional como en la justicia brasileña. También explica por qué es esencial para el futuro de Brasil que tenga lugar este debate.

La declaración del magistrado del Supremo, Gilmar Mendes, en la que advertía que los militares podrían estar asociándose con un genocidio —refiriéndose a la forma en que el Gobierno brasileño estaba tratando la pandemia de covid-19— produjo varias reacciones. Algunos juristas e intelectuales afirmaron rápidamente que se había “banalizado” el concepto de genocidio. ¿Se banalizó?

Se está banalizando la palabra genocidio, pero no en este caso. El magistrado Gilmar Mendes dijo que el Ejército se estaba asociando con un genocidio, refiriéndose a la actuación del Gobierno brasileño ante la pandemia. En ese momento, ya había 70.000 muertes. Es muy importante que un miembro del Supremo Tribunal Federal, conocido por ser políticamente conservador, utilice esta palabra, porque sin duda no la utilizó por casualidad. Es alguien que conoce el concepto de genocidio, conoce el derecho y no es nuevo en el mundo jurídico ni en el político. Es importante no solo por haberla pronunciado un magistrado, sino también por la percepción internacional de ese discurso. La diplomacia brasileña, desde el año pasado, habría recibido la clara directriz de frenar la utilización de este término.

Se advierte que no hay que difundir en el extranjero que se está produciendo un genocidio en Brasil. De esta forma, cada vez que se pronuncia o escribe la palabra en relación con Brasil, la diplomacia reacciona. Desafortunadamente, en general descalifican a quienes han hecho la declaración y la caracterizan como banal. Hasta entonces, el genocidio estaba asociado con la población indígena y no se lo relacionaba con la pandemia. Ahora, con el discurso del magistrado, hemos alcanzado otro nivel y necesitamos discutir este tema con mucha serenidad. No podemos hablar sobre genocidio de manera polarizada y vulgar. Ha llegado el momento de hablar sobre el genocidio fuera de la brecha de la banalización. No es solo un grito de los más débiles para llamar la atención. Ahora nos enfrentamos a indicios muy significativos de que se está produciendo un genocidio en Brasil.

¿Y cuáles son estos indicios?

Primero, debo decir que, en lo que respecta a la población en general, creo que existe el delito de exterminio: artículo séptimo, letra b, del Estatuto de Roma. También es un crimen de lesa humanidad. Y, en el caso específico de los pueblos indígenas, opino que puede caracterizarse como genocidio, el más grave de los crímenes de lesa humanidad. El crimen de exterminio es la imposición intencional de condiciones de vida que pueden causar la destrucción de parte de una población. Lo que llama la atención, en este caso, es que el ejemplo que se utiliza en el texto del Estatuto de Roma es precisamente el de la privación del acceso a alimentos o medicinas.

Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno federal ha asumido el comportamiento que todavía tiene hoy: por un lado, el negacionismo con relación a la enfermedad y, por otro, una acción objetiva contra los Gobiernos locales que intentan dar una respuesta efectiva a la enfermedad, contra aquellos que intentan controlar la propagación y el avance de la covid-19. Y, desde el principio, he dicho que esta política es de exterminio. ¿Por qué? Porque los estudios nos muestran que las poblaciones más afectadas son las poblaciones negras, las más pobres, las más vulnerables, entre las que se encuentran los ancianos y las personas con comorbilidades. Y, desafortunadamente, ha sucedido lo que habíamos predicho.

A pesar del infrarregistro —que es consensual, ya que todos están de acuerdo en que hay más casos en Brasil de los que se reconocen—, el volumen es impresionante y hay un perfil muy claro de las personas a quienes les afecta más la enfermedad. Tanto en el genocidio de la población indígena como en lo que, en mi opinión, es una política de exterminio referente a la actuación ante la pandemia, veo claramente una intencionalidad.

La intencionalidad es esencial para determinar la autoría tanto del genocidio como del exterminio. Pero hay juristas experimentados que defienden que sería difícil demostrar la intencionalidad en el caso de la actuación del Gobierno brasileño ante la pandemia...

Hay personas por quienes tengo el mayor respeto y que conocen el sistema penal internacional que piensan que no se trata de un crimen de genocidio u otro crimen de lesa humanidad, sino que sería una política fallida del Estado brasileño. En esta interpretación, el Gobierno de Brasil habría fracasado a la hora de combatir la pandemia. Simplemente sería una respuesta ineficiente. Y los tribunales internacionales no juzgan políticas, juzgan a las personas que cometen delitos. Por lo tanto, solo podríamos quejarnos ante el sistema interamericano de derechos humanos u otras instancias de monitoreo del cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Yo no pienso así. Veo una intención clara.

