La Tercera

Viernes, sábado, domingo y el lunes a primera hora . Ese fue el cronograma de reuniones que mantuvo el gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez; el subsecretario Juan Francisco Galli y dos miembros del gabinete, Gonzalo Arenas y Giovanni Calderón, con el representante de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez. Sin embargo, ninguna de estas citas cumplió su objetivo: terminar con el paro de los camioneros y sacar a más de dos mil vehículos de carga parados en las carreteras. Al contrario de lo esperado, las negociaciones se tensionaron aún más.

Fue el jueves de la semana pasada cuando los transportistas iniciaron un paro exigiendo que se aprobaran 12 leyes en materia de seguridad, y que se mejoraran las condiciones de traslado de los transportistas en las rutas , principalmente en la Macrozona Sur (La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos), zona donde han sido víctimas de una serie de atentados.

En el inicio de las protestas, el gobierno mantuvo un discurso conciliador con el gremio . “Tenemos una manifestación pacífica”, dijo el ministro Pérez, el jueves. El viernes esta postura se mantuvo y el presidente de los camioneros, Sergio Pérez, afirmó que el lunes podía haber acuerdo.

Pero las cosas se complicaron el domingo . El gobierno elaboró ​​una propuesta que se hacía cargo de las 10 propuestas del gremio, a través de ocho puntos (elaborado en conjunto con representantes de la CNTC, dijo el ministro Pérez) para mejorar la seguridad en las carreteras, instalar más cámaras, más zonas de descanso, el pago de un seguro y hasta un nuevo proyecto de ley que creará un fondo de reparación a las víctimas de atentados. Los camioneros no aceptaron, endurecieron el discurso, se cortaron algunas rutas y el gobierno respondieron.

El ministro Pérez indicó el lunes que “ellos ofrecieron una manifestación pacífica que lamentablemente ha ido mutando a ciertos indicios de desabastecimiento y ciertos indicios de bloqueos de carreteras , cosa que prometido no realizar”. Y agregó que “al gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad, los elementos que le franquea la ley para enfrentar esta situación (…). Queda use todos los mecanismos que nos faculta la legislación vigente, y la Ley de Seguridad del Estado es uno de esos ”.

Los puntos de debastecimiento , sin embargo, no son muchos, comentaron la noche del lunes desde el Ejecutivo, y estarían dados en algunas bencineras de las regiones de Los Ríos y Los Lagos ¿Cortes de ruta? Cincuenta y tres hasta la tarde del lunes.

El rechazo de los camioneros a la oferta del gobierno, explicaron from el gremio, se debe a que no se estarían considerando medidas de seguridad para los camioneros de Valparaíso, quienes reclaman una “ola de asaltos” en la Ruta 68 y 78 . Además, señalan que falta establecer de manera clara los plazos para cumplir lo ofertado , y donde dice que se indemnizará a quienes sufrieron actos “terroristas”, debiera reemplazarse por “delitos”.

En el gobierno estaban convencidos, hasta el domingo, de que la propuesta se aceptaba. Incluso, advierten, el propio Sergio Pérez les comunicó que la oferta cumplía sus pretensiones. Pero las bases, y principalmente los gremios de Valparaíso y La Araucanía, no estaban conformes.

Interior llamó la tarde del lunes a un Comité de Contingencia, encabezado por el ministro Pérez y Galli, donde se analizaron los estados de avance de las cadenas de abastecimiento y los cortes de ruta, para luego establecer medidas paliativas a los cortes.

Hasta el cierre de esta edición, la propuesta del gobierno extendida a los camioneros continuaba como “rechazada”. De todas maneras, se tenía contemplada una reunión durante la tarde-noche del lunes, donde fijarían su postura para los próximos días.

1 Urgencia y nueva ley: el gobierno se comprometió a darles “suma urgencia” a los 12 proyectos de ley en materia de seguridad que están en el Congreso. Además, ofrecieron presentar, este año, un proyecto que creará un fondo de reparación para las víctimas de la violencia a conductores y / o dueños en la Macrozona Sur.

2 Seguridad en la ruta: la propuesta incluye la incorporación de 36 nuevas cámaras de vigilancia entre los km 560 y km 682 de la Ruta 5 Sur. Se tenía contemplado, además, instalar 53 lectores de patentes en peajes y establecer un proceso de entrega de filmaciones a las víctimas de atentados. Todo en un periodo de 30 días.

3 Peajes: se realizarán las exigencias necesarias a las empresas concesionarias de la zona en conflicto para establecer sistemas de peaje con free-flow, cámaras e iluminación.

