En el marco de la revisión integral que el ENARGAS está llevando adelante sobre las licenciatarias del servicio público de gas, el interventor de ente, Federico Bernal, le hizo llegar al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el resultado de las dos primeras auditorías y revisiones técnica, jurídica y económica sobre Camuzzi Gas Pampeana y Transportadora Gas del Sur. En el informe al que accedió Ámbito, plantea la necesidad de declarar nula la suba de tarifas definida en 2017, y establecer un régimen tarifario de transición en tanto se inicia un proceso de renegociación de tarifas con las empresas prestadoras del servicio que no sea inferior a un año.

El informe afirma que en las auditorías surge “la existencia de graves vicios en los actos administrativos del procedimiento de Revisión Tarifaria Integral (RTI) llevado adelante por las entonces autoridades del ENARGAS con el cuestionable refrendo y la participación del entonces Ministerio de Energía y Minería de la Nación”.

Al respecto, Bernal sostuvo en el informe que “los mentados vicios han influido negativamente en las tarifas de los usuarios y las usuarias, alejándolas de ser justas, razonables y asequibles, ya que, en síntesis, se vio afectada gravemente la fundamentación técnico económica que hace de sustento a los cuadros tarifarios aprobados para todas las prestadoras como resultado de la revisión tarifaria integral”.

En esa línea, Bernal agregó que “los informes técnicos que dieron sustento a las resoluciones de la RTI [de 2017], en el caso para las licenciatarias respectivas [Pampeana y TGS], no merecen plena fe ya que no fueron ni serios, ni precisos o razonables, en los términos establecidos por la PTN, habiéndose destruido su valor con elementos de juicio suficientes, traídos a colación en los Informes embebidos al presente”.

Es por eso que el ENARGAS le recomienda al Ejecutivo Nacional la “declaración de nulidad absoluta, por resultar actos administrativos irregulares y en consecuencia se sugiere su revocación por ilegitimidad en sede administrativa” de las revisiones tarifarias integrales para Camuzzi Pampeana y TGS. Y aconseja “al Poder Ejecutivo Nacional la selección de la alternativa de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 para las dos licenciatarias”.

Para avanzar en ese sentido, el ENARGAS recomendó el establecimiento de un “régimen tarifario de transición”, dado que “la prestación del servicio -aún en un esquema de revisión- implica la remuneración de la licenciataria que, de mínima, debe contar con ingresos suficientes para afrontar gastos de operación y mantenimiento, garantizando la seguridad del abastecimiento. Todo ello en orden a establecer un proceso de transición tarifaria que resguarde la continuidad y regularidad del servicio respectivo”. El ente indica que esa tarifa de transición debiera ser objeto de Audiencia Pública. Por otra parte, indicó que el plazo para la determinación de las tarifas resultantes del “proceso de renegociación sea por lo menos, no inferior a un año, en atención a la complejidad de las tareas a concretar, a las dificultades temporales observadas en la Revisión Tarifaria Integral de 2016 y a la normativa vigente que sirvan de referencia”.

Según el informe, si bien este primer resultado se aplica para dos licenciatarias, los profundos e insalvables vicios detectados serían, en principio, comunes a todas ellas. Esto es, a las once licenciatarias (doce, si se suma REDENGAS). Justamente, el ENARGAS tiene aún por delante la revisión de las restantes licenciatarias, a saber: Metrogas, Litoral, Camuzzi Gas del Sur, Gas del Centro, Gas Cuyana y TGN. La revisión completa de las tarifas le fue encomendada el ente regulador a través de la Ley de Emergencia 27.541, así como del Decreto 278 de 2020.

En el documento se explica que los vicios detectados son de tal gravedad que los dictámenes del Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS informa la presencia de indicios suficientes para encuadrar conductas tipificadas en el Código Penal de la Nación. En decir, el ente está en condiciones de encarar una investigación que pudiera terminar en una nueva denuncia penal contra la administración anterior. Hay que recordar que Bernal ya presentó en junio una denuncia penal contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y otros seis exfuncionarios del macrismo.