¿Cómo se expresa esta intención, en su opinión?

En la definición de los crímenes de lesa humanidad se establece que tiene que haber un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Estos dos elementos son muy importantes. Algunas personas también dicen que la Corte Penal Internacional sería solo para conflictos armados. No es verdad. El estatuto está clarísimo. No tiene que haber una guerra o un conflicto armado para que se cometa un crimen de lesa humanidad. Es más: según el estatuto, incluso el intento de genocidio es punible. Ni siquiera es necesario que se haya consumado. Del mismo modo, la incitación al genocidio también se castiga. Se castiga la incitación, se castiga el intento.

Tenemos que analizar con gran serenidad lo que ha estado sucediendo en Brasil. Yo afirmo que no se trata, ni de lejos, de una política fallida para combatir la covid-19. Ni de lejos. El Gobierno actúa de una manera muy clara contra la salud pública. No solo difunde información falsa sobre la enfermedad y, por lo tanto, difunde el negacionismo, sino que también ha creado un conjunto de acciones, incluso por vía legislativa, para obstaculizar las medidas para combatir y prevenir la covid-19 que otros poderes habían tomado. Aquí se configuran todos los elementos: ataques sistemáticos y la intención de someter a una parte importante de la población brasileña a condiciones de vida que pueden implicar su destrucción.

Entonces, ¿por qué algunos juristas respetables son, digamos, tan cautelosos?

Es evidente que la Corte Penal Internacional nunca se ha enfrentado a una situación como la que estamos viviendo en Brasil. Por lo tanto, es natural que algunos juristas, por mayor que sea su experiencia y su valor, digan que nunca han tratado una cuestión como esta. Nunca hemos vivido una pandemia de este alcance en la contemporaneidad, con una asistencia sanitaria universal con medios para responder de manera eficiente, y el Gobierno federal ha decidido no responder. Muchas personas son grandes estudiosos del derecho penal internacional, pero quizás no han estudiado más de cerca lo que el Gobierno brasileño ha estado haciendo con relación a la covid-19.

Una cosa es seguir las falsas polémicas, y también las verdaderas, en esta forma de hacer política en Brasil actualmente, donde lo falso se mezcla con lo verdadero. El presidente de la República es un agitador de extrema derecha y el movimiento que lo llevó al poder busca de forma ostensiva hacer del Estado brasileño una extensión de su aparato partidario. Los órganos del Estado, como la propia Secretaría de Comunicación, según el Poder Judicial, han intentado llevar a cabo campañas que incitan a la población a levantarse contra las autoridades. El presidente de la República incluso sugirió que sus seguidores invadieran los hospitales para fotografiarlos y “probar” la tesis conspirativa de que la covid-19 no era tan grave ni se había extendido hasta ese punto.

Es mucho más que una omisión. Tenemos una acción intencional clara y también de carácter sistemático. Una cosa es seguir las declaraciones del Gobierno a través de los directos [de las redes sociales] y la prensa, seguir estas ofensas, así como el desprecio por el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por la covid-19. Pero además de este circo de mentiras y distorsiones, también tenemos que leer el Diario Oficial para comprender qué sucede detrás de la cortina de humo. Al leerlo, vemos como se suman las evidencias clarísimas de esta intencionalidad. No son solo los discursos del presidente, sino una sucesión de actos que demuestran una intención clara y un ataque sistemático a los intentos de controlar la propagación de la enfermedad. Por eso, en mi opinión, existe una política de exterminio en curso.

Para demostrar que hay genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, también es necesario demostrar que existe un plan. ¿Es posible establecer la existencia de un plan en la actuación del Gobierno brasileño ante la covid-19?

Sí. Y el plan también es muy claro para quienes siguen e investigan diariamente lo que sucede con la covid-19. Lo que el presidente de la República llamó “guerra” y “jugar duro” contra los gobernadores constituye claramente un plan para obstruir la actuación eficiente de los Estados ante la pandemia, con medidas como pedirles a los empresarios que dejen de financiar las campañas electorales de gobernadores no aliados, amenazarlos constantemente en declaraciones públicas e incitar a la desobediencia civil, entre muchas otras medidas legislativas o administrativas. El presidente llegó a destituir a dos ministros de Sanidad que no estaban de acuerdo con sus planes para la pandemia.

¿Cuál es la importancia de un debate como este, en un momento tan serio como el que está viviendo Brasil?

