MARÍA CLAUDIA MEDINA
El modelo de contratación mediante gobierno a gobierno, que empezó con los Juegos Panamericanos Lima 2019, se extiende a cada vez más obras públicas. A la Reconstrucción del Norte, se sumarán, según los últimos anuncios del Ejecutivo, incluida la exposición del primer ministro Pedro Cateriano ante el Congreso, las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, la Carretera Central, 24 proyectos de saneamiento, entre otros.
Para Javier Correa, socio de Emedos, empresa dedicada a la estructuración de proyectos de inversión, este mecanismo permite tener reglas más claras y mejores expedientes técnicos; sin embargo, representa un reto para las entidades estatales porque tendrán que disponer de profesionales calificados que no tienen actualmente.
“Hay ministerios que vienen manejando proyectos de estos tipos en diferentes etapas; planeamiento, licitación, construcción u operación. Urge reforzar la capacidad organizativa de estos ministerios. El gran problema termina siendo la disponibilidad de los profesionales”, comentó.
En términos sencillos, la Oficina de Gestión de Proyectos o PMO (por sus siglas en inglés) es un equipo que se encarga de administrar un proyecto desde que se planifica hasta que empieza a operar. Este equipo no es autónomo, tiene que responder ante una entidad con la competencia necesaria de llevar a cabo el proyecto.
En el caso de los Juegos Panamericanos, se creó un PMO con las competencias necesarias para trabajar con otro gobierno y múltiples sectores del Estado. Correa explica que las funciones del PMO pueden tercerizarse, como está ocurriendo en la Reconstrucción con Cambios, pero la responsabilidad permanece en los funcionarios de la entidad pública.
“Es un esquema que ha funcionado muy bien en el Perú por los problemas que hemos tenido de falta de competencias, de corrupción, pero es inusual. Cuando se negocia gobierno a gobierno, es más difícil para el Gobierno peruano imponer condiciones, la única forma de lograrlo es hacer que los gobiernos compitan, como ha venido ocurriendo”, precisó.
No obstante, consideró que todavía hay mejores mecanismos por aplicar como la metodología AGILE, aplicada en el sector corporativo para que los equipos especializados puedan compartir recursos y conocimientos.
Por los últimos anuncios del Gobierno, el especialista considera que el gran perdedor en el reparto de las megaobras es ProInversión, que se lanzó en el 2000 con la idea de encargarse de la promoción de proyectos.
“Los mecanismos de gobierno a gobierno van a fortalecer los ministerios y de ahora en adelante, cada uno va a querer gestionar su propio proyecto. Queda ahora la duda sobre el rol de ProInversión”, comentó.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habilitará un observatorio para supervisar la ejecución de las obras públicas realizadas por el Gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, anunció el titular del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano.
“Estableceremos, bajo responsabilidad de las entidades de los diferentes niveles de Gobierno, una sección especial en página web, que mostrará la información integrada de los diferentes sistemas del Estado relacionados con el avance de obra”, dijo Cateriano durante su presentación en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.
El titular de la PCM aseguró que la información estará disponible para todos los peruanos en el Portal Nacional de Datos Abiertos y se mostrará en paralelo con los datos del Portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El objetivo es brindar mayor información periódica y actualizada que se sustente en los datos que generan los distintos sistemas de información, así como en las imágenes del avance de las obras”, añadió.
El jefe del Consejo de Ministros indicó que la medida tiene el objetivo de contribuir con la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia y acceso a la información para toda la sociedad.
Pedro Cateriano señaló también que se contará con el ISO Antisoborno 37001 antes de julio de 2021. Esto con la finalidad de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia en los procesos de contrataciones y las denuncias de actos de corrupción.
