VÍCTOR RIVERA

Corría el año 2016 y las brigadas de delitos económicos de la PDI destinaban parte importante de su contingente a investigar los presuntos delitos tributarios ligados al financiamiento irregular de la política. Las causas “emblema” se conocieron como Penta y SQM.

Esto generó la necesidad de crear una unidad especializada en este tipo de ilícitos y así nació la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef). Este año, la policía civil decidió potenciar este departamento. Se inyectaron más recursos, la dotación pasó de 16 a 33 detectives y se decidió cambiar el nombre a uno que definiera mejor su labor: la Brigada Anticorrupción.

La unidad hoy indaga, además de casos vinculados al financiamiento de la política, el caso del fraude en el Ejército, Mop-Araucanía, el uso de gastos reservados en Carabineros y los contratos de las residencias sanitarias en el marco de la pandemia. En total, son 108 casos de alta complejidad.

Según explicó el director de la PDI, Héctor Espinosa, esta redistribución de personal obedece también al aumento de órdenes de investigar que son despachadas del Ministerio Público. Si en 2016 recibieron 136 casos para indagar, en 2019 fueron 232, traduciéndose en un salto de un 70%. Este 2020 ya han recibido 173 órdenes de investigar.

“Como consecuencia de la alta demanda que tiene y de la confianza que ha logrado de parte de los fiscales y jueces, esta brigada especializada posee un total de 33 funcionarios, 29 de ellos oficiales investigadores. De estos, además de su título profesional como investigadores policiales, 27 poseen también títulos profesionales en diversos campos (hay contadores auditores, abogados, administradores públicos, ingenieros comerciales, ingenieros en administración, etc.). Los dos oficiales más jóvenes de la brigada (subinspectores) se encuentran estudiando Administración Pública. Además, cuatro de los oficiales investigadores tienen también grado de magíster”, sostuvo Espinosa.

Este año, la Brigada Anticorrupción sumó una de las causas más grandes en términos de volumen. Se trata del denominado “caso Led”, en que se indaga la adjudicación de contratos en distintos municipios del país a la empresa Itelcom.

Ya son más de 40 los contratos que está revisando la PDI en esta investigación.

Sobre el cambio de nombre de la brigada, Espinosa indicó que responde a dos factores: a una recomendación de la Organización y Desarrollo Económico (OCDE), para tener organismos (policías) que investigaran delitos asociados a la corrupción; y en segundo lugar, a que dentro del Plan Estratégico de la institución hay un eje relativo a la probidad.

Sobre los impactos de la pandemia en los casos de corrupción, el director de la PDI señaló que “la Briac (Brigada Anticorrupción) tiene absolutamente claro cuáles pueden ser los factores de riesgo asociados a la corrupción, ya que existe un conocimiento respecto a los peligros de ciertas prácticas que pueden cometer individuos o grupos que se aprovechen de la actual emergencia sanitaria. Sabemos que en situaciones similares como ocurrió con el ébola o la gripe porcina, se buscó sacar provecho de la desgracia de otros”.

Alberto Precht, director de Chile Transparente, sostuvo que es fundamental capacitar a todas las policías y estamentos del Estado para avanzar en la persecución a la corrupción.

“Estos son delitos muy difíciles de investigar y de probar, porque la corrupción está en espacios opacos y ocultos. Siempre la corrupción va un paso adelante, por eso es tan importante que las policías y el Ministerio Público se especialicen, además de las unidades financieras correspondientes”, dijo.