Los nuevos aumentos se medirán con una política georeferencia y ubicación de los usuarios, cruzando datos de Anses y AFIP
ANDRÉS SANGUINETTI
Luego del fuerte avance del kirchnerismo sobre la política tarifaria, a partir del discurso de Cristina Kirchner del último fin de semana, se dejará de lado el formato de segmentación de facturas según los ingresos de los clientes de electricidad y gas en el que impulsa un sector del gobierno.
Se trata de la propuesta redactada por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, mediante la cual se iban a aplicar subas diferenciadas en las facturas de luz y gas a partir de los primeros días del año próximo.
La idea era permitir incrementos de entre el 80% y el 25% para los sectores más acomodados y para la clase media respectivamente, mientras que se mantendrían los subsidios a quienes se encuentran en la base de la pirámide de ingresos y son considerados como pobres. Es decir, para que los valores se relacionen a la capacidad económica de los clientes.
Sin embargo, tras el fuerte discurso de CFK del viernes pasado cuando le recomendó a los ministros que si tienen miedo se busquen otro trabajo, las autoridades a cargo de la estrategia de tarifas decidieron poner en el freezer esa política y reemplazarla por un proceso de subas transitorias.
Como impulsores de este cambio se destacan los interventores de los organismos que regulan ambos mercados como son el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Soledad Manín y Federico Bernal, respectivamente.
Ambos ganaron espacio entre los hombres de la administración del Frente de Todos que liderará las futuras renegociaciones de tarifas con las empresas de alcance federal como son, en especial, Edesur y Edenor en electricidad, y Metrogas en el caso del gas.
El último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández para darle marco a esas conversaciones también "empoderó" a los dos interventores a la hora de definir posibles correcciones a los actuales cuadros tarifarios.
En este contexto, la idea de subas segmentadas según los ingresos de los usuarios de luz y gas fue descartada por ser considerada de difícil aplicación en el corto plazo, tal como el propio Secretario de Energía quería comenzar a cambiar a partir de enero del año próximo, cuando vence el congelamiento actual.
A partir del día siguiente, Martínez pretendía que los aumentos surgieran de cruzar la información que el Estado dispone de cada consumidor por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), para que los sectores de menores ingresos y quienes estén por debajo de la línea de pobreza, sigan con tarifas congeladas a partir de las políticas de subsidios que para estos segmentos sociales lleva adelante el gobierno nacional.
En el caso de la clase media, el objetivo era aplicar aumentos vinculados a las subas salariales que logren durante el año próximo, en tanto que para el resto se impulsaban tarifas más cercanas a los valores reales.
Las previsiones de Martínez rondaban en aumentos de hasta el 60% para el año próximo pero solamente para usuarios de mayores ingresos, mientras que el incremento promedio sería del 25% que se aplicaría de manera única durante el 2021.
Sin embargo, nada de eso terminaría ocurriendo, por lo menos, no durante el primer semestre del 2021. En primer lugar porque el congelamiento se extendió desde enero a marzo. Y en segundo lugar porque los interventores del Enargas y del ENRE desestimaron esa propuesta.
Entienden que es mejor pensar en tarifas de transición mientras se abre el proceso de negociación con las distribuidoras que puede llegar a extenderse por los próximos dos años, como mínimo.
Estas negociaciones van a reemplazar a las que las mismas empresas ya habían llevado a cabo con el anterior gobierno de Mauricio Macri y cuyos cuadros tarifarios deberían haberse puesto en marcha a partir del viernes pasado si Alberto Fernández no publicaba el DNU que da paso a nuevas conversaciones.
El acuerdo que el ex presidente había firmado permitía, según las autoridades actuales, retoques de hasta un 150% en las facturas de luz y gas. Por eso, consideran que se trata de contratos "injustos, irrazonables, sin transparencia, que iban a provocar graves problemas en la gente y en las pymes", según dijo Bernal en declaraciones radiales este último fin de semana.
El interventor del Enargas fue entrevistado en el programa Cosechas & Negocios que se emite todos los sábados por la FM Radio Con Vos y aprovechó la charla para acusar a Macri de haber pretendido aplicar cuadros tarifarios que iban a convertirse en herramientas de ajuste, provocando el cierre de miles de empresas y obligando a millones de hogares a tener que pagar la factura o comer.
"Por todos los vicios de ilegitimidad que tenía la renegociación tarifaria anterior es que le propusimos al presidente Fernández que anule esos acuerdos e inicie nuevas negociaciones para decidir las tarifas", explicó el funcionario.
En ese marco, Bernal anticipó que, de haber incrementos, serán a partir de mínimos porcentajes y no estarán atados al nivel de ingresos de los usuarios.
"Los aumentos estarán en línea con los los postulados presidenciales para que haya tarifas justas, razonables y se puedan pagar con equidad distributiva", remarcó.
Al funcionario del Enargas le gusta más hablar de ajustes de transición y no de tarifas segmentadas, tal como postula su jefe, el Secretario de Energía, quien a su vez depende del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Para Bernal, la fórmula de Martínez es de compleja aplicación y llevará su tiempo porque precisa de modernizar los mecanismos de medición del uso del gas y la energía que en la actualidad no existen.
Se debe establecer una política georeferencia y ubicación de los usuarios, cruzando bases de datos con la Anses y Afip e identificando la categoría de cada usuario.
Además, se pueden generar inequidades a la hora del cobro ya que un cliente residencial de una categoría determinada según su consumo puede tener bajos recursos pero residir en un edificio catalogado como Premium en un barrio de altos o medios ingresos como Palermo o Belgrano. Pero también se puede dar el ejemplo a la inversa, con un usuario de ingresos acomodados que viva en un edificio de clase baja en Fuerte Apache. O de un docente o jubilado que ocupe un departamento en Puerto Madero.
Bernal explica que dicha segmentación sólo se pued hacer cruzando las bases de datos o las tarifas sociales pero recién a partir de cambios tecnológicos, precisamente para modernizar dichas bases de datos.
"Pulir esos mecanismos, mejorarlos, cruzar y validar la información llevará tiempo, por lo cual hoy no se puden dividir las tarifas en función de la clase social o nivel de ingreso de los usuarios" remarcó Bernal durante la entrevista radial.
El funcionario fue claro en remarcar también que el marco legal actual prohíbe aplicar subsidios cruzados que permitan que una categoría de usuario financie el consumo de otra categoría para que unos paguen menos en función de que otros paguen más.
Lo que se puede hacer es lo que ya hace el Gobierno, aplicando una tarifa similar pero otorgando subsidios a determinados sectores de la sociedad, como lo lleva a cabo con la tarifa social.
En este sentido, el propio Bernal entiende que se debe ampliar el espectro de gente que recibe subsidios, por lo cual envió una propuesta a los legisladores del Frente de Todos que fue aceptada y defendida por el titular del bloque de diputados, Máximo Kirchner.
La propuesta consiste en sumar otros 2,5 millones de beneficiarios a la tarifa social en las regiones con temperaturas mucho más bajas que en el resto del país.
Lo que se ha dado en llamar como "zonas frías" donde hay muchos más días de temperaturas bajas que calefaccionar como en La Pampa; Malargue; La Puna; la Precordillera de los Andes; la Patagonia; el centro de la provincia de Buenos Aires; el sur de Córdoba y Santa Fe, entre otras.
Se pretende aplicar en esas localidades o regiones un beneficio del 30% sobre las facturas de los sectores vulnerables y del 50% en los que ya reciben la tarifa social.
