"El que no salta es mapuche".
Así coreaba un grupo de personas, palos en las manos, la cabeza cubierta con gorros o capuchas, el rostro semioculto, apoyando el desalojo de uno de los cinco edificios municipales tomados por mapuches en la región de La Araucanía, unos 700 kilómetros al sur de Santiago.
La escena, que se produjo en la ciudad chilena de Curacautín el último fin de semana de julio, es el episodio más reciente de un conflicto que se vive casi a diario en la zona que los mapuches, habitantes originarios de esas tierras, definen como parte de su territorio o Wallmapu, y que ha estado marcado por cortes de carretera, ataques incendiarios, huelgas de hambre, muertes de jóvenes indígenas a manos de la polícía y de un matrimonio en un incendio que devoró su casa, y por el cual un machi mapuche, Celestino Córdova, fue condenado a 18 años de cárcel.
Es la misma región al sur del río Biobío donde los conquistadores españoles se vieron obligados a parlamentar ante la resistencia mapuche y donde, a mediados del siglo XIX, el Estado chileno asentó su dominio a través de las armas.
¿Pero cuáles son las raíces y las claves para entender la conflictiva relación? BBC Mundo conversó con expertos.
Según la académica mapuche Verónica Figueroa Huencho, postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y profesora en la Universidad de Chile, la primera explicación es histórica y radica en el modelo europeo con que se creó el Estado chileno.
"Desde el principio, el Estado de Chile se construye sobre un 'ideal' de homogeneidad que no considera a los pueblos indígenas, olvidando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro sistema de representación. Y así por 200 años", plantea Figueroa.
"En Chile no hay Estado plurinacional, no hay cumplimiento activo de pactos internacionales, no hay respuesta a derechos específicos ni colectivos, ni participación política para indígenas. No se ceden escaños en el Congreso, no se crea un Ministerio. No hay voluntad de cambiar las estructuras", sostiene.
Con una población indígena estimada en el 12,7% (más de 2 millones de personas según cifras del censo 2017), Chile, a diferencia de Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y otros países latinoamericanos, no reconoce la existencia de "pueblos" indígenas, sino de "etnias", en un concepto que no permite el ejercicio jurídico, explica Figueroa.
"La actual Constitución dice que la soberanía recae en 'la nación', sin mencionar a otros pueblos. Si la Constitución es homogeneizante, entonces todo lo demás lo es. Es difícil encajar las demandas de pueblos indígenas en un Estado que sigue actuando en la lógica de los años 50: lógicas de entrega de becas, beneficios, programas específicos", agrega.
Salvador Millaleo, abogado mapuche y doctor en sociología, cree que en Chile se usa "una idea decimonónica de Estado" como excusa para no abordar las demandas mapuche en forma profunda.
"La verdad, hay intereses muy concretos que se escudan en esta idea de un "Estado Nacional" que ya se está abandonando en el mundo. Es como si tuvieran fe en ideas que ya nadie sustenta. El mundo está lleno de formas distintas de organizar el Estado", le dice Millaleo a BBC Mundo, respecto al temor a que el reconocimiento del pueblo mapuche amenazara el caracter unitario del Estado chileno, expresado en el debate parlamentario de la Ley Indígena de 1993.
Isabel Aninat, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad Afoldo Ibáñez, ex asesora presidencial en pueblos indígenas del primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y coautora del libro "El pueblo mapuche en el siglo XXI", agrega que existe también una pregunta que el Estado de Chile y la institución política no ha logrado responder: con quién negociar.
"Siempre está la pregunta: con quién se llega a acuerdos, con quién se establecen relaciones continuas en el tiempo. Y esa pregunta respecto del pueblo mapuche, por razones históricas, por su estructura, por cómo se han configurado las políticas públicas y por un montón de razones, acrecienta la dificultad de establecer relaciones continuas entre el Estado y las comunidades", dice.
"Por eso es tan importante el proyecto de ley del Consejo de Pueblos Indígenas, que es un proyecto de ley parado en el Congreso y que permite una cierta institucionalidad, que no es que las vas a imponer sobre el pueblo mapuche, pero que sí te permite establecer ciertas relaciones de continuidad más allá de los gobiernos que pasen".
En medio de la discusión política que el tema genera, el apoyo al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas sí ha tenido un impulso en los últimos años entre la ciudadanía.
En la encuesta Cadem-Plaza Pública de principios de agosto de 2020, un 93% de los encuestados está a favor de que a los mapuche se les reconozca en la Constitución y un 73% cree que debe tener cupos reservados en el Congreso.
Un avance importante en el tema indígena se produjo en 1993, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una ley que aborda el problema de la tierra, uno de los puntos clave del conflicto.
Entre otras cosas, la legislación establece subsidios para adquisición y regularización de terrenos, cómo velar por la preservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural indígena o la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos.
Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos, en muchos casos, a través de prácticas poco claras o derechamente engañosas.
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Con el tiempo, la tierra fue pasando a manos de colonos europeos, trasladados especialmente al sur a partir de 1850, a sus descendientes, y más tarde a empresas forestales, lácteas y agrícolas de gran peso en la economía del país.
