Arcioni fomenta el desarrollo de la actividad sin derogar la 5.011
EDU GAJARDO
Mientras en Mendoza se sigue escuchando el reclamo de Malargüe para poder desarrollar la actividad minera después del fallido intento para reformar la Ley 7.722, en Chubut -otra provincia con legislación antiminera- se decidieron a avanzar con un proyecto para el desarrollo de importantes proyectos sin modificar la ley hermana de la mendocina.
La cuestión es que, a diferencia de Mendoza, en el sur del país tomaron un extracto de la misma ley para comenzar a discutir el avance de la actividad minera.
La Ley 5.001 al igual que la 7.722 tiene pocos artículos, sólo cuatro, contra los siete que tiene su par mendocina. Es más escueta, pero más directa en algún punto.
En su artículo 1° señala: «Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera».
El artículo 2° es del que se está tomando el gobernador Mariano Arcioni para avanzar con el desarrollo minero sin necesidad de derogar o cambiar la 5.011, ya que en esa parte de la ley se indica que el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) determinará «la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso». En el inciso «b» se indica, además, que «la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley».
Entonces, desde el Ejecutivo chubutense se apela a esa parte de la ley para pedir que se avance con el desarrollo de proyectos en la zona de la Meseta Central, una de las más pobres de todo Chubut y que tiene gran potencial porque cuenta con -por ejemplo- el Proyecto Navidad, considerado uno de los depósitos de plata más grandes del mundo.
La ley solicita que las zonas exceptuadas sean ratificadas a través de una ley, por lo que Arcione avanzó con el Proyecto de Ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable.
Pero la decisión de avanzar con el proyecto no se dio en cualquier momento, se dio en medio de la crisis más profunda que conozca el país y también la provincia patagónica, lo que implica una búsqueda de nuevas inversiones y generación de empleo.
Además, se da justo cuando la Nación avanza con plan estratégico nacional para avanzar de manera uniformada con el desarrollo minero, por lo que el proyecto cuanta con el beneplácito del Gobierno nacional, algo que le faltó a Mendoza en diciembre del año pasado.
Cuando se reformó la Ley 7.722 y entró en vigencia la 9.209 desde el Gobierno provincial solicitaron el apoyo nacional en medio de las protestas, pero nadie respondió el llamado, ni el secretario de Minería Alberto Hensel ni otros funcionarios. Todo lo contrario, se disparó con artillería pesada desde sectores como el de Juan Cabandié.
Aunque las protestas ya se están activando, el proyecto que impulsa el gobernador Arcioni puede tener más opciones -aunque nada es seguro- porque no implica modificar la legislación vigente, sino que se trata de hacer cumplir lo que dice el mismo texto restrictivo.
Mientras eso sucede en Chubut, ayer en Mendoza los antimineros activaron nuevamente las luces de alerta por las palabras que tuvo el senador Adolfo Bermejo en apoyo a la cruzada que lleva adelante el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para que lo dejen hacer minería en su departamento.
De inmediato los sectores legislativos que se muestras en contra de la minería, con Marcelo Romano y la Izquierda a la cabeza, pusieron la voz de alerta ante un posible proyecto para poder desarrollar la actividad. Romano manifestó su alerta apuntando a lo que denomina el «lobby minero» que no ha respectado ningún color político.
Sin embargo, por ahora no existirían proyectos concretos -más allá de Potasio Río Colorado- para desarrollar algún yacimiento y el único pedido que se mantiene vivo es el de las autoridades y el sector productivo de Malargüe.
Sin embargo, algunas voces legislativas aseguran que en algún momento se intentó ingresar un proyecto similar a la 9.209 que buscaba excluir de las restricciones que tiene la provincia en materia minera al departamento del sur provincial. Por eso, después de las palabras de Bermejo, se activaron los antimineros ante la posibilidad de la aparición de algún proyecto, el cual no llegaría desde el Ejecutivo provincial, sino desde uno de los departamentos, aunque por ahora parece muy improbable.
En lo concreto, de avanzar la actividad minera en Chubut, sería la Provincia de Mendoza la única en la que la Nación encontraría problemas para poder desarrollar un plan que muestre a la Argentina como un país unificado y con reglas claras respecto a la actividad. Por eso, cobra especial importancia el desarrollo del plan estratégico en el que trabaja la Secretaría de Minería de la Nación y que apunta a trabajar para analizar las legislaciones restrictivas como la 7.722.
