CARLOS ALONSO

La advertencia de las distintas autoridades económicas y expertos era que la crisis sanitaria iba a provocar un importante impacto en la solvencia de las empresas y personas. Por ello se aplicó un plan de ayuda para entregarles liquidez y así evitar las quiebras.

Si bien durante los meses más duros del confinamiento, la crisis no se tradujo en mayores incrementos en las cifras de quiebras, en agosto ya hubo un cambio acelerando dicho fenómeno. Dicha tendencia fue ratificada en septiembre.

De acuerdo con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en el noveno mes del año las empresas que solicitaron iniciar su proceso de liquidación llegaron a 178, lo que significa un alza de 56,1% en comparación al mismo mes del año pasado. Además, es el mayor número de solicitudes de liquidaciones de empresas para un mes desde que comenzó la nueva ley a fines de 2014. Ahora bien, en comparación a agosto el alza fue de 14,8%, y es el mayor salto en lo que va del año. (Ver infografía al final de la nota).

Entre enero y septiembre se contabilizaron 1.320 firmas que iniciaron procesos de liquidación, frente a las 1.246 del año pasado, lo que se traduce en un alza de 5,9%.

Los procesos de liquidación de activos de personas también registraron un fuerte aumento quebrando la tendencia de meses previos. En septiembre fueron 474, el mayor número en el año y representa un alza de 39,8% en comparación al mismo mes del año pasado.

Desde el gobierno, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, explica que el desconfinamiento ha jugado un factor relevante para todo el proceso de trámites que se deben hacer para iniciar los procesos de liquidaciones. “Estamos ante un fenómeno en curso, que cambia diariamente, que depende de múltiples factores, muchos de los cuales aún no se pueden conocer o levantar a completitud, por lo que es muy complejo hacer proyecciones en este escenario”, puntualiza la autoridad.

Asimismo, destaca que el alza acumulada entre enero y septiembre es acotada y que se debe principalmente a las medidas que el Ejecutivo ha impulsado para hacer frente a la crisis. “El gobierno ha implementado un potente paquete económico para que la iliquidez de personas y empresas no se transformen en insolvencia, logrando contener un aumento masivo de solicitudes de procedimientos”. Esto para Sánchez “ha permitido que muchas empresas estén logrando salir adelante”.

Los expertos afirman que la cifra está comenzando a reflejar los efectos de la crisis. Si bien en los meses previos concuerdan con el análisis del gobierno de que las distintas medidas permitieron que las empresas y personas lograran sortear los efectos de la caída en los ingresos, ahora a medida que ese estímulo se vaya retirando comenzará a afectar la liquidez de empresas y personas.

Esto, sumado a que se espera que la recuperación del mercado laboral sea lento, afectará los ingresos permanentes.

“Los efectos del estallido social unido a la pandemia comienzan a reflejarse en estos tiempos. Las empresas que intentaron sobrevivir financieramente a este período y no pudieron sostener su mantención económica, debieron someterse a procedimientos como estos. Probablemente, en los meses siguientes el aumento seguirá en alza, considerando que las consecuencias de la pandemia no han cesado”, sostiene Diego Messen, abogado y socio de Moraga & Cía.

Tomás Flores, economista de LyD, comenta que “a pesar de las transferencias fiscales y postergación de pagos, es muy difícil neutralizar todo el shock recesivo, por lo cual no es inusual que un creciente número de empresas y personas finalmente, y a pesar de la ayuda, no logren sobrevivir a la falta de liquidez. Tal vez, entre otras causas, porque ya tenían fragilidades financieras importantes antes de la pandemia”.

Ricardo Ibáñez, abogado de Defensa Deudores añade que “la brusca alza de septiembre se debe a que los números de los procedimientos concursales estuvieron contenidos durante la pandemia. Hubo una falsa situación de liquidez producto de los créditos Covid”.

En este contexto, los expertos anticipan un alza en los próximos meses. “Es muy probable, porque a pesar de que los indicadores de producción y empleo están mostrado que ya pasamos o peor, serán varias las personas y empresas que no lograrán sobrevivir a este largo período sin ventas”.

Seis años cumplió el viernes recién pasado la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Y de acuerdo con el superintendente, se ha cumplido con la meta de agilizar los procedimientos. Según describe, con la antigua Ley de Quiebras, se registraron 5.300 procedimientos en 34 años, y mayoritariamente empresas, porque las personas tenían escasa posibilidad de acogerse a la normativa.

En cambio, ahora, menciona que “ya tenemos más de 28 mil procedimientos, ( entre liquidaciones y reorganizaciones) a través de las cuales las empresas, y también las personas naturales, han podido hacer frente a la situación de insolvencia, reestructurar sus pasivos y sus deudas de manera mucho más efectiva, así como también acceder a una liquidación de menor duración, en aquellos casos donde no hay viabilidad”.