Al atribuir un delito a alguien, hay que realizar una investigación, hay que interponer una demanda y hay que celebrar un juicio. Considero que todas estas etapas son extremadamente importantes para poder entender lo que sucede en Brasil a otro nivel. Sería fatal si, al final de este terrible acontecimiento, la versión de lo que ha sucedido fuera que este Gobierno era simplemente incompetente. Y sería fatal porque no es cierto. La discusión sobre si se han cometido o no crímenes de lesa humanidad me parece fundamental, pero debe hacerse de una manera muy tranquila, porque no se trata de agitar ni incitar a las personas. Es, de hecho, una tesis muy seria, que puede prosperar en el ámbito internacional.

Y no solo eso. También puede prosperar a nivel nacional, porque el genocidio es un delito que recoge la ley brasileña. En nuestra legislación, también tenemos toda una base para discutir si lo que está sucediendo aquí es un genocidio o no. Nada de esto me parece una cuestión de políticas públicas, sino más bien una cuestión de responsabilidad individual. Tenemos que responsabilizar penalmente a las personas que promueven el genocidio u otros crímenes de lesa humanidad, como el exterminio.

Lo que dice es que no se trata de incompetencia, como algunos quieren hacernos creer. Está afirmando que hay dolo, que hay intención. Además de las conocidas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, ¿qué actos, publicados en el Diario Oficial, lo demuestran?

Incluso aquella famosa declaración del 24 de marzo, en la que el presidente utiliza la expresión “gripecita” para referirse a la covid-19, contiene mucho más desde un punto de vista jurídico. En el mismo discurso, el presidente criticó, por ejemplo, el cierre de las escuelas. Está lo que sobresale, lo más comentado, pero también hay otros elementos que hacen que no se trate solo de una expresión infeliz. Imagínate, en una corte internacional, a un juez que se encuentra con el discurso de un presidente de la República que, en plena pandemia, se pronuncia en contra del cierre de las escuelas...

Y con relación a los actos, ¿podría nombrar algunos?

Hay muchos. Un gran ejemplo con relación a la población en general es la Ley 14.019, del 2 de julio, que trata sobre el uso de mascarillas. El presidente vetó la obligación de los establecimientos comerciales de poner carteles informativos sobre cómo llevar correctamente la mascarilla y vetó la obligación de los establecimientos comerciales de fijar el aforo. Se creó una ley sobre el uso de mascarillas para contener el avance de la pandemia, y fíjate que esta ley es del 2 de julio, cuando ya tenemos decenas de miles de muertos y la enfermedad se está desplazando hacia el interior del país. Y el presidente va y veta esas obligaciones.

También veta la obligación de llevar mascarilla en las cárceles, en los establecimientos educativos y en los templos. Eso, sí, es banalizar el veto. Y son vetos contra la salud pública. Otro ejemplo es la demora en sancionar la norma que transfería recursos financieros a los Estados. Es un debate que, realmente, me da escalofríos. Muchos Estados ya no tenían recursos para comprar material médico, como respiradores e incluso sedantes. Entonces solicitan ayuda, el Congreso aprueba la medida y el presidente retrasa al máximo la sanción de la ley que proporciona ayuda financiera a los Estados que están en primera línea haciendo frente al coronavirus. ¿Qué es, sino obstaculizar la contención de la enfermedad?

Otra cuestión evidente: cuando el gobernador del Estado de Maranhão, Flávio Dino, tras pedir innúmeras veces ayuda al Gobierno Federal y tratar de obtener material, especialmente respiradores, organiza una compra y Hacienda lo amenaza con demandarlo, a él y a todas las personas involucradas. Hay más. Las amenazas de realizar operaciones policiales contra los gobernadores, en un intento de caracterizar la respuesta a la pandemia y la compra de material como corrupción, como si el gasto en hospitales de campaña y respiradores fuera necesariamente una forma de malversación. El personal experimentado del Ministerio de Sanidad, con gran conocimiento sobre cómo combatir enfermedades infecciosas, se reemplaza por personas sin experiencia. Y sigue. El intento de manipular los números de la covid-19... Y también está el uso de cloroquina, incluso en comunidades indígenas.

Al principio, la propia Organización Mundial de la Salud investigaba si era efectiva o no. Pero hoy, no cabe la menor duda [de que no lo es]. Además de todo lo que significa tomar cloroquina, todavía se quiere engañar a las personas diciendo que existe un tratamiento para la enfermedad. ¿Quieres más ejemplos? Puedo seguir durante horas.