4 Zonas de descanso: el gobierno ofreció crear dos nuevas áreas de descanso en la Ruta 5 Sur, que forman parte de los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco, con estacionamientos para hasta 30 camiones.

5 Línea de financiamiento: se propuso fortalecer los subsidios directos que entrega actualmente Sercotec, por medio del “Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural”, a camioneros afectados por atentados y así cubrir los costos que no paga el seguro.

6 Tecnología: el Ministerio de Transportes creará una mesa técnica que ayude a establecer las necesidades de tecnología y seguridad de los camioneros y el impulso para legislar sobre un Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carreteras.

7 Pensión para afectados: la oferta consideraba ir en ayuda de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total, producto de atentados terroristas, mediante la concesión de pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos.

8 Mesa de trabajo: Interior se comprometía a solicitar al MOP una política nacional sobre seguridad de carreteras e implementar una mesa de trabajo que haga seguimiento a los acuerdos. La fecha para la constitución será a más tardar 15 días después de firmado el acuerdo, fijándose sesiones cada 15 días, hasta marzo de 2021.

Luis Felipe Gazitúa, CMPC: “La violencia en La Araucanía es un síntoma del problema. Hay que ir a los temas de fondo”

VÍCTOR COFRÉ

Un video de nueve minutos y diez segundos generó hace siete días un ruido subterráneo en círculos empresariales. El video contenía la reflexión urgente de Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, frente a una pantalla. Invitado por la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC, Gazitúa expuso de modo virtual ante un centenar de personas durante una hora. Pero el extracto de nueve minutos y diez segundos resumía un solo tema: La Araucanía.

Ingeniero comercial de 64 años, el mandamás de la mayor forestal presente en esa región escogió un tono franco y directo para abordar el histórico conflicto mapuche. “Chile ha hecho como que en La Araucanía no hay problema”, dijo casi al partir. Sostuvo además que los mapuches sentían que el Estado chileno los había despojado y que desatender demandas legítimas abría espacio a los grupos violentos. “Yo les pregunto a ustedes: si ustedes vivieran en un territorio de 1.000 kilómetros cuadrados y si de un día para otro los reducen a 10 kilómetros cuadrados, ¿qué les pasa? Los empobrecen. No estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, estoy describiendo el hecho objetivo”, planteó en esa jornada.

Contó, además, que su visión ha cambiado en los últimos cinco años -asumió la presidencia de CMPC en abril de 2016, en reemplazo de Eliodoro Matte-; que ha visitado regularmente la zona, hablando con todos los actores del conflicto; que junto a otros ejecutivos toma cursos sobre la cultura mapuche y que se ha instruido en historia desde la óptica “de los perdedores de la Guerra de Arauco”.

Una semana más tarde, Gazitúa dice que recibió muchos comentarios, todos positivos, que reconocían en sus palabras una visión más bien propia del mundo mapuche. Pero también sintió “muchos silencios elocuentes” en círculos empresariales en que sus palabras pudieron causar incomodidad. El ejecutivo, que lleva más de 25 años junto a la familia Matte, los controladores de la centenaria Papelera, lo interpreta así: “Lo que dije no es lo que la población chilena, en general, reconoce en la historia. Hay gente, y hay historiadores que tienen buen nombre, que sostienen una tesis negacionista de esta realidad. Hay gente que, legítimamente, eso puede no gustarles”.

Gazitúa revela en esta entrevista que ha aprendido varias palabras en mapuzungun, que ha leído, entre otros, libros de Pedro Cayuqueo y José Bengoa, y que, casi como anécdota, un análisis de su ADN concluyó que un 25% de sus genes son meso indoamericanos. Previene, al iniciar esta conversación: “Nosotros y yo como presidente de la Papelera, no tenemos ningún interés de pasar por eruditos ni expertos en el tema mapuche. Mucho menos en los capaces de pacificar La Araucanía. Este es un tema que tiene muchas aristas, es muy complejo, tiene mucho tiempo sin atenderse. Lo que sí es que tenemos una posición: estamos dispuestos a conversar con todo el mundo, a dialogar con todo el mundo, de cualquier tema, sin exclusión”.

¿Qué pensaba, antes de asumir la presidencia de CMPC, sobre la historia del conflicto mapuche?

Yo pensaba, como nos enseñaron en el colegio, que había un pueblo originario que fue sometido por los españoles. Nunca te enseñan muy bien que los españoles finalmente no pudieron doblegar a los mapuches, lo que hicieron fue pactar con ellos y entregarles de Biobío al sur y que quien de verdad tomó el control de esa zona fue el Estado chileno independiente. Hay textos bastante duros de cosas que hacían los chilenos que fueron encargados de ir a anexar a Chile el territorio de Biobío al sur.