"Esa ley es un hito muy relevante, donde se regulan muchos aspectos y se establece el fondo de tierra, que se suma a fondos en educación, agricultura y otros", afirma Aninat.
"La cuestión aquí es que todos los gobiernos, todas las campañas y comisiones desde los años 90 hasta ahora, han establecido su propio plan y propuesta, sin una mirada de continuidad", explica.
"Por eso tenemos demandas incumplidas hace años... Y si las analizas,entre los gobiernos de la centro izquierda y centro derecha las propuestas han sido más o menos las mismas. Pero el conflicto se agrava por, como describía (el presidente) Justin Trudeau en Canadá, esta desconfianza que se basa en promesas que quedan incumplidas una y otra vez".
Los aspectos económicos también son un punto esencial del prolongado conflicto que se vive en Chile, coinciden los entrevistados.
"El modelo chileno descansa en la explotación de recursos naturales, y buena parte de ellos están en la Araucanía. Cuando tienes una matriz productiva que descansa tanto en los recursos naturales, y esos recursos están tan en pugna como en las demandas indígenas, afectas intereses. Por eso en esta discusión surge con tanta fuerza este otro actor, que es el empresarial", opina Figueroa.
"Los derechos colectivos que se debaten a nivel internacional de los pueblos originarios plantean que deben generarse consultas para un desarrollo económico o de producción en territorio indígena", indica.
Más que ser los indígenas opositores al desarrollo económico, lo que solicitan es un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales, porque son finitos, agotables, y en ese ámbito, si no se regulan, a las generaciones a futuro habrá una crisis medioambiental y alimentaria", sostiene el historiador Fernando Pairican, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica.
"Hay una mirada económica muy de corto plazo", critica Millaleo. "Lo que uno ve en Nueva Zelanda, en Canadá, es que puede haber colaboración y eso puede favorecer a los indígenas cuando las condiciones son equitativas. Hay más bien el apego de la élite a cierta forma de extracción de recursos que no comparte las ganancias con las personas en esos territorios", apunta.
Pese a la gran cantidad de recursos naturales que tiene la región, la Araucanía tiene uno de los niveles de pobreza más altos de Chile. En 2018 se lanzó un plan de más de 800 millones de dólares anuales para diversas mejoras.
Un año más tarde, la iniciativa enfrentaba los mismos problemas que otros proyectos regionales: lentitud y falta de diálogo, y el ministro a cargo de su impulso, Alfredo Moreno, ya había dejado el cargo.
"Hay falta de diálogo y hay ignorancia", asevera Figueroa.
"Nunca ha habido interculturalidad en Chile. Esta nación chilena sabe de indígenas lo que aprendió en alguna asignatura en el colegio, pero no estamos presentes en nada más. No nos conocen. Los libros escolares tradicionalmente nos han tratado como un grupo de personas que existimos en algún momento en el pasado. Se plantea que no tenemos conocimiento, que no estamos en lógica de modernidad", describe la académica.
"Y a eso además le sumas los prejuicios, los estereotipos, las burlas que se hacen de nuestros apellidos, la descripción de indios, salvajes, curiches. Hay un racismo escondido, una cosa inconsciente que se asoma en distintas expresiones: 'se te paró la pluma', o 'qué indio', cuando alguien se enoja... Hay una identidad indígena que no encuentra espacio en Chile, pero que hoy, está diciendo: quiero recuperar mi lengua, mi identidad y desde aquí quiero hablar", agrega.
"El racismo siempre ha estado presente, porque el país se construye en el siglo XIX en torno a la clase y la raza, y eso se continúa en el siglo XX", observa Pairican.
"Hoy lo que observas es que hay personas chilenas, descendientes de agricultores, que salen a la calle a combatir a los mapuche con un discurso racial, que a mí me retrotrae a 1880, cuando uno puede leer en la prensa de la época sobre 'los indios, los indígenas, los bárbaros'. Esa dinámica está presente todavía", indica.
Sin embargo, en los últimos años se han visto algunos cambios destacables.
A partir de 2016, las personas que se identifican con el pueblo mapuche han aumentado en más de un 20% y un 60% apoya, por ejemplo, la restitución de tierras indígenas, según el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que reúne a tres universidades chilenas (Católica, Academia de Humanismo Cristiano y Diego Portales).
La violencia en la zona, que es evidente en el creciente despliegue de recursos policiales y se vive en atentados incendiarios, cortes de ruta, allanamientos o enfrentamientos, es un aspecto que radicaliza las posturas y el debate político en el país.
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Los incidentes que se vivieron a fines de julio en Curacautín están relacionados con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en enero de 2013 y la huelga de hambre que inició en mayo de 2020 Celestino Córdova junto a otros presos mapuches.
Córdova, líder ancestral para su pueblo, pide cumplir seis meses de su condena en arresto domiciliario. En solidaridad con su demanda y acusando la existencia de presos políticos, se realizó la toma de los municipios.
En medio de este ambiente, la tensión se ha intensificado en la zona a niveles tan álgidos como los que suscitó en 2018 la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien recibió un disparo policial mientras se encontraba sobre su tractor.