Creo que ha quedado claro.

Hay que entender que existen dos grandes vertientes para considerar si se trata de crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio. Una es la vertiente de la comunicación y la otra, el ataque contra los Gobiernos de los Estados. La comunicación es absolutamente criminal, porque incita a las personas a pensar que la enfermedad no es tan grave, las incita a no protegerse. Por otro lado, se producen constantes amenazas a los Gobiernos locales, restricciones y obstrucciones a las acciones que realizan para combatir la pandemia.

¿Y con relación a los pueblos indígenas, específicamente?

Con relación a los indígenas, dos cuestiones son especialmente relevantes, entre muchas. Sin dudarlo, daría dos ejemplos. El primero es el debate sobre el contacto con los pueblos aislados. La ordenanza 419 de la Fundación Nacional del Indígena determina que hay que evitar el contacto con las comunidades aisladas. Excepto que, si la leemos con lupa, esta ordenanza hace una excepción: puede haber contacto con pueblos aislados con la autorización de la Fundación. El Gobierno siempre lo intenta. La intención es clara. Pero entonces la sociedad civil responde enfáticamente. En marzo, el Ministerio Público Federal hace una recomendación y luego se modifica la ordenanza. Pero el intento está ahí.

En febrero de este año, Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la ONU para los pueblos indígenas, al enterarse de que un líder evangélico podría liderar la coordinación de los pueblos aislados de la Fundación Nacional del Indígena, advirtió de un potencial genocidio. Por lo tanto, el genocidio está lejos de estar banalizado. Estamos hablando de una relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El segundo punto —y es incluso difícil hablar de ello con calma— es la ley del plan de emergencia para combatir la covid-19 en los territorios indígenas. Para comenzar, el plan de emergencia es una ley ¡del 7 de julio! ¡Del 7 de julio! O sea. En julio, se aprueba el plan de emergencia para enfrentar una emergencia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero y, por Brasil, el 3 de febrero. ¡En Brasil, la emergencia nacional ya ha se reconocía en febrero! Y solo crean el plan para combatir la pandemia en los territorios indígenas en julio. Bueno, en este plan, la Federación tiene que garantizar un conjunto de medidas para enfrentar el virus...

Y Bolsonaro vetó la garantía de acceso al agua potable para los pueblos indígenas...

Muchas personas se quedaron atónitas con el hecho de que el presidente de la República vetara la garantía de acceso al agua potable. Pero, si leemos el conjunto de vetos, veremos que va mucho más allá de una supuesta crueldad con relación al agua. Se vetó la obligación de organizar la atención de complejidad media y alta en los centros urbanos, se vetó el seguimiento especial de casos que involucren a indígenas, hasta se vetó la oferta de emergencia de camas en hospitales y UCI. Se vetó la obligación de comprar o suministrar ventiladores para máquinas de oxigenación sanguínea, se vetó la inclusión de los pueblos indígenas en los planes de emergencia para el cuidado de pacientes críticos de las secretarías municipales y estatales, que incluso obligaba a la sanidad pública a registrar y notificar la declaración del paciente de raza y color.

Con este veto, se intenta dificultar la identificación de los indígenas atendidos en la sanidad pública. Para que veas lo importante que es la comunicación: se vetó la obligación de preparar materiales informativos sobre los síntomas de la covid-19 en varios formatos y difundirlos por las radios comunitarias y las redes sociales con traducción y lenguaje accesible. Eso se vetó. ¡Se vetó la obligación de explicar a los indígenas la gravedad de la enfermedad! Se vetó la obligación de ofrecer conexión de internet en las aldeas para no tener que desplazarse a los centros urbanos. Se vetó la distribución de cestas básicas de alimentos, de semillas y herramientas agrícolas a las familias indígenas. Por eso digo: la cuestión va mucho más allá de frases de efecto, va mucho más allá de todo lo que promueve el Gobierno federal para incentivar a su base de apoyo a odiar a las instituciones, a odiar a los partidos de la oposición, a odiar a una población que consideran inferior y subalterna, como los indígenas y los negros, que entorpecen sus intereses y son considerados un obstáculo para la racionalidad económica que defienden.

¿Qué es esta racionalidad económica?

