El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el equipo de trabajo para confirmar el inminente envío a la Legislatura del proyecto de ley para reformar el Código de Procedimientos Mineros de la Provincia.
La iniciativa, que será analizada por los legisladores en los próximos días, tiene como una de las principales novedades la posibilidad de que el Estado provincial participe en la actividad minera percibiendo no solo regalías sino también utilidades y otros beneficios. En ese marco, se agregó al proyecto de reforma que la estatal CAMYEN tenga la prioridad para solicitar las áreas mineras que vayan siendo liberadas.
Desde Casa de Gobierno explicaron que "la prioridad se enmarca en la decisión del Gobierno de la Provincia, que considera a la actividad minera como política de Estado".
"A su vez, se fundamenta en que Catamarca es la dueña originaria de los yacimientos mineros que se encuentran en su territorio y que constituyen un bien escaso y no renovable", añadieron.
La confección del proyecto de reforma se concretó luego de un profundo debate, que incluyó a todos los sectores involucrados en el ámbito minero provincial. Entre ellos estuvieron referentes de la UNCA, el Juzgado de Minas, colegios profesionales de la provincia, entre otros.
De acuerdo con la información dada a conocer desde el Ejecutivo, el proyecto finalmente ingresará a la Cámara de Diputados. Se espera que la iniciativa oficial tome estado parlamentario en la sesión de mañana.
Según explicó la ministra de Minería, Fernanda Ávila, el proyecto para el nuevo código de procedimientos contempla una serie de puntos para mejorar las temáticas de transparencia y modernización de los procesos mineros en el territorio provincial.
“Éste es un proyecto en el que todos han podido dar su opinión y modificar puntos que se consideraban claves para permitir un desarrollo más amplio, ágil y transparente de los procesos de la minería local”, aseguró.
En este sentido, detalló que uno de los puntos principales del proyecto es la digitalización de los expedientes, ya que el texto contiene normas que impulsan que el trámite formal progresivamente deje de ser en formato papel y pase a tener un trámite íntegramente online. "Esto es uno de los pilares para hacer más eficiente el funcionamiento de todas las instancias de trabajo entre organismos públicos y el sector privado", señaló.
“Éste es un tema en el que hubo un consenso general entre todos los sectores porque las nuevas realidades y tecnologías hacen necesaria una dinámica mucho más fluida para dar respuestas ágiles tanto al sector privado como al Estado provincial”, explicó.
Por otro lado, la funcionaria enfatizó la importancia de la transparencia de los actos de la administración, razón por la cual el proyecto incluye una referencia especial a la publicidad de las acciones que la autoridad minera realice para fiscalizar y orientar la política minera provincial.
En este sentido, la ministra afirmó que el proyecto establece "una instancia judicial amplia", por intermedio de la cual cualquier decisión emanada del órgano administrativo puede ser revisada por el juez de Minas.
“En conjunción con los otros temas de la reforma del Código, esto permitirá lograr una nueva modernización del proceso de trabajo de la minería”, subrayó Ávila.
El estudio de este proyecto no estuvo exento de polémicas. Una de ellas fue la decisión del Gobierno de establecer al Ministerio de Minería como autoridad minera competente en lugar del Juzgado de Minas. En este marco, la cartera a cargo de Ávila será quien tendrá la competencia para otorgar yacimientos.
“Es un error muy grande que le puede traer serios dolores de cabeza a la Provincia. Si hay algo con lo que hemos presumido a nivel país y mundial es que la seguridad jurídica en la provincia la da un juez y eso para un inversor extranjero es muy importante”, había dicho el juez de Minas y Electoral, Guillermo Cerda.
