Centroamérica es una región importadora neta del petróleo y estimó que la factura petrolera de la región asciende a alrededor de US$11.500 millones
ROBERTO FONSECA
El pasado 12 de junio, el mercado de valores de Wall Street cerró la jornada, registrando un precio promedio del petróleo WTI de US$36,08 por barril, cifra menor en -31,2% con respecto al precio promedio del barril del West Texas Intermediate (WTI), del 14 de junio de 2019.
“Lo que estamos viendo, esencialmente, es equivalente a una bomba atómica en el mercado del petróleo”, comentó Louise Dickson, un analista de la consultora Ryastad Energy. El gran confinamiento en la República Popular de China y resto de Asia Pacífico, y luego de Europa, Estados Unidos y finalmente, de América Latina y el Caribe, ha provocado el desplome de los precios del petróleo, a niveles similares de los años 90.
Según la publicación Petroleum Economist, China, el gigante asiático, es el más grande importador de petróleo en el mundo, incluyendo el crudo producido en América Latina. Sus importaciones petroleras representaron el 40% de las exportaciones de crudo de la región, en el año 2018.
Venezuela y Brasil son especialmente vulnerables a la contracción económica en China. Prueba de ello es que en 2019, Petrobras envió el 85% de sus exportaciones al gigante asiático.
Mientras en Estados Unidos, la producción de petróleo en ese país, que se mantuvo siempre por encima de 12,9 millones de barriles diarios en noviembre de 2019, cayó a 1,5 millones de barriles diarios en mayo de 2020, confirmó Stephen Nalley, Administrador Adjunto de la Energy Information Administration de los Estados Unidos, al comparecer ante el Comité de Energía y de Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, el pasado 16 de junio.
Nalley, a su vez, advirtió que según las proyecciones de la agencia EIA, la producción de petróleo en Estados Unidos seguirá decreciendo hasta marzo del próximo año. Con respecto al consumo interno de los derivados del petróleo, indicó que por efecto de las restricciones de viajar en Estados Unidos y de permanecer en casa, el consumo interno de gasolina caerá casi 13% y de diésel cerca del 10% en 2020. Y estimó que crecerá hasta los próximos 18 meses.
“No esperamos ver el retorno a los niveles de consumo de 2019, hasta finales de 2021”, dijo refiriéndose a su país. Incluso, a nivel global, estimó que el consumo de los derivados del petróleo caerá en más de 8 millones de barriles diarios a lo largo del presente año y valoró que la mayor caída se registrará en el segundo trimestre del 2020.
Melvin Redondo, Secretario General de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA),refirióaE&Nqueelpetróleoestadounidense West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia para el mercado latinoamericano, sufrió una caída cercana al -40% entre mayo 2019 y mayo 2020, ya que los contratos de venta futura cerraron en US$53.5 por barril y US$35.49 por barril, respectivamente.
Explicó que el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, en los últimos seis meses, se da en un contexto donde a raíz de la pandemia del COVID-19, que derivó en una paralización de la actividad económica y por ende una reducción en la demanda a nivel global, se generó un desplome en los precios de los commodities en particular en el petróleo y sus derivados; aunado a este escenario, el exceso en la producción de petróleo versus una menor demanda, provocó una sobreoferta ocasionando problemas en la capacidad de almacenaje.
“La reducción en los precios internacionales del petróleo durante 2020, responde a un contexto coyuntural en combinación con tensiones geopolíticas, por lo que existe cierta incertidumbre en cuanto a si la duración de los precios bajos se mantendrá en el mediano y largo plazo”, indicó Redondo.
Reiteró que Centroamérica es una región importadora neta del petróleo y estimó que la factura petrolera de la región asciende a alrededor de US$11.500 millones, representando en promedio entre el 12% y 16% de las importaciones totales, en el periodo comprendido entre 2017 y 2018.