La racionalidad económica que defienden es la de la ganancia inmediata, la de los privilegios para los amigos del rey. Y es una racionalidad que ni siquiera tiene que ver con preocuparse por la economía del país. No. Les preocupan los intereses de ciertas personas. La cuestión económica es de suma importancia en el combate a la pandemia. Me gusta mucho el trabajo de [la economista] Laura Carvalho, no solo por su lenguaje accesible, sino porque dice claramente que el problema de la pandemia no son las medidas de contención, sino la pandemia en sí. Morir es muy malo también para la economía familiar. Padecer una enfermedad prevenible también es muy malo para la economía familiar. Una respuesta seria para contener la propagación de la enfermedad sería más efectiva para la economía que el negacionismo.

El alcalde de Itabuna, en Bahía, habló muy claramente sobre el significado de esta posición cuando anunció, a principios de julio, que reabriría el comercio. Dijo: “Muera quien muera”. Y se sabe exactamente quiénes van a morir más. La élite brasileña sufrirá algo que probablemente llamarán daño colateral. Pero la regla, al observar lo que sucede en Brasil desde febrero, es que las personas que tienen acceso principalmente a cuidados intensivos tienen muchas más probabilidades de sobrevivir, incluso siendo ancianos o teniendo comorbilidades. No se puede decir que los brasileños, en general, no tienen acceso [a los cuidados intensivos], porque la sanidad pública en algunos lugares ofrece un tratamiento excelente, a pesar de las dificultades. Pero la sanidad pública no consigue actuar igual en todos los lugares. Por lo que se sabe exactamente quiénes van a morir más.

Con respecto a los pueblos indígenas, ¿qué otros elementos muestran que puede haberse cometido un crimen de genocidio contra ellos?

La diferencia esencial, que facilita identificar el genocidio en las poblaciones indígenas, es el claro interés que existe en utilizar sus tierras, las riquezas naturales, en eliminar el “obstáculo” que representan estas figuras, ya que son los grandes guardianes de la selva, del medio ambiente, del patrimonio natural brasileño. Eliminar a estos guardianes facilitaría enormemente la apropiación de sus tierras, basta ver el ritmo con que se deforesta y se ocupan ilegalmente tierras protegidas en Brasil. El motivo del crimen es evidente. La vieja pregunta de las películas de misterio, ¿quién se beneficia del crimen?, tiene una respuesta muy evidente en este caso.

¿Cuál es la historia del concepto de genocidio, para que podamos entender mejor qué se está debatiendo?

Comienza con [Winston] Churchill, en octubre de 1943, cuando salen a la luz las atrocidades que cometieron los nazis. Dijo: “Nos enfrentamos a un crimen sin nombre”. Y, entonces, un jurista polaco, Raphael Lemkin, publicó un artículo, en noviembre de 1943, donde afirmaba: “Por genocidio entendemos la destrucción de una nación o un grupo étnico”. Él es quien utiliza esta palabra por primera vez, combinando “genos”, del griego, que es raza o tribu, con la palabra latina “cidio”, que significa matar. Nunca dejó de ser un concepto controvertido, debido al negacionismo y, principalmente, al dilema de algunos países, que querían castigar el genocidio que Hitler practicó contra los judíos, pero que estaban haciendo sus genocidios en otros lugares, como los propios ingleses, los estadounidenses, los franceses, que tenían el genocidio en sus historias, algunas incluso bastante recientes.

Entonces, ¿cómo constituir el concepto de un crimen sin que se volviera luego contra ellos? El debate, por lo tanto, siempre ha existido. Y Lemkin ya dijo en ese artículo: “el genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación; es mucho más un plan coordinado de diferentes acciones para destruir los fundamentos esenciales para la vida de los grupos, con el objetivo de, más adelante, exterminarlos”.

El hecho de que la palabra se originara con el holocausto judío cometido por Hitler y los nazis en la Segunda Guerra Mundial ¿no dificulta, incluso a los juristas experimentados, que hoy entendamos que estamos en otro momento de la historia? Del mismo modo que para algunos es difícil entender que los golpes de Estado actuales ya no tienen que ser con tanques en la calle, como en el siglo XX, ¿no sería difícil entender que, en tiempos de pandemia y emergencia climática, la interpretación también tiene que actualizarse porque los desafíos y las amenazas también son otras?

Genocidio no es solo poner a gente en una pared [o una cámara de gas] y fusilarla. El genocidio también ocurre al suprimir las condiciones necesarias para la vida y la salud. Llevo más de 10 años estudiando e investigando pandemias y la Organización Mundial de la Salud. A las personas les parecía curioso que alguien de derecho internacional se interesara en estos asuntos. Ahora ya no necesito explicar por qué hice mi investigación posdoctoral sobre la gripe H1N1. Hay algo nuevo que los sistemas internacionales tendrán que tener en cuenta. El hecho de que no haya precedentes solo significa que, en la contemporaneidad, la humanidad no ha alcanzado esta etapa de la historia. Con toda la tecnología y la ciencia, es la primera vez que nos enfrentamos a un fenómeno de esta magnitud. La gran mayoría de los Estados brasileños han hecho todo lo posible para enfrentar esta situación. Pero el Gobierno brasileño no.

