MARÍA ANTONIETA FIGUERA*
Uno de los factores predominantes a la hora de revisar el potencial energético que viene desarrollando Estados Unidos son las innovaciones tecnológicas, que han ido de la mano con los altos precios de petróleo desde principios de la década pasada, por tanto, puede entonces considerarse que fue este momento en que las formas no convencionales de extracción captaron el ojo de la industria estadounidense, cambiando lo que sería hoy en día el panorama predominante, convirtiéndolo en el principal productor de petróleo y gas del mundo.
Esto sin duda ha tenido un impacto en la actual oferta de petróleo, los amplios suministros han ayudado a mantener bajos los precios de derivados en EE.UU., lo que se traduce para el país en una estabilidad macroeconómica con una inflación manejable, sin duda la producción de esquisto y petróleo convencional han sido fundamental para el dominio energético norteamericano.
La EIA espera que la producción de crudo tenga un promedio de 11,3 millones de b/d en 2020 y 11,1 millones de b/d en 2021, por debajo de los 12,2 millones de b/d en 2019.
Las elecciones de noviembre serán fundamentales para la industria energética mundial, donde se estima que de resultar una victoria demócrata en la Casa Blanca y en el Congreso, se daría un cambio decisivo en la política energética de los Estados Unidos donde destaca el desarrollo del petróleo, gas y cambio climático.
La razón del aumento de la producción de petróleo y gas natural bajo Obama fue que llegó a la Casa Blanca justo cuando la revolución del shale estaba empezando. Si bien las políticas restrictivas de la administración de Obama pueden haber tenido un impacto marginal en la producción de petróleo y gas, el mayor impulsor fue el precio.
Los altos precios impulsaron las mejoras tecnológicas que permitieron la revolución del shale, y los bajos precios son la razón principal por la que la producción disminuyó en 2016. La tasa de crecimiento anual más alta en la historia de Estados Unidos ha sido bajo el mandado del presidente Barack Obama con 7,2% a pesar de la caída del mercado del petróleo en 2015 y 2016; esto contrasta con la opinión general de que Obama estaba más inclinado a proteger el medio ambiente en comparación con su predecesor y sucesor.
Para destacar, se puede considerar el bloqueo por parte de la administración de Obama al paso de los casi completados 3.800 millones de dólares del oleoducto Dakota (DAPL), historia similar con el oleoducto Keystone XL, este oleoducto habría sido parecido a los otros 75 oleoductos y gasoductos que cruzan la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, pero la administración negó el permiso para finalizar la obra, esta es una decisión considerada básicamente política, y no una política energética.
Por otro lado, también prohibió la perforación en el Ártico, y colocó reglas y regulaciones adicionales en las industrias de combustibles fósiles, particularmente en la industria del carbón. Por lo tanto, está claro que hay algo de sustancia en la narración de que el presidente Obama es hostil al desarrollo de los combustibles fósiles.
La historia más grande, sin embargo, fue el desarrollo de la energía eólica y solar, aún cuando ambos comenzaron a crecer durante la administración de Bush, el aplazamiento y la búsqueda del reemplazo del carbón proporcionó un impulso a la energía eólica y solar.
Durante el último año de la Administración Bush, la energía eólica y solar respectivamente suministraron 56 Terawatt-hora (TWh) y 1,6 TWh.
Para 2015, esas cifras de consumo de energía eólica y solar habían aumentado a 193 TWh y 39 TWh. Esto se traduce en un aumento del 245% en energía eólica y un enorme aumento del 2300% en la producción de energía solar durante los primeros siete años de la Administración de Obama.
Ciertamente algunas de las decisiones del presidente Obama han sido vistas por la industria de los combustibles fósiles como hostiles, pero a pesar de su reputación de presidente “antienergético”, ha presidido la mayor expansión de la producción de energía en la historia de los Estados Unidos.
La producción sin duda siguió aumentando después de que Donald Trump entrara en la Casa Blanca en 2017 con una crecimiento del 7,1%, a pesar de que el mercado ha experimentado otra caída a consecuencia de la Guerra de Precios, y el Covid-19. EE.UU. se convirtió en un exportador neto de petróleo crudo y productos totales a finales de 2018 por primera vez desde la década de los 50.
Desde que asumió la Casa Blanca, el actual presidente Donald Trump ha aplicado diversas políticas del sector energético y ambiental. Las exportaciones energéticas estadounidenses alcanzaron un máximo histórico el año pasado, marcando la primera vez en 67 años en que las exportaciones brutas anuales de energía, que superaron las importaciones.
La Administración de Trump ha aumentado las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de los EE.UU. casi cinco veces y ha emitido 20 autorizaciones a largo plazo para las exportaciones de GNL.
En 2017, el presidente firmó órdenes ejecutivas para permitir el inicio de las obras de construcción de los oleoductos divisorios Dakota Access y Keystone XL, esto con el propósito de revertir la política de su predecesor quien las había vetado por preocupaciones ambientales en Nebraska.
La aprobación fue bajo la tesis de que Keystone XL proporcionaría a los Estados Unidos un mejor acceso a los suministros procedentes del Canadá y enlaces de transporte desde Dakota del Norte, Montana y Oklahoma a las refinerías de la costa del Golfo, además de generar puestos de trabajo, ingresos fiscales adicionales e inversiones de la industria.
Por otro lado, está el Acuerdo de Paris, apenas seis meses después de la toma de posesión de Trump, la administración presentó una solicitud oficial para retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, para combatir el cambio climático.
Aunque la retirada no se formaliza hasta tres años después de la entrada en vigor del acuerdo, el 4 de noviembre de 2020 (un día después de las elecciones), esta acción hace que Estados Unidos se destaque como el único país de 197 que rechaza el acuerdo.
