Preska dictaminó postergar la definición a partir de junio del 2021
CARLOS BURGUEÑO
Sin estridencias, el país parece posicionarse algo mejor ante el principal peligro que aún se mantiene en los tribunales internacionales. La semana anterior, Loretta Preska hizo por primera vez un giro hacia la posición argentina; expresando cierto malhumor hacia el principal demandante en el juicio por la manera en que el país reestatizó YPF en 2012.
La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York decidió posponer los tiempos de la resolución; permitiéndole al país la posibilidad de aportar todos los datos que necesite para fundamentar su posición sobre la necesidad de tratar el caso en los Estados Unidos, pero con las leyes locales. Como contrapartida, la jueza se manifestó de mal humor sobre los movimientos del demandante, el fondo Burford, y sus cambios de abogados para comenzar a cotizar en Wall Street con el único objetivo de estar mejor posicionado en el caso.
Preska dictaminó postergar la definición a partir de junio del 2021, pero con resolución del caso desde octubre del próximo año. Esto le dará tiempo a los abogados que representan al país, para que puedan armar mejores argumentos para justificar la posición diseñada por la Procuración del Tesoro local de llevar las leyes locales hacia la jurisdicción norteamericana; y que sean estos criterios los que Preska tengan en cuenta para tomar una decisión final.
Además, en una audiencia clave celebrada el martes pasado en el tribunal de Wall Street donde alguna vez reinó Thomas Griessa, ahora la jueza Preska se molestó por la estrategia del fondo de origen inglés Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de eventuales ganancias por este caso.
Según Preska, esta actitud determina una posición de ventaja del fondo, para lograr una representación de “local” en el tribunal, cuando desde que comenzó el caso hacia delante siempre dejó en claro que se trataba de un fondo de inversión europeo que se sintió perjudicado por la manera en que la Argentina habría violentado leyes de los Estados Unidos.
Lo que siempre Preska tomó en cuenta, es que se trataba de dos litigantes extranjeros que debían definir sus diferencias en Nueva York. Y ahora considera un intento de obtener una ventaja injustificable el intentar convertirse en local, solo para tener una posición privilegiada y no para radicarse como fondo de inversión estable en Wall Street. El cambio fue marcado por el especialista Sebastián Maril, de FinGuru, que alertó vía Twitter que “durante la audiencia, Preska se mostró molesta con Burford Cap.”.
Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue ubicando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.
El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de una audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF.