Algunas personas malentienden el negacionismo como algo incorrecto, pero honesto, en el sentido de que los negacionistas realmente creen en la inexistencia de algo. Sin embargo, el negacionismo es claramente manipulación y estrategia...

Históricamente, el negacionismo surge precisamente con relación al holocausto. Esta palabra surge en los ambientes universitarios de los años 70 y 80 para referirse a algunas tesis académicas y discursos políticos que decían que el holocausto judío no fue tan grave o no ocurrió. Es muy interesante. Las extremas derechas europeas, principalmente la francesa, no podían presentarse políticamente con sus ideas ante la monstruosidad de lo que le sucedió al pueblo judío. Como estaba claro que esas ideas fascistas conducen necesariamente al exterminio y al genocidio, para que volvieran a ser aceptables era necesario negar lo que había sucedido.

De lo contrario, no podrían presentarse nuevamente en el espacio público. Importantes universidades francesas terminaron involucradas en este escándalo al permitir la existencia de tesis que afirmaban que o no había sido tan grande —o sea, que se banalizaba el término— o no había sucedido. La coherencia no es algo importante para la extrema derecha, nunca lo ha sido. Es entonces cuando surge esa expresión: negacionismo. Los judíos deben demostrar periódicamente que el holocausto ocurrió, porque los negacionistas juegan con lo que se llama la carga de la prueba. Ellos no demuestran que no sucedió, pero te obligan, en todo momento, a demostrar que sucedió.

Como sucede, especialmente en este Gobierno, con la memoria de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil...

Sí. Y quiero decir, muy enfáticamente, que esto también sucederá con relación a la pandemia de covid-19 en Brasil. Periódicamente, tendremos que demostrar esas decenas de miles de muertes. Periódicamente, tendremos que volver a explicar cómo sucedió. Estoy absolutamente convencida de que se dará esta disputa. Será necesario hacer un memorial para estos muertos. La historia tendrá que ser contada sin cesar. Al igual que sucede con las víctimas de la dictadura militar, habrá desmentidos. Entiendo la preocupación por preservar el término genocidio, pero el quid de la cuestión, de lo que he estado diciendo desde que hemos comenzado a hablar, es que no se exagera al hablar de crímenes de lesa humanidad con relación a lo que sucede hoy en Brasil con respecto a la covid-19. Por todo lo que he dicho y porque estas muertes se podían evitar.

¿Cómo queda claro que estas muertes se podían evitar?

Brasil no es un país miserable, sin sistema sanitario y condenado a tener una evolución trágica de la enfermedad. Brasil es una referencia internacional en cobertura sanitaria universal. En los países en desarrollo, no hay nada que se equipare a nuestro Sistema Único de Salud. Brasil tiene profesionales sanitarios y de salud pública de muy alto nivel, todos expulsados del Ministerio de Sanidad. Brasil era uno de los países del mundo que estaba mejor preparado para combatir la covid-19. Muchos brasileños pensaban que Brasil no tenía dinero. Y hemos descubierto que Brasil tiene mucho dinero, que una parte muy significativa del PIB se destinó a combatir la covid-19, pero que no ha llegado a donde debe llegar, por varias razones, entre ellas las que ya he mencionado. ¿Cómo es posible? Podríamos haber tenido una realidad en la que todas las autoridades advirtieran sobre la enfermedad, pidieran a la población que se quedara en casa y siguieran las medidas y que, por alguna razón, el sistema hubiera tenido una disfunción.

Pero no es ni de lejos lo que estamos viviendo en Brasil. No tenemos un Gobierno federal que actúe para contener la pandemia, pero no tiene éxito. Al contrario. Hay una obstrucción reiterada, con la justificación de proteger la economía brasileña —una justificación mediocre, que los que entienden de economía dicen que ni siquiera es la mejor manera de proteger la economía—. Y quiero llamar la atención, muy enfáticamente, sobre la comunicación. En todos los manuales, la comunicación de riesgo durante las emergencias es uno de los principales pilares. El primer punto es la confianza en las autoridades sanitarias, el segundo punto es una comunicación clara, incluidas las incertidumbres científicas sobre lo que está sucediendo. En ningún momento podemos subestimar la comunicación como elemento de combate. En la comunicación, como en tantos otros puntos, la intención de no dejar que la población se proteja como debería es muy clara.