¿Y cuál es su mirada actual?

Como todos los países que han tenido pueblos originarios, no se trata de volver al siglo XIX, porque el mundo evoluciona, pero no podemos seguir negando que el Estado chileno sometió al pueblo mapuche de una cierta manera, intentando además, eliminar su cultura, eliminar su lengua, y desconocer sus orígenes. Los chilenos no tenemos orgullo de nuestros pueblos originarios. Y ese es un proceso de muchos años, que significa en el pueblo mapuche resentimiento, y eso hay que modificarlo.

En esa historia, ¿qué responsabilidad tienen las empresas forestales?

Ninguna, si nosotros no existíamos. Nosotros como empresas forestales podemos tener responsabilidad a partir de nuestra presencia en el Wallmapu. Lo que estamos conversando es del siglo XIX, de 1850 en adelante. En 1825, Ramón Freire, Presidente de Chile, también acordó una frontera con los mapuche. Nosotros tenemos presencia en la zona a partir de la primera planta de celulosa, en Laja, construida en los años 1960. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros desde esa perspectiva histórica? Ninguna.

Usted decía que esta historia es de 150 años. CMPC tiene 100 años. ¿Qué responsabilidad histórica tiene CMPC?

Ninguna, porque nosotros tenemos 100 años, pero la producción de celulosa, que es la proveniente de los árboles, es de los años 60, con la planta Laja. Todos los años anteriores, entre el año 20 y el año 60, producíamos papel en Puente Alto a partir de paja de trigo, en sus orígenes, hasta papel reciclado en la actualidad.

Pero en la historia que se intersecta con el mundo mapuche, ¿no hay abusos de parte de las forestales?

Quizás no fuimos siempre conscientes, porque estábamos educados de una cierta manera respecto de los pueblos originarios, y pasamos, como ha pasado todo Chile, inadvertidamente frente a este problema. En nuestra historia no tenemos historias intencionales de abuso. Simplemente operamos en la región haciendo también como que este tema no existía, lo cual, por supuesto, nunca estuvo bien.

Da la impresión de que hay una aproximación distinta en CMPC a este tema. ¿Hay un giro en CMPC?

Lo voy a responder de otra manera. Las compañías, en su actuar, se adecuan a los tiempos. Evidentemente que nosotros no vendemos hoy como vendíamos hace 30 años, no nos relacionamos con nuestra gente como nos relacionábamos hace treinta años. Una compañía, sobre todo una que tiene 100 años, construye su historia ladrillo a ladrillo. También en el tema mapuche, desde que hay conciencia del problema, se ha venido trabajando en él. Todos los ámbitos de la compañía han cambiado, pero no han cambiado porque antes se hiciera mal, sino porque los signos de los tiempos y la evolución de las realidades obligan a ir adecuándose. La compañía tiene conciencia y trabaja en el tema mapuche hace muchos años.

Pero de una manera distinta. ¿Había antes una mayor propensión a la criminalización?

La cosa distinta es que nosotros hoy comunicamos más lo que hacemos. Porque también la manera en que las grandes compañías se aproximaban a la comunidad era tratando de pasar lo más piola posible, para decirlo en el lenguaje de los jóvenes. Probablemente por eso la gente desconoce mucho lo que las empresas hacen. Eso hoy día no es razonable ni esperable.

¿Pero hay un nuevo relato en relación al tema mapuche?

Puedo decir que los accionistas de la compañía están absolutamente comprometidos con este relato. Esta es una cosa que representa al directorio, en el directorio hay representantes de la familia Matte, y aquí no hay dos opiniones sobre el tema. Supongo que esta ha sido la mirada siempre y hoy lo que hemos decidido es hacerlo más público, comunicarlo, porque es la manera de tender puentes. Este es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que es muy complejo y la manera de resolverlo es dialogando. Y para poder establecer diálogos, hay que mostrar la postura que uno tiene para que se tiendan puentes.

Hace una semana insinuó que, aunque no justificaba la violencia, sí la comprendía y contó lo que una mujer mapuche le dijo: “Si no hubiera violencia, nadie nos miraría”…

Voy a hablar de la violencia con una metáfora. Uno podría asimilar la violencia a la fiebre cuando uno está enfermo. Cuando una persona tiene fiebre es porque hay una causa basal. Si solo trato la fiebre, y le doy un antipirético, voy a bajar la fiebre, pero no voy a resolver el problema de fondo y probablemente la persona se puede agravar. Esto es lo mismo. En mi opinión, la violencia -que nosotros condenamos plenamente, los conflictos no se resuelven por la vía de la violencia-, es un síntoma del problema. Aquí no sirve solo atacar la fiebre, hay que ir a los temas de fondo, que son políticos, sociales, económicos, de reconocimiento (…) Este es un enfermo que tiene fiebre desde hace más de 20 años y la mayor parte de Chile piensa que lo que hay que hacer es atacar la fiebre. Yo creo que el recrudecimiento de la violencia es natural: al enfermo le está subiendo la fiebre porque las causas de fondo no están abordadas.

