Entrevista al reciente ministros de Minería y Energía del Perú
Una de las prioridades del nuevo ministro de Energía y Minas, Luis Incháustegui, es cerrar las brechas sociales para facilitar el desarrollo de proyectos de la industria extractiva para ayudar a recuperar la economía, muy golpeada por el Covid-19. En diálogo con Correo explicó que relanzará la Oficina de Gestión Social de su cartera, a fin de facilitar los procesos de consulta previa y reducir, en lo posible, los conflictos sociales, considerando un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Tiene pocos días en el cargo, ¿cuáles son sus prioridades al frente del Ministerio de Energía y Minas?
Agosto. Dentro de nuestras prioridades está impulsar los proyectos mineros que están listos para iniciar operaciones; seguir con los que están en construcción, como Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho. Queremos reforzar para que las operaciones mineras puedan operar al 100%. En electricidad, la electrificación rural es nuestra prioridad, y en hidrocarburos es la masificación del gas.
Por el Covid-19, no todos los trabajadores están activos. A la fecha más de 152 mil están en actividad. Si todas las minas estuviesen al 100% operativas serían 200 mil empleos directos. Habrá un bajón en los proyectos que están en cartera de inversión. En el 2019 se llegó a los $6 mil millones y ahora se proyecta en $ 4800 millones.
Sobre los nuevos proyectos, queremos enfocarnos en el reporte de la Defensoría del Pueblo, que señala y lo hemos corroborado, hay 48 proyectos que tienen Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados; 6 tienen conflictos sociales y 42 están listos para la siguiente etapa. Algunos no avanzan por temas financieros o técnicos, están revaluando. Entre los proyectos que están listos y que queremos impulsar su inicio, se encuentran Yanacocha Sulfuro que tendrá una inversión interesante ($2100 millones), la empresa lo evalúa y lo más probable es que a fin del 2020 o inicios del 2021 lo apruebe y esté listo para empezar. También está San Gabriel de Buenaventura, que depende de una consulta previa; estamos coordinando, dando el apoyo, para que se concrete (con una inversión de $431 millones) desde el 2021. El otro proyecto es Integración Coroccohuayco, de la Minera Antapaccay (de Glencore).
Nuestro enfoque es buscar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el sector energía y minas. Buscar un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en todo el país. Allí es donde nosotros, como sector, hemos revisado e impulsado para que haya un círculo virtuoso. La idea es, primero, enfocarse en que los proyectos extractivos tengan aceptación social y se enfoquen en reducir las brechas.
Sí, pero con participación del privado. La actividad minera u otra actividad extractiva cuando entra a una zona genera gran expectativa entre la población y sus gobiernos locales; creen que una nueva inversión puede resolver todas sus necesidades, cerrar brechas. Pero, algunas empresas mineras afirman que eso es responsabilidad del Estado.
Es lo lógico, pero en realidad no ocurre esto; es difícil para el Estado estar en todo el país, porque mientras no se cierren brechas se generarán conflictos; las empresas cumplen con lo que le corresponde y el Estado hará todos sus esfuerzos para estar allí, pero no podrá resolver solo. Hay la idea de que si yo transfiero dinero a las regiones se resuelven las necesidades y, lamentablemente, el tema no es el dinero sino cómo hacer que los recursos que generan los minerales se transformen en desarrollo.
Si buscamos el círculo virtuoso, de aprovechamiento sostenible, se debe poner el desarrollo al centro y hacer que el Estado haga el esfuerzo de atraer a todos los sectores para resolver las necesidades (de la población), incluyendo al privado para que brinde su apoyo. Hay ejemplos en Perú de empresas que no solo aportan con sus impuestos, también ponen fondos adicionales porque tienen claro que el foco es resolver las necesidades en el tiempo más corto posible. No criticamos a la empresa que invierte pero creo que el mundo ha cambiado y hay un nuevo paradigma, que indica que una empresa extractiva tiene que ayudar a su entorno; incluso se tiene el concepto de generar valor compartido, en el que la empresa no ve esas necesidades como una crisis sino como una oportunidad de resolverlas porque le genera valor al lograr la aceptación social.