¿Qué dice exactamente la legislación?

El concepto de genocidio, en la legislación brasileña [Ley 2.889, del 1 de octubre de 1956], es claro. Comienza refiriéndose a la intención de destruir todo o parte de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Hace referencia a matar a miembros del grupo, causar daños graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, someter al grupo o a miembros del grupo a condiciones de existencia capaces de causar destrucción física total o parcial, así como adoptar medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo y trasladar a la fuerza a los niños del grupo a otro grupo. También menciona la incitación directa o indirecta y que la sentencia se incrementará en un tercio cuando el delito sea cometido por un gobernante o un funcionario.

¿En qué casos encajaría el Gobierno brasileño con relación al combate a la covid-19?

Causar lesiones físicas o mentales graves a los miembros del grupo, esto me parece evidente en los argumentos que ya he mencionado. Someter al grupo a condiciones de existencia capaces de causar destrucción física parcial o total, está más que claro. Imagínate, el Gobierno vetó incluso la obligación de llevar a cabo una campaña para los pueblos indígenas traducida a sus idiomas, explicando la gravedad de la enfermedad. En la Corte Penal Internacional, el concepto es similar. Me parece que, con relación a los indígenas, existe una circunscripción geográfica que facilita probar la práctica de este delito en un eventual juicio. Me parece que existe una amplia gama de pruebas. Pero nadie puede ser condenado previamente. Lo que estamos diciendo es que es posible que este crimen esté ocurriendo y que hay que investigarlo como un crimen de genocidio. Lo que es muy importante es que ya no hay lugar para el argumento de que se banaliza la palabra genocidio. Que deje de considerarse algo distante, acusatorio o absurdo y que empiece a investigarse.

¿Qué pasa con los negros que, según los estudios, son la mayoría de los que mueren por covid-19?

En la población negra, más que matar, veo que se deja morir, que también es un crimen de lesa humanidad. Cuando el Gobierno realiza una serie de acciones que obstaculizan la prevención y la lucha contra la covid-19, juega con la evolución natural de la enfermedad: si deja que la enfermedad evolucione naturalmente sin intervenir de manera efectiva, la tendencia es que afecte más a la población vulnerable y la extermine, porque considera que sus vidas no importan. En la población general, los caminos del crimen de lesa humanidad son menos evidentes que los crímenes contra las poblaciones indígenas.

He escuchado a personas decir que hasta ahora han muerto “pocos” indígenas para que se considere un genocidio [casi 600, según las organizaciones indígenas]. Es una declaración terrible, para decirlo suavemente, pero es importante preguntar, para que todos puedan entender un debate que concierne no solo a los brasileños, sino a la población mundial: para ser considerado genocidio o exterminio, ¿es necesario un número elevado de muertes?

Desde el punto de vista de la clasificación del delito, desde un punto de vista técnico, el número de personas que han muerto es irrelevante. Ni la ley brasileña ni la ley internacional determinan un número mínimo de personas para constituir un genocidio. La esencia es la intención de destruir un grupo total o parcialmente. Una intención que no necesariamente resultará en muertes. Por supuesto, desde un punto de vista ético, el número de muertes es totalmente relevante. Pero, como he dicho antes, incluso el intento de genocidio es punible.

Otra pregunta muy obvia, pero importante. En el caso de que se celebrara un juicio en la Corte Penal Internacional, se responsabiliza a la persona, no al Gobierno, ¿verdad? En el caso brasileño, por ejemplo, ¿se podría responsabilizar al presidente Jair Bolsonaro y a los generales, así como a otros funcionarios con poder de decisión?

Sí. La CPI es un gran logro de la humanidad, porque permite responsabilizar a las personas de los crímenes de lesa humanidad. Alguien llega al poder en determinado Estado, pero lo que puede hacer, ejerciendo su poder contra su propio pueblo, tiene un límite. Hay gestos que ahora tienen nombre y están recogidos, el más grave es el genocidio. Existe la posibilidad de demandar a jefes de Estado, generales, grandes empresarios, ladrones de tierras públicas, funcionarios en cargos de responsabilidad, personas que participaron en el crimen.

Usted defiende que este debate debe hacerse y que debe hacerse con serenidad, porque es importante para Brasil. ¿Por qué es importante?