Dijo que desde hace dos o tres años CMPC también se estaba reuniendo con comunidades “más duras”. ¿Qué percepción se han llevado?

Nosotros tenemos relación con 390 comunidades que son vecinas a nuestros predios y con la inmensa mayoría de ellas tenemos buenas relaciones. La única cosa novedosa para nosotros, en el último tiempo, es que dentro de las comunidades más radicales, y vamos a decir más agresivas, también nos hemos dado cuenta que en esas comunidades la gente también quiere prosperidad, quiere trabajo, desarrollo, también quiere diálogo. Eso es algo que nos ha alentado en esta estrategia de dialogar con todo el mundo.

En marzo de 2019 dijo que estarían dispuestos, incluso, a reunirse con Héctor Llaitul, el líder de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco). ¿Usted o los ejecutivos de la compañía se han reunido con él?

Nosotros hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a dialogar con todos los que también quieren dialogar y sin exclusiones. Respecto de la pregunta concreta, yo no me he reunido con Héctor Llaitul. Pero las reuniones que puedan haber habido están en el plano de la reserva que muchas veces tenemos en otros ámbitos con el mundo mapuche.

La violencia viene, con vaivenes, desde Lumaco, en 1997. ¿Ve alguna solución o existe el riesgo de un conflicto eterno?

Este es un problema extremadamente complejo y nadie es capaz de resolverlo por sí solo. Aquí yo me quisiera remitir a lo que hemos aprendido en nuestro dialogo con las comunidades mapuches: aquí hay que sentarse a parlamentar, a dialogar, sin exclusión de temas, con todos los involucrados. Y ojalá que esos diálogos surjan desde las comunidades, desde el Wallmapu, desde La Araucanía. Las soluciones no van a ser de corto plazo. Hay mucha gente que debiera ser parte de diferentes conversaciones y ojalá no en la lógica que pensamos los tecnócratas occidentales: formo una comisión, defino cuál es el problema, diseño las soluciones y las implemento. Entre otras cosas, porque esa no es la manera en que el mundo mapuche funciona.

¿Qué modelos internacionales debe mirar Chile?

No soy un experto en el tema, pero el problema en Australia, en Nueva Zelandia, en Canadá, en Estados Unidos, no tiene los ribetes que tiene en Chile. Y ha habido formas de resolverlos. Son diferentes experiencias. La sociedades de esos países han asumido que había pueblos originarios, los ha acogido, los ha integrado, pero ha respetado su tradiciones, su cultura. En Estados Unidos hay lugares donde los pueblos originarios tienen policía propia, tienen fuentes de ingreso, han construido su economía, pero están integrados a Estados Unidos, no son independientes. Cada lugar del mundo tiene sus particularidades y probablemente ninguna de estas recetas es aplicable, pero el problema es que no se ha abordado, hemos hecho como que aquí no existe un conflicto. ¿Cuál es la solución? No sé. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Tampoco lo sé.

¿Cuántas hectáreas tiene CMPC en La Araucanía?

Tenemos unas 700 mil hectáreas en Chile, pero poco menos de 200 mil son áreas de protección y bosque nativo, y unas 500 mil en plantaciones para la producción de celulosa, que es el 70% de nuestro negocio. De esas 500 mil, tenemos 180 mil hectáreas en La Araucanía. La superficie en La Araucanía es de 3 millones 200 hectáreas de superficie.

Las forestales en total tienen unas 350 mil hectáreas, el 10% de la superficie total.

Nosotros no tenemos capacidad de resolver el tema. La Conadi, en todo Chile, ha comprado alrededor de 300 mil hectáreas. Según los datos oficiales, si uno mira las comunidades mapuches que tienen aplicabilidad para acceder a tierras, son del orden de 650. Con la regla que se ha aplicado de compra de tierras y familias, uno llega a que la demanda de tierra de estas comunidades es del orden de 180 mil hectáreas. Pero si uno se va a los requerimientos concretos a Conadi, son 30 mil hectáreas. Las demandas a las forestales son poco menos de 15 mil. Y de esas, las de CMPC, son 2.600 hectáreas. Esos son los números oficiales.