"La violencia lo que hace es que conflictúa toda conversación. En el tema indígena en Chile, siempre hay que ver quién pesa más: si el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio del Interior (a cargo de la seguridad). La violencia hace que siempre pese más la mirada de Interior, independiente de quién esté en el cargo, reflexiona Aninat.
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"Y eso complejiza todas las otras cuestiones en las que se podría avanzar más rápido. Porque, nuevamente, nos vamos a la mirada de seguridad, delincuencia, orden público, y además, con un pasado muy marcado por el uso de la Ley Antiterrorista (contra los mapuches), lo que ha generado condenas a Chile por la Corte Interamericana... Yo creo que la violencia te frena ciertas conversaciones que se podrían dar de otra forma, que permitirían avanzar más rápido", agrega .
Según los resultados de la misma encuesta del CIIR ya mencionada, una amplia mayoría de los mapuche (más del 70%) rechaza la violencia y no justifica los ataques incendiarios, ni el uso de armas entre agricultores, ni el uso de la fuerza policial para disolver protestas.
"Descartemos extremos: aquí no hay una guerra civil entre grupos étnicos. Aquí hay un conflicto que no se ha resuelto bien, con denegación de derechos históricos, pero que podría tener una salida plenamente institucional que ha sido bloqueada por ciertos actores", sostiene Millaleo.
"En los conflictos étnicos, cuando no hay soluciones durante largo tiempo, aparecen situaciones de violencia. Surgen actores que dificultan las salidas pacíficas, porque alimentan la visión del conflicto, de que hay un enemigo interno, legitimando además la violencia por el otro lado. Eso no es nada nuevo. Es un obstáculo, pero no es algo que no se pueda cambiar", plantea.
Según dice, "si hubiera mejores liderazgos en los grupos políticos chilenos, en la sociedad civil chilena, apoyados por mejor calidad de liderazgos en el mundo indígena, esto lo podríamos resolver".
"Los movimientos indígenas han ido surgiendo desde los 90 como reacción a una institucionalidad que no da respuesta. Y hay grupos que no tienen confianza en este Estado, no le dan legitimidad a su actuar, y plantean que la única forma de lograr el control territorial es por la fuerza. Allí hay una posición explícita sobre el uso de la violencia, que también es reacción a una política de militarización en la zona, pero no es generalizada en el mundo mapuche ni en las comunidades", afirma Figueroa.
"Hay una militarización constante en lo que el Estado define como "zona de conflicto": allanamientos en comunidades, persecución a dirigentes políticos, niños que viven y crecen bajo esta lógica. Y por supuesto hay una reacción que pasa por el uso de mecanismos de corte violento: corte de caminos, incendios. Pero es un error atribuir a la cultura mapuche rasgos de violencia", añade la académica.
Durante el estallido social de octubre de 2019, la más vistosa de las banderas usadas por los manifestantes en las marchas pacíficas fue la bandera mapuche.
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El gobierno y el Congreso reaccionaron a las manifestaciones con el acuerdo por un plebiscito programado para el 25 de octubre, donde se definirá si se redactará una nueva Constitución y bajo qué mecanismo.
Para Millaleo, en las banderas mapuche levantadas en las manifestaciones hay una promesa:
"La del reconocimiento de los sectores más populares chilenos de su origen mapuche, de su orgullo, su valoración. Eso es un paso necesario para construir un vínculo".
"Los sectores mapuche que creen que vamos a salir de esto solos, afirmándonos como mapuche en contra de los chilenos, y dando la espalda a los chilenos, están profundamente equivocados respecto a la correlación de fuerzas y a los vínculos históricos que han existido", dice.
Y agrega: "Más bien el camino es el que nos abre el proceso constituyente. Ahí está la posibilidad de cambiar las instituciones fundamentales que no están funcionando, de constituir al país como plurinacional, reconocer los derechos indígenas, empoderar a las regiones para que los chilenos, que no se sienten indígenas, también tengan mejores opciones en la zona sur."
"La gente tiene miedo de los conceptos. Un Estado plurinacional significa la convivencia en un territorio bajo mecanismos que rijan esa convivencia. No es un Estado dentro de otro Estado. No es separarnos. Es decidir cambiar este Estado, modificar las reglas del juego", apunta Figueroa.
"No podemos seguir invisibilizados. Hay que educar, definir qué tipo de sociedad queremos y los mapuche tenemos derecho a participar en esa definición: qué significa libre determinación. El proceso constituyente es un espacio interesante para avanzar en la discusión".
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Por su parte, Isabel Aninat, dice que "cuando uno lee la literatura de países anglosajones, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, te muestra que el tema indígena es parte de los 'problemas complejos' que el Estado trata de abordar de una manera que suele ser unidimensional. En cambio, ennuestro Estado está la política de tierras; el Ministerio de Educación tiene sus políticas de educación intercultural; Salud tiene el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas....
Y concluye: "Una de las principales razones por las que no avanzamos en Chile es porque se requiere una mirada mucho más compleja frente al tema, tienes que juntar muchas miradas sectoriales y engarzarlas, no hacer una colección de programas aislados, que, hemos visto, no resulta".