Solo el hecho de que se debata ya es importante. Pueden pasar años hasta que la CPI decida si abre la investigación o no. Pero la construcción de denuncias técnicamente bien fundadas es un proceso en el que todos ganan. Brasil gana y las instituciones brasileñas ganan.

¿Por qué?

Las demandas que se hacen en busca de justicia, para responsabilizar a las personas que atentan contra la vida de poblaciones vulnerables o contra grupos específicos, como los indígenas, son demandas que hacen aflorar la verdad. El proceso judicial va dando voz a las víctimas y les permite que sean escuchadas en las distintas instancias. La construcción, organización y sistematización de estas pruebas va despertando la conciencia de la gente. En Brasil, lo más importante es demostrar que lo que sucede va mucho más allá de un debate vulgar sobre temas de la mayor gravedad, va mucho más allá de la supuesta incompetencia del Gobierno federal ante la covid-19. Un proceso judicial hace que la verdad aparezca en la voz de las víctimas o sus familias. Demuestra que no es solo una forma desafortunada de manifestarse, no es solo ignorancia, no es solo incompetencia. Hay intencionalidad. En el caso de una demanda por genocidio o por otro crimen de lesa humanidad, como el exterminio, el camino es más importante que el destino.

Entonces, ¿por qué se produce una reacción tan fuerte ante la declaración del magistrado Gilmar Mendes, incluso entre personas que se oponen al Gobierno de Bolsonaro?Creo que la reacción al discurso de Gilmar Mendes tiene dos causas. Una es que se supone que el presidente debería estar más tranquilo. Con el arresto de [Fabricio] Queiroz [exasesor de su hijo Flávio Bolsonaro investigado por desvío de dinero público], cambió su estrategia de atacar a las instituciones. En este momento, cuando supuestamente la tensión se está aliviando, un magistrado del Supremo utiliza una expresión referente al peor tipo de crimen que existe. Y utiliza una expresión que tiene un significado internacional inmediato, porque todo el mundo sabe qué es un genocidio. Por lo que parece que es un gesto que genera tensión en un momento en que, supuestamente, las tensiones se están aliviando. Y digo supuestamente porque, en este momento de pandemia, seguimos el Diario Oficial todos los días. Cuando vemos actos como los vetos al plan de emergencia para los indígenas, vemos que la tensión no está disminuyendo en absoluto.

El segundo elemento es la dificultad de identificar esta sistematicidad en los ataques a los intentos de controlar la pandemia. Diariamente, estos elementos se interpretan como vulgaridad, ligereza, incompetencia. Pero esta línea del tiempo con acciones concretas, que demuestra el ataque sistemático a la salud pública, es menos visible. Creo que muchas personas, con las mejores intenciones, dicen que no servirá de nada discutir si se caracterizan o no como crímenes de lesa humanidad porque es una cuestión política, porque sería un caso para el sistema de control de derechos humanos, donde el Estado puede ser responsabilizado. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que hay personas que actúan de manera sistemática contra la salud pública y la vida de los brasileños. Me sería difícil decir que establecer la muerte de más de 80.000 personas como un crimen de lesa humanidad es banalizar la palabra genocidio. Y no solo por la cantidad de personas, sino principalmente —es importante repetirlo— porque estas muertes se podían evitar.

¿Diría que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es un genocida?

Digo que es necesario investigar la acusación de genocidio con relación al presidente de Brasil. Si queremos darle densidad técnica a este debate, no podemos condenarlo antes del juicio. Debemos denunciar y esperar la decisión. Tanto es así que, en el periodismo, cuando alguien es acusado de un delito, os referís a él como sospechoso. Creo que es un valor que hay que preservar. Creo que el presidente de Brasil es sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio. Y el camino por el que formulamos esta acusación es un camino importante para la sociedad brasileña, porque es otra indicación de la gravedad de lo que sucede. Y algunas personas lo ven de una manera muy irresponsable. Permitir que estos comportamientos existan y se repitan es muy grave. Tenemos que discutir con la tranquilidad y seriedad que este tipo de asuntos requieren. Y no prejuzgar forma parte de esta discusión. No referirse a alguien que aún no ha sido condenado como si ya lo hubiera sido. Pero no tengo ningún problema en decir que varias autoridades brasileñas, entre ellas el presidente de la República, me parecen sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad y deben ser investigadas.

*Escritora, periodista y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - o avesso da lenda, A vida que ninguém vê, O olho da rua, A menina quebrada, Meus desacontecimentos, y de la novela Uma duas.