Los Andes
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, volvió a hablar de la necesidad de hacer minería en ese departamento y la sorpresa estalló desde el PJ. El senador Adolfo Bermejo avisó que “son actividades que vamos a tener que tener presentes para los tiempos futuros”. Asi, revivió el fantasma de la minería metalífera.
Las palabras del ex intendente de Maipú sintonizan con la intención de la Nación para implementar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino y busca consensos en las provincias cuya legislación no lo permite: Mendoza es una. El sector privado avala estas intenciones pero el Gobierno provincial no ha participado de esas mesas. Los dichos de Bermejo sorprendieron en el sur.
El 10 de diciembre pasado ingresaba el proyecto para modificar la Ley 7722 conocida como “antiminera”, que permitía el uso de sustancias hasta ese momento prohibidas: cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras en los procesos de minería metalífera.
Al calor del verano, la temperatura social subió cuando la Legislatura aprobó la Ley 9209, con el apoyo del peronismo. El gobernador Rodolfo Suárez dio marcha a atrás en medio de una gran movilización popular y restituyó la 7722.
A casi un año de esto, el intendente, que nunca resignó su intención de ampliar la matriz productiva, volvió a la carga en el almuerzo de las fuerzas vivas por los festejos de los 70 años del departamento. Tiempo atrás habló de presentar un proyecto para que la comuna quede exceptuada de la 7722, algo que aún no ha ocurrido.
Con la tinta de la transferencia de Potasio Río Colorado a la Provincia aún fresca, a título personal, el senador peronista, Adolfo Bermejo, habló de minería cuando se discutía el proyecto para reactivar pozos petroleros.
Bermejo adhirió a las intenciones de Ojeda “en cuanto a la aplicación de minería en ese departamento”. Sin tener detalles del proyecto que va a ingresar a la Legislatura, considera que “son actividades que vamos a tener que tener presentes para los tiempos futuros”. Desde el bloque peronista hubo silencio.
Las críticas llegaron de colegas de otras fuerzas. Uno de ellos fue Marcelo Romano (Ciudadanos por Mendoza) al que le hicieron “mucho ruido” estas declaraciones y advirtió sobre “este extraordinario lobby minero que viene de 1993, que empezó con Carlos Menem”. Lautaro Jiménez, por el Frente de Izquierda, compartió la postura y aseguró que los comentarios del peronista “no fueron al pasar”.
“Bermejo fue quien dijo que el gobernador y el peronismo estaban pactando una modificación de la 7722 cuando eso estaba silenciado. Que ahora esté pidiendo el tratamiento de un proyecto de ley de un intendente radical muestra esa vocación de lo que ha pedido (el presidente Alberto) Fernández y (Alberto) Hensel, que es operador de la Barrick”, sostuvo el senador, en referencia al sanjuanino, secretario de Minería de la Nación.
Según pudo saber Los Andes, la letra chica de la iniciativa pide que Malargüe quede exceptuado de los alcances de la Ley 7722. Los proyectos mineros que quieran desarrollarse, deberán presentar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que incluyan informes sectoriales municipales y de organismos técnicos.
Otro requisito será la inclusión de una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos según estipula la Ley provincial 5961. Las Audiencias Públicas deberán hacerse donde se vayan a desarrollar los emprendimientos.
Cada proyecto deberá contratar, en cada etapa, una garantía para afrontar posibles daños ambientales y el Municipio implementar un Portal Digital con toda la información necesaria.
Sin embargo, entienden que aún no es el momento de agitar la discusión sino que se trabajará en todos los consensos necesarios. “Ya sabemos cómo no hay que hacerlo”, dijeron.
En la Casa Rosada las intenciones son claras en cuanto a la minería y por eso conformaron una Mesa Nacional de Minería de la que participan distintos actores, en donde hay tres sillas mendocinas que provienen del sector privado, como son la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y la Asociación Geológica de Mendoza.
A principios de noviembre, con el ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas a la cabeza, se reunieron varios gobernadores cuyas provincias tienen ese potencial minero. No estuvo Rodolfo Suárez, pero sí el intendente de Malargüe que celebró la idea nacional con respecto a la actividad.
“Es bueno saber que existe una decisión, desde la Nación, por impulsar el desarrollo minero en el país. Este plan es fundamental y la convocatoria a esta mesa de diálogo no es menor para nosotros: Malargüe quiere aprovechar su recurso minero y la industria minera aquí forma parte de la historia económica de esta región desde la creación misma del departamento”, destacó el administrador municipal luego de participar del cónclave.