El gobierno redujo la tasa del impuesto federal sobre la renta de las empresas del 35% al 21% cuando la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA, por sus siglas en inglés “Tax Cuts and Jobs Act”) fue aprobada por el Congreso y firmada por Trump en diciembre de 2017.
Este recorte de la tasa impositiva marginal ha mejorado la liquidez de los productores de petróleo y gas, reduciendo los precios de equilibrio. Tomando las operaciones de ExxonMobil en EEUU como un ejemplo específico, se estima que en 2018 la compañía ahorró 193 millones de dólares (36%) en impuestos corporativos, reduciendo los precios de los activos de petróleo hasta un 5.3%.
El TCJA también incorporó disposiciones para establecer un programa de petróleo y gas en la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR, por sus siglas en ingles “Arctic National Wildlife Refuge”) en Alaska. Esta legislación afecta a la zona de la llanura costera de 1,57 millones de acres, donde se firmaron las directivas para establecer y administrar un programa competitivo de arrendamiento y desarrollo de activos de petróleo y gas que fue bloqueado por el anterior presidente Barack Obama por asuntos ambientales.
Desde los comienzos de su candidatura en las primarias, y ahora rival formal a la contienda electoral del próximo 03 de noviembre el candidato del partido demócrata Joe Biden en términos energéticos, presenta un plan con un enfoque de reorientar a los EE.UU., hacia nueva política energética, acelerando los esfuerzos de transición y reduciendo al mismo tiempo la actividad del petróleo y el gas.
El candidato presidencial presentó su propuesta energética que esboza la inversión de 2 trillones US$ en cuatro años para impulsar la inversión en energía limpia y detener todas las emisiones perjudiciales para el clima de las centrales eléctricas de EE.UU. para el año 2035, argumentando que se necesitan medidas drásticas para hacer frente al cambio climático y reactivar la economía, pero el alcance del cambio dependerá del Senado, necesitará mayoría; sin un claro control del Congreso, es probable que los avances sean lentos, controvertidos y, como en el caso de las principales políticas del ex Presidente Barack Obama, “fácilmente” reversibles.
Su plan abarca reformas en la infraestructura, el tránsito, la industria automotriz y el sector energético, el candidato prometió en un discurso público sobre el cambio climático el 15 de julio que, de ser elegido, volvería a entrar EE.UU. en el Acuerdo de París, declarando también el deseo de "revertir los retrocesos de Trump de 100 normas de salud pública y ambientales".
En cuanto a producción de derivados de hidrocarburos, Estados Unidos se enfrentaría a nuevas limitaciones. Biden buscaría evitar movimientos radicales como las prohibiciones de fractura de mantas, contemplando medidas tales como: Nuevos límites en tierras públicas y en el mar, objetivos rigurosos para la reducción de metano, y un intenso escrutinio de los proyectos de oleoductos, nuevas medidas para restringir los activos y arrendamientos existentes, como por ejemplo al fracking que actualmente es posible por no tener mayoría el partido en el congreso. Particularmente estas propuestas revivirán temores en la industria.
Aun así, no se espera que una posible prohibición del fracking en tierras federales tenga un impacto inmediato en la producción nacional de Lower 48 (excluyendo el Golfo de México). Eso se debe a que la actividad migraría de la superficie federal a tierras estatales y privadas igualmente comerciales. Sin embargo, el panorama de la industria ha cambiado drásticamente este año, y con la reducción de la producción y los precios más bajos, el supuesto impacto puede tener una gravedad diferente de lo que se pensaba anteriormente.
Una posible prohibición de fracking en la superficie federal apenas tendría impacto en la producción nacional de petróleo y gas a medio plazo, dada la profundidad ya existente del inventario de bajo costo y la migración de actividades.
Actualmente hay estimaciones de que 42.400 millones de barriles de petróleo económicamente recuperables en Alaska y el Golfo de México, de los cuales 6.400 millones de barriles se mantienen en campos productores como reservas de producción probadas desarrolladas (PDP).
Si se prohibieran todos los nuevos arrendamientos, como se propone en el plan de Biden, la industria perdería efectivamente 16.200 millones de barriles de petróleo. Unas regulaciones más estrictas, incluyendo la prohibición de la exploración, eliminarían otros 6.100 millones de barriles de los campos con licencia, mientras que una prohibición completa de todas las perforaciones eliminaría otros 13.700 millones de barriles. Aunque siendo realistas no es defendible, la restricción más severa de todas sería prohibir toda la producción, lo que dejaría los restantes 6.400 millones de barriles bajo tierra también.
Es importante destacar que el candidato Biden en las últimas semanas ha reafirmado que de resultar electo no prohibirá el fracking, hay claras expectativas de que habrá un mayor enfoque en los aspectos ambientales de las operaciones de petróleo y gas de EE.UU, sin embargo dichas medidas serán progresivas.
La producción de petróleo ligero de EE.UU. de los pozos horizontales alcanzó un máximo de 8,5 millones de bpd en marzo y se espera que disminuya a entre 7,0 y 7,2 millones de bpd a finales de año debido a un colapso de la actividad en el segundo trimestre, teniendo en cuenta la reactivación de las reducciones en el tercer trimestre.
Sin embargo, si no se ponen en producción nuevos pozos a partir de enero de 2021, este año marcará el comienzo de una rápida fase de declive, con la producción de petróleo ligero de los Estados Unidos que probablemente caerá a menos de 3 millones de bpd para finales de 2023.
*Licenciada en Estudios Internacionales UCV- Postgrado en Derecho e Integración Económica, con especialización en el área de Hidrocarburos. Trabajador de la Industria Petrolera.