En términos del Producto Interno Bruto (PIB), agregó que la factura petrolera varía entre un 3% y un 4% para el mismo periodo de referencia. “A nivel fiscal, una reducción sostenida de los precios del petróleo podría significar una oportunidad en términos de eliminación o reducción de subsidios al consumo de los derivados del petróleo -considerando la sensibilidad que esto conlleva-; sin embargo, en este contexto de emergencia sanitaria, el menor consumo representaría una menor recaudación de los impuestos a la gasolina y el diésel”, añadió Redondo.
El Secretario General de SIECA agregó que países como Honduras, Costa Rica y El Salvador, han indicado de manera oficial que hay una reducción en la importación de petróleo y sus derivados. En los dos primeros, la reducción responde al 11,2% y 14,8% al cierre del primer trimestre del 2020; y en el último caso, a una reducción del 35,7% al finalizar mayo del mismo año.
Por su parte Abelardo Medina, coordinador del área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), valoró que la caída del precio promedio del petróleo traería beneficios macroeconómicos, siempre y cuando sean sostenibles. “Para la mayor parte de las economías de la región, la disminución de los precios internacionales del petróleo y especialmente de la gasolina, implica una reducción de la demanda de dólares para compras en el resto del mundo, además de producir una liberación de recursos que pueden ser utilizados para la importación de otro tipo de bienes, especialmente de consumo”, dijo.
De acuerdo a cifras proporcionadas por Icefi, basándose en datos oficiales, Guatemala es el país que registró una mayor factura petrolera anual, al desembolsar alrededor de US$2.586 millones en 2019. Le siguen Panamá (US$2.115 millones) y Costa Rica (US$1.642 millones).
“La reducción de la demanda de dólares, debiera producir una reducción del tipo de cambio o al menos un aumento en la acumulación de reservas monetarias internacionales por parte de los bancos centrales”, agregó.
Medina insistió que en general, la reducción de los precios de los combustibles implica una mejora en los términos de intercambio de los países, una reducción de los precios internos, una mejora en la balanza de pagos, especialmente por la reducción de las importaciones, un aumento del ahorro nacional (o al menos un desplazamiento del consumo hacia otro tipo de productos) y una mejora en el PIB por reducción de las importaciones.
Con relación al PIB, Honduras es el país que invierte más en factura petrolera, al representar 6,4% del PIB en 2019, seguido de El Salvador (5,5%) y Guatemala (3,4%). Medina valoró que es “complicado” estimar en cuanto se reducirá la factura petrolera de los diferentes países de la región en 2020, atendiendo al hecho de que mucho del consumo de combustibles se utiliza para la generación de energía eléctrica y otro tanto para la movilización de vehículos, entre otros aspectos. No obstante, valoró que si la caída interanual de los precios del trimestre marzo-mayo fuera acompañada de un consumo “relativamente constante” de los combustibles -lo que no se conoce en este momento-, la factura petrolera se estima que disminuirá al final de 2020, un mínimo de entre el 12% y 15% de lo observado al cierre de 2019, para cada uno de los países de la región.
“Por supuesto que habrá que esperar el comportamiento de los precios durante el resto del año y la dinámica de la actividad económica posterior a COVID-19. La caída de la factura petrolera del trimestre marzo - mayo, si el consumo se hubiese mantenido constante, podría incluso representar ahorros de cerca del 50% de lo pagado en mismo período del año anterior, para los países de la región”, concluyó Medina.
En marzo del año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas impuestas a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, a dos de sus filiales en Centroamérica: la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa, filiales de PDVSA.
En el caso de la salvadoreña Alba Petróleos, el conglomerado estuvo desde su fundación a cargo de José Luis Merino, conocido como “Ramiro Velásquez”, un excomandante guerillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), según InSight Crime.
Mientras en el caso de la nicaragüense Albanisa, es un negocio centralizado por la familia gobernante, Ortega-Murillo. A partir de las sanciones económicas, las estaciones de servicio de combustibles de la familia Ortega-Murillo, cambiaron de nombre y de imagen para “sortear” las sanciones, sin embargo, hoy permanecen completamente cerradas al finiquitar sus inventarios de combustibles y no poder renovarlos con otros proveedores fuera de PDVSA.