Usted sostiene que “el problema no es solo de tierras, pero también es de tierras”. ¿Cuánto está dispuesta CMPC a ceder en cuanto a tierras?

No hay que mirar el problema desde cuánto estamos dispuestos a ceder o no. El tema tierras hay que ponerlo sobre la mesa y conversar. Yo en esto, me quedo con lo que dijo el senador (Francisco) Huenchumilla en 2015, cuando era intendente. Quiero leer exactamente lo que planteó: ‘¿Por qué no podría pensarse en separar, aunque sea parcialmente, la propiedad de la tierra del abastecimiento de las materias primas necesarias?’. Desde ese punto de vista, estamos dispuestos a conversar de todos los temas.

¿Asegurarse la materia prima, sin ser propietarios?

Aunque sea parcialmente. Hemos visto los números de las demandas de tierra. Es un modelo que hemos visto en otras partes del mundo, en que las plantas procesadoras de celulosa no son propietarias de toda la tierra. En Brasil hay competidores nuestros donde una parte de la tierra es de ellos y otra parte, de terceros que les proveen la madera. Es un modelo que perfectamente uno podría pensar y desarrollar en el tiempo.

¿Lo han explorado?

Eso tiene muchas dificultades, porque hay que resolver el tema de la propiedad de la tierra. El mundo mapuche la tiene en comunidad. Si usted le pregunta al mundo mapuche, y eso está en las encuestas, los que son propietarios de tierra preferirían tener la tierra en propiedad individual, porque cuando el titular de la comunidad se muere es la comunidad la que resuelve cuánta tierra le pasa a la viuda y cuánta a los hijos. En el mundo moderno la gente quiere saber de qué patrimonio dispone para desarrollar su actividad económica. Estos no son problemas que se puedan ver por separado. Aquí hay un problema político de reconocimiento, hay un problema social, cultural, hay un problema legal, y hay un problema de tierras, que es un problema patrimonial.

¿Es imposible que un gobierno pueda resolver este problema?

Este es un problema de largo desarrollo que requiere de largo tiempo para resolverse. Debe ser tomado como un problema de Estado. Yo no hago una crítica a que los gobiernos duren cuatro años. Simplemente describo que tenemos un problema desde hace mucho tiempo que requiere, a su vez, de mucho tiempo para resolverse, requiere paciencia, reflexión, mucha conversación, mucho parlamento, dicho en el idioma y en la cosmovisión mapuche. Emprendamos ese camino.

¿Cuándo espera que se recupere la economía?

Somos una compañía afortunada, porque estamos menos afectados que otras industrias. Hay actividades que van a estar complicadas por mucho tiempo: todo lo que tiene que ver con interacción de personas, turismo, servicios de todo tipo. Mientras no tengamos tranquilidad en lo sanitario, la economía de varias industrias va a estar muy compleja.

Usted propuso un pacto por el empleo sin reducir dotación. ¿Tuvo receptividad en otras empresas?

Nosotros vamos a hacer un esfuerzo bien importante por no hacer reducciones que tengan que ver con racionalización y eficiencia, en el contexto actual (…) He escuchado de varias empresas grandes dispuestas a hacer un esfuerzo por no despedir, en la medida que sus actividades no estén afectadas. Pero entiendo perfectamente que las industrias que, tratando de sobrevivir, para mantener una parte de sus trabajadores, tendrán que hacer reducciones.

Estamos a menos de 60 días del plebiscito. ¿Su resultado es un factor de incertidumbre?

Creo que hay un consenso transversal en Chile de que el futuro del país hay que construirlo sobre la base de un nuevo pacto social. Y eso significa o reformar la Constitución o hacer una Constitución nueva. Naturalmente eso genera incertidumbre sobre cuáles van a ser los contenidos. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría del país, igual que en el mundo mapuche, es gente que quiere un país mejor y quiere desarrollo y que es gente sensata. Más allá de las incertidumbres que se originen en el mundo político, estoy optimista de que, en este proceso, va a salir un Chile mejor.

¿En ese pacto social los empresarios tendrán que pagar más impuestos?

El modelo de libre mercado no es un modelo que tenga sustituto hoy día: no hay otro modelo que haya probado ser mejor asignador de recursos y eso hay que cuidarlo. También creo que la sociedad chilena requiere niveles de acuerdo y niveles de satisfacción de sus necesidades distintos de los que tenía en el pasado. El mundo político tiene que buscar cuáles son las mejores formas para que -preservando un modelo que estimule invertir, crecer, desarrollarse- la población pueda tener mejores niveles de bienestar.