SOFIA DIAMANTE

La demanda contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera avanza vía videollamadas a paso firme en Nueva York. En esta instancia, y a pedido de la defensa, la jueza Loretta Preska solicitó que la familia Eskenazi, expropietaria de las empresas Petersen, entregue toda la documentación que tenga relacionada con YPF y explique si está involucrada de alguna manera en este proceso legal.

Esta solicitud se dio luego de que la Argentina e YPF acusaran al fondo Burford Capital, quien compró el derecho a litigar al síndico español que llevó adelante el proceso de quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de entorpecer el pedido de discovery (investigación) que realizó la defensa.

Al momento, la familia Eskenazi no contestó al pedido de la justicia estadounidense de declarar y presentar toda la documentación. Quienes ya declararon, citados por la defensa, fueron el mismo CEO de Burford, Christopher Bogart, y el síndico español.

La Argentina e YPF quieren demostrar que Burford inició un juicio en Nueva York, sabiendo que debía haberlo comenzado en la Argentina.

El llamado de los Eskenazi a declarar pareciera ser una jugada de consecuencias inciertas. A ninguna de las partes les conviene que se conozca toda la verdad. Por el lado de la defensa, porque en el momento de la expropiación, el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, (a cargo de comandar la estrategia legal de la Argentina) era el secretario Legal y Técnico. Cuando dejó el cargo, al fin del mandato de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, pasó a trabajar como director del Banco de Santa Cruz, cuyo dueño es el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Por el lado de la demanda, porque si sale a la luz algún hecho ilícito sobre la compra de acciones de las empresas Petersen, se podría declarar nulo el juicio por actos fraudulentos. Todo lo declarado en esta instancia es confidencial y nadie tiene acceso a la información, excepto las partes, que solo pueden ventilar lo ocurrido con acuerdo mutuo.

La Argentina e YPF quieren demostrar que Burford, al comprar el derecho a demandar, ya sabía que, en caso de realizarse el juicio, se debía hacer rigiéndose bajo las leyes argentinas, mientras que el fondo señala que, al contrario, debe realizarse bajo la legislación de Nueva York, por tratarse de una empresa privada que cotiza en Wall Street, según explicó Sebastián Maril, director de Fin.Guru, y quien sigue de cerca el caso.

Por lo tanto, en este momento, hay dos investigaciones (discovery) realizándose en paralelo para determinar si el juicio en sí, que arranca en julio de 2021, debe llevarse a cabo tomando en cuenta el estatuto de la empresa, que fue constituido bajo ley argentina, como pide la defensa de YPF y la Argentina, o si, como pide la demanda, debe tomarse en cuenta el prospecto de privatización de YPF, que fue la venta de acciones y que se constituyó bajo las leyes de Nueva York.

La familia Eskenazi fundó las empresas Petersen en España y adquirieron el 25% de las acciones de YPF a través de un crédito de Repsol y de un préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades de la petrolera. Al producirse la expropiación, las empresas entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades.

Fue entonces cuando Burford compró el derecho a demandar al país por 15 millones de euros más el 30% de la indemnización que se obtenga por el resultado del juicio. Según la familia Eskenazi, ellos ya no tienen ninguna vinculación con las empresas Petersen y dicen que fue la justicia española, quien administró la quiebra, la que remató los derechos a litigar. Por lo tanto, no recibirían ninguna ganancia si Burford gana el juicio.

La semana pasada, YPF debió cambiar de estudio jurídico y contrató a Manatt, Phelps & Phillips, LLP, en reemplazo de Cravath Swaine & Moore LLP, luego de que este buffete asesorara al fondo inglés en su salida a la bolsa de Nueva York.

Por el lado del Estado argentino, el estudio jurídico que representa al país en Nueva York es Sullivan & Cromwell, que sumó Zannini, en reemplazo de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que había sido contratado durante el gobierno de Macri.