Hasta el 31 de agosto el plazo de adhesión para las micro, pequeñas y medianas empresas
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de agosto próximo el plazo para que pequeñas y medianas empresas (pymes), monotributistas, autónomos y entidades civiles sin fines de lucro como cooperativas, consorcios de propietarios, obras sociales, universidades públicas y clubes de barrio adhieran a la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social.
A través del DNU 634/2020, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional extendió hasta el 31 de agosto el plazo de adhesión a la Moratoria 2020 para las micro, pequeñas y medianas empresas, en busca asegurar que la inscripción al plan de regularización de deudas no se vea afectada por la pandemia del Covid-19.
Además estableció que la primera cuota de los planes de facilidades de pago que se presenten desde el 1 y hasta el 31 de agosto, vencerá el 16 de setiembre próximo.
La deuda que puede incluirse en la moratoria es aquella vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y los planes de pago vigentes o caducos, hasta el 23 de diciembre de 2019.
La moratoria es una de las herramientas previstas en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para "atender la difícil situación que atravesaban el entramado productivo a finales del año pasado como consecuencia de la política económica del gobierno anterior".
La herramienta que permite refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda impositiva, aduanera y de la seguridad social que tengan los contribuyentes, recobra relevancia en el actual escenario de emergencia sanitaria.
El decreto señaló que "con fundamento en la función esencial del Estado de generar las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante la grave situación que atraviesa la economía como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley ampliatorio del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras".
Al respecto indicó que "al momento del dictado del presente decreto, el anteproyecto de ley se encuentra en pleno trámite parlamentario".
"Con el objeto de continuar posibilitando la adhesión al régimen de regularización hasta tanto el Congreso debata la oportunidad, mérito y conveniencia de sancionar la ley que extiende y amplía sus condiciones, se estima necesario prorrogar hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo para la adhesión al régimen", explicó la medida.
Por otro lado, la AFIP también dictó la Resolución General 4781/2020, a través de la cual extendió el régimen de facilidades para financiar obligaciones incluidas en planes caducos.
Se extiende un mes la adhesión al régimen de facilidades de pago que permite financiar las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social incluidas en planes caducos para empresas, monotributistas y autónomos. La normativa también prevé la posibilidad de regularizar planes caducos de monotributistas así como obligaciones incluidas en un plan Ganancias y Bienes Personales.
El Cronista
AGUSTÍN SZAFRANKO
La cuarentena por el coronavirus tiene paralizada a una buena parte de la actividad económica desde hace más de cuatro meses y derrumbó la recaudación de impuestos, lo que en contrapartida se tradujo en un incremento inusitado de las deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dado que las empresas priorizaron el pago de salarios o servicios ante la drástica reducción de sus ingresos.
De esta manera, la deuda exigible por el Fisco subió a $ 282.000 millones, un 90% más que los casi $ 150.000 millones que se registraban a comienzos de año, poco después de que se aprobara la Ley de Solidaridad que incluía la moratoria pyme vigente que permite a las empresas de este segmento refinanciar deudas vencidas al 30 de noviembre de 2019.
Las complicaciones para hacer frente a las obligaciones tributarias motivaron al Gobierno a impulsar una ampliación de la moratoria más allá del universo pyme y que contemplara imputar deudas vencidas al 30 de junio. El proyecto de ley pasó por comisión legislativa e incorporó propuestas de la oposición, como el reconocimiento a los contribuyentes que sí cumplieron.
Pero no toda deuda tributaria podrá imputarse en la moratoria. El texto del proyecto, que todavía debe votarse en las cámaras, excluye las acreencias de bancos, de aseguradoras, de empresas de telefonía e internet y los contribuyentes que tengan activos financieros en el exterior y no repatrien al menos el 30%.
Por otro lado, hay obligaciones impagas que no son exigibles por AFIP. Las deudas impositivas prescriben a los seis años y para las de seguridad social, el período es de 10 años.
"Después de ese plazo no se pueden exigir, aunque hay casos de suspensión o interrupción de prescripción que hace que esos plazos se alarguen, como pasó con los blanqueos de capitales 2009 y de 2013 o como propone el proyecto de moratoria, que incluye una suspensión de un año", explicó el tributarista Ezequiel Passarelli.
Cuando las deudas están en la Justicia en un juzgado e instancia con efecto suspensivo tampoco son exigibles, dado que mientras la causa avanza AFIP no puede ejecutar ni embargar. "No todas las instancias y todos los juzgados tienen efecto suspensivo, es algo muy importante. El Tribunal Fiscal de la Nación sí tiene, pero la Cámara de Recursos de la Seguridad Social, no", destacó Passarelli.
Los ingresos tributarios en lo que va del año acumularon $ 2,88 billones, un 26,7% más que en los primeros seis meses del año. Pero, en contraste con una inflación interanual de 42,5%, en términos reales se transforma en una caída de más de 11%, a pesar de que el impuesto PAIS no existía el año pasado y acumula una recaudación de $ 47.704 millones.
Y si se toma solamente el segundo trimestre, totalmente alcanzado por el confinamiento, la sangría es más profunda: ingresaron $ 1,44 billones, casi un 15% más que en el mismo período de 2019, pero significa un retroceso real de 20%.