No, no hay resistencia, pero consideramos que hay desconfianza de las comunidades porque ven que las empresas y el gobierno no están y no resuelven sus necesidades; hay desconfianza de parte de las empresas porque sienten que el gobierno no está informando claramente. Algunas empresas creen que si ellas empiezan a resolver las necesidades, las comunidades creerán que están para resolverles todo y no pedirán nada al Estado.
Hay que comprometer un espacio de reflexión de todos los actores, que cada uno ponga lo que corresponda. Lo que no pueda resolver el Estado, el privado puede ayudar. Si la calidad de vida de una comunidad no mejora será difícil el desarrollo de una industria.
El presidente Vizcarra instaló las reuniones con los Gobiernos Regionales (GORE) para articular a las regiones y al Gobierno Nacional. Cada sector (ministerio) ha sido destacado a una región para atenderlas en el marco de la pandemia. Está claro que esta articulación puede mejorar la situación.
El Gobierno prioriza la articulación, a través de los GORE, y con la asignación que hay en las regiones, lo más importante es que los recursos se ejecuten correctamente y generen el cierre de brechas. Coincido que la regionalización y la descentralización, necesitan mejorar, pero debe ser consensuado.
La descentralización es importante y hay que mejorarla; para que la economía mejore se tiene que enfocar, en caso del sector, en un aprovechamiento sostenible de los recursos minero-energéticos.
Tenemos $ 498 millones en la cartera de proyectos de exploración en el 2020. Son 64 proyectos, 21 de oro y 18 de cobre. Claro, el gran tema es cómo reforzar la prevención para ser proactivos y no estar apagando conflictos. Se requiere reforzar la Oficina de Gestión Social para retomar los Comités de Gestión que había entre el Gobierno Central y las Regiones, para estar presente en la zona y no esperar a que la gente reclame.
Cuando el ministro (Francisco) Ísmodes estaba al frente del Minem se lanzó esta iniciativa; se debe retomar sobre la base de lo que se hizo; retomando los comités y mejorarlos. Ahora estamos en otra coyuntura por el Covid. Creo que podemos tener sesiones virtuales, y cuando se lleve ayuda a las regiones. El tema de la consulta previa también debe articularse mejor, de una forma más sostenible, más abierta y con una mejor programación.
Hay una cartera de proyectos del 2019-2028 por $57,772 millones; son 48 proyectos que necesitarán un gran trabajo; por esto se quiere reforzar la Oficina de Gestión Social para ser más preventivos y trabajar consultas previas, acuerdos iniciales para exploración y también para EIA; para escuchar a las autoridades locales y comunidades, generar los consensos con las empresas.
Recogiendo la iniciativa de la Comisión para el Desarrollo Sostenible, en el caso de la consulta previa, proponemos que cuando la comunidad haga la consulta también las empresas estén presentes. Incluso, se plantea que cuando el nivel de exploración es mínimo, la empresa puede dar una garantía para iniciar los trabajos. Es una propuesta que la evaluaremos y la vamos a implementar. Haremos que en el área del Viceministerio de Minas se evalúe cómo seguir optimizando los procesos para hacerlos más cortos, pero sin perder el vigor en el tema ambiental y el cumplimiento de las normas legales.
Sí, es uno de los objetivos del sector. Además, un tema que hacemos y que viene de las gestiones anteriores es el de la Ventanilla Única Virtual en los tres sectores del Minem (minero, hidrocarburos y eléctrico). Es un procedimiento que requiere cambios en el Minem y demanda inversión del sistema, ya está encaminado, es un proyecto de años atrás La idea es seguir incrementándolo.
La prioridad son los proyectos que no tienen conflictos sociales, pero no quiere decir que los que los tienen los vamos a dejar. Se tiene que construir consenso. En este caso se debe escuchar con bastante paciencia.
Por el coronavirus se suspendió su construcción, pero el 16 de junio se reanudaron las obras. La fecha arranque estimada era para el segundo trimestre del 2021, pero se prolongará; se evalúa la nueva fecha; el avance está sobre el 90% al 31 de julio.
Según Incháustegui, hay desconfianza de las comunidades porque no se resuelven sus necesidades.
