Aunque el proyecto de protección de glaciares prometía tener un trámite expedito en la comisión de Minería y Energía del Senado, esperándose su votación para fines de octubre, se suspendió la sesión caldeando aún más los ánimos en el Congreso.

Con ese telón de fondo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, envió una carta al titular de la comisión de Minería y Energía del Senado, Rafael Prohens, para manifestar la "creciente preocupación" de la industria por el tenor que ha tomado la discusión del proyecto.

En la misiva, compartida también al resto de los integrantes de la comisión, el timonel del gremio minero precisó que el sector participa de la preocupación por la protección de los glaciares, "pero con la misma convicción debemos señalar que no compartimos el contenido actual del proyecto de ley y que lo consideramos contrario a los intereses de nuestro país".

Hernández señala que la iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en -o cercanas a- zonas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambiente periglaciar o permafrost (suelo congelado), "tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y una función ecosistémica totalmente diversas".

"Incluso el proyecto de ley se encarga de prohibir -también genéricamente- toda actividad minera en ambientes periglaciares, sin atender a la ubicación o condiciones particulares del mismo ni a la actividad que se busca realizar", agrega.

En el documento, el gremio señala que esto en sí les parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo del país, "al prohibir ex ante y sin una adecuada evaluación actividades que son perfectamente compatibles con la preservación del medioambiente".

"Más preocupante aún es la intención de dar un efecto retroactivo a estas nuevas disposiciones", sostuvo Hernández.

Además, mencionó un informe elaborado por la Comisión de Glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, en el que señala que "en el debate público sobre esta materia ha habido mitos e incorrecciones y por lo mismo resulta fundamental que la discusión que se realice en el Congreso tenga en debida consideración los diversos antecedentes científicos que existen, tanto en nuestro país como a nivel internacional".

"Éstos, de manera concluyente, señalan que lo correcto es considerar cada situación según sus propias particularidades ambientales y técnicas y que por consiguiente, cada proyecto debería someterse a una adecuada evaluación técnico-ambiental que considere las características del proyecto mismo y las funciones ecosistémicas e importancia de cada crioforma, a fin de compatibilizar el crecimiento del país y la preservación ambiental", dice.

En esa línea, añade que, como lo plantea el Instituto de Ingenieros, la normativa actual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) "contempla una protección compleja y suficiente", sin perjuicio del fortalecimiento que se puede hacer de la misma".

Agrega que una política de protección de los glaciares que responda al interés público "debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva".

El presidente de Sonami afirma que la manera como se ha abordado la discusión sobre esta materia ha generado diversas incertidumbres en la industria y, por lo mismo, "nos permitimos hacer un nuevo llamado a que se considere el conocimiento científico existente y sobre él se construya un pronto consenso legislativo, que permita despejar tales incertidumbres y elaborar la mejor ley posible para nuestro país, que compatibilice adecuadamente el desarrollo de nuestra riqueza minera y la preservación de nuestra riqueza ambiental. La minería y la protección de los glaciares son compatibles".

Glaciares: otra realidad, otros estándares, otra conciencia medioambiental

La repuesta de Joaquín Villarino a la columna de Josefina Correa, “Una ley glaciar para la protección de la vida”, publicada días atrás

JOAQUÍN VILLARINO H. *

En 1992, para la Exposición Universal de Sevilla, Chile decidió exhibir en su pabellón un iceberg antártico de 60 toneladas, que transportó en el buque de la Armada Galvarino, desde Bahía Paraíso, puerto natural de la Costa Danco, en la Península Antártica. Despliegue de eficiencia y creatividad que le valió elogios y reconocimientos del mundo, de hecho, fue visita obligada para todo concurrente a la feria, que agradecía entrar a un verdadero frigorífico en medio del tórrido verano andaluz.  Hoy, parece que la idea no volaría. Otra realidad, otros estándares, otra conciencia medioambiental.

Es verdad que algunos yacimientos mineros han afectado glaciares.  Sin embargo, no se ha tratado de una práctica habitual ni generalizada. Tampoco de glaciares de evidente y abundante aporte hídrico, como los blancos con cuyas imágenes se suele acusar a la minería de destructora de los mismos, sino de glaciares respecto de los cuales no se ha demostrado un aporte hídrico importante. En todo caso, el sector entiende que eso pudo ocurrir hace años, no ahora. Otra realidad, otros estándares, otra conciencia medioambiental.

Bajo la actual institucionalidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no se han autorizado, ni ejecutado proyectos que hayan generado daño a glaciares, menos aún glaciares con impacto perceptible en su aporte hídrico, biodiversidad o belleza escénica. Esta misma institucionalidad exige que los proyectos que pretendan instalarse “en o próximos” a un glaciar, deban ingresar al SEIA pasando por medio de un completo y detallado estudio que tiene por objetivo averiguar si existen o no posibles impactos. De estimarse que sí habría impactos, no mitigables ni compensables, los proyectos o actividades sobre los glaciares no se pueden desarrollar. Cabe agregar que el 83,5% de los glaciares del país están bajo protección oficial del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASP), esto es, son intocables.

Una vez más, y tal como lo hemos hecho presente en el Congreso Nacional, reiteramos que las empresas socias del Consejo Minero no se oponen a una ley que proteja los glaciares, aunque legislativamente no sea el mecanismo idóneo ni adoptado por países desarrollados con el objeto de proteger este y otros activos ambientales. Aclarado lo anterior, la posición del sector, que resulta de sentido común, es que, si no estamos frente a glaciares blancos ni cubiertos, los cuales el sector también considera intocables, se estudie, evalúe y analice su aporte hídrico y a la biodiversidad, y con los antecedentes que se obtengan se autorice o no a afectarlos con todas las medidas de mitigación y compensación que correspondan. La versión que hoy se discute en el Congreso no sólo prohíbe todas las actividades que puedan afectar la condición natural o las funciones, de cualquier tipo, tamaño y ubicación de los glaciares, sino también del ambiente periglacial y el permafrost, que per se no tienen un valor ambiental comparable al de los glaciares.  Por ejemplo, al incluirse el  permafrost quedarían prohibidas todas las actividades humanas en lugares en que el suelo permanezca a una temperatura de cero grados o menos durante más de dos años. Sólo como referencia, las regiones en que ocurre el permafrost ocupan cerca del 25% del área del Hemisferio Norte, según la Asociación Internacional de Permafrost, y sobre ellas están construidas varias ciudades de Europa y Norteamérica.

No quisiera terminar sin aclarar que, al contrario de lo que indica Josefina Correa, la gran minería no tiene ni ha tenido exenciones tributarias o subsidios. Además, el Estado no cobra a persona o empresa alguna por los derechos de agua, de modo que no hay una excepción para la minería.

Creemos que el país debe acordar un nuevo marco jurídico para la protección del medioambiente en general y de los glaciares y otros activos ambientales en particular.  Este es una debate pendiente desde hace años que debería realizarse sin sesgos, en más de 280 caracteres, y bajo el entendido que el desarrollo sostenible tiene tres pilares, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico.

* Presidente Ejecutivo Consejo Minero